AC4265-2022 (2020-43285-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4265-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-001-2020-43285-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por los actores frente a la sentencia de 4 de noviembre de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que promovieron Carlos Fernando Faccini Orozco y otros contra Seyteco S.A.S.; Inversiones Cafi S.A.; Puerta de Rosales S.A. \u2013 en liquidaci\u00f3n, y los patrimonios aut\u00f3nomos \u201cFideicomiso Lote Proyecto Uraku Suites\u201d y \u201cFideicomiso Recursos Proyecto Uraku Suites\u201d, cuya vocera es Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Los demandantes, diecisiete personas naturales y tres personas jur\u00eddicas de derecho privado, solicitaron (i) reconocer la ineficacia de la cl\u00e1usula que dejaba indeterminada la fecha de la entrega de las unidades habitacionales que conforman el proyecto inmobiliario \u201cUraku Suites\u201d; (ii) declarar terminados los contratos de compraventa que cada uno de ellos celebr\u00f3 con las convocadas, \u00abcomo consecuencia del incumplimiento de la garant\u00eda por no entrega del inmueble\u00bb; y (iii) ordenar la restituci\u00f3n de los dineros entregados \u00abpara la adquisici\u00f3n de apartamentos\u00bb. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, los actores dijeron haber celebrado sendos contratos de vinculaci\u00f3n a un proyecto inmobiliario denominado \u201cUraku Suites\u201d, el cual se desarrollar\u00eda a trav\u00e9s de una estructura fiduciaria en la que participaron Seyteco S.A.S. e Inversiones Cafi S.A. como fideicomitentes, dando lugar a la creaci\u00f3n de los patrimonios aut\u00f3nomos \u201cFideicomiso Lote Proyecto Uraku Suites\u201d y \u201cFideicomiso Recursos Proyecto Uraku Suites\u201d, ambos administrados por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. <\/p>\n
El prop\u00f3sito de los convocantes era adquirir \u00abun apartamento vivienda (…) para su uso familiar, dom\u00e9stico o empresarial, es decir, como consumidores finales en el fideicomiso Lote Proyecto Uraku Suites, y para tal fin se vincularon mediante los mencionados contratos, adquiriendo la calidad de beneficiarios de \u00e1rea del Fideicomiso Recursos Proyecto Uraku Suites, con el prop\u00f3sito de que a la terminaci\u00f3n del proyecto el fideicomitente le haga entrega material de las unidades inmobiliarias cuyos n\u00fameros y caracter\u00edsticas quedaron en cada uno de los contratos, y que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., en su calidad de vocera [de ambos patrimonios aut\u00f3nomos] efectuara la transferencia del derecho de dominio mediante escritura p\u00fablica a los beneficiarios de \u00e1rea\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. Notificada del auto admisorio de la demanda, la vocera de los fideicomisos demandados excepcion\u00f3 \u00abdebido cumplimiento a las estipulaciones contractuales (…)\u00bb; \u00abAcci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. en calidad de vocera y administradora de los patrimonios aut\u00f3nomos (…) no puede ser responsable por tr\u00e1mites pendientes de terceros\u00bb; \u00abno existe incumplimiento contractual por parte de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. en calidad de vocera y administradora de los patrimonios aut\u00f3nomos (…)\u00bb, y \u00ablos contratos de vinculaci\u00f3n suscritos por los aqu\u00ed demandantes no contiene[n] cl\u00e1usulas abusivas\u00bb. <\/p>\n
Las dem\u00e1s convocadas guardaron silencio. <\/p>\n
3.2. Mediante fallo de 18 de diciembre de 2020, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio reconoci\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de Puerta De Rosales S.A. \u2013 en liquidaci\u00f3n, y declar\u00f3 que las dem\u00e1s demandadas \u00abvulneraron los derechos del consumidor\u00bb, raz\u00f3n por la cual les orden\u00f3 restituir a los beneficiarios de \u00e1rea los dineros por ellos entregados, indexados de acuerdo con la variaci\u00f3n del IPC. <\/p>\n
4. Sentencia impugnada. <\/p>\n
Al resolver los recursos de apelaci\u00f3n que propusieron una de las convocantes (Hanna Patricia Ram\u00edrez de Navas) y los patrimonios aut\u00f3nomos demandados, la colegiatura ad quem revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y dispuso en su lugar \u00abnegar las pretensiones de la demanda por falta de acreditaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor\u00bb. Para soportar esa conclusi\u00f3n, expuso los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) Es innegable que los demandantes \u00abpueden ser considerados como consumidores, por cuanto no se desvirtu\u00f3 probatoriamente que ellos, entre los que se incluyen personas naturales y jur\u00eddicas, no fueran los destinatarios finales de las unidades inmobiliarias del proyecto Uraku Suites, [ni] la parte pasiva ados\u00f3 medios de convicci\u00f3n que indicaran que la adquisici\u00f3n de los bienes ra\u00edces estuviere ligada intr\u00ednsicamente a la actividad econ\u00f3mica ejercida por alguno de los demandantes, tal como lo exige el numeral tercero del art\u00edculo 5 de la Ley 1480 de 2011, m\u00e1xime que el inciso cuarto del art\u00edculo 4 ibidem precept\u00faa que \u201c[l]as normas de esta ley deber\u00e1n interpretarse en la forma m\u00e1s favorable al consumidor\u201d, lo que implica que la carga de demostrar la falta de la calidad de destinatario final de los actores deb\u00edan ser cumplida por el extremo pasivo\u00bb. <\/p>\n
(ii) La revisi\u00f3n del clausulado de los contratos permite descartar que \u00absean abusivas las condiciones establecidas para la transferencia por escritura p\u00fablica del dominio y la entrega material de las unidades inmobiliarias del proyecto Uraku Suites, puesto que, adem\u00e1s de haber sido sometidas a un examen previo por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, no produjeron un desequilibrio contractual injustificado en perjuicio de los consumidores ni afectaron que estos pudieran ejercer sus derechos. Lo anterior se debe a que, contrario a lo afirmado por el juzgador de primera instancia (…) no se confiri\u00f3 a los fideicomitentes o a la fiduciaria las facultades de (a) vincular a los consumidores a los contratos aun cuando aquellos no cumplieran sus obligaciones o (b) determinar unilateralmente si el objeto y la ejecuci\u00f3n del contrato se ajustaba a lo estipulado en el mismo\u00bb. <\/p>\n
(iii) Por esa v\u00eda, \u00abno es procedente censurar que en los contratos de vinculaci\u00f3n no se hubiera establecido un plazo para la transferencia de los derechos de dominio y la entrega material de los apartamentos, en atenci\u00f3n a que, dadas las caracter\u00edsticas del negocio de fiducia inmobiliaria, no era dable incluir el tiempo en que se llevar\u00edan a cabo tales actos, por cuanto aquellas situaciones tendr\u00edan lugar cuando se reunieran las condiciones financieras, t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas, en virtud de las cuales se pudiera establecer que el proyecto inmobiliario hab\u00eda finalizado. De ah\u00ed que se pactaran condiciones suspensivas y mixtas para la realizaci\u00f3n de aquellos actos, al tenor de los art\u00edculos 1534 y 1536 del C\u00f3digo Civil, en virtud de las cuales los fideicomitentes ser\u00edan los que determinar\u00edan el momento de la entrega material de los bienes ra\u00edces y la suscripci\u00f3n por parte de la fiduciaria de las escrituras p\u00fablicas de transferencia de la propiedad\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ya en lo que concierne \u00abal incumplimiento de la garant\u00eda por la falta de entrega de los bienes ra\u00edces que fueron objeto de los contratos de vinculaci\u00f3n (…) la Sala encuentra que no se re\u00fanen los presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos para que se emita aquella declaraci\u00f3n\u00bb, dado que \u00ablas prestaciones surgidas a cargo del fideicomitente de efectuar la entrega material y la transferencia del derecho real de dominio de la unidad privada al beneficiario est\u00e1n sujetas a condiciones suspensivas, [pues] tan solo cuando se re\u00fanan los requisitos financieros, t\u00e9cnicos, jur\u00eddicos y administrativos del proyecto inmobiliario se podr\u00e1 cumplir la finalidad de la fiducia mercantil\u00bb <\/p>\n
(v) Si bien en este tr\u00e1mite qued\u00f3 demostrado que \u00ablos accionantes, mediante los contratos de vinculaci\u00f3n suscritos entre el 2010 y el 2014, adquirieron los derechos a recibir, como beneficio de \u00e1rea, la propiedad de las unidades inmobiliarias del proyecto Uraku Suites y su entrega material, los cuales todav\u00eda no han sido obtenidos\u00bb, lo cierto es que \u00abla anterior situaci\u00f3n, por s\u00ed sola, no significa que exista un incumplimiento de la garant\u00eda legal prevista en el Estatuto del Consumidor. Esto se debe a que, dado que la transferencia de la propiedad y la entrega material de los apartamentos est\u00e1 sujeta al cumplimiento de las condiciones t\u00e9cnicas, financieras, administrativas y jur\u00eddicas del negocio fiduciario inmobiliario\u00bb. <\/p>\n
(vi) Obviando la necesidad de acreditar esa circunstancia, \u00aben el plenario no se aport\u00f3 ni practic\u00f3 prueba alguna que corroborara, de forma clara, precisa, exhaustiva y detallada, que las unidades inmobiliarias hubieran sido terminadas, para lo cual no bastaba la acreditaci\u00f3n de la finalizaci\u00f3n de la obra de construcci\u00f3n del edificio, sino que adem\u00e1s se requer\u00eda la demostraci\u00f3n de la posibilidad jur\u00eddica de la entrega jur\u00eddica de los bienes y de la suscripci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas de transferencia del dominio\u00bb. <\/p>\n
(vii) A pesar de que la Alcald\u00eda Local de Chapinero otorg\u00f3 permiso de ocupaci\u00f3n al proyecto \u201cUraku Suites\u201d, lo que sugiere la cabal terminaci\u00f3n de las obras constructivas, lo cierto es que \u00abde esa circunstancia no se extrae que se reunieran las condiciones para la entrega jur\u00eddica de dichos bienes. En efecto, de la revisi\u00f3n de los folios de matr\u00edcula de los apartamentos que conforman ese edificio se observa que est\u00e1n inscritas anotaciones como una hipoteca abierta (…) y embargo ejecutivo con acci\u00f3n real (…) adelantado en el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
(viii) En raz\u00f3n de lo anterior, \u00abse observa que todav\u00eda no estaban dadas las condiciones para que se efectuara la entrega jur\u00eddica de las unidades inmobiliarias del edificio Uraku Suites ni tampoco para que se suscribieran las escrituras p\u00fablicas de transferencia de la propiedad de esos bienes ra\u00edces a los beneficiarios de \u00e1rea, por cuanto todav\u00eda est\u00e1 a cargo de los fideicomitentes la realizaci\u00f3n de las actividades que conduzcan a la cancelaci\u00f3n de dichas anotaciones, de conformidad con lo estipulado en los contratos de vinculaci\u00f3n, de modo que a\u00fan no se han cumplido todos los requerimientos para finalizar el negocio fiduciario inmobiliario\u00bb. <\/p>\n
5. Demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La convocante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Tras su admisi\u00f3n, enarbol\u00f3 dos cargos; con fundamento en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio1 es menester se\u00f1alar las normas de esa misma naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio2, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes3. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
2. S\u00edntesis de las censuras. <\/p>\n
2.1. Cargo primero. <\/p>\n
Tras denunciar la infracci\u00f3n directa de \u00ablos art\u00edculos 6, 11 num.6\u00ba, 38, 42 y 43 de la ley 1480 de 2011 \u00bb, los actores adujeron que el tribunal, \u00abhabiendo entendido rectamente la norma sustancial de rango legal que establece los requisitos para que exista una relaci\u00f3n de consumo (…), es decir la premisa mayor norma (sic) jur\u00eddica (…), al momento de subsumir los hechos del litigio dentro de aquella aparece la equivocaci\u00f3n, puesto que en la especie litigiosa \u201csub examine\u201d lo que deb\u00eda tener en cuenta era la violaci\u00f3n del clausulado contractual respecto y frente a las normas del Estatuto del Consumidor (…) y no el cumplimiento de los requisitos admirativos (sic), t\u00e9cnicos, jur\u00eddicos y financieros del contrato\u00bb <\/p>\n
A ello agregaron que \u00abla conclusi\u00f3n decisoria del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Civil en el sentido de que, porque no se dieron las condiciones t\u00e9cnicas, jur\u00eddicas, financieras y administrativas el mencionado contrato de vinculaci\u00f3n est\u00e1 sujeto a condici\u00f3n suspensiva, las sociedades demandadas, por lo dem\u00e1s expertas en este tipo de proyectos, no vulneraron los derechos del consumidor y en consecuencia las exonera de cualquier responsabilidad (…), deriva de una deplorable equivocaci\u00f3n de diagnosis jur\u00eddica \u2013calificaci\u00f3n err\u00f3nea acompa\u00f1ada de desenfocada aplicaci\u00f3n\u2013 que adem\u00e1s de mostrarse evidente e intuitiva, reviste la necesaria relevancia en la medida que de la misma es consecuencia \u00fanica, directa e inevitable tal conclusi\u00f3n (sic)\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, aun cuando \u00abel cumplimiento del contrato est\u00e1 sujeto acaecimiento de la condici\u00f3n suspensiva, no le es dable a los predisponentes condicionar[lo] de tal manera que el cumplimiento de la obligaci\u00f3n se torne imposible, que el clausulado en s\u00ed mismo impida ejercer los derechos de los consumidores (Beneficiarios de \u00c1rea), es as\u00ed como el art\u00edculo 38 de la Ley 1480 de 2011 dispone que le est\u00e1 prohibido al predisponente contractual (Fiduciaria y Fideicomitentes) incluir cl\u00e1usulas que excluyan su responsabilidad, como por ejemplo la fecha de la firma de la escritura p\u00fablica, la cual no es determinada, sino que incluye una fecha determinable a \u201cla terminaci\u00f3n de la obra\u201d (…), pero vuelve y la condiciona a una supuesta orden o instrucci\u00f3n de los fideicomitentes, pero vuelve y la condiciona al cumplimiento de requisitos administrativos, t\u00e9cnicos, financieros y jur\u00eddicos, siendo su obligaci\u00f3n realizar el acto de transferencia, es decir sustray\u00e9ndose indirectamente de su obligaci\u00f3n, la cual es transferir el inmueble mediante escritura p\u00fablica, afectando [el ejercicio de los derechos del consumidor]\u00bb. <\/p>\n
2.2. Cargo segundo. <\/p>\n
Acusaron los recurrentes la sentencia del ad quem \u00abpor violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho manifiesto y trascedente en la apreciaci\u00f3n de una prueba, al dar por probado sin estarlo que la Superintendencia Financiera aprob\u00f3 los contratos, medio de prueba inexistente en el proceso, en contrav\u00eda de lo establecido en los art\u00edculos 164, 165, 170 y 171 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Para desarrollar esa cr\u00edtica, sostuvieron que el tribunal asign\u00f3 un rol protag\u00f3nico a la aprobaci\u00f3n, por parte de la Superintendencia Financiera, de la estructura contractual a la que se vincularon como beneficiarios de \u00e1rea, perdiendo de vista que \u00abla mencionada \u201cprueba\u201d no obra en el expediente, y adicionado a que los mencionados contratos nunca fueron aprobados por dicha entidad y jam\u00e1s fueron enviados para su revisi\u00f3n por parte de la fiduciaria, [lo que] lleva a tres conclusiones contrarias que constituyen el error de hecho manifiesto y trascendente\u00bb. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis conjunto de las censuras. <\/p>\n
3.1. En l\u00edneas generales, el argumento del tribunal puede resumirse de la siguiente forma: <\/p>\n
(i) En los contratos de vinculaci\u00f3n celebrados entre las partes en contienda se incluy\u00f3 un pacto que supeditaba la escrituraci\u00f3n y la tradici\u00f3n \u2013entendida en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 922 del C\u00f3digo de Comercio\u2013 de las unidades inmobiliarias (apartamentos residenciales) del proyecto \u201cUraku Suites\u201d, al cumplimiento de ciertos requisitos de car\u00e1cter financiero, t\u00e9cnico y jur\u00eddico. <\/p>\n
(ii) Ese condicionamiento, que fue informado y aceptado por los beneficiarios de \u00e1rea, no puede considerarse abusivo, en tanto: (a) los contratos fueron sometidos a un examen previo por parte de la Superintendencia Financiera, orientado a evitar la inclusi\u00f3n de cl\u00e1usulas de ese linaje; (b) el pacto no produce \u00abun desequilibrio contractual injustificado en perjuicio de los consumidores\u00bb; y, (c) contrario a lo afirmado por la delegatura a quo, no es posible subsumir aquel acuerdo en alguna de las hip\u00f3tesis que consagran los numerales 6 y 7 del art\u00edculo 43 de la Ley 1480 de 20114. <\/p>\n
(iv) Para poder concluir, en el marco de una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, que \u00abel productor y\/o proveedor no realiz\u00f3 la entrega oportuna del producto objeto del contrato de vinculaci\u00f3n\u00bb, incumpliendo as\u00ed la garant\u00eda legal, resulta imperativo acreditar que esas \u00abcondiciones financieras, t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas\u00bb se hab\u00edan verificado cabalmente, nada de lo cual qued\u00f3 demostrado en este juicio. Por tanto, no es viable colegir que los derechos como consumidores de los beneficiarios de \u00e1rea se vieron vulnerados. <\/p>\n
3.2. Perdiendo de vista la estructura de ese argumento, en su primer cargo los recurrentes reprocharon el fallo de segundo grado por vincular la oportunidad de la transferencia inmobiliaria a \u00abuna orden de los fideicomitentes, la cual puede llegar o no llegar, cr\u00edtica que se muestra desenfocada, porque el ad quem subordin\u00f3 la exigibilidad de las prestaciones a cargo de las convocadas a la realizaci\u00f3n de algunas variables objetivas, que no depend\u00edan de la voluntad de Seyteco S.A.S. o Inversiones Cafi S.A. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, la incompatibilidad conceptual entre el primer cargo y la sentencia se hizo m\u00e1s evidente, porque en lugar de enfrentar los planteamientos del tribunal, los impugnantes se limitaron a reprocharlo por \u00abevaluar el contrato frente a las normas contractuales (sic)\u00bb, es decir, sin tener en cuenta el r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n al consumidor. Pero, seg\u00fan queda evidenciado en los apartes del fallo de segunda instancia transcritos supra, all\u00ed se dedicaron amplias reflexiones a entroncar las disposiciones especiales de la Ley 1480 de 2011 con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda, labor\u00edo al que los recurrentes no se refirieron. <\/p>\n
Esa desconexi\u00f3n entre los embates de los casacionistas y la motivaci\u00f3n de la sentencia recurrida es contraria al rigor t\u00e9cnico de este remedio excepcional, el cual exige del recurrente la formulaci\u00f3n de <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cr\u00edtica concreta y razonada [que] guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
3.3. Como secuela de ese ataque desenfocado, los argumentos que realmente expuso el tribunal \u2013y que se reconstruyeron en el numeral 3.1. que antecede\u2013 no fueron verdaderamente refutados. Ello es especialmente notorio en frente a la prueba de la realizaci\u00f3n efectiva de las susodichas \u00abcondiciones financieras, t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas\u00bb, tem\u00e1tica que constituy\u00f3 el motivo determinante para denegar las pretensiones, pero que no fue mencionada en el primer cargo. <\/p>\n
Cabe anotar que la comentada omisi\u00f3n no se limita a la orfandad demostrativa que reconoci\u00f3 el ad quem \u2013pilar f\u00e1ctico de la sentencia, que, por su naturaleza, no podr\u00eda discutirse por la senda de la causal primera\u2013, sino que se hace extensiva a la necesidad misma de acreditar esas variables, puntal que obviaron discutir los actores, al menos a trav\u00e9s de raciocinios s\u00f3lidos, concretos y fundados. <\/p>\n
Un reproche t\u00e9cnico similar cabe hacer al cargo segundo, pues all\u00ed se critic\u00f3 una sola de las premisas que sirvieron al ad quem para descartar la abusividad de las cl\u00e1usulas predispuestas por la fiduciaria (la aprobaci\u00f3n de los contratos por parte de la Superintendencia Financiera), dejando totalmente inc\u00f3lume las dos razones adicionales que sirvieron como sustento de aquella conclusi\u00f3n, a saber, que las convenciones no hab\u00edan generado \u00abun desequilibrio contractual injustificado en perjuicio de los consumidores\u00bb, y que lo all\u00ed convenido no encuadraba en las hip\u00f3tesis del art\u00edculo 43-6 y 43-7 de la Ley 1480 de 2011 (que fueron las normas que se citaron en el fallo estimatorio de primera instancia). <\/p>\n
Esos ataques fragmentarios, que no abarcan de manera integral los pilares centrales de la motivaci\u00f3n del fallo confutado, revelan el incumplimiento de otra exigencia formal del recurso de casaci\u00f3n. No se olvide que, conforme lo tiene decantado el precedente, en esta sede extraordinaria es imperativo para el recurrente <\/p>\n
\u00ab(…) desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (…). \u201cLa competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. <\/p>\n
La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
3.4. Como las causales primera y segunda de casaci\u00f3n consisten en la violaci\u00f3n \u2013directa e indirecta\u2013 de la ley sustancial, quien oriente sus cr\u00edticas por dicha senda deber\u00e1 demostrar que el tribunal transgredi\u00f3, al menos, una norma que tenga el referido linaje, debi\u00e9ndose precisar que, de acuerdo con el precedente consolidado de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (CSJ AC4591-2018, 19 oct.). <\/p>\n
Aplicando esas premisas al segundo cargo propuesto, tambi\u00e9n refulge su traspi\u00e9, porque all\u00ed los demandantes no se\u00f1alaron ninguna norma de estirpe sustancial, \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb, conforme lo exige el par\u00e1grafo 1.\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, sino que se limitaron a referir la infracci\u00f3n de varias reglas probatorias (los art\u00edculos 164, 165, 170 y 171 de ese estatuto procesal), que no crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas (Cfr. CSJ AC3765-2021; CSJ AC663-2021; CSJ AC5162-2019, y CSJ AC5149-2019, entre otras). <\/p>\n
En ese escenario, conviene recordar que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la transgresi\u00f3n que se invoca versa tan solo sobre normas (…) que de suyo, por su propia \u00edndole, no pueden ser las que reconocen el derecho subjetivo del demandante que se dice menoscabado por el fallo que se impugna, y si de otra parte la Corte tiene circunscrita su atribuci\u00f3n decisoria por los l\u00edmites precisos que trace la censura en casaci\u00f3n \u2013pues es la demanda punto de partida ineludible de cualquier consideraci\u00f3n cr\u00edtica respecto del juicio jurisdiccional cuya legalidad se controvierte (G. J. T. CXXXVIII, p\u00e1g. 244, y CXXX, p\u00e1g. 165)\u2013, p\u00f3nese as\u00ed de manifiesto la falta de idoneidad del escrito (\u2026) y la p\u00e9rdida de toda perspectiva de prosperidad del cargo por este rumbo, lo que hace asimismo ostensible la inutilidad de un tr\u00e1mite posterior que inevitablemente, en cuanto a dicho cargo (\u2026) concierne, tendr\u00e1 que terminar con el registro en la sentencia del defecto advertido desde un principio\u00bb (CSJ AC221, 24 sep. 1998, rad. 7251). <\/p>\n
3.5. Para finalizar, destaca la Sala que en el primer cargo s\u00ed se relacionaron varias normas sustanciales, como la que impone al productor \u00abasegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, as\u00ed como la calidad ofrecida\u00bb (art\u00edculo 6, Ley 1480); la inclusi\u00f3n como garant\u00eda legal de la obligaci\u00f3n de entrega material del producto (art\u00edculo 11-6, ejusdem), o la prohibici\u00f3n de incluir cl\u00e1usulas que permitan al productor o proveedor sustraerse de sus unilateralmente obligaciones, o crear un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor. <\/p>\n
Sin embargo, no se explic\u00f3 de qu\u00e9 manera la aplicaci\u00f3n de esos preceptos habr\u00eda conllevado una decisi\u00f3n judicial distinta, pues aun suponiendo la ineficacia de la cl\u00e1usula contractual que correlacionaba la escrituraci\u00f3n y entrega de los inmuebles a ciertas \u00abcondiciones financieras, t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas\u00bb, no se explic\u00f3 por qu\u00e9, prescindiendo de ese pacto concreto, deber\u00eda entenderse que la obligaci\u00f3n de hacer la tradici\u00f3n de las unidades habitacionales del proyecto \u201cUraku Suites\u201d se encontraba en mora \u2013o, en los t\u00e9rminos del citado art\u00edculo 11-6, no hab\u00eda sido oportuna\u2013. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dadas las deficiencias de t\u00e9cnica rese\u00f1adas, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Carlos Fernando Faccini Orozco y otros contra la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 A cuyo tenor: \u00abSon ineficaces de pleno derecho las cl\u00e1usulas que: (…) 6) Vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el productor o proveedor no cumpla sus obligaciones; 7) Concedan al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el objeto y la ejecuci\u00f3n del contrato se ajusta a lo estipulado en el mismo\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4265-2022 (2020-43285-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC4265-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-001-2020-43285-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}