AC4285-2022 (2018-00029-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4285-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 08001-31-03-001-2018-00029-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la sociedad Calcareos S.A. para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2019 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, contra la recurrente y Concrecem S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La ANI pidi\u00f3 que se decrete a su favor por motivos de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social la expropiaci\u00f3n y, por consiguiente, la trasferencia forzosa del predio identificado con la ficha predial n\u00famero CCB-UF5-001-ID elaborada por la concesi\u00f3n Costera Cartagena \u2013 Barranquilla S.A.S. el 21 de julio de 2015, con un \u00e1rea requerida de terreno de 1,8177 hect\u00e1reas determinada con la abscisa inicial K0+391 y la abscisa final K0+621 predio ubicado en el municipio de Malambo y comprendido dentro de los linderos que se indican en la demanda. <\/p>\n
Y que para hacer efectiva la transferencia forzosa de la propiedad, se disponga la inscripci\u00f3n de la sentencia y del acta de entrega anticipada ante el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos competente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento de lo pedido, invoc\u00f3 los siguientes hechos a modo de resumen: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Que la Agencia Nacional de Infraestructura en coordinaci\u00f3n con la Concesi\u00f3n Costera Cartagena \u2013 Barranquilla S.A.S. en virtud del contrato de concesi\u00f3n 004 de 2014 se encuentra adelantando el proyecto de infraestructura de transporte vial Cartagena \u2013 Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad Subsector 01 \u2013 Unidad Funcional 5, como parte de la modernizaci\u00f3n de la red vial nacional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Que para la ejecuci\u00f3n del proyecto referido se requiere junto con las construcciones anexas y los cultivos la adquisici\u00f3n del predio identificado con la ficha predial n\u00famero CCB-UF5-001-ID, elaborada por la concesi\u00f3n Costera Cartagena \u2013 Barranquilla S.A.S. el 21 de julio de 2015, con un \u00e1rea requerida de terreno de 1,8177 hect\u00e1reas que se ubica entre la abscisa inicial K0+ 391 y la abscisa final K0+621, predio que se localiza en Malambo y que se encuentra comprendido dentro de los linderos indicados en la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Que el inmueble objeto del proceso se identifica con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 041-66421 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Soledad, y que fue avaluado por la Lonja Colombiana de Propiedad Ra\u00edz para abril de 2016 en la suma de $3 650 208 476,99. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El 24 de junio de 2016, la se\u00f1ora Lilibeth Romo, apoderada de la demandada suscribi\u00f3 acta definitiva de entrega del predio y que el 19 de julio siguiente se le consign\u00f3 la suma de $2 555 145 933. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Transcurrido el t\u00e9rmino legal para el tr\u00e1mite del proceso de enajenaci\u00f3n voluntaria se orden\u00f3 iniciar los tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. En fallo de 7 de mayo de 2019, el a quo decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n del bien ra\u00edz objeto del proceso, neg\u00f3 el da\u00f1o emergente y lucro cesante solicitado por la parte demandada y determin\u00f3 como valor del bien $5 198 282 976,97.<\/p>\n
5. La parte demandada formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n, con fundamento en que debe reconocerse el da\u00f1o emergente y el lucro cesante solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla mediante sentencia del 4 de diciembre de 2019, resolvi\u00f3 confirmar la emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
El ad quem luego de referirse a la naturaleza jur\u00eddica del proceso de expropiaci\u00f3n, pas\u00f3 a estudiar los temas de la censura. <\/p>\n
En lo tocante al da\u00f1o emergente advirti\u00f3 que los peritos partieron de la valorizaci\u00f3n o desvalorizaci\u00f3n del predio, basados en las posibles licencias de construcci\u00f3n o edificaciones que podr\u00edan levantarse, y si bien se trata de un m\u00e9todo autorizado se limita a exhibir la cuantificaci\u00f3n \u00abm\u00e1s no la existencia del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que los criterios de evaluaci\u00f3n parten de una premisa hipot\u00e9tica, esto es, de la eventualidad de que se expida una licencia de construcci\u00f3n o de las posibles edificaciones que podr\u00edan levantarse dentro del predio, pero que no se puede entrar \u00aba reconocer da\u00f1os hipot\u00e9ticos cuando ha quedado corroborado que no existe consolidaci\u00f3n de dicho da\u00f1o\u00bb y es que el demandado \u00abno puede pretender (…) el reconocimiento de lo que pudo ser y no es\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se ocup\u00f3 del examen del lucro cesante, efecto para el cual hizo referencia de la prueba pericial allegada as\u00ed como de las documentales obrantes, para concluir que el perjuicio irrogado debe ser cierto y actual, y que no es viable reconocerlo ya que \u00abno existe causalidad que disponga el \u00e1rea expropiada correspond\u00eda a un \u00e1rea de secado de materia prima\u00bb, y que en el dictamen no se tuvieron en cuenta los gastos de la sociedad previo a la realizaci\u00f3n de la obra, a quien de poder determinar cu\u00e1l fue el monto que se dej\u00f3 percibir. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demanda se fund\u00f3 en dos cargos, que enmarc\u00f3 en violaciones por la v\u00eda indirecta y por la v\u00eda directa. <\/p>\n
El primer cargo lo sustenta el inconforme en la ocurrencia de dos vicios diferentes: i) un error de hecho manifiesto por la apreciaci\u00f3n indebida no solo de la demanda y su contestaci\u00f3n, sino principalmente de un dictamen pericial, vicio que lo llev\u00f3 a infringir el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los art\u00edculos 20 y 37 de la Ley 1682 de 2013, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso y los art\u00edculos 37, 38 y 39 de la Ley 282 de 1995; ii) error de hecho manifiesto por falta de apreciaci\u00f3n probatoria del anexo t\u00e9cnico especial y espec\u00edfico del aval\u00fao, fechado el 6 de abril de 2017, que no fue allegado por la parte demandante pese a que debi\u00f3 anexarse y el estudio realizado por la firma COMTASA de fecha 28 de noviembre de 2016. <\/p>\n
En lo referente a la causal en comento adujo que el razonamiento del Tribunal de considerar que el da\u00f1o no era cierto es contraevidente, ya que \u00abla existencia del da\u00f1o no es otra \u2013 no puede ser otra \u2013 que el fraccionamiento de un predio de mayor extensi\u00f3n como consecuencia de la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno\u00bb, para concluir que resulta contraevidente que se considere que el da\u00f1o es inexistente pero se acepte la metodolog\u00eda utilizada por los peritos para cuantificarlo lo que \u00abdeviene en un craso y evidente error de raciocinio por indebida apreciaci\u00f3n del dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
El segundo cargo se sustenta en la infracci\u00f3n por la v\u00eda directa al haberse interpretado de manera err\u00f3nea por el Tribunal los incisos 2 y 5 del art\u00edculo 37 de la Ley 1563 de 2013, ya que los interpret\u00f3 de manera diferente al que le confiere la sentencia C-750 de 2015 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Que el Tribunal exigi\u00f3 a la sociedad demandada una particular actividad probatoria que permitiera satisfacer una interpretaci\u00f3n condicional de los incisos 2 y 5 del art\u00edculo 1682 de 2013 que lo llev\u00f3 a suponer: <\/p>\n
<\/p>\n
a. En cuanto al da\u00f1o emergente, que para acceder a la indemnizaci\u00f3n al demandado le corresponde acreditar un da\u00f1o diferente de la expropiaci\u00f3n misma, para luego acreditar su cuant\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
b. En cuanto al lucro cesante, que para acceder a la indemnizaci\u00f3n al demandado le corresponde probar algo diferente a la p\u00e9rdida de sus ganancias futuras asociadas a la productividad del bien expropiado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El recurso extraordinario. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El recurso de casaci\u00f3n se caracteriza por su naturaleza extraordinaria, de modo que no toda inconformidad con la decisi\u00f3n atacada permite a la Corte pasar a su estudio \u00absino que es requerido que la censura este soportada en las causales taxativamente previstas en la ley\u00bb (CSJ AC3495-2014); as\u00ed mismo tiene un car\u00e1cter limitado, lo que implica, entre otras cosas, que s\u00f3lo est\u00e1 consagrado respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 334 del c\u00f3digo de ritos, en las hip\u00f3tesis previstas en el precepto en cita, concordado con el art\u00edculo 338 ibidem. <\/p>\n
Ahora bien, el recurso en comento s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar ante la existencia de alguna de las causales consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo rigor en su presentaci\u00f3n se encuentra previsto en el art\u00edculo 344 ib\u00eddem.\u202f <\/p>\n
Se\u00f1ala la norma que esta demanda, am\u00e9n de reunir la especificaci\u00f3n del proceso con los detalles relacionados en el numeral 1, art\u00edculo 344 ut supra, debe referirse de manera formal a cada uno de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos y con sujeci\u00f3n a las reglas all\u00ed impuestas, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades vaguedades que all\u00ed se generen, pues de incumplirse se generar\u00eda la inadmisi\u00f3n de la demanda (art. 346 Ib.). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n de anta\u00f1o ha orientado: <\/p>\n
\u201cpara que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (Reiterado en AC4034-2021, AC828-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Requisitos legales. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Antes de analizar los cargos formulados, la primera labor que emprende la Sala se contrae a verificar los requisitos legales de la protesta extraordinaria, en los que se estudia el cumplimiento de: i) La designaci\u00f3n de las partes. ii) La s\u00edntesis del proceso. iii) La exposici\u00f3n de los sustentos de la acusaci\u00f3n \u00aben forma clara, precisa y concisa\u00bb. iv) La enunciaci\u00f3n de la norma de derecho sustancial, cuando constituya la \u00abbase esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo\u00bb.\u202f <\/p>\n
Respecto al numeral (iii) referido en el p\u00e1rrafo precedente se exige que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
\u201ccomo el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador\u201d (CSJ AC2947-2017 reiterado en AC1805-2020, AC5810 de 2021). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cuando se formulan los cargos consagrados en los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil debe invocarse la violaci\u00f3n de una norma sustancial, efecto para el cual la selecci\u00f3n de los preceptos en que el acusador funde su reproche no puede ser antojadiza \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (CSJ AC2386, 20 jun. 2019, rad. 2015-00692-01, reiterada en AC2194 de 2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme lo reglado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es causal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00abla violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb, la que atendiendo lo reglado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 ibidem deber\u00e1 circunscribirse \u00aba la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
Ocurre la violaci\u00f3n directa de una norma sustancial cuando el juzgador incurre en alguno de estos supuestos: a) cuando no tuvo en cuenta los preceptos que regulan el caso; b) aplica una norma ajena al caso, o c) a pesar de haber acertado en la selecci\u00f3n no le dio el alcance que ten\u00eda. <\/p>\n
Sobre el tema en estudio, la Corporaci\u00f3n ha dejado sentado: <\/p>\n
\u201cCorresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (\u2026) En tal sentido ha precisado la Corte que la \u2018violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u2019 (SC de 17 nov. 2005, rad. 7567, reiterada CSJ SC de 15 nov. 2012, rad. 2008-00322) (Reiterada en SC4256-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando se invoca el error de derecho por la Sala se ha dicho que, aunque tambi\u00e9n es exigible el contraste de la sentencia atacada con el medio, aquella ser\u00e1 para: <\/p>\n
\u201cpatentizar que conforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que\u2026consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria\u00bb (CSJ SC5686-2018, 19 dic., rad. 2004-00042-01, reiterada en SC4667 de 2021) <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso en concreto. <\/p>\n
La demanda de casaci\u00f3n no cumple, en este caso, con las anteriores exigencias t\u00e9cnicas como pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En lo que tiene que ver con el cargo primero seg\u00fan el recurrente el ad quem vulner\u00f3 a) el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; b) los art\u00edculos 20 y 37 de la Ley 1682 de 2013; c) el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso y d) los art\u00edculos 37, 38 y 39 de la Ley 222 de 1995. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Teniendo en cuenta que entre las disposiciones presuntamente transgredidas se encuentra el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica, para que resulte viable emprender el estudio de la acusaci\u00f3n por esta v\u00eda, el primer tamiz que debe superar es el de ostentar la calidad de sustancial, para lo cual se efectuar\u00e1n las siguientes precisiones: <\/p>\n
Para que una norma pueda catalogarse como sustancial, no basta con que se encuentre plasmado dentro un c\u00f3digo sustantivo como, por ejemplo, el Civil, o incluso dentro de la misma Constituci\u00f3n, sino que resulta imperioso que tenga incidencia directa en determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica para declararla, generarla o alterarla; por tal raz\u00f3n, la acepci\u00f3n de aquel concepto ha sido decantada por la Corte as\u00ed: <\/p>\n
\u201cSon de este tipo las disposiciones que, \u00abfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella[s] contempla[n], declara[n], crea[n], modifica[n] o extingue[n] derechos subjetivos o impone[n] obligaciones\u00bb, estirpe de la cual carecen las que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d (SC4794, 27 oct. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00488-01) (Reiterado en AC706 de 2022). <\/p>\n
Cuando se trata de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sabido es que por antonomasia es norma de normas, tal como lo consagra su propio art\u00edculo 4 y, por ende, se encuentra en el pin\u00e1culo del ordenamiento patrio, situaci\u00f3n que impone la necesidad que todo el cuerpo positivo de nuestra legislaci\u00f3n tenga por objeto desarrollar sus preceptos o, por lo menos, no contravenir su esencia, cuando el asunto verse sobre temas ajenos a los all\u00ed enunciados. <\/p>\n
Sobre el particular, vale resaltar que la Carta Pol\u00edtica est\u00e1 integrada por el pre\u00e1mbulo, la parte org\u00e1nica y la parte dogm\u00e1tica, \u00faltima en la que convergen los valores, principios1 y derechos que fundan las bases del Estado Colombiano. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como no puede desconocerse la primac\u00eda imperante de la Constituci\u00f3n y, en particular, la que contempla los derechos reconocidos a los habitantes en sus m\u00faltiples dimensiones, fundamentales; sociales, econ\u00f3micos y culturales; colectivos y del medio ambiente, se concluye que el articulado que la compone tiene, per se, una naturaleza prevalente, ya que ninguna norma de rango inferior puede transgredirla o desfigurarla. <\/p>\n
Ahora bien, aunque ciertamente, en casos muy puntuales alg\u00fan canon superior podr\u00eda tener los visos que se exigen para calificarlo como sustancial, ese simple hecho no basta para que se abra la senda de su estudio dentro del recurso de casaci\u00f3n, en la medida en que, si el asunto en litigio se encuentra desarrollado en alguna disposici\u00f3n del ordenamiento, debe invocarse tambi\u00e9n la norma de linaje sustancial de este, ya que no puede se\u00f1alarse como hu\u00e9rfana la supralegal. <\/p>\n
Ello en raz\u00f3n a que la Constituci\u00f3n, al ser la piedra angular de la legislaci\u00f3n, solo es la base y [en general] no se refiere a situaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas, lo que le da sentido a la expedici\u00f3n de normativas que se encarguen de desarrollarla y reglamentarla, as\u00ed como de regular aspectos que podr\u00edan escapar a su \u00f3rbita. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como la sustancialidad de las normas no se limita a las que se encuentran inmersas en la Carta Pol\u00edtica, sino tambi\u00e9n a las que est\u00e1n compendiadas en las diferentes disposiciones que rigen nuestro ordenamiento, son estas \u00faltimas las que deben reforzar la supralegal invocada. <\/p>\n
En ese orden, cuando se alega la violaci\u00f3n directa de un canon constitucional, deben superarse varios aspectos antes de emprender su estudio, pues no es factible esgrimir dicha transgresi\u00f3n sin miramiento diferente al de estar plasmado en la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sobre este asunto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201cIgual sucede con el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica, de un lado, porque las disposiciones constitucionales, \u00abdado su car\u00e1cter general, ellas en s\u00ed mismas no son susceptibles de ser consideradas en el terreno casacional (\u2026) como normas sustanciales infringidas por el fallo censurado\u00bb (AC, 20 may. 2011, rad. n\u00b0 2003-14142-01), tales mandatos \u00abno dan base por s\u00ed solos, a lo menos en principio, para fundar un ataque en casaci\u00f3n por la causal primera, no porque carezcan de rango sustancial, sino porque son normas cuyo molde jur\u00eddico est\u00e1 generalmente desarrollado por la ley\u00bb (CSJ, AC217, 16 ag. 1995, rad. 5532). Y de otro, en raz\u00f3n a que ese precepto consagra el derecho \u00aba la propiedad privada y expropiaci\u00f3n por motivo de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, (por ende) carece de alcance sustancial porque, como se record\u00f3 en CSJ AC1241-2019, \u2018no consagran derechos ni obligaciones concretas a las partes, ligadas por un v\u00ednculo especial\u2019 (AC-051, 2 abr. 2008, rad. 2000-06151-01; AC, 25 oct. 1996, rad. n.\u00b0 6228) (CSJ AC3725-2021). <\/p>\n
Entonces, si el art\u00edculo 58 no est\u00e1 catalogado como sustancial, inane resultar\u00eda verificar su conexi\u00f3n directa con las dem\u00e1s normas denunciadas, incluso si estas tuvieran la connotaci\u00f3n de sustanciales, pues la exigencia primaria es que la constitucional ostente ese linaje, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 20 de la Ley 1682 de 2013 prev\u00e9 que: <\/p>\n
\u201cDebe garantizarse el debido proceso en la adquisici\u00f3n de predios necesarios para el desarrollo o ejecuci\u00f3n de los proyectos de infraestructura de transporte, en consecuencia, las entidades p\u00fablicas o los particulares que act\u00faen como sus representantes, deber\u00e1n ce\u00f1irse a los procedimientos establecidos en la ley, respetando en todos los casos el derecho de contradicci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Si bien la norma en cita hace referencia al debido proceso, tal hecho per se no le d\u00e9 la connotaci\u00f3n de sustancial, sino que se requiere que se cree, modifique o extinga derechos lo que aqu\u00ed no ocurre, pues se limita a indicar que el proceso de expropiaci\u00f3n debe ce\u00f1irse a los procedimientos establecidos para tal fin, tem\u00e1tica sobre la cual la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u201cno tienen la calidad de norma de derecho sustancial las que\u2026 van dirigidas a regular el tr\u00e1mite, como tampoco son en principio normas sustanciales aquellas otras que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u201d (AC, 3 oct. 2003, rad. 2000-00375- 01) (Criterio reiterado en AC003-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Respecto al art\u00edculo 37 de la Ley 1682 de 2013 tampoco ostenta el car\u00e1cter de norma sustancial, dado que s\u00f3lo se limita a definir el precio de adquisici\u00f3n en la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria, y la forma como se calcula el da\u00f1o emergente y el lucro cesante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En cuanto a las normas del estatuto procesal que se refieren como sustanciales, se advierte que no ostentan tal calidad. En efecto, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso se limita a establecer los par\u00e1metros para fijar el da\u00f1o emergente y el lucro cesante trat\u00e1ndose de inmuebles; el numeral 4 del art\u00edculo 327 ibidem se trata de una norma probatoria para cuando se surte la apelaci\u00f3n y el art\u00edculo 170 ejusdem es una norma probatoria y por ende instrumental.<\/p>\n
5. Finalmente, en lo que corresponde con los art\u00edculos 37, 38 y 39 de la Ley 222 de 1995, se tratan de normas probatorias que no tienen la connotaci\u00f3n de sustanciales, puesto que se refieren a los estados financieros: certificados, dictaminados y aut\u00e9nticos. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Aunado a lo anterior, mem\u00f3rese que la naturaleza de una norma no depende del lugar donde se ubique, sino de su objeto habida cuenta que s\u00f3lo ostentan el car\u00e1cter de norma sustancial aquellas que generen, alteren o modifiquen derechos, obligaciones o relaciones subjetivas (CSJ AC6078-2021), pero no basta con la invocaci\u00f3n de un precepto de las anteriores circunstancias sino que igualmente debe regular el asunto que se est\u00e1 conociendo, as\u00ed como debe indicarse de forma precisa la forma como el Tribunal las vulner\u00f3, ya que recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u201clo que de suyo impone el se\u00f1alamiento del precepto de esa estirpe que, estimado infringido, fue la base esencial del fallo o debi\u00f3 haber sido, como atr\u00e1s se dej\u00f3 dicho, a m\u00e1s de la aducci\u00f3n de las razones por las cuales se considera que el Tribunal lo viol\u00f3, de forma que la Corte explore dichos argumentos y, seg\u00fan la v\u00eda escogida, emprenda el examen de fondo de la cuesti\u00f3n en el marco estricto del sendero trazado por el recurrente, dado lo dispositivo del recurso extraordinario\u201d (CSJ AC5856-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
7. En el segundo cargo no se invoc\u00f3 ninguna disposici\u00f3n que tenga el car\u00e1cter de sustancial, el recurrente refiere vulnerados el inciso final del art\u00edculo 20 de la Ley 1682 de 2013, as\u00ed como los incisos 2 y 5 del art\u00edculo 37 de la norma en comento, respecto de la primera disposici\u00f3n en el cargo anterior se precis\u00f3 que no tiene la calidad de sustancial, y frente a los numerales del art\u00edculo 37 referidos, advi\u00e9rtase que se limitan a determinar los criterios para la fijaci\u00f3n del da\u00f1o emergente y lucro cesante, sin que creen, modifiquen o extingan alguna relaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Situaci\u00f3n similar ocurre con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, pues de un lado se trata de una norma procesal y del otro se limita a referir los criterios para fijar el da\u00f1o emergente y el lucro cesante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En lo que se relaciona con el primer cargo, violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial advi\u00e9rtase que el recurrente se limit\u00f3 a discutir que en su opini\u00f3n el da\u00f1o era cierto, pues la fuente de este era la expropiaci\u00f3n, pero no indic\u00f3 cu\u00e1l fue la valoraci\u00f3n indebida de las pruebas referidas \u2013 dictamen pericial y estados financieros \u2013 ni muchos menos que trascendencia tendr\u00eda respecto de la decisi\u00f3n tomada por el ad quem, carga que le correspond\u00eda y que no cumpli\u00f3, a lo que cabe agregar que la valoraci\u00f3n probatoria se enmarca en la \u00abdiscreta autonom\u00eda\u00bb del fallador, sobre la cual se ha precisado que: <\/p>\n
\u201cNo debe olvidarse que en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda por parte de los jueces de fondo, ha de respetarse su autonom\u00eda para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la determinaci\u00f3n concreta del asunto debatido, pues la facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice esta v\u00eda es velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y sin cortapisa de ninguna especie, cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias (CSJ SC, 12 jun. 2001, rad. 6050). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el segundo cargo, a pesar de invocar la violaci\u00f3n directa de la ley por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas referidas, no menos cierto es, que se incurre en mixtura, habida cuenta que se soporta en temas probatorios para decir que se dio una interpretaci\u00f3n restrictiva a la indemnizaci\u00f3n que deb\u00eda reconocerse. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En suma, como la demanda no satisfizo los requisitos formales y t\u00e9cnicos que le son propios, habr\u00e1 de inadmitirse, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Resta decir que esta Sala no encuentra razones suficientes para seleccionar la sentencia acusada, toda vez que al actor se le garantizaron sus derechos superiores, sin que se advierta una afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico o de la legalidad, o se requiera rectificar un punto en derecho para fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, ni se ve comprometido ning\u00fan derecho de orden constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, inadmite la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que Calc\u00e1reos S.A. interpuso frente a la sentencia de 4 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI \u2013 contra la recurrente y Concrecem S.A. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002\u00abLos principios Constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, consagran prescripciones jur\u00eddicas generales que suponen una delimitaci\u00f3n pol\u00edtica y axiol\u00f3gica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretaci\u00f3n, lo cual hace de ellos normas de aplicaci\u00f3n inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. Son principios constitucionales, entre otros, los consagrados en los art\u00edculos primero y tercero: el Estado social de derecho, la forma de organizaci\u00f3n pol\u00edtica y territorial, la democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia del inter\u00e9s general (art\u00edculo 1); la soberan\u00eda popular y la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 2). Ellos se refieren a la naturaleza pol\u00edtica y organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Su alcance normativo no consiste en la enunciaci\u00f3n de ideales que deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que alg\u00fan d\u00eda se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definici\u00f3n en el presente, una base axiol\u00f3gico-jur\u00eddica sin la cual cambiar\u00eda la naturaleza misma de la Constituci\u00f3n y por lo tanto toda la parte organizativa perder\u00eda su significado y su raz\u00f3n de ser. Los principios expresan normas jur\u00eddicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en cambio, expresan fines jur\u00eddicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el orden del ma\u00f1ana\u00bb (resaltado intencional, Corte Constitucional, sentencia C1287-2001). <\/p>\n
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AC4285-2022 (2018-00029-01) MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ Magistrada Ponente AC4285-2022 Radicaci\u00f3n 08001-31-03-001-2018-00029-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67525","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67525"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67525\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}