AC4569-2022 (2022-03020-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4569-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03020-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Neiva y Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n, para conocer de la demanda verbal promovida por el Banco Agrario de Colombia S.A. contra la Fundaci\u00f3n Agencia de Desarrollo Territorial \u00abADET\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el promotor pidi\u00f3 declarar la resoluci\u00f3n del contrato para la formulaci\u00f3n de proyectos VISR y administraci\u00f3n de recursos del subsidio destinado a la atenci\u00f3n de poblaci\u00f3n beneficiaria del programa Incoder vivienda nueva, n\u00famero C-GV2012-013, celebrado entre las partes; y se condene al convocado a pagar el valor del anticipo no amortizado, los valores adeudados por la ejecuci\u00f3n del contrato y los perjuicios por incumplimiento. <\/p>\n
En el libelo invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente por el lugar del cumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
2. Ese despacho judicial la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que el convocante no aport\u00f3 el contrato mencionado por lo que no puede extraer cu\u00e1l es el lugar de cumplimiento de las obligaciones en \u00e9l adquiridas para emplear numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que aplic\u00f3 el fuero general establecido en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 \u00eddem y envi\u00f3 las diligencias a su hom\u00f3logo en la ciudad de Popay\u00e1n, por corresponder al domicilio de la persona accionada. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa, argumentando que ante la existencia de fueros concurrentes, el demandante materializ\u00f3 su elecci\u00f3n al incoar el libelo en el lugar del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato sobre el que se pretende la resoluci\u00f3n, que corresponde a los municipios de Campoalegre, Paicol y Tello asignados al circuito judicial de Neiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, precisando que si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
3. No obstante lo anterior, el numeral 10\u00ba dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. (Resaltado impropio). <\/p>\n
4. Aplicando las anteriores premisas al caso de autos y partiendo de que el Banco Agrario de Colombia S.A. es una Sociedad de Econom\u00eda Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente -como regla general que admite excepciones-, a la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En efecto, para que se apliquen los par\u00e1metros de competencia de forma exclusiva, debe haber certeza sobre la condici\u00f3n del ente convocado, es decir, que se trate de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, de lo contrario, se acudir\u00e1 al fuero general. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son: \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Adem\u00e1s, el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Resaltado por la Corte); por ende, la demandante es entidad p\u00fablica, de donde le resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso la Sala ha manifestado lo siguiente: <\/p>\n
El ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber a qui\u00e9n corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general se\u00f1ala que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es as\u00ed como el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad, p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como en eventos a los cuales se ci\u00f1e el precepto reci\u00e9n citado el legislador previ\u00f3 una competencia privativa, cuando quiera que en un determinado asunto contencioso sea parte, demandante o demandada, una persona jur\u00eddica de la se\u00f1alada estirpe, el funcionario llamado a aprehenderlo ser\u00e1 \u00fanicamente el del domicilio de esa entidad. <\/p>\n
Conocer en forma privativa significa que solo es competente el juez del domicilio de la entidad territorial o descentralizada por servicios o de la entidad p\u00fablica implicada (Resalt\u00f3 la Corte, AC2909, 10 may. de 2017, rad. n.\u00b0 2017-00989-00). <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica la ciudad de Bogot\u00e1 es donde quedar\u00eda fijada la competencia territorial. <\/p>\n
Y aunque el conflicto fue suscitado entre los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Neiva y Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n, nada obsta la remisi\u00f3n del expediente a un tercer despacho judicial, no involucrado en el mismo, en aplicaci\u00f3n de los principios de econom\u00eda procesal (art. 42, n\u00fam. 1\u00b0 del C.G.P.) y celeridad (art. 29, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo considerado se remitir\u00e1 el expediente a los juzgados civiles del circuito de la ciudad de Bogot\u00e1, para que se efect\u00fae el reparto pertinente, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n a los despachos judiciales involucrados en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que la competencia para conocer de la demanda de la referencia est\u00e1 radicada en los juzgados civiles del circuito de la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Por secretar\u00eda rem\u00edtase de inmediato el expediente a la oficina judicial de esta ciudad para que sea repartido. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a los otros estrados judiciales involucrados en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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