AC4260-2022 (2012-00015-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4260-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76109-31-03-003-2012-00015-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Petr\u00f3leos de Buenaventura S.A. (en adelante, Petrobun) frente a la sentencia de 25 de febrero de 2022, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso declarativo que aquella promovi\u00f3 contra La Naci\u00f3n (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Defensa \u2013 Armada Nacional \u2013 Segunda Brigada Fluvial de Infanter\u00eda de Marina). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
Petrobun pidi\u00f3 que se ordenara a su contraparte restituir \u00abel lote de terreno con un \u00e1rea total de 8.781 metros cuadrados, ubicado en el sector Centro, carrera 8 n.\u00b0 7 \u2013 09\/39, con c\u00e9dula catastral n-\u00b0 01-01-0289-0015-001 y matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 372-0023975 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buenaventura (\u2026), cuyos linderos son, por el norte, en una extensi\u00f3n en l\u00ednea recta de 44.3. m con el Edificio Administrativo de la Armada Nacional; por el sur, en una extensi\u00f3n de 60.40 m, en l\u00ednea recta con muro de cierre de la Zona Franca, que divide a esta con el \u00e1rea urbana de la ciudad, por el occidente, en una extensi\u00f3n en l\u00ednea quebrada de 159 m, con muro de cierre de la zona franca, que divide a esta del \u00e1rea urbana de la ciudad y por el oriente, en una extensi\u00f3n en l\u00ednea quebrada de 166.15 m con la Avenida Portuaria y Bah\u00eda de parqueo sobre la misma Avenida Portuaria\u00bb. <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, dijo haber iniciado su relaci\u00f3n material con el predio descrito en el a\u00f1o 1992, en virtud de un contrato de arrendamiento que celebr\u00f3 con la Zona Franca de Buenaventura, entidad que por esa \u00e9poca se anunciaba como leg\u00edtima propietaria de la heredad1. A ello agreg\u00f3 que, mediante Decreto Extraordinario 2111 de 29 de diciembre de 1992, esa Zona Franca fue eliminada, por lo que Petrobun, \u00aben protecci\u00f3n de la cuantiosa inversi\u00f3n que estaba haciendo en el terreno ocupado (\u2026), se dio a la tarea de determinar la propiedad y situaci\u00f3n jur\u00eddica del lote\u00bb, averiguando que realmente pertenec\u00eda al municipio de Buenaventura2. <\/p>\n
Tras identificar al verus dominus, \u00abPetrobun inici\u00f3 los tr\u00e1mites de adjudicaci\u00f3n y compra del lote a trav\u00e9s del Instituto de Vivienda de Buenaventura, conforme a las prevenciones de los Acuerdos 06 de 30 de mayo de 1990 y 036 de 9 de diciembre de 1991 del Concejo Municipal de Buenaventura, adquisici\u00f3n que se autoriz\u00f3 por la Resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n y venta n.\u00b0 5639 del 4 de agosto de 1995, que se protocoliz\u00f3 mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 1923 del 8 de agosto de 1995, otorgada ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Buenaventura, acto registrado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 372-23975\u00bb. <\/p>\n
Y si bien dicha enajenaci\u00f3n se hizo \u00abcon el lleno de los requisitos legales y reglamentarios\u00bb, el Ministerio de Comercio (subrogatario de los derechos de la extinta Zona Franca) denunci\u00f3 penalmente a los funcionarios que en ella intervinieron, con fundamento en la titularidad que respecto del inmueble contin\u00faa atribuy\u00e9ndose. En el decurso de ese juicio se dispuso, como medida cautelar, el embargo del predio y la cancelaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de adjudicaci\u00f3n en favor de Petrobun. <\/p>\n
Sin embargo, esa medida, as\u00ed como los fallos condenatorios de primera y segunda instancia que se profirieron, perdieron efectos en virtud del auto de 19 de mayo de 2004 (confirmado en prove\u00eddo de 30 de agosto siguiente), mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n \u00eddem. <\/p>\n
En ese contexto, la posesi\u00f3n del predio se mantuvo en cabeza de Petrobun hasta el 11 de agosto de 2003, cuando \u00abun grupo de infantes de marina de la Segunda Brigada de Infanter\u00eda de Marina de La Armada Nacional (\u2026) irrumpi\u00f3 por la fuerza, alegando que era un terreno de la Naci\u00f3n, desaloj\u00f3 al personal administrativo y operativo de para convertirla en guarnici\u00f3n militar\u00bb. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
2.1. Notificado de la admisi\u00f3n de la demanda, el MinCIT excepcion\u00f3 \u00abpleito pendiente\u00bb e \u00abilegitimidad en la acci\u00f3n promovida\u00bb. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 \u00abordenar la cancelaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 1923 de agosto 8 de 1995, otorgada en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Buenaventura, por medio de la cual Invibuenaventura adjudic\u00f3 el predio a Petrobun\u00bb. Por su parte, el Ministerio de Defensa plante\u00f3 las defensas de \u00abausencia de los presupuestos necesarios para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb y \u00abfalta de legitimidad por activa\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 21 de febrero de 2014, se cit\u00f3 como litisconsorte necesario por pasiva al Instituto Nacional de V\u00edas \u2013 INVIAS, adquirente del predio en disputa (mediante cesi\u00f3n gratuita que le hiciera el Ministerio de Transporte a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n n.\u00b0 001095 del 25 de marzo de 2009). La entidad se opuso al petitum, pero no formul\u00f3 medios exceptivos concretos. <\/p>\n
2.3. En audiencia de 28 de enero de 2021, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura neg\u00f3 las pretensiones, y se abstuvo de cancelar el t\u00edtulo de propiedad de la actora (medida que, se insiste, hab\u00eda pedido el MinCIT). <\/p>\n
3. Sentencia impugnada. <\/p>\n
Al resolver los recursos de apelaci\u00f3n propuestos por la demandante y el ministerio, la colegiatura ad quem confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia, determinaci\u00f3n que se finc\u00f3 en los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) De los presupuestos de la acci\u00f3n de dominio, es relevante para este litigio la propiedad de la cosa que pretende reivindicarse, puesto que \u00abtanto la demandante como la demandada aducen ostentar el derecho de dominio sobre la heredad en contienda; de un lado, Petrobun SA sostiene haber obtenido la propiedad de manos del Distrito Especial de Buenaventura (\u2026); y de otro, la parte demandada invoca una tradici\u00f3n que se remonta al acto escritural No. 1088 del 26 de abril de 1984, a trav\u00e9s del cual, la misma entidad territorial adjudic\u00f3 un terreno de mayor extensi\u00f3n a la Zona Franca Industrial y de Buenaventura (…) y actualmente se encuentra en cabeza del INV\u00cdAS\u00bb. <\/p>\n
(ii) Tal discusi\u00f3n debe zanjarse en favor del extremo convocado, pues el predio que se pretende reivindicar s\u00ed \u00abse encuentra inmerso dentro del lote de mayor extensi\u00f3n [358.503 m2], cuyo dominio pleno le fue transferido a la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura (…)\u00bb, lo que significa que la posesi\u00f3n que actualmente ejerce la Naci\u00f3n, \u00abencuentra respaldo en t\u00edtulo traslaticio de dominio m\u00e1s antiguo, de ah\u00ed que sea este, el que haya de prevalecer\u00bb. <\/p>\n
(iii) Conforme al t\u00edtulo de cesi\u00f3n que esgrime La Naci\u00f3n, los linderos del predio que se le entreg\u00f3 a la Zona Franca corresponden, \u00abpor el NORTE, en extensi\u00f3n de 1.344 metros, con Puertos de Colombia; por el ORIENTE, en extensi\u00f3n de 327 metros con Esso Colombia SA; por el SUR, en extensi\u00f3n de 953 metros, con los barrios Nayita y Mayolo; y por el OCCIDENTE, en extensi\u00f3n de 219 metros, con la terminal de transportes, lo cual arroja un \u00e1rea de 358.503 m\u00bb. Por ende, es claro que el municipio no se reserv\u00f3 porci\u00f3n de terreno alguna, puesto que \u00abpor el norte, zona donde se ubica el fundo en disputa, no se relacionaron otros predios de la entidad territorial, lo que de suyo indica que se desprendi\u00f3 de la totalidad de aquellos que lindaban con los \u201cPuertos de Colombia\u201d o, mejor dicho, con la avenida portuaria que identifica el sector\u00bb. <\/p>\n
(iv) As\u00ed las cosas, \u00abresulta improbable que la aludida porci\u00f3n de terreno no haya sido incluida en la transferencia de dominio efectuada por el Ente Territorial, a favor de la entonces Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura, m\u00e1xime si se tiene en cuenta, que nada se menciona sobre el particular en los instrumentos antes mencionados v.gr., se\u00f1alar que el predio entregado colindaba con un lote del municipio\u00bb. <\/p>\n
(v) A igual conclusi\u00f3n se llega a partir del material fotogr\u00e1fico que aport\u00f3 la misma demandante, puesto que \u00absi el dominio sobre el lote de mayor extensi\u00f3n otorgado a la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura, se expand\u00eda hasta los fundos de la Sociedad Portuaria De Buenaventura \u2013con un lindero de m\u00e1s de 1300 metros de extensi\u00f3n\u2013 y, tal cual se advierte en la fotograf\u00eda, entre una y otra se encuentra el terreno que m\u00e1s de diez a\u00f1os despu\u00e9s se hizo adjudicar Petrobun, no cabe duda que este se encontraba comprendido en aquel\u00bb. <\/p>\n
(vii) Esa conclusi\u00f3n no se ve menguada por el contenido del acta de sesi\u00f3n extraordinaria n.\u00b0 1 de la Junta Directiva de la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura, levantada el 17 de junio de 1992, pues en aquel documento, \u00abse hizo clara alusi\u00f3n una propuesta de \u201carrendamiento de un lote de propiedad de la Zona Franca\u201d (\u2026), es decir, lejos de reconocerse all\u00ed el dominio del municipio sobre el predio de marras, por el hecho de encontrarse por fuera de la muralla, la referida entidad se sab\u00eda due\u00f1a de aquel atendiendo al t\u00edtulo que se le hab\u00eda conferido con extensi\u00f3n hasta el puerto de Buenaventura\u00bb. <\/p>\n
(viii) Ni la Ley 105 de 1958, ni el Decreto Extraordinario 1095 de 7 de julio de 1970 (mediante las cuales se cre\u00f3 la Zona Franca de Buenaventura), refutan la tesis que defendi\u00f3 el juzgador a quo, pues esas normas \u00abno prohibieron la adquisici\u00f3n de terrenos por fuera del per\u00edmetro amurallado como lo entiende el censor, amen que, de haber sido as\u00ed, ello debi\u00f3 ser objeto de modificaci\u00f3n, aclaraci\u00f3n o revocatoria por parte del Distrito de Buenaventura a trav\u00e9s de los mecanismos legales correspondientes; no siendo as\u00ed, permanece indemne la titulaci\u00f3n a favor de la entidad demandada\u00bb. <\/p>\n
(ix) Aunque lo anotado en precedencia constituye la raz\u00f3n fundamental del fracaso de las pretensiones, no sobra agregar que el t\u00edtulo de propiedad de la demandante, si bien permanece vigente, \u00abse vio empa\u00f1ado dada la causa penal seguida contra servidores del Distrito de Buenaventura que terminaron condenados en primera y segunda instancia por el delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico. Y aunque, tambi\u00e9n hay que decirlo, dicha acci\u00f3n penal se declar\u00f3 prescrita (…), dejando con vida el t\u00edtulo traslaticio de domino el comento, se reitera, salta a la vista lo irregular de la adjudicaci\u00f3n a Petrobun, habida cuenta que en la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 5639 del 4 de agosto de 1995, emanada de la entidad Invibuenaventura se indica que \u201cel procedimiento de legalizaci\u00f3n adelantado a trav\u00e9s de este acto administrativo se fundamenta por la posesi\u00f3n demostrada mediante los hechos materiales de los interesados\u2026\u201d, cuando apenas tres a\u00f1os antes reconoc\u00eda dominio ajeno en la demandada\u00bb. <\/p>\n
(x) Tampoco puede salir avante la apelaci\u00f3n del MinCIT, pues el registro del t\u00edtulo escriturario que esgrimi\u00f3 la demandante \u00abse encuentra soportado en un acto administrativo de adjudicaci\u00f3n [Resoluci\u00f3n No. 5639 del 4 de agosto de 1995], cuya invalidez no ha sido declarada por ninguna autoridad administrativa o judicial, de ah\u00ed que, hasta sobra decirlo, se trata de una discusi\u00f3n que escapa a la competencia de esta Sala de Decisi\u00f3n e incluso a este ramo de la jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La convocante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Tras su admisi\u00f3n, enarbol\u00f3 cuatro cargos; tres de ellos con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el restante con apoyo en la causal segunda. Asimismo, pidi\u00f3 a la Corte que, \u00abde conformidad con el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, case de oficio \u00abla Sentencia del 11 de febrero de 2022 (…), porque de los hechos, pruebas y argumentaciones presentados en este escrito se deduce sin hesitaci\u00f3n (…) el grave compromiso moral al patrimonio p\u00fablico obtenido por la Naci\u00f3n con violaci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas constitucionales de Petrobun\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio3 es menester se\u00f1alar las normas de esa misma naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio4, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes5. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
2. S\u00edntesis de la censura. <\/p>\n
2.1. Cargo primero. <\/p>\n
Tras denunciar que el fallo del tribunal \u00abviola directamente la ley 98 del 7 de diciembre de 1922 (…), mediante la cual la Naci\u00f3n cedi\u00f3 en propiedad al Municipio de Buenaventura todos los terrenos comprendidos dentro de la isla \u201cCascajal\u201d, salvo algunos predios que se reserv\u00f3 para servicios nacionales, por lo que sus autoridades municipales pod\u00edan enajenarlos\u00bb, Petrobun adujo: <\/p>\n
(i) En su calidad de propietario de la Isla Cascajal, \u00abel Municipio de Buenaventura dispuso a trav\u00e9s del Acuerdo n.\u00ba 3 de septiembre 4 de 1.973 de su Concejo transferir a t\u00edtulo gratuito de usufructo como lo mand\u00f3 el art\u00edculo 15 del Decreto Ley 1095 de 1970 a favor de la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura, el Predio 01-01-0289-0013-000, un \u00e1rea de terreno de 358.503 m2, para la construcci\u00f3n de sus instalaciones y servicios (…), lo que se refrend\u00f3 por la Personer\u00eda Delegada para Ejidos y Vivienda Popular Municipal de Buenaventura mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 094 de abril 13 de 1984 y por el Decreto n.\u00ba 118 de abril 23 de 1984 del Alcalde Municipal de Buenaventura\u00bb. <\/p>\n
(ii) En ese sentido, \u00abes un yerro manifiesto que (…) la Sentencia afirme que \u201cEn efecto, para este Tribunal es claro que el predio objeto de la presente acci\u00f3n reivindicatoria… se encuentra inmerso dentro del lote de mayor extensi\u00f3n [358.503 m2], cuyo dominio pleno le fue transferido a la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura, mediante Decreto 118 de 1984, expedido por la entonces Alcaldesa Municipal y la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1088 del 26 de abril del mismo a\u00f1o\u201d, con el argumento de \u201ccomo es palpable, a la vista de cualquiera, ninguno de los enunciados linderos hace referencia a porci\u00f3n de terreno alguna que se hubiese reservado el Distrito Especial (sic) de Buenaventura; valga precisar, por el norte, zona donde se ubica el fundo en disputa, no se relacionaron otros predios de la entidad territorial, lo que de suyo indica que se desprendi\u00f3 de la totalidad de aquellos que lindaban con los \u201cPuertos de Colombia\u201d o, mejor dicho, con la avenida portuaria que identifica el sector\u201d\u00bb. <\/p>\n
(iii) En ese escenario, debe preguntarse \u00ab\u00bfqu\u00e9 significa eso de \u201cpalpable a la vista de cualquiera\u201d, que el Municipio de Buenaventura (…) debi\u00f3 haberse \u201creservado… donde se ubica el fundo en disputa\u201d?, o que \u201cresulta improbable que la aludida porci\u00f3n de terreno no haya sido incluida en la transferencia de dominio efectuada por el Ente Territorial, a favor de la entonces Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura\u201d, invirtiendo las atribuciones del Municipio como propietario y usufructuante, a lo que se a\u00f1ade que la Junta Directiva de Invibuenaventura en sesi\u00f3n del 22 de febrero de 1995, (…) en cumplimiento de sus atribuciones estatutarias, en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n de Petrobun de titulaci\u00f3n del Predio n.\u00ba 01-01-0289-0015-001, decidiera que \u201cTeniendo en cuenta adem\u00e1s que la Zona Franca celebr\u00f3 un contrato de arrendamiento en forma irregular, violando inclusive las leyes, decretos, normas y directrices de su Junta Directiva, toda vez que lo hizo sobre un lote de terreno ajeno (…) la Junta Directiva de Invibuenaventura le ordena al se\u00f1or Gerente para que proceda a la titulaci\u00f3n y venta de dicho lote de terreno, conforme lo solicitado por la firma Petrobun\u201d , lo que hizo mediante la Escritura P\u00fablica n.\u00ba 1923 de 8 de agosto de 1.995 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Buenaventura (…), actuaci\u00f3n administrativa, notarial y registral que configuran el modo y el t\u00edtulo de propiedad de Petr\u00f3leos de Buenaventura S.A. que se encuentran vigentes y eficaces al d\u00eda de hoy, lo que la Sentencia soslay\u00f3 para urdir su argumento de \u201ct\u00edtulo anterior\u201d al de Petrobun\u00bb. <\/p>\n
2.2. Cargo segundo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la recurrente que la sentencia del ad quem \u00abviola directamente la Ley 105 de 1958, \u201cpor la cual se crea la zona franca de Barranquilla y se autoriza la creaci\u00f3n de otras\u201d, el Decreto Ley 1095 de julio 7 de 1970 \u201cpor el cual se establecen las zonas francas industriales y comerciales de Buenaventura y Palmira\u201d; la Ley 109 de 1985, \u201cpor el cual se establece el estatuto de las zonas francas\u201d, y la Ley 7 de 1991, que dict\u00f3 las normas marco del comercio exterior\u00bb. En sustento de lo anterior, aleg\u00f3: <\/p>\n
(i) Una zona franca \u00abes un establecimiento p\u00fablico con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, hoy de Comercio Industria y Turismo, cuyo objeto es la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico sin \u00e1nimo de lucro a personas naturales o jur\u00eddicas nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el pa\u00eds, que introduzcan dentro del \u00e1rea definida por los art\u00edculos 30 y 31 de la Ley 105 de 1998, mercanc\u00edas o materias primas libres de gravamen, para manufacturar u operar en ellas, exportar sus productos o importar al resto del territorio nacional bienes introducidos inicialmente en el \u00e1rea de la zona franca, lo que se someter\u00e1 a las normas de la legislaci\u00f3n aduanera\u00bb. <\/p>\n
(ii) Una de las varias clases de zonas francas que consagra la legislaci\u00f3n nacional son las \u201cIndustriales y Comerciales\u201d, que \u00absolamente pod\u00edan existir, funcionar y ejercer jurisdicci\u00f3n en el marco de los art\u00edculos 30 y 31 de la Ley 105 de 1958, que ordenaron que \u201cTodas las \u00e1reas correspondientes a las zonas francas industriales y comerciales, estar\u00e1n rodeadas de cercas, murallas o vallas infranqueables, de modo que la entrada y salida de personas, veh\u00edculos y cargas tenga que hacerse necesariamente por las puertas destinadas al efecto\u201d, con el prop\u00f3sito de promover el comercio exterior, generar empleo y divisas, desarrollar industrias que compitan con eficiencia en los mercados internacionales, con prevenci\u00f3n del contrabando y los fraudes fiscales en la entrada y salida de mercanc\u00edas y materias primas de las dichas Zonas Francas\u00bb. <\/p>\n
(iii) Por lo anterior, \u00abla Sentencia impugnada viola directamente todas y cada una de las normas sustanciales antes invocadas, pues afirma que \u201cen ese orden de ideas, no son de recibo las conclusiones del perito Holmes L\u00f3pez Rodallega, sobre cuyos hombros se sustenta en gran medida el recurso de alzada, cuando afirma que la transferencia de terreno realizada por el Distrito de Buenaventura a la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura (…) no abarcaba los 8781 m2 adjudicados ulteriormente a la sociedad Petrobun puesto que estas parten de una premisa equivocada, como lo es que solo fue transferido aquello rodeado por la muralla, cuando lo cierto es que ni en el Decreto 118 de 1984, constitutivo del derecho de dominio, ni en la escritura p\u00fablica No. 1088 del 26 de abril de 1984 se efectu\u00f3 precisi\u00f3n semejante, todo lo contrario, estos fijaron el l\u00edmite m\u00e1s all\u00e1 de la muralla, a saber, por el norte con la zona portuaria\u201d\u00bb. <\/p>\n
(iv) Puede concluirse, pues, que \u00abla Sentencia impugnada viola una de las m\u00e1s importantes reglas que definen y configuran las Zonas Francas, esta es, el art\u00edculo 31 de la Ley 105 de 1958, cual es precisamente que \u201cTodas las \u00e1reas correspondientes a las zonas francas industriales y comerciales, estar\u00e1n rodeadas de cercas, murallas o vallas infranqueables (…)\u201d, por lo que ninguna de sus actividades y decisiones son v\u00e1lidas por fuera del per\u00edmetro amurallado que no pod\u00eda \u201censancharse lo suficiente para comprender el predio de menor extensi\u00f3n (8.781 m2)\u201d, como tampoco \u201cadquirir terrenos por fuera del per\u00edmetro amurallado\u201d al cual extender sus privilegios de zona franca aduanera, porque las entidades p\u00fablicas s\u00f3lo pueden hacer lo que la ley les autoriza, tanto m\u00e1s si esta Zona Franca deb\u00eda prestar un servicio p\u00fablico sin \u00e1nimo de lucro\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cargo tercero. <\/p>\n
La actora sostuvo que \u00ablos art\u00edculos 673 y 1494 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el Decreto Ley 1250 de 1970 subrogado por la ley 1579 de 2012, contentivos del estatuto de registro de Instrumentos P\u00fablicos\u00bb, fueron transgredidos de forma directa, de acuerdo con los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(i) A partir de la expedici\u00f3n de \u00abla sentencia de unificaci\u00f3n jurisprudencial del 13 de mayo del 2014 (Exp. 23.128), la Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado precis\u00f3 que la inscripci\u00f3n o el registro del t\u00edtulo en la respectiva Oficina de Instrumentos P\u00fablicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio sobre un bien inmueble y, en consecuencia, legitima en la causa por activa cuando se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble respecto del cual se fundamenten las pretensiones de la demanda, en nuestro caso, la Acci\u00f3n Reivindicatoria o de Dominio, pues se sustenta en la calidad de servicio p\u00fablico que el Estado le ha otorgado al registro de instrumentos p\u00fablicos y las finalidades de inter\u00e9s general que este sistema involucra\u00bb. <\/p>\n
(ii) Es jur\u00eddicamente imposible \u00abque la Zona Franca de Buenaventura pudiera haber sido la verdadera due\u00f1a y poseedora de predios por fuera de su alinderaci\u00f3n amurallada, por expresa prohibici\u00f3n del art\u00edculo 31 de la Ley 105 de 1958, por lo que el Contrato de arrendamiento 007 del 18 de septiembre de 1992 celebrado entre Petrobun y el Gerente de la Zona Franca, es el precario arrendamiento de cosa ajena que en manera alguna confiere a la Zona Franca la calidad de propietaria del por entonces lote fangoso y enmalezado de 8.781 Mts2, por el contrario, la Gerencia de la Zona Franca de Buenaventura admiti\u00f3 en dicha Acta de Junta que \u201cse encuentra por fuera de los l\u00edmites de Jurisdicci\u00f3n de la Zona Franca y por lo tanto no se aplica la Legislaci\u00f3n especial en esta \u00e1rea\u201d, como puede leerse en dicho documento, texto muy diferente del que arrima y transcribe el fallo acusado para afirmar erradamente que Petrobun reconoc\u00eda a la Zona Franca como su due\u00f1a, lo que no es cierto\u00bb. <\/p>\n
(iii) Al negar la pretensi\u00f3n reivindicatoria, y tampoco acceder a cancelar el t\u00edtulo de propiedad de Petrobun (como lo solicit\u00f3 una de las demandadas), \u00abel tribunal elabora una providencia a base de conjeturas e imaginarios que dejan a Petrobun en la bizarra situaci\u00f3n de propietaria inscrita del lote de la Carrera 8 n.\u00ba 7-09\/39, invadido por la Armada Nacional del que se autodenomina \u201csu mera tenedora\u201d, pues \u201cla posesi\u00f3n\u201d se la adjudica al INV\u00cdAS, lote de su propiedad del que no puede disponer y menos enajenar en manera alguna pero s\u00ed ser\u00e1 eterna contribuyente y deudora de tributos de predial y complementarios del Distrito Especial de Buenaventura\u00bb. <\/p>\n
2.4. Cargo cuarto. <\/p>\n
Anunciando la violaci\u00f3n indirecta de \u00abla Ley 98 de 1922 (…), el Decreto 1518 de 1925 \u201cPor el cual se aprueba la determinaci\u00f3n de los lotes de terrenos que se reserva la Naci\u00f3n en la isla de \u201cCascajal\u201d (…), la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 036 del 6 de octubre de 1930 del Departamento de Bald\u00edos, Bosques Nacionales y Aguas de Uso P\u00fablico del entonces Ministerio de Industria (…) y el Decreto Reglamentario 1129 de agosto 4 de 1923\u00bb, sostuvo la actora: <\/p>\n
(i) Si el tribunal \u00abhubiera tenido en consideraci\u00f3n dichas normas sustanciales, le hubiera sido imposible urdir su afirmaci\u00f3n de que \u201cel poseedor demandado\u201d exhibe un t\u00edtulo de propiedad anterior al dominio de Petrobun, porque la propiedad del Municipio de Buenaventura sobre toda la Isla de Cascajal desde 1922 salvo los terrenos que se reserv\u00f3 la Naci\u00f3n, sustentan tanto el traspaso que su Concejo Municipal hizo a t\u00edtulo gratuito de usufructo del \u00e1rea de terreno de 358.503 m2 a la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura por Acuerdo n.\u00ba 3 de septiembre 4 de 1973 del Predio 01-01-0289-0013-000 (…), como la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 094 de abril 13 de 1984 de la Personer\u00eda Delegada para Ejidos y Vivienda Popular Municipal, el Decreto n.\u00ba 118 de abril 23 de 1984 (…), como el Acta n.\u00ba 001 del 22 de febrero de 1995 de la Junta Directiva de Invibuenaventura, que \u201cen calidad de propietario puede disponer de sus tierras sin necesidad de pedirle permiso a un tercero que ha arrendado irregularmente y sin su consentimiento un bien que no le pertenece, como es el caso concreto. Teniendo en cuenta lo anterior, y como es a la Junta Directiva que le corresponde disponer lo pertinente, y encontr\u00e1ndose ya definida la oposici\u00f3n presentada por el Ministerio de Comercio Exterior, el presidente somete a consideraci\u00f3n la solicitud de titulaci\u00f3n hecha por Petrobun y es aprobada por unanimidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El dictamen pericial elaborado por \u00abel arquitecto y top\u00f3grafo Holmes L\u00f3pez Rodallega, que ciertamente concuerda con el dictamen pericial de los ingenieros del IGAC de 1996, concept\u00faa que la Segunda Brigada de Infanter\u00eda de Marina de la Armada Nacional est\u00e1 ocupando sin soporte jur\u00eddico v\u00e1lido, el terreno que reclama la sociedad Petrobun, debido a que el \u00e1rea que el Ministerio de Comercio Exterior determin\u00f3 al Ministerio de Defensa Nacional \u2013 Armada Nacional, que invadiera es un lote de terreno y las construcciones en \u00e9l levantadas por fuera de las murallas propias de una zona franca, que no hac\u00eda parte del globo de mayor extensi\u00f3n que se distingue por cabida y linderos espec\u00edficos, por lo que la ratio decidendi de la sentencia impugnada simplemente lo rechaza\u00bb. <\/p>\n
(iii) La valoraci\u00f3n de la experticia \u00abadolece de comprobada injuridicidad (sic) que configura error de hecho por la violaci\u00f3n del art\u00edculo 31 de la Ley 105 de 1958 (…), as\u00ed como de los art\u00edculos 9\u00ba y 29 de la Ley 109 de 1985 (…), lo que indefectiblemente debe llevar a la conclusi\u00f3n de que el predio de Petrobun nunca estuvo ni pudo haber estado dentro de aquellos linderos que el Municipio de Buenaventura le cedi\u00f3 a t\u00edtulo de usufructo en 1973, se describieron en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto Nacional 1406 de 1973 y en la Escritura P\u00fablica 1088 de 1984\u00bb. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis conjunto de las censuras. <\/p>\n
3.1. Como las causales primera y segunda de casaci\u00f3n consisten en la violaci\u00f3n \u2013directa e indirecta\u2013 de la ley sustancial, quien oriente sus cr\u00edticas por dichas sendas deber\u00e1 demostrar que el tribunal transgredi\u00f3, al menos, una norma que tenga dicho linaje, debi\u00e9ndose precisar que, como lo tiene sentado la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n
Aplicando esas premisas a los cargos compendiados supra, refulge su traspi\u00e9, porque en ellos la sociedad demandante no se\u00f1al\u00f3 ninguna norma de estirpe sustancial, \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb, conforme lo exige el par\u00e1grafo 1.\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. Para arribar a esa conclusi\u00f3n, recu\u00e9rdese que la recurrente relacion\u00f3 varias normas y documentos dis\u00edmiles como \u00abnormas sustanciales violadas\u00bb, a saber: <\/p>\n
(i) La Ley 98 de 1922, en virtud de la cual \u00abla Naci\u00f3n cede en propiedad al Municipio de Buenaventura los terrenos comprendidos dentro de la isla denominada \u201cCascajal\u201d sin perjuicio de los derechos adquiridos por los ocupantes conforme a las leyes\u00bb; <\/p>\n
(ii) El Decreto 1129 de 1923 y la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 036 del 6 de octubre de 1930 del Departamento de Bald\u00edos, Bosques Nacionales y Aguas de Uso P\u00fablico del entonces Ministerio de Industria, que precisan los t\u00e9rminos de la aludida cesi\u00f3n de terrenos; <\/p>\n
(iii) El art\u00edculo 6 de la Ley 185 de 1959, a cuyo tenor: \u00abRatificase en todas sus partes la cesi\u00f3n hecha al Municipio de Buenaventura por la Ley 98 de 1922 y la Resoluci\u00f3n n\u00famero 36 de 1930 del entonces Ministerio de Industrias, sobre los terrenos comprendidos dentro de la Isla denominada \u201cCascajal\u201d con los l\u00edmites all\u00ed expresados\u00bb; <\/p>\n
(iv) La Ley 105 de 1.958, \u00abPor la cual se crea la Zona Franca de Barranquilla y se autoriza la creaci\u00f3n de otras\u201d, cuyo art\u00edculo 1, par., \u00abautoriz[a] al Gobierno para que con estudios previos y a solicitud de sus Concejos Municipales, se establecieran Zonas Francas Industriales y Comerciales en puertos y ciudades que acogieran los principios administrativos, empresariales y aduaneros adoptados en dicha ley\u00bb; <\/p>\n
(v) El Decreto Extraordinario 1095 de 1970, \u00abPor el cual se establecen las Zonas Francas Industriales y Comerciales de Buenaventura y Palmira\u00bb, cuyo par\u00e1grafo del art\u00edculo 15 dispuso \u00abAutorizar al Gobierno y a las dem\u00e1s entidades de Derecho P\u00fablico para dar en usufructo hasta por el t\u00e9rmino de cincuenta (50) a\u00f1os, terrenos de su propiedad para establecimiento de las Zonas Francas\u00bb; <\/p>\n
(vi) El Acuerdo n.\u00ba 3 de 1973, emitido por el Concejo Municipal de Buenaventura, que \u00abdispuso transferir a t\u00edtulo gratuito de usufructo (…) a favor de la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura, el Predio 01-01-0289-0013-000\u00bb; <\/p>\n
(vii) Los art\u00edculos 673 y 1494 del C\u00f3digo Civil, que regulan, en su orden, los modos de adquirir el dominio, y las llamadas fuentes obligacionales; y <\/p>\n
(viii) Las escrituras p\u00fabicas n.\u00ba 336 de 6 de mayo de 1966, \u00abt\u00edtulo traslaticio de dominio por el cual el Municipio de Buenaventura es el propietario de la Isla Cascajal, con las reservas ordenadas en la Ley 98 de 1922 y sus reglamentarios\u00bb; 1088 de 26 de abril de 1984, \u00aben la que se protocolizaron el Acuerdo n.\u00ba 3 de septiembre 4 de 1973 del Concejo Municipal de Buenaventura, la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 094 de abril 13 de 1984 de la Personer\u00eda Delegada para Ejidos y Vivienda Popular Municipal de Buenaventura y el Decreto n.\u00ba 118 de abril 23 de 1984 del Alcalde Municipal de Buenaventura\u00bb; y 1923 de 8 de agosto de 1995, \u00abpor la cual Invibuenaventura cumpli\u00f3 su misi\u00f3n institucional y legal de adjudicar el predio municipal de la Carrera 8 n.\u00ba 7-09\/39 a Petrobun\u00bb. <\/p>\n
Hecho este recuento, preliminarmente debe descartarse la posibilidad de que un acto jur\u00eddico voluntario, elevado a escritura p\u00fablica, asuma el rol de norma sustancial en sede de casaci\u00f3n. La naturaleza relacional \u2013intersubjetiva\u2013 de los pactos privados, consensuales o solemnes, impide establecer adecuadamente sus contornos obligacionales sin acudir a un marco normativo general, que dote de verdadero significado jur\u00eddico a lo acordado; por tanto, esas pautas abstractas (el derecho escrito), y no el contenido de cada declaraci\u00f3n de voluntad privada, constituir\u00e1n los lineamientos primarios de la decisi\u00f3n judicial en cualquier disputa conexa. <\/p>\n
Para ilustrar esa afirmaci\u00f3n, pi\u00e9nsese en un hipot\u00e9tico tribunal que declara la ineficacia de un contrato, sin haber lugar a ello. Esa equivocaci\u00f3n del ad quem se traducir\u00eda en una infracci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico, pero no derivada, de forma primaria, al menos, de la inobservancia del mismo contrato, sino consecuencial a la falta de aplicaci\u00f3n de la norma general que dota de ciertos efectos jur\u00eddicos a los acuerdos de voluntades v\u00e1lidos. Por tanto, debe ser esa pauta abstracta, y no el convenio concreto, la que sirva como par\u00e1metro de correcci\u00f3n de la labor de juzgamiento del funcionario de conocimiento. <\/p>\n
Tampoco son normas sustanciales, en el sentido que interesa a este tr\u00e1mite, las leyes, acuerdos, decretos y resoluciones que ata\u00f1en a la adjudicaci\u00f3n de la \u201cIsla Cascajal\u201d al municipio de Buenaventura, o a la creaci\u00f3n de la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura. Estas reglas, as\u00ed como los preceptos 673 y 1494 del C\u00f3digo Civil, no crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas (Cfr. CSJ AC2891-2019; CSJ AC195-2018; y CSJ AC2129-2020, entre otras), sino que se refieren a cuestiones generales de la administraci\u00f3n del territorio p\u00fablico, o definen ciertos conceptos centrales del derecho privado. <\/p>\n
Y aun si se supusiera el car\u00e1cter sustancial de esos preceptos, el panorama no variar\u00eda, porque a todas luces no constituyeron base esencial de la sentencia impugnada, ni tampoco debieron serlo, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. No se olvide que, en l\u00edneas generales, nunca se puso en duda la propiedad originaria del municipio de Buenaventura sobre la franja de terreno en disputa \u2013tem\u00e1tica a la que se refieren todas las disposiciones invocadas\u2013, sino que la discusi\u00f3n gravit\u00f3 sobre la tradici\u00f3n de esa heredad a la Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura. <\/p>\n
Las anteriores deficiencias constituyen raz\u00f3n suficiente para inadmitir los cargos, pues como ha reconocido esta Corporaci\u00f3n en oportunidades anteriores, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la transgresi\u00f3n que se invoca versa tan solo sobre normas (…) que de suyo, por su propia \u00edndole, no pueden ser las que reconocen el derecho subjetivo del demandante que se dice menoscabado por el fallo que se impugna, y si de otra parte la Corte tiene circunscrita su atribuci\u00f3n decisoria por los l\u00edmites precisos que trace la censura en casaci\u00f3n \u2013pues es la demanda punto de partida ineludible de cualquier consideraci\u00f3n cr\u00edtica respecto del juicio jurisdiccional cuya legalidad se controvierte (G. J. T. CXXXVIII, p\u00e1g. 244, y CXXX, p\u00e1g. 165)\u2013, p\u00f3nese as\u00ed de manifiesto la falta de idoneidad del escrito (\u2026) y la p\u00e9rdida de toda perspectiva de prosperidad del cargo por este rumbo, lo que hace asimismo ostensible la inutilidad de un tr\u00e1mite posterior que inevitablemente, en cuanto a dicho cargo (\u2026) concierne, tendr\u00e1 que terminar con el registro en la sentencia del defecto advertido desde un principio\u00bb (CSJ AC221, 24 sep. 1998, rad. 7251). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, destacase que <\/p>\n
\u00ab(…) Sea que el reproche descanse en un quebranto recta v\u00eda o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido (…). Adem\u00e1s de la anotada connotaci\u00f3n de las normas presuntamente transgredidas, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia impugnada, a tal punto que las invocadas en la demanda hayan sido soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u201cel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u201d (CSJ AC 943-2020, 19 mar.; CSJ AC3484-2020, 14 dic.). La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia\u00bb (CSJ AC3015-2021, 12 ago.). <\/p>\n
3.2. Si, en simple gracia de discusi\u00f3n, se superara el escollo formal indicado, la inadmisi\u00f3n de la demanda ser\u00eda insalvable, porque la acusaci\u00f3n que all\u00ed se presenta es desenfocada e incompleta. T\u00e9ngase en cuenta que los jueces de instancia defendieron la existencia de dos t\u00edtulos de propiedad sobre la misma extensi\u00f3n de terreno, uno en cabeza de Petrobun, y otro de La Naci\u00f3n, concluyendo a continuaci\u00f3n que ese enfrentamiento deb\u00eda resolverse a favor de la demandada, por tener el t\u00edtulo m\u00e1s vetusto. <\/p>\n
El casacionista, en cambio, se limit\u00f3 a insistir en que tiene un derecho real registrado sobre el inmueble objeto del petitum, pasando por alto pronunciarse sobre la titularidad que se le reconoci\u00f3 a su contraparte, as\u00ed como sobre la prelaci\u00f3n que, con base en copiosa jurisprudencia, defendi\u00f3 el ad quem en su providencia. Ello equivale a decir que la tesis central de la sentencia recurrida \u2013esto es, que la parte convocada exhibi\u00f3 un t\u00edtulo de dominio sobre el predio en disputa, m\u00e1s antiguo que el de la actora\u2013, no fue objeto de ninguna confrontaci\u00f3n por parte de la casacionista. <\/p>\n
Ese vac\u00edo revela lo fragmentario de los cargos formulados, en la medida que no abarcaron de manera integral los pilares centrales de la motivaci\u00f3n del fallo confutado. Y como el planteamiento que se mantuvo al margen del embate es suficiente para sustentar una decisi\u00f3n adversa a los intereses de la recurrente, la frustraci\u00f3n formal de la demanda deviene inexorable. <\/p>\n
No se olvide que, conforme lo tiene decantado el precedente, el recurrente en casaci\u00f3n debe <\/p>\n
\u00ab(…) desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (…). \u201cLa competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
3.3. Cabe a\u00f1adir que un ataque por la v\u00eda indirecta, como el que formul\u00f3 la demandante en el cargo cuarto, no puede limitarse a relacionar una sola de las pruebas recaudadas, para afirmar que su ponderaci\u00f3n pudo haber cambiado el rumbo del fallo de segunda instancia; es imperativo atacar los raciocinios que llevaron al tribunal a resolver el caso en la forma en que lo hizo. <\/p>\n
Dicho esto, se destaca que el impugnante se limit\u00f3 a presentar una lectura alternativa de la evidencia a partir de uno solo de los dict\u00e1menes periciales recaudados, obviando exponer las razones por las cuales consideraba que las conclusiones del perito L\u00f3pez Rodallega son las \u00fanicas admisibles, en desmedro de todos los dem\u00e1s medios de prueba que emple\u00f3 el tribunal para fundamentar la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica opuesta que detall\u00f3 en su sentencia. <\/p>\n
Lo anterior implica que la cr\u00edtica por v\u00eda indirecta tampoco atendi\u00f3 los requerimientos formales del recurso, en tanto esa acusaci\u00f3n impon\u00eda al recurrente ocuparse de \u00abacreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer\u2013 el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ AC6243-2016), nada de lo cual puede extraerse de los someros argumentos de Petrobun. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, tiene dicho la Corte que, si el prop\u00f3sito de la censura es comprobar un yerro f\u00e1ctico, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, resaltado intencional). <\/p>\n
A lo anterior cabe a\u00f1adir, ya respecto de la demostraci\u00f3n del error de hecho, lo que se dijo en CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01: <\/p>\n
\u00ab[P]artiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Pronunciamiento sobre la solicitud de \u00abcasaci\u00f3n oficiosa\u00bb elevada por la recurrente. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la posibilidad de solicitar que se case de oficio la sentencia del tribunal, tiene dicho el precedente: <\/p>\n
\u00abEn la actualidad la Corte se encuentra investida de tres facultades oficiosas complementarias, relacionadas con el recurso de casaci\u00f3n: (i) la selecci\u00f3n negativa, o posibilidad de desprenderse del conocimiento de una demanda de sustentaci\u00f3n formalmente adecuada, pero que no sirva a los prop\u00f3sitos del remedio extraordinario (art\u00edculo 347, C\u00f3digo General del Proceso); (ii) la selecci\u00f3n positiva, o potestad de estudiar de fondo un caso, pese a la ineptitud formal de la demanda (art\u00edculo 16, Ley 270 de 1996); y (ii) la posibilidad de casar de oficio la sentencia del tribunal, que se ejerce ante la incuestionable configuraci\u00f3n de una de las hip\u00f3tesis que prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil vigente, esto es \u201ccuando sea ostensible que la [sentencia impugnada] compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d. <\/p>\n
Estos poderes oficiosos deben ejercerse con prudencia, y sin perder de vista que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no constituye una suerte de tercera instancia, en la que puedan replantearse sin cortapisas todas las discusiones que se ventilaron y definieron ante los falladores ordinarios, \u201cpostura explicable por cuanto los litigios, salvo situaciones excepcionales, encuentran su punto final en el fallo proferido por el tribunal, el cual llega revestido de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u201d (SC003-2021, 18 ene.). <\/p>\n
En ese sentido, la instituci\u00f3n que consagra el precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso no puede convertirse en un reclamo gen\u00e9rico de parte, que \u2013ante el fracaso de sus acusaciones\u2013 constri\u00f1a a la Corte a analizar sin limitaciones formales todos y cada uno de los aspectos de la controversia sometida a su escrutinio; menos a\u00fan ensayar soluciones totalmente diversas a las que se debatieron durante la primera y segunda instancia. <\/p>\n
La aludida facultad es, ni m\u00e1s ni menos, una prerrogativa otorgada a la Corte, a la que esta debe acudir aut\u00f3nomamente, siempre que evidencie la imperiosa necesidad de ampliar el marco de sus competencias para conjurar alguna de las graves irregularidades que previ\u00f3 el legislador en la disposici\u00f3n legal precitada. No es una tabla de salvaci\u00f3n a la que pueda aferrarse el inconforme cuando sus censuras no se abran paso\u00bb (CSJ SC948-2022). <\/p>\n
Decantado lo anterior, esta Corporaci\u00f3n no advierte que, de forma irrebatible y grave, la decisi\u00f3n desestimatoria del tribunal comprometa \u00abel orden o el patrimonio p\u00fablico\u00bb, ni que atente \u00abcontra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. Al contrario, esa soluci\u00f3n parece responder a la oscuridad y las deficiencias conceptuales de la demanda reivindicatoria, as\u00ed como a la existencia comprobada y no rebatida de otro t\u00edtulo de propiedad sobre la misma heredad que pretendi\u00f3 reivindicarse, m\u00e1s vetusto y a nombre de una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
Ante ese panorama, la intervenci\u00f3n oficiosa de esta Corporaci\u00f3n carecer\u00eda de justificaci\u00f3n, m\u00e1xime si se repara en que la parte favorecida con el fallo fue precisamente La Naci\u00f3n, de modo que alterar lo decidido por el ad quem no podr\u00eda, ni por asomo, contribuir al prop\u00f3sito de protecci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico que resalt\u00f3, de forma reiterada, la impugnante extraordinaria. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dadas las deficiencias de t\u00e9cnica rese\u00f1adas, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Petr\u00f3leos de Buenaventura S.A. frente a la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud de una cesi\u00f3n a t\u00edtulo gratuito efectuada por la Alcald\u00eda de Buenaventura a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 094 de 13 de abril de 1984, en favor de la Personer\u00eda Delegada para Ejidos y Vivienda Popular de Buenaventura (aprobada mediante Decreto n.\u00b0 118 de 23 de abril de 1984 y protocolizada en la escritura p\u00fablica n\u00b0 1088 de 26 de abril de 1984 de la Notar\u00eda \u00danica de Buenaventura). <\/p>\n
2\u0002 Por cesi\u00f3n que le hiciera la Naci\u00f3n, mediante la Ley 98 del 7 de diciembre de 1922, los Decretos Presidenciales n.\u00b0 1129 de 4 de agosto de 1923 y 1518 de 18 de octubre de 1925, la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 036 de 6 de octubre de 1930 del Departamento de Bald\u00edos, Bosques Nacionales y Aguas de Uso P\u00fablico del Ministerio de Industria y la escritura p\u00fablica n.\u00ba 336 de 6 de mayo de 1966; actos en los cuales \u00abse reconoce al municipio de Buenaventura como propietario de la Isla Cascajal, precisando que la Naci\u00f3n solo se reserv\u00f3 el globo de terreno para la l\u00ednea de ferrocarril del pac\u00edfico, los terrenos para obras nacionales y de baja marea\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC4260-2022 (2012-00015-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC4260-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76109-31-03-003-2012-00015-01 Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Petr\u00f3leos de Buenaventura S.A. (en adelante, Petrobun) frente a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67522","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67522","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67522"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67522\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67522"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67522"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67522"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}