AC4575-2022 (2022-03107-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4575-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03107-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud presentada por quien manifest\u00f3 ser la apoderada de Diana Mar\u00eda Cardona Jim\u00e9nez, para lograr el exequatur del fallo de 7 de septiembre de 2021 de la Corte Suprema de California, Condado de San Bernardino, Estado de California, Estados Unidos de Am\u00e9rica, proferido en el proceso de curatela \u00abCONPS2100121\u00bb, y la interdicci\u00f3n de Nelson Chavarro Montero. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 8 de septiembre de 2022 una profesional del derecho deprec\u00f3 el reconocimiento de la sentencia indicada en el encabezado, junto a la solicitud para que se declare que Nelson Chavarro Montero est\u00e1 incapacitado mentalmente y, como consecuencia, se designe a Diana Mar\u00eda Cardona Jim\u00e9nez como su representante. <\/p>\n
2. Se anexaron, por v\u00eda digital, los siguientes documentos: \u00ab02. Demanda\u00bb y \u00ab06. anexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Precisi\u00f3n preliminar <\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece los deberes del juez, contempla en su numeral 5\u00ba la obligaci\u00f3n de interpretar la demanda \u00abde manera que permita decidir el fondo del asunto\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta directriz la Sala tiene dicho: <\/p>\n
La necesidad de interpretar la demanda acontece cuando \u00e9sta presenta deficiencias en la presentaci\u00f3n de sus fundamentos por ambig\u00fcedad, imprecisi\u00f3n o falta de claridad, que obliguen al juzgador, en aras de las garant\u00edas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y efectividad de los derechos subjetivos, a buscar su sentido real, eso s\u00ed, teniendo cuidando de no alterar o sustituir la voluntad de quien acude a la jurisdicci\u00f3n en b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n heterocompositiva a un conflicto jur\u00eddico (CSJ, SC5430, 7 dic. 2021, rad. n.\u00ba 2014-01068-01). <\/p>\n
Por lo que, frente a las inconsistencias que pueda presentar el libelo inaugural, una de las acciones que debe contemplar el juez es desenmara\u00f1ar su contenido, a partir de las pretensiones, plataforma f\u00e1ctica y fundamentos de derecho. <\/p>\n
1.2. En el caso bajo estudio resulta imperativo interpretar el escrito genitor, en tanto la apoderada judicial que formul\u00f3 la solicitud hizo una mixtura de pedimentos y fundamentos, que impone otorgarle unidad de sentido a este escrito. <\/p>\n
1.2.1. Efectivamente, en encabezado de la solicitud se manifest\u00f3 que \u00abinstauro en su despacho proceso exequ\u00e1tur de jurisdicci\u00f3n voluntaria, interdicci\u00f3n por discapacidad mental abosoluta (sic)\u00bb (negrilla fuera de texto), en una fusi\u00f3n entre la homologaci\u00f3n y el suprimido tr\u00e1mite de p\u00e9rdida de capacidad legal. <\/p>\n
Confusi\u00f3n que se hace patente en las pretensiones, por cuanto adem\u00e1s de reclamar la declaraci\u00f3n de \u00abque el se\u00f1or Nelson Chavarro Montero es discapacitado mental absoluto\u00bb y ordenar \u00abun curador para que en adelante asuma en Colombia legalmente el cuidado del mismo y la administraci\u00f3n de sus bienes; design\u00e1ndole desde ya a la se\u00f1ora Diana Maria Cardona Jimenez (sic)\u00bb, se deprec\u00f3 que \u00abse reconozca el fallo emitido por la autoridad competente del estado de california Condado de San Bernardino, con numero de caso CONPS2100121 del 07 de septiembre de 2.021\u00bb. <\/p>\n
Los hechos confirman este amasijo, pues todos los enumerados se refieren a la situaci\u00f3n f\u00edsica y mental del se\u00f1or Chavarro Montero, sin referirse a los supuestos de la homologaci\u00f3n. <\/p>\n
1.2.2. Frente a lo anterior este Despacho interpretar\u00e1 que, en todo caso, se present\u00f3 una demanda de exequatur, a la cual se acumularon pretensiones de un proceso derogado, como se infiere de que: (I) se pidiera expresamente la homologaci\u00f3n de un veredicto for\u00e1neo; (II) se radicara ante la Corte Suprema de Justicia, \u00fanica facultada para resolver los pedimentos de reconocimiento; y (II) en los fundamentos de derecho y tipo de procedimiento se invocara el art\u00edculo 607 del C.G.P. <\/p>\n
Por tanto, se har\u00e1 la evaluaci\u00f3n de la solicitud de acuerdo con los requisitos del reconocimiento. <\/p>\n
2. El exequatur y su rechazo. <\/p>\n
2.1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n para estos fines. <\/p>\n
En Colombia, los c\u00e1nones 606 y 607 del actual estatuto adjetivo consagran las condiciones que deben observarse para el reconocimiento de una sentencia for\u00e1nea. En caso de que no se cumpla con alguna de aqu\u00e9llas, se proceder\u00e1 al rechazo de plano de la solicitud (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607). <\/p>\n
Dentro de las mencionadas exigencias, por su relevancia para el sub examine, se destacan las siguientes: <\/p>\n
(I) Que el fallo extranjero no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento (numeral 2\u00b0) y; <\/p>\n
(II) Que se arrime un veredicto proveniente del exterior, debidamente ejecutoriado de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia legalizada (numeral 3\u00b0). <\/p>\n
En la subsiguiente se dilucidar\u00e1n las razones por las que, la solicitud presentada ante este \u00f3rgano de cierre, desatiende estos requerimientos. <\/p>\n
2.2. Orden p\u00fablico. <\/p>\n
2.2.1. Es deber del juez de reconocimiento verificar, desde el inicio del tr\u00e1mite, que la providencia extranjera sea compatible con el orden p\u00fablico nacional, esto es, los principios esenciales de nuestra juridicidad. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene doctrinado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
De cara a dichas nociones surge que \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional objeto de la petici\u00f3n de exequatur y los principios fundamentales inspiradores de la normatividad nacional en la materia, podr\u00eda dar lugar a que aquel no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde cotejar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas nacionales (CSJ, SC1788, 23 jun. 2022. rad. n.\u00b0 2018-01928-00). <\/p>\n
2.2.2. En el sub lite, las pretensiones elevadas permiten identificar que se persigue el reconocimiento del \u00abfallo\u00bb emitido por la Corte Suprema de California, Condado de San Bernardino, Estados Unidos de Am\u00e9rica, en el cual, se asegura, fue declarada la interdicci\u00f3n de Nelson Chavarro Montero. <\/p>\n
Dicha solicitud, de ser correcta, transgrede el orden esencial de nuestro pa\u00eds, por desconocer la capacidad legal de las personas con discapacidad, reconocido en la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006 (Convenci\u00f3n de 2006), aprobada mediante la ley 1346 de 2009. <\/p>\n
Regla materializada en la ley 1996 de 2019, la cual consagr\u00f3: \u00abtodas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos. En ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona\u00bb (art\u00edculo 6\u00b0). <\/p>\n
Adem\u00e1s, el canon 53 prescribi\u00f3: \u00abQueda prohibido iniciar procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, o solicitar la sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n para dar inicio a cualquier tr\u00e1mite p\u00fablico o privado a partir de la promulgaci\u00f3n de la presente ley\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Por ser la capacidad legal de las personas con discapacidad desarrollo del reconocimiento de la persona jur\u00eddica, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, reluce su condici\u00f3n de derecho humano, de imperativa observancia, fruto de la adopci\u00f3n del modelo social en el derecho. <\/p>\n
As\u00ed lo ha afirmado la Corte en sus \u00faltimos pronunciamientos: <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n [se refiere al exequatur de interdicciones judiciales] se opone a la regulaci\u00f3n contenida en la Ley 1996 de 2019, normativa que, en desarrollo de los principios de dignidad, autonom\u00eda y primac\u00eda de la voluntad y preferencias del titular del acto jur\u00eddico, reconoce plena capacidad a todas las personas mayores de edad en condici\u00f3n de discapacidad, sin distingos de ninguna clase. El art\u00edculo 8 ejusdem [ley 1996 de 2019] establece que \u00abtodas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad de realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente se presume (\u2026)\u00bb; disposici\u00f3n que proscribe cualquier posibilidad de interdicci\u00f3n o incapacitaci\u00f3n en nuestro ordenamiento jur\u00eddico. (Resaltado propio) (CSJ, SC714 de 27 de abril de 2022. rad. n.\u00b0 2021-04507-00). <\/p>\n
2.2.3. Deviene de lo expuesto que las s\u00faplicas incoadas, por contrariar el orden p\u00fablico nacional, deben rechazarse de plano, en estricta aplicaci\u00f3n del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607 del C.G.P. <\/p>\n
2.3.1. Es elemental que, de promoverse un exequatur, lo m\u00ednimo que debe aportarse es la sentencia por reconocer, como se desprende de los c\u00e1nones 605 y 606 del actual estatuto adjetivo, que insistentemente refiere al veredicto for\u00e1neo, su adecuada aportaci\u00f3n y car\u00e1cter definitivo. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n fij\u00f3 como derrotero: <\/p>\n
[A]l momento de realizar el estudio de admisibilidad de las demandas de exequ\u00e1tur que se presenten ante esta Corte, la Sala procede a revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Libro Quinto, T\u00edtulo I, Cap\u00edtulo I, referido a las sentencias judiciales, prove\u00eddos que revisten el car\u00e1cter de tales y de laudos proferidos en el extranjero, verificando, en primer t\u00e9rmino, como ya se dijo, que la decisi\u00f3n for\u00e1nea de la que se pretenda su homologaci\u00f3n se trate un fallo, que se encuentre ejecutoriado de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, que se haya presentado en copia debidamente legalizada y que no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se ubiquen en el territorio patrio, ni se oponga a las leyes de orden p\u00fablico colombianas, entre otros, menesteres que de no cumplirse a cabalidad derivan en la inadmisi\u00f3n o rechazo de la solicitud seg\u00fan corresponda (AC3790, 1\u00b0 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2021-02936-00). <\/p>\n
Y es que, sin sentencia a homologar, no es posible verificar su naturaleza jur\u00eddica, su aportaci\u00f3n en \u00abcopia debidamente legalizada\u00bb, su car\u00e1cter definitivo y la traducci\u00f3n, en caso de ser necesaria, ausencias que conducen indefectiblemente el rechazo in limine de la solicitud. <\/p>\n
2.3.2. En el presente caso con el escrito inaugural \u00fanicamente se arrim\u00f3 una \u00abcarta de curatela\u00bb, en la cual se design\u00f3 a Diana Mar\u00eda Cardona Jim\u00e9nez como representante de Nelson Chavarro Montero, documento que dista de corresponder a la sentencia de interdicci\u00f3n proferida por la Corte Suprema de California, Condado de San Bernardino. <\/p>\n
As\u00ed se infiere del contenido del escrito de marras, pues escuetamente contiene una manifestaci\u00f3n sobre la persona designada como curadora, sin reflejar el contenido de una sentencia, esto es, una resoluci\u00f3n sobre una controversia sometida a composici\u00f3n, con base en las pruebas recaudadas. <\/p>\n
Ante la ausencia de sentencia extranjera, tambi\u00e9n queda en evidencia la desatenci\u00f3n de las cargas tocantes a la traducci\u00f3n al castellano, ejecutoria o aportaci\u00f3n en copia aut\u00e9ntica. <\/p>\n
2.3.3. Esta raz\u00f3n, agregada a la explicada, justifica el rechazo de la solicitud, por fuerza del art\u00edculo 607 de la codificaci\u00f3n adjetiva en vigor. <\/p>\n
3. Otras inobservancias t\u00e9cnicas. <\/p>\n
Con todo, encuentra este Despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de una homologaci\u00f3n: <\/p>\n
Para estos fines, conforme al orden jur\u00eddico, debe tenerse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. <\/p>\n
(II) Falt\u00f3 aportar la apostilla exigida como condici\u00f3n para la legalizaci\u00f3n de los documentos expedidos por autoridades extranjeras, lo que impone rehusarles efectos jur\u00eddicos procesales. <\/p>\n
En efecto, como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, es menester aportar la apostilla de los instrumentos emanados de autoridades (art\u00edculo 3\u00b0). <\/p>\n
(III) Se allegaron a folios 6 y 8 del archivo digital 0006Anexos.pdf dos traducciones de apostillas suscritas por la delegada \u00abBrittney Spears\u00bb, sin que se hiciera lo propio con el original. <\/p>\n
(IV) No se alleg\u00f3 la traducci\u00f3n de todos los documentos aportados, en particular el \u00abCertificate of Birth\u00bb y el \u00abCalifornia All-Purpose Acknowledgment\u00bb (folios 9 y 12 del archivo digital 0002Demanda.pdf). <\/p>\n
(V) No se alleg\u00f3 el documento que acredite a Mar\u00eda Jos\u00e9 Guti\u00e9rrez Mora como traductora e int\u00e9rprete oficial reconocida en Colombia. <\/p>\n
(VI) Se acumularon indebidamente las pretensiones tocantes al exequatur y al derogado tr\u00e1mite de interdicci\u00f3n, pues no se satisfacen las condiciones del art\u00edculo 88 del C.G.P. <\/p>\n
En efecto, mientras que el primero es un tr\u00e1mite jurisdiccional (art\u00edculos 615 y siguientes), atribuido privativamente a la Corte Suprema de Justicia (numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 30), el segundo era un proceso que se tramitaba por la cuerda de la jurisdicci\u00f3n voluntaria (numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 577), cuyo conocimiento estaba radicado en los jueces de familia (numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 22). <\/p>\n
Adem\u00e1s, resulta contrario a la l\u00f3gica pretender declaraciones judiciales que est\u00e1n prohibidas en el momento actual, colof\u00f3n que no se subvierte con una indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones. <\/p>\n
3. Personer\u00eda jur\u00eddica para actuar. <\/p>\n
No es dable reconocer personer\u00eda jur\u00eddica a Linda Giselle Vargas Garc\u00e9s en el sub lite, como mandataria judicial de Diana Mar\u00eda Cardona Jim\u00e9nez, por cuanto no se confiri\u00f3 poder para actuar. <\/p>\n
As\u00ed se extrae del mandato allegado al tr\u00e1mite judicial, en el cual se indic\u00f3: \u00abDiana Mar\u00eda Carolina Jim\u00e9nez\u2026 obrando en calidad de representante de mi esposo el se\u00f1or Nelson Chavarro Montero\u2026, por lo cual adjunto autorizaci\u00f3n como su curadora, y mediante este escrito manifiesto a usted que, otorgo poder especial, amplio y suficiente a la doctora Linda Giselle Vargas Garc\u00e9s\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 11 del archivo digital 0002Demanda.pdf). <\/p>\n
Refulge que el mandato aportado fue otorgado por el se\u00f1or Chavarro Montero, representado por quien asegura ser su curadora; luego, brilla por su ausencia el apoderamiento emanado de la se\u00f1ora Cardona Jim\u00e9nez, en nombre propio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada en nombre de Diana Mar\u00eda Cardona Jim\u00e9nez, en el caso identificado en el encabezado. <\/p>\n
Segundo: No reconocer personer\u00eda a la abogada Linda Giselle Vargas Garc\u00e9s, como apoderada judicial de la solicitante. <\/p>\n
Tercero: Por secretar\u00eda, dese cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, devolviendo los anexos sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ, AC1801, 10 ag. 2020, rad. n.\u00b0 2020-01493-00. <\/p>\n
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