AC4565-2022 (2022-02947-00)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4565-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02947-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 30 de agosto de 2022, por intermedio de apoderado judicial, se deprec\u00f3 el reconocimiento del fallo de \u00ab31 de octubre de 2011\u00bb, por el cual se decret\u00f3 el divorcio entre el solicitante y Claudia Luc\u00eda Ardila Camacho, proferido en Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
2. Se anex\u00f3, por v\u00eda digital, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00ab01. Demanda y anexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n para estos fines. <\/p>\n
En Colombia, los c\u00e1nones 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requerimientos que deben observarse, dentro de los cuales se encuentra que la providencia for\u00e1nea \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606), so pena que deba rechazarse el pedimento (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607). <\/p>\n
La primera exigencia propende porque \u00fanicamente puedan reconocerse sentencias sobre las que se tenga certeza sobre su car\u00e1cter definitivo, con el fin de garantizar que sea inmutable y no se vea afectada por decisiones posteriores que lo revoquen, aclaren, modifiquen o adicionen. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tiene dicho, refiri\u00e9ndose al veredicto for\u00e1neo, que \u00abes apenas obvio suponer que para que dicho acto pueda constituir un t\u00edtulo provisto de fuerza vinculante en el exterior, preciso es que desde un principio y sin lugar a dudas quede establecido que su propio ordenamiento se la concede, lo que exige verificar por lo tanto si seg\u00fan las leyes de aquel Estado, la providencia en cuesti\u00f3n se encuentra o no ejecutoriada\u00bb (AC, 11 oct. 1996). <\/p>\n
El segundo requisito -legalizaci\u00f3n- propende porque la sentencia a reconocer, como documento emanado de una autoridad extranjera, est\u00e9 provisto de las constancias que den seguridad sobre la calidad y cargo del emisor. <\/p>\n
Y es que la legalizaci\u00f3n consiste en \u00abDar estado o forma legal… para fe y cr\u00e9dito de un documento o de una firma\u00bb1, que trat\u00e1ndose de pa\u00edses suscriptores del Convenio por el que se Suprime la Exigencia de Legalizaci\u00f3n de los Documentos P\u00fablicos Extranjeros, firmado el 5 de octubre de 1961 en la Haya, se satisface con la apostilla. <\/p>\n
As\u00ed lo reafirma el inciso segundo del art\u00edculo 251 ibidem: \u00abLos documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00e9ste o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
2. Visto lo anterior procede anticipar que, en el sub lite, la solicitud deber\u00e1 rechazarse, en tanto no se alleg\u00f3 la providencia extranjera en debida forma y no se aport\u00f3 la constancia de ejecutoria. <\/p>\n
2.1. Para explicar conviene se\u00f1alar que, junto a la demanda, se arrim\u00f3 en idioma original y con traducci\u00f3n al castellano la decisi\u00f3n del 31 de octubre de 2011 emitida por la Corte del Circuito Judicial n.\u00ba 15 del Condado de Palm Beach, Estado de Florida, Estados Unidos de Am\u00e9rica, fruto de la acci\u00f3n civil identificada con el radicado n.\u00b0 \u00ab50 2010 DR 006905 FA\u00bb. <\/p>\n
Este documento est\u00e1 suscrito por \u00abSharon R. Bock\u00bb, en calidad de \u00abDeputy Clerk\u00bb, quien da cuenta de que el veredicto aportado corresponde a una copia del original que reposa en la sede judicial. <\/p>\n
2.2. No obstante lo anterior, falt\u00f3 aportar la apostilla exigida como condici\u00f3n para su legalizaci\u00f3n, raz\u00f3n para rehusarle efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
En efecto, como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, conforme al art\u00edculo 3\u00b0 es menester aportar la apostilla del instrumento para certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb. <\/p>\n
Dicho de otra forma, para reconocer efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds a la sentencia extranjera, por corresponder a un documento p\u00fablico, era indispensable que la autoridad diplom\u00e1tica certificara la calidad de \u00abSharon R. Bock\u00bb, as\u00ed como el cargo que desempe\u00f1aba, de lo cual debe dar cuenta la solicitud de exequatur. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de la anterior carga, por fuerza del art\u00edculo 251 del C.G.P., impide tener por allegado el documento, de all\u00ed que la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n realizada por Paul Moya Torres carezca de su espina dorsal, motivo para rechazar el tr\u00e1mite in limine. <\/p>\n
As\u00ed ha procedido esta Corporaci\u00f3n en casos equivalentes: <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, seg\u00fan el art\u00edculo 251 del actual estatuto procesal, para que un documento extranjero tenga valor probatorio deber\u00e1 estar \u00abapostillado de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
Como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 19612, la apostilla es el instrumento que permite certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3). <\/p>\n
Requisito exigible, trat\u00e1ndose de la sentencia que pretende ser homologada, por fuerza del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del c\u00f3digo en menci\u00f3n, siendo precedente repeler su estudio cuando no se satisfaga seg\u00fan el ordinal 2\u00b0 del canon 607 idem. (CSJ, 15 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2016-02215-00). <\/p>\n
2.3. Se agrega a lo dicho que el fallo proveniente de Estados Unidos de Am\u00e9rica no fue acompa\u00f1ado por la constancia de ejecutoria, en concreto, no se especific\u00f3 si proced\u00edan recursos frente al mismo y si \u00e9stos se agotaron, o si el prove\u00eddo no era susceptible de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.1. La jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (CSJ, AC2970, 22 de julio de 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00). <\/p>\n
2.3.2. En el presente caso, el veredicto del sentenciador de Palm Beach lleg\u00f3 hu\u00e9rfano de cualquier dilucidaci\u00f3n sobre los remedios a los que pudieran acudir los interesados para controvertir su contenido y el resultado de los interpuestos, nublando su car\u00e1cter definitivo. <\/p>\n
En consecuencia, ante la ausencia de perspicuidad sobre la firmeza del veredicto, no puede abrirse paso el tr\u00e1mite judicial, como expresamente lo previene el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n para proceder a su rechazo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese los precedentes de la Corte en este punto: <\/p>\n
No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aport\u00f3\u2026 la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u2026 Por las razones precedentes, y ante la falta de cumplimiento de la carga procesal a que estaba obligada la promotora del tr\u00e1mite, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ AC1956, 7 abr. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00644-00. En el mismo sentido AC-237, 25 ene. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00067-00, AC, 20 feb. 2015, rad. n.\u00b0 2015-00254-00). <\/p>\n
2.4. Las falencias mencionadas en precedencia llevan a repeler de plano el tr\u00e1mite, por fuerza del citado art\u00edculo 607 de la codificaci\u00f3n adjetiva en vigor. <\/p>\n
3. Con todo, encuentra este Despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de homologaci\u00f3n, en caso de que la parte interesada decida presentar un nuevo tr\u00e1mite: <\/p>\n
3.1. No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o \u00abde hecho\u00bb, presupuesto inexcusable del exequatur y cuya acreditaci\u00f3n se encuentra radicada en cabeza del interesado3, sin que su abulia pueda ser suplida por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Para estos fines, conforme al orden jur\u00eddico, debe tenerse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan los numerales 10 del art\u00edculo 78 y 2\u00b0 del canon 173 ibidem, no es procedente decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado o mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, a menos que este demuestre haber realizado la gesti\u00f3n correspondiente sin obtener respuesta. <\/p>\n
3.2. Por otra parte, no se dio cuenta sobre que el fallo extranjero no versara sobre derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, pues lo cierto es que la sentencia for\u00e1nea, en su numeral 5\u00ba, aprob\u00f3 el \u00abAcuerdo de Conciliaci\u00f3n Marital\u00bb al que arribaron las partes, el cual no fue tra\u00eddo junto con la solicitud de exequatur, circunstancia que impide verificar el contenido y alcance de los arreglos alcanzados. <\/p>\n
3.3. No se allegaron pruebas que el prove\u00eddo extranjero guarda armon\u00eda con las \u00ableyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico\u00bb, como lo exige el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso. En concreto: <\/p>\n
(I) respecto a la causal de divorcio que sirvi\u00f3 para la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial en el extranjero, en tanto en el juicio for\u00e1neo se identific\u00f3 como motivo del divorcio que el matrimonio \u00abest\u00e1 quebrantado irremediablemente\u00bb, circunstancia que no encuentra equivalente en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil y; <\/p>\n
(II) que se garantiz\u00f3 el debido proceso de las partes en el proceso adelantado en el exterior. La sentencia for\u00e1nea carece de un ac\u00e1pite de motivaciones, por lo que no puede establecerse si se trat\u00f3 de un procedimiento de mutuo acuerdo o contencioso, y c\u00f3mo se satisfizo el principio de debida citaci\u00f3n de la parte convocada. <\/p>\n
3.4. No se alleg\u00f3 la licencia n.\u00ba 3507 del Ministerio de Justicia, que acredita a Luis Alberto Mu\u00f1oz Pinto como traductor e int\u00e9rprete oficial. Recu\u00e9rdese que como se trata de un acto administrativo particular no es posible consultarlo en la base de datos de esa cartera ministerial. <\/p>\n
3.5. No se arrib\u00f3 el registro civil de nacimiento del solicitante y su consorte. De igual forma no se trajo el registro civil de nacimiento de los hijos comunes de la pareja, documento indispensable para establecer su mayor\u00eda de edad. <\/p>\n
3.6. En el escrito de solicitud debe identificarse con precisi\u00f3n las partes del tr\u00e1mite de exequatur, en especial, la que resultar\u00e1 afectada en caso de que se acceda al pedimento de homologaci\u00f3n, individualizando a sus integrantes con su nombre, n\u00famero de identificaci\u00f3n, domicilio y, de ser procedente, sus representantes legales, como lo exige el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 82 \u00eddem. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la codificaci\u00f3n procesal vigente tiene establecido para la solicitud del exequatur, conforme el art\u00edculo 607, que \u00e9ste \u00abse presentar\u00e1 por el interesado a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, (\u2026) y ante ella deber\u00e1 citarse a la parte afectada por la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3.7. No se trae la direcci\u00f3n electr\u00f3nica, ni f\u00edsica, de notificaciones del solicitante Paul Moya Torres, ni de Claudia Luc\u00eda Ardila Camacho. <\/p>\n
3.8. No se alleg\u00f3 prueba de la remisi\u00f3n de la demanda y sus anexos al correo de Claudia Luc\u00eda Ardila Camacho, por ende, no se cumple con lo reglado en el precepto 6\u00ba de la ley 2213 de 2022. <\/p>\n
4. Finalmente, se reconocer\u00e1 reconoce personer\u00eda jur\u00eddica a Henry Bougaud Villanueva, con el alcance del poder conferido por Paul Moya Torres, profesional en derecho con tarjeta vigente seg\u00fan el Registro Nacional de Abogados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por Paul Moya Torres, en el caso identificado en el encabezado. <\/p>\n
Segundo: Reconocer personer\u00eda al abogado Henry Bougaud Villanueva, como apoderado judicial de la solicitante, para los fines previstos en el poder conferido. <\/p>\n
Tercero: Por secretar\u00eda, dese cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, devolviendo los anexos sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jur\u00eddico Elemental, Ed. Heliasta S.R.L., 1993. <\/p>\n