AC4264-2022 (2017-73432-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4264-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-001-2017-73432-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Colegio Nuevo Cambridge S.A.S., frente a la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n declarativa y de condena por infracci\u00f3n a los derechos de propiedad industrial que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra Colegio de Cambridge Ltda. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico de la demanda. <\/p>\n
1.1 Con el libelo introductor se pidi\u00f3 declarar que, al emplear la expresi\u00f3n \u00abCambridge\u00bb como componente de su nombre comercial, la convocada infringi\u00f3 los literales a, d y e del art\u00edculo 155 de la Decisi\u00f3n 486 de la Comunidad Andina y lesion\u00f3 el derecho de propiedad intelectual que le asiste a la actora como titular de las marcas \u00abNew Cambridge School\u00bb, \u00abColegio Nuevo Cambridge\u00bb y \u00abLittle Cambridge School\u00bb, y de los nombres y ense\u00f1as comerciales de la misma denominaci\u00f3n, cuya notoriedad tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se reconociera judicialmente. <\/p>\n
En consecuencia, reclam\u00f3 la exclusi\u00f3n de dicho vocablo de todo nombre, ense\u00f1a, signo distintivo, material digital y publicidad que emplee el colegio demandado para identificar sus servicios de educaci\u00f3n; la publicaci\u00f3n de un aviso en prensa donde aclara que entre los planteles no existe ning\u00fan tipo de v\u00ednculo; y la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios derivados de los denunciados actos de infracci\u00f3n marcaria, tasados en $2.000\u00b4000.000. <\/p>\n
1.2. Los supuestos f\u00e1cticos que sustentan dichas pretensiones admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
(i) Adem\u00e1s de exponer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que obtuvo la titularidad de las marcas cuya protecci\u00f3n se reclama, de relatar los esfuerzos acometidos desde el a\u00f1o 1993 para consolidar sus signos distintivos en el sector educativo nacional a trav\u00e9s de sus planteles de formaci\u00f3n escolar biling\u00fce ubicados en Floridablanca, Bucaramanga y Cali, y de resaltar los reconocimientos y la reputaci\u00f3n que ha ganado en dicho gremio; la actora censur\u00f3 el uso inconsulto por parte de la convocada de la expresi\u00f3n distintiva \u00abCambridge\u00bb como elemento sem\u00e1ntico preponderante en los nombres y ense\u00f1as comerciales que utiliza para identificar su instituci\u00f3n educativa -Colegio de Cambridge- ubicada en el municipio de La Calera, \u00absituaci\u00f3n que constituye una reproducci\u00f3n literal e infractora del elemento que condensa la fuerza distintiva de la Familia de Marcas \u00abCAMBRIDGE\u00bb (\u2026) y que tiene la virtualidad de generar confusi\u00f3n indirecta por asociaci\u00f3n en el p\u00fablico en general, as\u00ed como la diluci\u00f3n de la fuerza distintiva de los signos distintivos\u00bb. <\/p>\n
(ii) Agreg\u00f3 que dicho proceder irregular, adem\u00e1s de haberse efectuado por la demandada con el deliberado prop\u00f3sito de aprovecharse de la reputaci\u00f3n y trayectoria de la convocante en el sector educativo, genera un inminente riesgo de asociaci\u00f3n entre estudiantes y padres de familia -por recaer sobre denominaciones y servicios id\u00e9nticos- que puede lesionar su buen nombre, entre otras cosas, a causa de las irregularidades en que se vea envuelta la convocada, como los hechos de abuso sexual que fueron noticia a comienzos del a\u00f1o 2017, en los que estuvieron involucrados profesores y estudiantes del plantel educativo de la demandada. <\/p>\n
(iii) Destac\u00f3 igualmente que sus signos distintivos re\u00fanen las exigencias necesarias para que puedan considerarse como notorios, puesto que los ha empleado de manera p\u00fablica e ininterrumpida por m\u00e1s de 24 a\u00f1os en el mismo mercado para identificar servicios educativos de alta calidad, por los cuales ha recibido m\u00faltiples reconocimientos. Debido a ello, \u00abel hecho que la marca, nombre y ense\u00f1a comercial COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE, NEW CAMBRIDGE SCHOOL y LITTLE CAMBRIDGE PRESCHOOL por ser notorios est\u00e9n fijados en la mente del consumidor, causar\u00e1 que los servicios que el signo infractor CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL presta sean asociados a mi representada, con lo cual el riesgo de diluci\u00f3n que explicaremos adelante es inminente. En este caso la asociaci\u00f3n es m\u00e1s grave si se tiene en cuenta que se trata del mismo tipo de servicios prestados en planteles educativos\u00bb. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
3. La sentencia de primer grado. <\/p>\n
Mediante sentencia de 31 de enero de 2019, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio consider\u00f3 que la acci\u00f3n impetrada no se encontraba prescrita, y descendiendo al fondo del asunto, resolvi\u00f3 desestimar las pretensiones de la demanda por encontrar probado que el colegio demandado hace uso de sus nombres comerciales con anterioridad a la concesi\u00f3n de los registros marcarios de la demandante, motivo por el cual \u00e9sta no puede oponer su titularidad sobre dichas marcas frente al derecho que tiene la pasiva respecto a sus nombres, descartando la alegada infracci\u00f3n marcaria. <\/p>\n
As\u00ed mismo, consider\u00f3 que no estaba dentro de sus competencias jurisdiccionales declarar la notoriedad de un signo distintivo y se abstuvo de analizar una posible infracci\u00f3n de nombres comerciales por considerar que ninguna de las pretensiones estuvo dirigida a ello. <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, la parte actora apel\u00f3 la sentencia y centr\u00f3 sus reparos en la indebida interpretaci\u00f3n de la demanda, que en su conjunto versaba sobre la infracci\u00f3n a los signos distintivos en general, lo que incluye las marcas, nombres y ense\u00f1as comerciales, motivo por el cual el a quo debi\u00f3 pronunciarse respecto de la alegada infracci\u00f3n a su nombre comercial. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada <\/p>\n
Al resolver el recurso de alzada propuesto por la demandante, el Tribunal consider\u00f3 que la demanda tambi\u00e9n versaba sobre la infracci\u00f3n a sus nombres comerciales y que las pretensiones estaban encaminadas a la declaratoria de notoriedad de aquellos. <\/p>\n
Sin embargo, adujo que tal circunstancia no serv\u00eda mayormente a las aspiraciones de la convocante pues, circunscribiendo el estudio a lo concerniente a nombres comerciales (dado que la desestimaci\u00f3n de las pretensiones relativas al uso ileg\u00edtimo de las marcas de la actora no fue objeto de reproche), tampoco se encontr\u00f3 m\u00e9rito para acoger las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones: <\/p>\n
(i) Es tema pac\u00edfico que la demandante presta sus servicios educativos en Floridablanca (Santander) y Cali (Valle), y que hace uso de sus nombres comerciales desde 1994. As\u00ed mismo, la convocada tiene su sede en La Calera (Cundinamarca) y hace uso de sus nombres desde el a\u00f1o 2000. <\/p>\n
(ii) Las reglas de la experiencia muestran que el consumidor de los servicios que ofrecen los contendientes es selectivo, m\u00e1s y mejor informado que el consumidor promedio u ordinario en raz\u00f3n al complejo proceso de selecci\u00f3n que debe seguir la familia del educando para escoger la entidad educativa a la cual confiar\u00e1 el futuro acad\u00e9mico de sus hijos, el cual incluye una serie de etapas que involucran un continuo y progresivo conocimiento sobre el colegio; escenario en el que el riesgo de confusi\u00f3n disminuye dr\u00e1sticamente. <\/p>\n
(iii) A ello se suma que los establecimientos de propiedad de los litigantes han coexistido en el mercado desde el a\u00f1o 2000, compartiendo una denominaci\u00f3n similar, misma que tambi\u00e9n identifica a una pluralidad de centros pedag\u00f3gicos a nivel nacional, pues el expediente refleja que son numerosas las instituciones educativas que acuden a la expresi\u00f3n \u00abCambridge\u00bb para ofrecer servicios educativos. <\/p>\n
(iv) En tal virtud, correspond\u00eda a la accionante demostrar plenamente los hechos concretos que impusieran colegir que un padre de familia, en ese proceso de selecci\u00f3n de colegio para su hijo en el municipio de La Calera, de manera errada hubiera optado por un colegio que, al margen de la similitud en su nombre comercial, est\u00e1 ubicado en una regi\u00f3n diferente, o viceversa. La demandante no acredit\u00f3 que realmente exista un riesgo de confusi\u00f3n entre los nombres comerciales que emplean ambos litigantes, pues no se encuentra en el expediente nada que refrende tal planteamiento, siendo la convocante quien soportaba la carga de acreditar los hechos constitutivos del riesgo de confusi\u00f3n. <\/p>\n
(v) Adem\u00e1s, encontr\u00f3 la colegiatura que los nombres comerciales de la demandante no pod\u00edan considerarse notorios, puesto que las pruebas aportadas por aquella, si bien mostraban la alta calidad del colegio y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ha hecho uso de sus nombres, nada probaban respecto a la notoriedad exigida por la Decisi\u00f3n 486 y, de hecho, eran insuficientes para darla por establecida, toda vez que la alegada notoriedad debe evidenciarse a nivel nacional y no solo a nivel local o provincial como ocurre en este caso. <\/p>\n
(vi) En este sentido, el riesgo de confusi\u00f3n derivado de la similitud de los nombres comerciales de las partes se diluye con motivo de la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los colegios, puesto que \u00aba diferencia del principio de territorialidad inherente a las marcas (cuya protecci\u00f3n cobija todo el \u00e1mbito nacional de los pa\u00edses miembros de la CAN), en materia de nombres comerciales la Decisi\u00f3n 486 de 2000 no establece que su resguardo se extienda a todo un pa\u00eds, raz\u00f3n por la cual, en ocasiones puede suscitarse, v\u00e1lidamente, una coexistencia de nombres comerciales, salvo que se trate de un signo notoriamente reconocido\u00bb. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
La convocante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia del Tribunal, y tras su admisi\u00f3n present\u00f3 una demanda de sustentaci\u00f3n, donde enarbol\u00f3 un \u00fanico cargo con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
El remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del Tribunal son contrarias a toda evidencia4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Invocando la causal segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el impugnante denuncia la violaci\u00f3n indirecta, por error de hecho, de los art\u00edculos 191, 192 y 224 de la Decisi\u00f3n 486 de la Comunidad Andina, por haberlos interpretado err\u00f3neamente; y de los c\u00e1nones 192, 225, 226, 227, 228 y 230 del mismo cuerpo normativo, por falta de aplicaci\u00f3n, todo como consecuencia de la omisi\u00f3n de unos elementos probatorios y la tergiversaci\u00f3n de otros tantos. <\/p>\n
En defensa de su censura, el casacionista dividi\u00f3 el cargo en dos acusaciones, dirigidas por un lado a demostrar los yerros que llevaron a descartar que el t\u00e9rmino \u00abCambridge\u00bb utilizado en sus nombres comerciales es objeto de su titularidad y uso exclusivo, y que su utilizaci\u00f3n por parte de la convocada genera un riesgo de asociaci\u00f3n; y por el otro, los errores que llevaron a no dar por probado, est\u00e1ndolo, que sus nombres comerciales son notoriamente conocidos. <\/p>\n
Para sustentar su primera acusaci\u00f3n, expuso las siguientes consideraciones: <\/p>\n
(i) Contrario a lo que coligi\u00f3 el Tribunal, el t\u00e9rmino \u00abCambridge\u00bb s\u00ed es susceptible de apropiaci\u00f3n (de hecho, es de titularidad exclusiva de la convocante) y su uso no autorizado por parte de la convocada genera un demostrado riesgo de asociaci\u00f3n, independientemente de la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los colegios en contienda. <\/p>\n
(ii) Para desestimar dicha premisa, la magistratura tergivers\u00f3 el contenido de pruebas documentales, a saber, la certificaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Educaci\u00f3n Privada, la Revista Gu\u00eda para Padres de Colegios y Jardines 2010-2011 y el intercambio de comunicaciones promovido por la demandante con otros centros educativos que tambi\u00e9n utilizan en sus nombres la expresi\u00f3n \u00abCambridge\u00bb con el fin de que se abstuvieran de hacerlo; probanzas de las cuales la colegiatura de segundo grado coligi\u00f3 que aquella \u00abest\u00e1 vulgarizada porque es usada por varias instituciones educativas\u00bb, cuando en realidad lo que esos elementos de juicio evidencian es que la actora ha hecho uso continuo -y exigido respeto- de su \u00abderecho exclusivo\u00bb sobre sus nombres comerciales, y que adem\u00e1s, el uso por parte de otras instituciones de la expresi\u00f3n en disputa crea un riesgo de confusi\u00f3n y\/o de asociaci\u00f3n entre ellas. <\/p>\n
(iii) As\u00ed mismo, se pretermitieron medios de convicci\u00f3n con los cuales se acreditaba el riesgo de asociaci\u00f3n que existe entre los signos distintivos de las partes, a saber, las noticias, trinos y entrevistas radiales de distintos medios de comunicaci\u00f3n, publicados en el mes de marzo de 2017 y en las cuales se alud\u00eda indistintamente al Colegio Cambridge para referirse a la demandada en el contexto de la noticia relacionada con el presunto abuso sexual hacia una alumna del referido plantel en una salida pedag\u00f3gica5; un comunicado de prensa emitido sobre ese particular por el rector del colegio demandante y sendas certificaciones y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la denegaci\u00f3n de distintos registros marcarios solicitados sobre la expresi\u00f3n \u00abCambridge\u00bb6, que evidencian la posibilidad de apropiaci\u00f3n de ese vocablo. <\/p>\n
(iv) A juicio del censor, la inadecuada valoraci\u00f3n probatoria descrita aparej\u00f3 la trasgresi\u00f3n de los art\u00edculos 191 y 192 de la Decisi\u00f3n 486 por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, puesto que se desconoci\u00f3 que la actora s\u00ed pod\u00eda tener, y de hecho tiene, un derecho exclusivo sobre la expresi\u00f3n \u00abCambridge\u00bb, por haber sido quien la us\u00f3 por primera vez en el comercio y tambi\u00e9n por tener la titularidad de las marcas que la contienen, la cual demuestra la naturaleza apropiable de dicha palabra. <\/p>\n
Conforme al citado canon, ni las autoridades judiciales ni las administrativas est\u00e1n facultadas para calificar la apropiabilidad de un nombre comercial, dado que el \u00fanico requisito legalmente exigible para su protecci\u00f3n es el uso efectivo en el mercado, el cual aqu\u00ed fue cabalmente acreditado, as\u00ed como el primer uso en el comercio, que le da la exclusividad a la actora. <\/p>\n
(v) El ad quem incurri\u00f3 en una trasgresi\u00f3n parcial del canon 192 de la Decisi\u00f3n 486, al restringir sus alcances al riesgo de confusi\u00f3n, cuando dicho precepto tambi\u00e9n habilita los mecanismos de protecci\u00f3n all\u00ed contemplados ante un riesgo de confusi\u00f3n indirecta, igualmente conocido como riesgo de asociaci\u00f3n, que es el que se verific\u00f3 en este asunto, conforme al cual el consumidor atribuye a dos servicios un origen empresarial com\u00fan, cuando ello no corresponde con la realidad. <\/p>\n
El riesgo de asociaci\u00f3n se concret\u00f3 como consecuencia de los hechos p\u00fablicamente conocidos relacionados con el presunto abuso a una estudiante del colegio demandado en el mes de marzo de 2017, de lo cual da cuenta la documental denunciada como preterida. <\/p>\n
Si el colegiado no hubiese incurrido en los yerros probatorios denunciados, habr\u00eda encontrado acreditado \u00abque hoy persiste el riesgo de asociaci\u00f3n o riesgo de confusi\u00f3n indirecta entre los nombres comerciales Colegio Nuevo Cambridge, New Cambridge School y Little Cambridge Preschool de propiedad de la demandante y el nombre comercial Cambridge International School de titularidad de la demandada, lo cual lo habr\u00eda conducido a hacer una correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 192 de la Decisi\u00f3n 486 para entonces brindarle protecci\u00f3n a los nombres comerciales (\u2026) de titularidad de la actora\u00bb. <\/p>\n
(vi) Como colof\u00f3n, se\u00f1ala que el error de hecho cometido por el ad quem es manifiesto, evidente y trascendente, puesto que no tuvo por acreditado, est\u00e1ndolo, que \u00abla expresi\u00f3n Cambridge incorporada en los nombres comerciales Colegio Nuevo Cambridge, New Cambridge School y Little Cambridge Preschool de titularidad de la actora s\u00ed fue objeto de uso exclusivo y excluyente, y que los nombres comerciales Colegio Nuevo Cambridge, New Cambridge School y Little Cambridge Preschool de propiedad de la demandante y el nombre comercial Cambridge International School de titularidad de la demandada s\u00ed causaron asociaci\u00f3n y generan actualmente riesgo de asociaci\u00f3n o confusi\u00f3n indirecta\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar la segunda acusaci\u00f3n, el casacionista argument\u00f3: <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n evidencia una completa preterici\u00f3n de \u00abmuch\u00edsimas pruebas documentales\u00bb con las cuales se demostr\u00f3 la notoriedad de los nombres comerciales de la demandante a nivel local, regional y nacional en el \u00e1mbito educativo, entre ellas, \u00abla totalidad de los \u201cRankings\u201d de la Revista Dinero\u00bb en los que figura el Colegio Nuevo Cambridge7, 76 publicaciones en Diarios y Semanarios relativos a la trayectoria y logros acad\u00e9micos del establecimiento pedag\u00f3gico de la demandante; 87 piezas publicitarias y promocionales en diarios y revistas de reconocimiento local y nacional en las que se ofrecen y promocionan los servicios educativos de la actora; m\u00faltiples recibos de caja del Colegio Nuevo Cambridge que evidencian el uso constante de la demandante de sus nombres comerciales desde 1994; y certificaciones, alianzas, membres\u00edas y reconocimientos otorgados a la convocante y a miembros de la comunidad acad\u00e9mica por parte de agremiaciones del mismo sector, entidades estatales y autoridades certificadoras de calidad. <\/p>\n
(ii) De haberse valorado dichas probanzas en conjunto con las que s\u00ed tuvo en cuenta la magistratura, indefectiblemente \u00abse habr\u00eda concluido que s\u00ed hay prueba suficiente de que los nombres comerciales Colegio Nuevo Cambridge, New Cambridge School y Little Cambridge Preschool, de propiedad de la demandante que usan la expresi\u00f3n Cambridge, son notoriamente conocidos a nivel local, regional y nacional\u00bb. <\/p>\n
Haber obviado todo ese acervo probatorio, condujo al colegiado a interpretar err\u00f3neamente el art\u00edculo 224 de la Decisi\u00f3n 486 de la Comunidad Andina, y a inaplicar los art\u00edculos 192, 225 a 228 y 230 de la misma codificaci\u00f3n, puesto que el ordenamiento comunitario establece que se entiende por signo notorio el que fuese reconocido como tal en cualquier pa\u00eds miembro por el sector pertinente, sin embargo, no prev\u00e9 una medida espacial o un porcentaje de conocimiento que determine tal notoriedad, ni tampoco un espacio geogr\u00e1fico en el que el signo deba ser conocido; basta con un \u00abconocimiento por parte del sector pertinente al que se dirigen los servicios\u00bb, puesto que dicho conocimiento \u00abse aprecia en funci\u00f3n del consumidor habitual al que se dirigen los servicios, y no al conocimiento del mercado en general o de todo el pa\u00eds, como equivocadamente lo interpret\u00f3 el ad quem al estudiar el contenido del art\u00edculo 224 de la Decisi\u00f3n. En ese sentido, no es viable entonces descartar la notoriedad de un signo distintivo por raz\u00f3n de que el mismo no sea conocido ampliamente desde el punto de vista espacial en el territorio nacional, pues no es la extensi\u00f3n geogr\u00e1fica del conocimiento del signo distintivo notorio lo que prev\u00e9 la norma que mal interpretada (sic) por el Tribunal, sino el conocimiento del mismo en el sector pertinente que es algo muy distinto\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, err\u00f3 el colegiado al exigir que los nombres comerciales de la demandante deban ser conocidos \u00aben un espacio geogr\u00e1fico amplio, de car\u00e1cter nacional y por fuera de su sector pertinente\u00bb, y como consecuencia, ensanch\u00f3 ilegalmente los contornos del art\u00edculo 224 citado, pues aquel no exige el conocimiento en determinado territorio o regi\u00f3n sino en los consumidores habituales a los que se dirigen los servicios. <\/p>\n
(iii) El conocimiento y la notoriedad dependen de muchos factores, varios de los cuales est\u00e1n consagrados en forma no taxativa en el canon 228 de la Decisi\u00f3n 486, entre ellos, el tipo de servicio, el inter\u00e9s comercial y la estrategia de distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n dispuesta por el empresario, el \u00e9xito o calidad de los bienes o servicios, la implantaci\u00f3n o penetraci\u00f3n del mercado, la amplitud geogr\u00e1fica del uso y oferta, la inversi\u00f3n y estrategia en publicidad y la duraci\u00f3n del uso y extensi\u00f3n de la promoci\u00f3n, entre otros posibles criterios que, de haber sido correctamente aplicados en este asunto, habr\u00edan llevado al Tribunal a tener por acreditada la mencionada notoriedad. <\/p>\n
El ad quem sostuvo que la simple calidad de los servicios ofrecidos no era prueba suficiente, sin embargo, el reconocimiento p\u00fablico de ese alto est\u00e1ndar educativo \u00abconstituye uno de los aspectos m\u00e1s importante frente al mercado y el consumidor, pues este hecho no solo destaca al Colegio Nuevo Cambridge a nivel nacional, sino que tambi\u00e9n y principalmente determina que los sujetos que componen el sector pertinente tomen la decisi\u00f3n de contratar los servicios educativos del Colegio Nuevo Cambridge (New Cambridge School) o del Little Cambridge Preschool\u00bb. <\/p>\n
(iv) As\u00ed las cosas, el Tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 224 de la Decisi\u00f3n 486 y dej\u00f3 de aplicar las dem\u00e1s normas denunciadas, negando la protecci\u00f3n de los nombres comerciales de la demandada con una decisi\u00f3n contraevidente y contraria al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3.2. Examen de la Corte. <\/p>\n
Para un adecuado an\u00e1lisis del caso, debe recordarse que el Colegio Nuevo Cambridge present\u00f3 demanda por infracci\u00f3n de signos distintivos y competencia desleal en contra del Colegio de Cambridge, con el objetivo de que se ordene a la instituci\u00f3n educativa demandada el cese definitivo de los actos que constituyen la infracci\u00f3n, absteni\u00e9ndose de utilizar la expresi\u00f3n \u00abCambridge\u00bb en su nombre y cualquier otro uso comercial, adem\u00e1s del pago de una indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivados de los actos denunciados. <\/p>\n
El colegio demandante fund\u00f3 su argumentaci\u00f3n en el derecho de exclusividad que tiene sobre sus marcas registradas y el que le da el primer uso en el mercado de sus nombres comerciales, as\u00ed como en la notoriedad de tales signos distintivos, la cual, seg\u00fan dice, ha sido generada por su calidad acad\u00e9mica, tiempo en el mercado y reconocimiento en el medio educativo, los cuales le han dado una \u00abinusitada fuerza distintiva\u00bb a tales signos en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
Debe recordarse tambi\u00e9n que la sentencia de primera instancia descart\u00f3 la infracci\u00f3n marcaria, pues se tuvo por acreditado que el colegio demandado tiene un mayor derecho frente a las marcas del actor al haberse demostrado que el uso de sus nombres comerciales es anterior a la concesi\u00f3n de los registros marcarios, conclusiones que no fueron discutidas en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal virtud, la alzada se centr\u00f3 en las pretensiones relacionadas con la declaratoria de notoriedad de los nombres y ense\u00f1as comerciales del colegio demandante y con su efectiva protecci\u00f3n, motivo por el cual el fallo de segundo grado tuvo como argumentos basilares los siguientes: (i) no se prob\u00f3 el riesgo de confusi\u00f3n, el cual, adem\u00e1s, disminuye dr\u00e1sticamente por la distinta ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los planteles en contienda y la especialidad de los consumidores de servicios educativos, que son selectivos y altamente informados; y (ii) no se prob\u00f3 la notoriedad de los signos distintivos de la demandante, motivo por el cual en este caso es posible la coexistencia de los nombres comerciales de los colegios, conforme lo ha aceptado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. <\/p>\n
En el marco del recurso extraordinario el casacionista enfil\u00f3 su ataque por la v\u00eda indirecta, motivo por el cual no pod\u00eda limitarse a relacionar las pruebas recaudadas para afirmar que su ponderaci\u00f3n pudo haber cambiado el rumbo del fallo de segunda instancia, sino que deb\u00eda atacar los raciocinios que llevaron al juzgador a resolver el caso en la forma en que lo hizo. En esta sede no es admisible la simple exposici\u00f3n de la que, seg\u00fan consideraci\u00f3n del censor, ser\u00eda la valoraci\u00f3n correcta de determinados medios de prueba, pues se torna imperativo atacar los fundamentos de la decisi\u00f3n cuestionada y demostrar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por la colegiatura es abiertamente equivocada o contraevidente. <\/p>\n
No se olvide que, conforme lo tiene decantado el precedente, el recurrente en casaci\u00f3n debe <\/p>\n
\u00ab(…) desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (…). \u201cLa competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
Como se ha rese\u00f1ado, la decisi\u00f3n impugnada tiene como fundamento toral la consideraci\u00f3n de que el demandante no logr\u00f3 acreditar la notoriedad de sus nombres comerciales ni la existencia del riesgo de confusi\u00f3n con respecto al colegio demandado, lo que imped\u00eda reconocer el pretendido derecho al uso exclusivo de sus nombres comerciales. <\/p>\n
Al ser aquellos los argumentos basilares del fallo, era deber del recurrente dirigir el ataque a derruir sus cimientos, evidenciando c\u00f3mo el juzgador pretiri\u00f3, supuso o tergivers\u00f3 alg\u00fan medio de prueba de forma tan visible y notoria que su tesis resultara contraevidente, y mostrando, por el contrario, que la expuesta por el inconforme era la \u00fanica admisible de cara a la objetividad de los medios de prueba. <\/p>\n
Con estas claridades, procede la Sala a analizar los embates concretos del casacionista, en el orden en que fueron planteados. <\/p>\n
(i) En la primera parte de la acusaci\u00f3n, el censor dirige su ataque a demostrar que los errores cometidos por el ad quem conllevaron el desconocimiento de su derecho exclusivo sobre el t\u00e9rmino \u00abCambridge\u00bb, el cual, alega, si puede ser objeto de apropiaci\u00f3n y, de hecho, es de su exclusiva titularidad. <\/p>\n
Este ataque es desenfocado, puesto que el juzgador no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de la apropiabilidad o registrabilidad del t\u00e9rmino \u00abCambridge\u00bb en s\u00ed mismo, sino que, para el caso concreto, consider\u00f3 que tal expresi\u00f3n no es susceptible de apropiaci\u00f3n ni de exclusividad al no haberse probado ni el riesgo de confusi\u00f3n ni la notoriedad alegada por la actora. Para descartar el riesgo de confusi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que los nombres comerciales en contienda han coexistido desde el a\u00f1o 2000, que m\u00faltiples instituciones educativas contienen el mismo t\u00e9rmino en su nombre y que en el contexto espec\u00edfico de los servicios educativos, la selectividad y especialidad de los consumidores disminuyen dr\u00e1sticamente el riesgo de confusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, como la sentencia impugnada no se bas\u00f3 en la consideraci\u00f3n de que la expresi\u00f3n \u00abCambridge\u00bb no pudiera ser objeto de apropiaci\u00f3n o de uso exclusivo en s\u00ed misma, sino que se refiri\u00f3 a la imposibilidad de reconocer la pretendida exclusividad de los nombres comerciales de la demandante en el caso concreto, son desenfocadas las acusaciones relacionadas con los supuestos errores conforme a los cuales no se dio por acreditado, est\u00e1ndolo, que la actora tiene la titularidad y exclusividad del t\u00e9rmino controvertido. <\/p>\n
La sentencia impugnada tampoco se refiri\u00f3 a los derechos de exclusividad otorgados por las marcas registradas de la demandante al no haber sido la infracci\u00f3n marcaria objeto del recurso de alzada, por lo que reluce el desenfoque cuando el censor denuncia como omitidas las resoluciones que deniegan registros de marcas que contienen el t\u00e9rmino \u00abCambridge\u00bb, pues tales decisiones administrativas se relacionan directamente con los derechos de exclusividad otorgados por las marcas registradas por la demandante. <\/p>\n
(ii) De la mano de lo anterior, y respecto a las pruebas se\u00f1aladas como tergiversadas, se relacionan sendas comunicaciones que la actora dirigi\u00f3 a diversas instituciones educativas en diferentes ciudades del pa\u00eds -con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda-, exigiendo el cese del uso de la palabra \u00abCambridge\u00bb en sus nombres comerciales. Alega el recurrente que la magistratura dedujo de aquellas que ese t\u00e9rmino se encontraba \u00abvulgarizado\u00bb al ser usado por varias instituciones, cuando en realidad lo que demuestran es que la demandante ha ejercido su \u00abderecho de propiedad\u00bb y uso exclusivo de sus nombres comerciales, as\u00ed como la facultad prohibitiva respecto de tales signos distintivos. <\/p>\n
Sin embargo, adem\u00e1s del ya referido desenfoque, el embate no indica en qu\u00e9 consiste la tergiversaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n ni en donde est\u00e1 el error del juzgador, tampoco demuestra por qu\u00e9 raz\u00f3n la valoraci\u00f3n de dichos documentos admit\u00eda como \u00fanica interpretaci\u00f3n, la que \u00e9l mismo propone. <\/p>\n
Por el contrario, el contenido objetivo de las pruebas denunciadas muestra efectivamente la existencia de al menos doce instituciones educativas a nivel nacional que contienen en su nombre comercial la palabra \u00abCambridge\u00bb8, por lo que no se evidencia dislate alguno de la conclusi\u00f3n del fallador conforme a la cual se acredit\u00f3 en el proceso que el t\u00e9rmino al que la actora atribuye la fuerza distintiva de sus signos es una palabra de uso com\u00fan en el medio educativo, pues existen varias instituciones a nivel nacional que cuentan con ella en su denominaci\u00f3n, lo que lo llev\u00f3 a reforzar su conclusi\u00f3n conforme a la cual en el contexto de los servicios educativos, el riesgo de confusi\u00f3n disminuye dr\u00e1sticamente. <\/p>\n
Ahora bien, que de dichas probanzas el casacionista quiera desprender la prueba de la defensa de la exclusividad de su nombre comercial es un esfuerzo tambi\u00e9n desenfocado, puesto que el juzgador no fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la existencia o no de actos concretos de defensa de los nombres comerciales de la demandante, sino en la ausencia del riesgo de confusi\u00f3n, se insiste, por las caracter\u00edsticas de los consumidores de servicios educativos (selectivos y altamente informados), la pluralidad de instituciones educativas con nombre similar y la diluci\u00f3n del alegado riesgo ante la diferente localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los planteles educativos. <\/p>\n
(iii) Seguidamente, el casacionista se\u00f1ala que los errores de hecho enunciados tuvieron como consecuencia la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 191 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000, norma que establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, as\u00ed como la trasgresi\u00f3n del art\u00edculo 192 ib\u00eddem, al restringir sus alcances al riesgo de confusi\u00f3n dejando de lado la protecci\u00f3n consagrada ante posibles riesgos de asociaci\u00f3n (confusi\u00f3n indirecta), el cual, seg\u00fan manifiesta, se acredit\u00f3 cabalmente en este asunto. <\/p>\n
Si bien el recurrente enlista una serie de pruebas que en su decir fueron omitidas por el ad quem y que acreditar\u00edan plenamente tanto el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales como el alegado riesgo de asociaci\u00f3n, lo que contiene su censura es en realidad una inconformidad con el entendimiento y la aplicaci\u00f3n de las normas comunitarias, lo cual constituir\u00eda una t\u00edpica violaci\u00f3n directa de tales disposiciones. <\/p>\n
Ello apareja la desatenci\u00f3n de la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual la formulaci\u00f3n de los cargos debe realizarse por separado y con exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, pues en contrav\u00eda de esa carga el casacionista entremezcl\u00f3 la naturaleza de sus embates al pretender reconducir por la v\u00eda de la causal segunda -reservada para combatir yerros de juzgamiento derivados de una inadecuada valoraci\u00f3n probatoria- un cuestionamiento relativo a la transgresi\u00f3n directa de las referidas normas andinas. <\/p>\n
Bajo esa estructura l\u00f3gica, emerge con claridad que, en el denunciado yerro normativo, de haberse configurado, no habr\u00eda mediado una pifia probatoria del ad quem, sino que el mismo habr\u00eda reca\u00eddo de manera directa o inmediata en la norma cuyo contenido se estima cercenado. La inadecuada apreciaci\u00f3n probatoria, en los t\u00e9rminos del cargo, no anteceder\u00eda, sino que proseguir\u00eda causalmente a la aplicaci\u00f3n fragmentada de la norma sustancial en la que se fund\u00f3 la acusaci\u00f3n, de manera que la misma, para que hubiera podido ser estudiada de fondo, debi\u00f3 plantearse a trav\u00e9s de la causal primera. <\/p>\n
Como lo ha rese\u00f1ado el precedente, <\/p>\n
\u00abEvidentemente, la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n exige el predicho numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil, pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad\u00bb (AC219-2017, 25 ene. 2017, rad. 2009-00048-01). <\/p>\n
Las pruebas que a decir del opungante acreditaban el riesgo de asociaci\u00f3n corresponden a una serie de noticias publicadas en diferentes medios y redes sociales en las que se daba cuenta de un incidente de presunto abuso acontecido en una salida pedag\u00f3gica del colegio demandado; en algunas de ellas se lo identificaba como Colegio Cambridge sede La Calera, mientras que en otras no se hac\u00eda referencia a su ubicaci\u00f3n. De las primeras, concluye el casacionista que los medios de comunicaci\u00f3n entendieron que se trataba del Colegio Nuevo Cambridge que, adem\u00e1s de sus sedes en Floridablanca y Cali, ten\u00eda una sede en La Calera, y de las segundas, que el riesgo de asociaci\u00f3n es patente porque en la locuci\u00f3n Colegio Cambridge, podr\u00eda caber el Colegio Nuevo Cambridge. <\/p>\n
El tenor de estos medios de convicci\u00f3n, sin embargo, no evidencia el riesgo de confusi\u00f3n indirecta alegado, en la medida en que no contienen -de manera objetiva y clara- ninguna alusi\u00f3n o referencia al colegio demandante, y lo que se plantea en casaci\u00f3n es simplemente una mirada subjetiva y personal del recurrente, quien de la lectura de dichas publicaciones infiere o concluye que los periodistas entendieron que el colegio demandante ten\u00eda una sede en La Calera, inferencia que no se desprende del texto de las publicaciones y supone una mera conjetura de la actora. <\/p>\n
La misma suerte correr\u00eda el comunicado a la opini\u00f3n p\u00fablica firmado por el rector del colegio demandante en marzo de 2017 a ra\u00edz de los sucesos acontecidos en la salida pedag\u00f3gica referenciada, en el cual se aclara que no tiene v\u00ednculo alguno con el colegio demandado y que tambi\u00e9n se denuncia como preterido. Si bien para el censor dicho comunicado demuestra la materializaci\u00f3n del riesgo de asociaci\u00f3n como consecuencia de las notas period\u00edsticas antes se\u00f1aladas, lo cierto es que el contenido objetivo del comunicado no prueba por s\u00ed solo el aludido riesgo, ya que se limita a aclarar al p\u00fablico que el colegio demandado al que hicieron referencia las noticias no tiene relaci\u00f3n alguna con el colegio demandante. El documento acredita, sin duda, la diligencia y previsi\u00f3n de la actora ante una situaci\u00f3n como la ocurrida en marzo de 2017, m\u00e1s no la prueba de la confusi\u00f3n echada de menos por el Tribunal ante una situaci\u00f3n, se insiste, de selectividad del consumidor y diferente localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica. <\/p>\n
(v) En la segunda acusaci\u00f3n del cargo \u00fanico, el recurrente enlista todos los documentos que, a su juicio, confirmar\u00edan la notoriedad que el ad quem encontr\u00f3 como no probada, conclusi\u00f3n que refuta relacionando los rankings publicados en la Revista Dinero y en los que figura el colegio, notas publicadas en peri\u00f3dicos y revistas en las que se menciona a la instituci\u00f3n educativa, diferentes piezas publicitarias, recibos de caja de los a\u00f1os 1994 a 2017 y certificaciones de excelencia, reconocimientos de autoridades y reconocimientos otorgados a miembros de la comunidad acad\u00e9mica <\/p>\n
Debe recordarse que, para descartar la notoriedad de los signos de la actora, el ad quem fue contundente al indicar: <\/p>\n
\u00abTampoco cabe aseverar que los nombres comerciales de la demandante sean de aquellos que puedan considerarse como notorios: las pruebas aqu\u00ed recaudadas, no apoyan tal hip\u00f3tesis, pues las mismas denotan (adem\u00e1s de un alto grado de calidad), son las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la parte actora ha usado la expresi\u00f3n \u201cCambridge\u201d en sus ense\u00f1as comerciales (marcas y nombres) con las que ofrece sus servicios educativos al p\u00fablico en los municipios de Floridablanca (Santander) y Santiago de Cali (Valle del Cauca). Nada en concreto se trajo para acreditar la notoriedad, para lo cual han de tenerse en cuenta los factores que prev\u00e9 el art\u00edculo 228 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000. <\/p>\n
Y es que, ello es medular, ni los \u201crankings\u201d en los que figura la demandante por su alta calidad educativa; ni la alusi\u00f3n a los premios que ha recibido por su trayectoria acad\u00e9mica en el departamento de Santander, ni lo bien escalonado que ha quedado el colegio de propiedad de la parte actora en las pruebas Saber Pro del ICFES, son suficientes para dar por establecida la notoriedad de los nombres comerciales de la demandante que, como se sabe, ha de ser patente no a novel local y provincial como aparece en la situaci\u00f3n litigiosa que se suscit\u00f3, sino a otro m\u00e1s amplio de cuyo logro la foliatura no da cuenta (ib\u00eddem, art. 224)\u00bb <\/p>\n
Reliev\u00f3 la colegiatura que a diferencia del principio de territorialidad inherente a las marcas -cuya proyecci\u00f3n cobija todo el \u00e1mbito nacional-, en materia de nombres comerciales la normativa comunitaria no establece que su resguardo se extienda a todo un pa\u00eds, raz\u00f3n por la cual en ocasiones puede darse una coexistencia v\u00e1lida de nombres comerciales, salvo que se trate de un signo distintivo notoriamente conocido, como lo ha aceptado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9. <\/p>\n
Pese a lo anterior, el censor indica que se omitieron las pruebas documentales contentivas de los rankings de la Revista Dinero, mismos que si hubiesen sido valorados \u00abjunto con los otros Rankings que dijo haber examinado el Tribunal (creemos que se trata de los publicados virtualmente a nivel nacional por El Espectador, Noticias Uno, RCN Radio, Publ\u00edmetro, Vanguardia Liberal y El Pil\u00f3n), aunado a las dem\u00e1s pruebas documentales que fueron olvidadas por dicho juzgador\u00bb, se habr\u00eda reconocido la notoriedad de los nombres comerciales a nivel regional y nacional. <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que, el inconforme parte de un supuesto errado, consistente en que los rankings publicados en la Revista Dinero no fueron valorados por el juzgador, cuando la sentencia impugnada informa expresamente, en su nota al pie n\u00famero 8, que es precisamente a esos listados a los que se refiere el Tribunal cuando indica que no son suficientes para acreditar la notoriedad, lo que descarta de tajo la pretermisi\u00f3n probatoria alegada. <\/p>\n
As\u00ed mismo, encuentra la Sala que de los 76 art\u00edculos en peri\u00f3dicos y revistas denunciados como omitidos y de los cuales el recurrente busca desprender la prueba de la notoriedad a nivel nacional, 74 corresponden a publicaciones regionales y locales, a saber, al peri\u00f3dico Vanguardia Liberal de la ciudad de Bucaramanga, y al semanario Gente del Ca\u00f1averal, revista impresa en el municipio de Floridablanca; por lo que no demuestra el recurrente c\u00f3mo tales elementos de juicio permitir\u00edan derruir las conclusiones del Tribunal, quien precisamente reconoci\u00f3 que la notoriedad acreditada por el colegio demandante se circunscrib\u00eda a un nivel local y regional, m\u00e1s no al nivel nacional exigido para el \u00e9xito de sus pretensiones. <\/p>\n
Sobre los 87 documentos contentivos de anuncios publicitarios denunciados como pretermitidos, 32 corresponden al peri\u00f3dico Vanguardia Liberal, lo que coincide con la conclusi\u00f3n del juzgador de segundo grado respecto a la relevancia local de la instituci\u00f3n educativa; 12 ata\u00f1en a una publicaci\u00f3n de Redcol respecto de la cual no se dio ning\u00fan dato identificador -salvo que est\u00e1 conformada por 8 colegios de diferentes ciudades-, lo que impide establecer el alcance de su publicaci\u00f3n y la masividad en su distribuci\u00f3n, y adicionalmente, se incumple con la carga de demostrar c\u00f3mo el contenido objetivo de tales pruebas contradice en forma evidente y trascendente la conclusi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Los documentos restantes corresponden a piezas publicitarias respecto a los servicios educativos que presta la actora, sin embargo, no se indic\u00f3 ni lugar ni fecha de publicaci\u00f3n, lo que nuevamente impide conocer el alcance nacional que pudieran soportar la acusaci\u00f3n conforme a la cual, en vista de la omisi\u00f3n de estos documentos, el juzgador no dio por probada la notoriedad de los nombres comerciales de la demandante; adem\u00e1s, mem\u00f3rese que la sentencia impugnada se refiri\u00f3 espec\u00edficamente a la certificaci\u00f3n de los gastos en mercadeo y publicidad como una de las pruebas que consider\u00f3 insuficientes para acreditar la notoriedad pretendida por el colegio demandante (cfr nota al pie n\u00famero 8). <\/p>\n
Es importante reiterar que el fallo no desconoci\u00f3 la calidad acad\u00e9mica de la actora ni una posible relevancia y presencia a nivel local y regional, sin embargo, lo que ech\u00f3 de menos fue la prueba del amplio y difundido reconocimiento a nivel nacional, que deb\u00eda ser acreditado para que en virtud de la declaratoria de notoriedad de los nombres comerciales, se reconociera en favor de la actora el derecho al uso exclusivo del t\u00e9rmino en disputa en todo el territorio colombiano. <\/p>\n
Sin embargo, lejos de desvirtuar la tesis del Tribunal y de demostrar por qu\u00e9 su razonamiento era desacertado, se enlistaron nuevamente una serie de documentos que demuestran precisamente ese reconocimiento local y regional que el juzgador no desconoci\u00f3. En tal virtud, las probanzas supuestamente omitidas no atacan la conclusi\u00f3n del juzgador respecto a la ausencia de notoriedad a nivel nacional, por lo que, incluso, si hubiesen sido preteridas, no tendr\u00edan la vocaci\u00f3n de derruir los cimientos de la sentencia atacada. <\/p>\n
Frente a la alegada pretermisi\u00f3n de m\u00faltiples recibos de caja que acreditaban que desde el a\u00f1o 1994, la demandante hace uso de sus nombres comerciales, reluce nuevamente el desenfoque en la medida en que el juzgador nunca desconoci\u00f3 -y de hecho acept\u00f3 como tema pac\u00edfico-, que el colegio demandante hace uso de sus nombres comerciales desde esa anualidad. <\/p>\n
Finalmente, insiste el casacionista en las certificaciones de excelencia, reconocimientos de autoridades y reconocimientos otorgados a miembros de la comunidad acad\u00e9mica, obviando con ello que el juzgador hizo menci\u00f3n expresa a tales probanzas al se\u00f1alar que tales reconocimientos muestran el alto grado de calidad acad\u00e9mica del plantel educativo demandante, pero no eran suficientes para considerar a sus signos distintivos como notorios a nivel nacional. <\/p>\n
Lo expuesto permite afirmar que el recurrente extraordinario no cumpli\u00f3 con la carga de demostrar el error de la magistratura, pues se limit\u00f3 a indicar que de haber valorado en conjunto estas pruebas -lo cual constituir\u00eda, dicho sea de paso, un t\u00edpico error de derecho-, habr\u00eda concluido la existencia de la alegada notoriedad. Ciertamente, las documentales enlistadas muestran el alto grado de calidad acad\u00e9mica del colegio demandante, que le ha valido menciones de excelencia educativa y certificaciones de alta calidad, pero no evidencian c\u00f3mo -y esa confrontaci\u00f3n era labor del censor- el contenido objetivo de tales probanzas desconocer\u00eda la conclusi\u00f3n del juzgador. <\/p>\n
(vi) Finalmente, concluye el casacionista su cargo \u00fanico denunciando el yerro en el que incurri\u00f3 el fallador al exigir que la notoriedad de sus signos distintivos se acreditara en un \u00e1mbito geogr\u00e1fico espec\u00edfico -el nacional- y no en el sector pertinente, que es lo que exige la normativa andina, lo cual constituye un t\u00edpico yerro jur\u00eddico que debi\u00f3 ser atacado por la v\u00eda directa, pues lo que plantea el censor es una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 224 de la Decisi\u00f3n 486 y una falta de aplicaci\u00f3n del canon 228 ib\u00eddem, incurriendo nuevamente en el entremezclamiento de causales impropio de la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, el Tribunal nunca exigi\u00f3 que los nombres comerciales fueran conocidos por fuera de su sector pertinente, como lo sostiene el opugnante, y de hecho indic\u00f3 expresamente c\u00f3mo la demandante ten\u00eda la carga de acreditar que los consumidores de servicios educativos en proceso de elecci\u00f3n de colegio para sus hijos en el municipio de La Calera, hubieran incurrido en la confusi\u00f3n respecto de un colegio ubicado en otra regi\u00f3n y viceversa; es decir, la referencia del juzgador al consumidor habitual se centr\u00f3 en los padres de familia de ni\u00f1os en edad escolar, por lo que no es v\u00e1lida la acusaci\u00f3n conforme a la cual exigi\u00f3 que los nombres fueran conocidos por fuera de su sector pertinente. <\/p>\n
Ahora bien, la referencia al \u00e1mbito geogr\u00e1fico fue relevante para determinar dos aspectos: la diluci\u00f3n del riesgo de confusi\u00f3n entre los planteles educativos y la ausencia de notoriedad de los nombres, puesto que la decisi\u00f3n estuvo respaldada en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme a la cual es posible la coexistencia de nombres comerciales en un pa\u00eds, cuando operan de buena fe en \u00e1mbitos geogr\u00e1ficos distintos, esto es, en diferentes provincias o localidades. <\/p>\n
Pues bien, habi\u00e9ndose enfilado el cargo \u00fanico por la v\u00eda indirecta y espec\u00edficamente por el error de hecho, deb\u00eda demostrarse que el yerro era manifiesto, ostensible e identificable a primera vista dada su gravedad y notoriedad; en este caso, sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos argumentativos para mostrar una supuesta distorsi\u00f3n y omisi\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, sin lograr evidenciar tales errores y sin demostrar que la tesis expuesta por la censura sea la \u00fanica admisible, respecto de la conclusi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
Por consiguiente, se impone colegir que la demanda de sustentaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con la carga argumentativa requerida para comprobar un yerro f\u00e1ctico, pues como viene de verse, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, reiterada en AC5493-2918, 19 dic. y AC044-2021, 21 ene.). <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, los raciocinios de la colegiatura quedaron a salvo, puesto que el casacionista no desvirtu\u00f3 la consideraci\u00f3n conforme a la cual no se prob\u00f3 el riesgo de confusi\u00f3n, analizado teniendo en cuenta la especial calidad de los consumidores de servicios educativos, escenario en el que -y este es un argumento basilar de la sentencia-, el riesgo de confusi\u00f3n disminuye dr\u00e1sticamente; tampoco se derrumb\u00f3 la consideraci\u00f3n conforme a la cual la actora deb\u00eda probar los hechos concretos que impusieran colegir que un consumidor selectivo, en ese proceso de selecci\u00f3n de colegio para sus hijos en el municipio de La Calera, de manera errada hubiera optado o por lo menos haber mostrado un inter\u00e9s en hacerlo, por un colegio ubicado en una regi\u00f3n distinta, o viceversa, argumento que sirve de base al ad quem para concluir que en este caso el riesgo de confusi\u00f3n entre los nombres comerciales \u2013 disminuido ante la especialidad de los consumidores de los servicios educativos- se diluye por la localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los planteles en contienda. <\/p>\n
Finalmente, qued\u00f3 por fuera del ataque del casacionista la consideraci\u00f3n del juzgador seg\u00fan la cual es posible la coexistencia de nombres comerciales similares cuando operan en \u00e1mbitos geogr\u00e1ficos diferentes, fundamento toral de la decisi\u00f3n conforme a la cual se encontr\u00f3 no probada la infracci\u00f3n alegada y se denegaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que la demanda no cumple con los requisitos formales propios del recurso extraordinario, se hace imperativa su inadmisi\u00f3n con apoyo en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Colegio Nuevo Cambridge S.A.S., frente a la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n declarativa y de condena por infracci\u00f3n a los derechos de propiedad industrial que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra Colegio de Cambridge Ltda. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Las pruebas cuya omisi\u00f3n se denuncia se refieren a las noticias publicadas en RCN Radio, emisora La FM, emisora La W, peri\u00f3dico El Tiempo, pulzo.com, twitter de las periodistas Claudia Morales y Vicky D\u00e1vila, y de las emisoras Blu Radio y La W. <\/p>\n
6\u0002 En este aparte la casacionista incluye 2 certificaciones y 6 resoluciones de la SIC relacionadas con tramites de registro marcario denegados dada la similitud de las marcas de otras instituciones educativas con las marcas registradas del colegio demandante. <\/p>\n
7\u0002 En este punto el censor enlista las publicaciones de los rankings de la Revista Dinero correspondientes a los a\u00f1os 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, relacionados con los mejores colegios del a\u00f1o en las pruebas del ICFES y Saber 11. <\/p>\n
8\u0002 Las documentales dan cuenta de la existencia de las siguientes instituciones educativas: Cambridge School Academia de Idiomas \u2013 Santa Marta, Cambridge School Imperial Eagles \u2013 Florencia, Cambridge Academia de Idiomas \u2013 Buga, Cambridge Academy of Languages \u2013 Pasto, The Cambridge English Institute \u2013 Armenia, Cambridge Academy of Language \u2013 Palmira, Liceo de Cambridge \u2013 Bogot\u00e1, Cambridge Instituto de Lenguas en Bogot\u00e1, Cambridge Language Centres \u2013 Popay\u00e1n, Cambridge College International \u2013 Sabaneta, Cambridge Academy of English \u2013 Pasto y Centro Educativo Colegio de Cambridge \u2013 Villavicencio. <\/p>\n
9\u0002 El juzgador de segundo grado se apoy\u00f3 en lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretaci\u00f3n Prejudicial 105-IP-2018, en la cual se dijo: \u00abDe manera excepcional y con relaci\u00f3n a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podr\u00e1 establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios (\u2026) <\/p>\n
d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en \u00e1mbitos geogr\u00e1ficos distintos y no exista riesgo de confusi\u00f3n o asociaci\u00f3n en el p\u00fablico consumidor teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepci\u00f3n del p\u00fablico consumidor. <\/p>\n
Se entiende por \u00e1mbito geogr\u00e1fico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales est\u00e9n ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
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AC4264-2022 (2017-73432-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC4264-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-001-2017-73432-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Corte a decidir sobre la admisi\u00f3n de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67523","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}