AC4594-2022 (2022-03322-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4594-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-03322-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Sesquil\u00e9, Cundinamarca y Treinta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Brinsa S.A. present\u00f3 demanda de \u00abaval\u00fao de perjuicios por imposici\u00f3n de servidumbre minera\u00bb para que, con citaci\u00f3n y audiencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, se \u00abautori[zara] la ocupaci\u00f3n y el ejercicio de la servidumbre legal minera, de car\u00e1cter transitorio, con los derechos inherentes a ella\u00bb, sobre el predio denominado \u00abLote Hogares Sesquil\u00e9\u00bb, ubicado en ese municipio e identificado con la matr\u00edcula n.\u00ba 176-1733, fijando el valor que por tal gravamen deber\u00eda asumir (art. 3\u00ba, Ley 1274 de 2009). <\/p>\n
2. En el escrito inaugural se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los jueces del lugar de asiento del bien ra\u00edz a afectar, \u00ab[d]e acuerdo con lo indicado en el art\u00edculo 4 de la Ley 1274 de 2009\u00bb (Archivo digital: 004Demanda.pdf). <\/p>\n
3. La causa fue repartida al Juzgado Promiscuo Municipal de esa urbe, autoridad que declin\u00f3 el conocimiento de las diligencias y las remiti\u00f3 a la oficina de reparto de sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, tras argumentar que al ser el ICBF \u00abun establecimiento p\u00fablico descentralizado, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio, creado por la Ley 75 de 1968\u00bb, la competencia radica en el juez de su domicilio, en virtud de lo establecido en los art\u00edculos 28, numeral 10\u00ba y 29 del C\u00f3digo General del Proceso, tal y como lo dej\u00f3 sentado esta Corte en auto AC4798-2018 reiterado en AC1867-2021 (Archivo digital: 010AutoRechazaCompetencia). <\/p>\n
4. Al recibir el negocio, el Juez Treinta y Dos Civil Municipal de esta capital tambi\u00e9n se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite, porque, a voces del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1274 de 2009, normativa que regula de manera especial este tipo de litigios, el facultado para dirimirlos es \u00abel Juez Municipal de la jurisdicci\u00f3n donde se encuentre ubicado el inmueble\u00bb (Archivo digital: 022AutoRechazaDemandaCompetenciaConflictoNegativo.pdf). <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Ciertamente, la ley 1274 de 2009, por la cual se \u00abestablece el procedimiento de aval\u00fao para las servidumbres petroleras\u00bb, en la cual se involucra, en general, a la industria de hidrocarburos, detalla lo concerniente a la negociaci\u00f3n directa, precisando que ante su fracaso sobre el valor de la indemnizaci\u00f3n o falta de aviso formal al propietario, poseedor u ocupante \u00abel interesado presentar\u00e1 ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicci\u00f3n donde se encuentre ubicado el inmueble, la solicitud del aval\u00fao de los perjuicios que se ocasionar\u00e1n con los trabajos o actividades a realizar en ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos\u2026\u00bb (art. 3\u00b0), en la misma l\u00ednea puntualiza el art\u00edculo 4\u00ba que \u00ab[l]a autoridad competente para conocer de las solicitudes de aval\u00fao para las servidumbres de hidrocarburos que adelante cualquier persona, natural o jur\u00eddica, nacional o extranjera y las sociedades de econom\u00eda mixta, ser\u00e1 el Juez Civil Municipal de la jurisdicci\u00f3n donde se encuentre ubicado el inmueble que deba soportar la servidumbre\u00bb. <\/p>\n
Incluso, despu\u00e9s de referenciar todo lo concerniente a las exigencias formales de dicho tr\u00e1mite y a la contradicci\u00f3n del dictamen que en el mismo se presente, la normativa determina que \u00ab[c]ualquiera de las partes puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicci\u00f3n a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de aval\u00fao, la revisi\u00f3n del mismo dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisi\u00f3n del Juez Civil Municipal. Si quien hiciere uso del recurso fuere el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos, este deber\u00e1 consignar, como dep\u00f3sito judicial, a la orden del Juez Civil de Circuito respectivo el monto resuelto por el Juez Civil Municipal si la suma consignada para la presentaci\u00f3n de la solicitud fuere inferior al cincuenta por ciento (50%) del aval\u00fao de los perjuicios se\u00f1alados por el Juez\u00bb (num. 9\u00ba, ib). <\/p>\n
2.1. Aun cuando, como lo refiri\u00f3 el segundo juzgador involucrado, se trata de disposiciones \u00abespeciales\u00bb, proferidas para regular la materia en comento, ha de memorarse que de conformidad con el art\u00edculo 2\u00ba de la ley 153 de 1887 \u00ab[l]a ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicar\u00e1 la ley posterior\u00bb. De manera que las pautas aplicables al sub examine son las contenidas en la Ley 1564 de 2012, porque a m\u00e1s de ser una norma de procedimiento que tiene aplicaci\u00f3n inmediata, es posterior a la memorada Ley 1274 de 2009. <\/p>\n
2.2. El panorama anterior no vari\u00f3 con la expedici\u00f3n del Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energ\u00eda (Dcto. 1073 de 26 de mayo de 2015), expedido con el objetivo de compilar y racionalizar normas de car\u00e1cter reglamentario que rigen el sector minero energ\u00e9tico y \u00abcontar con un instrumento jur\u00eddico \u00fanico para el mismo\u00bb, el cual tambi\u00e9n se ocupa del \u00e1mbito de los hidrocarburos. <\/p>\n
Este cuerpo normativo en su secci\u00f3n tercera trata lo concerniente a las expropiaciones y servidumbres, previendo en su regla 2.2.3.7.3.2. que \u00ab[d]e conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juez que conozca del tr\u00e1mite del proceso de expropiaci\u00f3n a que se refiere la Ley 56 de 1981, deber\u00e1 dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas y las sentencias en el de cuarenta d\u00edas, contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin. Par\u00e1grafo.- El retardo del Juez en dictar las providencias lo har\u00e1 incurrir en la falta disciplinaria prevista en literal a) del art\u00edculo 61 del Decreto de 1987, en las normas que lleguen a sustituirlo\u00bb. <\/p>\n
El precepto 2.2.3.7.5.3 se ocupa del tr\u00e1mite de los procesos \u00aba que se refiere este Decreto\u00bb, fijando las directrices de su desarrollo, pero el canon 2.2.3.7.5.5. expresamente determina que \u00ab[C]ualquier vac\u00edo en las disposiciones anteriores se llenar\u00e1 de acuerdo con las normas del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, luego, ante la ausencia de referencia alguna a la asignaci\u00f3n de competencia para la tramitaci\u00f3n de dichos juicios, ser\u00e1n las disposiciones contenidas en la ley adjetiva las llamadas a aplicarse en su definici\u00f3n. <\/p>\n
3. Dilucidado lo anterior, en la colisi\u00f3n en estudio es predicable la concurrencia dos (2) de los fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica, consagrados en el canon 28 del estatuto procesal: el real y el personal. Conforme al primero, en los procesos donde se persigue la imposici\u00f3n de una servidumbre, como la incoada en la primera pretensi\u00f3n del escrito de apertura (Folio 3, archivo digital: 004Demanda.pdf), el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (num. 7\u00ba). De acuerdo con el \u00faltimo, \u00aben los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb (num. 10\u00ba). <\/p>\n
3.1. Los foros mencionados tienen como caracter\u00edstica com\u00fan el car\u00e1cter privativo que les asign\u00f3 el legislador, circunstancia que ante la diversidad de circunstancias que, en no pocas ocasiones se presentan, motiv\u00f3 la definici\u00f3n de criterios que permitieran fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en donde aquellos concurrieran, punto sobre el cual, al interior de la Sala, se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar de localizaci\u00f3n del fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC1172-2018, CSJ AC3744-2018, CSJ AC4875-2018, CSJ AC5051-2018, CSJ AC162-2019, CSJ AC277-2019, CSJ AC616-2019, CSJ AC1020-2019 y CSJ AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (CSJ AC4272-2018, CSJ AC4522-2018, CSJ AC4898-2018, CSJ AC117-2019, CSJ AC321-2019, CSJ AC1167-2019, CSJ AC2313-2019, CSJ AC3108-2019 y CSJ AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
3.2. La providencia AC-140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n, resolvi\u00f3 en su momento la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3.3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como ser\u00eda la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en CSJ AC140-2020, CSJ AC800-2021, CSJ AC795-2021 y CSJ AC792-2021). <\/p>\n
4. En la colisi\u00f3n bajo examen, las solicitudes tendientes a lograr la autorizaci\u00f3n para \u00abla ocupaci\u00f3n y el ejercicio de la servidumbre legal minera, de car\u00e1cter transitorio\u00bb y el aval\u00fao de los perjuicios que con tal imposici\u00f3n se causaren, se promovi\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquil\u00e9, localidad en donde se halla situada la heredad que se pretende intervenir. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la entidad llamada a juicio es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado mediante la Ley 75 de 1968, reorganizado por la Ley 7\u00aa de 1979 y reestructurado a trav\u00e9s del Decreto 1137 de 1999, de acuerdo con el cual su naturaleza es la de un establecimiento p\u00fablico descentralizado, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio y se encuentra adscrito al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impone como sentenciador natural al de su domicilio, conforme a los par\u00e1metros atr\u00e1s expuestos. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha destacado que \u00aben los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio\u00bb (CSJ AC2462-2021, jun. 23, rad. 2021-01782-00, reiterado en AC3724-2022, 23 ag., rad. 2022-02661-00). <\/p>\n
5. Bajo ese entendido, la actora no estaba facultada para optar por el juez de la ubicaci\u00f3n del bien, porque ni las partes, ni el administrador de justicia tienen margen de disposici\u00f3n para alterar la regla de competencia que disciplina el asunto. <\/p>\n
En esas condiciones, el conocimiento de la acci\u00f3n no le compete al sentenciador municipal de Sesquil\u00e9, sino al estrado judicial de esta capital, por ser el asiento principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <\/p>\n
6. Es que, cuando en cualquiera de los extremos procesales concurren entes p\u00fablicos, se itera, se torna ineludible la aplicaci\u00f3n del privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del canon 28 del nuevo estatuto procedimental a favor de las personas jur\u00eddicas en contienda, para que ante el juez de su asiento com\u00fan se adelante el litigio. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, porque dicha pauta, a efectos de determinar la competencia por el factor territorial, no hace distinci\u00f3n entre demandante y demandado, pues s\u00f3lo refiere a que el ente territorial o entidad p\u00fablica \u00absea parte\u00bb, de suerte que cada una de ellas, por su particular naturaleza, es titular del fuero privativo contemplado en el precepto en cita, que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 29 ibidem es \u201cprevalente\u201d. <\/p>\n
7. Al examinar casos an\u00e1logos, esta Colegiatura ha sostenido que, ante tal supuesto, es posible acudir a las restantes reglas de atribuci\u00f3n de competencia, ya que si bien los fueros en general pueden concurrir o excluirse, el hecho de que alguno de estos sea exclusivo, no significa que no pueda haber varios despachos judiciales competentes, permitiendo que se pueda elegir entre cualquiera de esos, lo cual ocurre cuando un determinado factor de competencia ofrezca varias posibilidades, evento en el que la selecci\u00f3n quedar\u00e1 a discreci\u00f3n del actor, quien debe consignarla en la demanda. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha decantado que, en el evento en que en ambos extremos de la litis concurran entidades beneficiadas con el fuero privativo en comento, dado que la norma s\u00f3lo exige que sea \u201cparte\u201d, podr\u00e1 el demandante radicar su demanda, a discreci\u00f3n, en su domicilio o privilegiar el del extremo convocado, aplicando arm\u00f3nicamente la directriz contenida en el numeral 1\u00ba que como regla general de competencia indica que en los procesos contenciosos \u201csalvo disposici\u00f3n en contrario\u201d el competente es el del domicilio del demandado y en este supuesto no habr\u00eda esa contrariedad. <\/p>\n
8. A\u00fan m\u00e1s, el mentado derrotero cobra relevancia en los eventos en que el domicilio del encartado coincide con el lugar donde se encuentra el predio que se pretende intervenir o expropiar, habida cuenta que, de esta forma, se habilita igualmente la aplicaci\u00f3n de otra regla privativa de competencia, como es la contemplada en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, seg\u00fan la cual, el conocimiento de este tipo de asuntos estar\u00e1 en cabeza del juez donde se encuentra ubicado el predio. <\/p>\n
9. Ahora bien, en esos casos, la dificultad surge cuando la heredad est\u00e1 ubicada en un territorio distinto al del domicilio de las partes, ya que ante tal supuesto quedan enfrentados dos factores determinantes con car\u00e1cter privativo. <\/p>\n
9.1. Frente a esto, en algunas ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que se debe dar preponderancia al denominado \u00abfuero real\u00bb, seg\u00fan el cual, el conocimiento del asunto estar\u00e1 en cabeza del juez donde se encuentra ubicado el predio motivo del litigio. Es as\u00ed como en esas oportunidades se dijo que: <\/p>\n
\u00ab[E]n asuntos como el sub examine donde, iterase, est\u00e1n contrapuestas dos o m\u00e1s entidades de naturaleza p\u00fablica o semip\u00fablica, no es de aplicaci\u00f3n lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo. (\u2026) 2.4. Puestas las cosas de esta manera, deviene palmario que la norma llamada a fijar la competencia en materia del territorio es la prevista en el numeral 7\u00ba del precepto 28, Ib\u00eddem, que atribuye el conocimiento al juez del sitio de ubicaci\u00f3n del inmueble materia de la servidumbre. (\u2026) Cuanto se ha dicho no desconoce, de ning\u00fan modo, las directrices fijadas por la Sala mayoritaria en el auto de unificaci\u00f3n de jurisprudencia AC140, de 24 de enero de 2020, porque el supuesto de ahora es enteramente distinto al ventilado en aquella oportunidad. N\u00f3tese que all\u00ed no concurr\u00edan, en ambos extremos procesales, entidades de las relacionadas en la regla 10\u00aa del art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo\u00bb (CSJ AC417-2020, 14 feb., rad. 2020-00326-00 reiterada en CSJ AC3158-2021, 4 ago., rad. 2021-02491-00; criterio reiterado en AC006-2022, 17 ene., Rad. 2021-04570-00). <\/p>\n
Y, m\u00e1s adelante, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[S]i de un asunto concreto son predicables los fueros privativos de los art\u00edculos 7\u00b0 y 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, debe aplicarse, siguiendo las orientaciones de esta Sala, el \u00faltimo de los mencionados, es decir, el relativo al domicilio de la entidad territorial, de la entidad descentralizada por servicios o de cualquier otra entidad que sea parte. <\/p>\n
Ac\u00e1, sin embargo, ese predicamento no es posible, porque es demandante el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 (empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden Distrital, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1), y el accionado es un ente territorial, valga anotar, el municipio de La Mesa. <\/p>\n
9.2. Sin embargo, la soluci\u00f3n antedicha, se insiste, en los casos donde se encuentran involucrados como partes dos o m\u00e1s entes territoriales o entidades p\u00fablicas con domicilios diferentes y el predio se halla en lugar distinto a estos, no armoniza con lo estatuido en los citados art\u00edculos 28-10 y 29 \u00eddem. <\/p>\n
En efecto, siendo que, como ya se dijo, el ordenamiento adjetivo prev\u00e9 que, en los procesos contenciosos en los que \u00absea parte\u00bb una entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 \u00aben forma privativa\u00bb la autoridad judicial del domicilio de \u00e9sta (n\u00fam. 10 art. 28 C.G.P.), y se confiere prelaci\u00f3n a la competencia determinada \u00aben consideraci\u00f3n de las partes\u00bb (art. 29 C.G.P.), no resulta plausible inaplicar aquel fuero prevalente para que la regla del numeral 7.\u00ba ibidem gobierne la definici\u00f3n del caso, confiriendo de este modo predominio al fuero real sobre el subjetivo, cuando por inequ\u00edvoco mandato legal, este \u00faltimo criterio se impone sobre los dem\u00e1s factores territoriales. <\/p>\n
Por lo tanto, resulta inadmisible sostener que, al verse enfrentadas dos entidades de las calidades ya mencionadas, el factor prevalente de estas pueda anularse, cual si se tratara de una operaci\u00f3n puramente matem\u00e1tica que permitiera obviar el criterio subjetivo, y sobreponer el fuero real relacionado en el numeral 7\u00ba ya referido. <\/p>\n
Dicho de otro modo, no resulta viable fijar la competencia atendiendo la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los bienes en litis, en la medida en que el fuero privativo del que se viene hablando, se sustenta en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio, el que como ya se aludi\u00f3 resulta prevalente e irrenunciable (art\u00edculo 16 ejusdem). <\/p>\n
Ante la prevalencia que se reconoce al factor subjetivo, -de cara al enfrentamiento normativo surgido- en asuntos de similar temperamento se ha indicado que: <\/p>\n
(\u2026) el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb3, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. n\u00fam. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
Criterio en sentido contrario desconocer\u00eda el mencionado mandato legal (art\u00edculo 29), toda vez que dar\u00eda prevalencia al fuero real sobre el subjetivo que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u00bb; por lo que interpretaci\u00f3n en sentido adverso asimismo dejar\u00eda de lado c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales: el art\u00edculo 28 de esta obra (numeral 10\u00b0) que corresponde al precepto 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (numerales 17\u00b0 y 18\u00b0), entre otros eventos (CSJ AC1596-2022, 22 abr., rad. 2022-01025-00). <\/p>\n
9.3. Es claro entonces, que no se aviene atendible que, al desatar esta clase de colisiones, la Corte asigne la competencia al juez del lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, cuando existe un imperativo legal que impone la aplicaci\u00f3n preponderante del factor subjetivo como expresamente lo determina el art\u00edculo 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, al decir, que \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (se resalta); imperativo que impone el privilegio indiscutible del domicilio de cualquiera de los contendientes. <\/p>\n
En situaciones como la descrita, debe predominar, entonces, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor apreciaci\u00f3n legal, esto es, la concerniente a la autoridad judicial del domicilio de cualquiera de los especiales contendientes \u2013a elecci\u00f3n del convocante\u2013, dado que, como ya se dijo, se superpone la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido. <\/p>\n
10. Todav\u00eda m\u00e1s, si se trata de hacer actuar las reglas \u00abgenerales\u00bb a esos conflictos de competencia, debe advertirse que esa condici\u00f3n \u00fanicamente es predicable de la previsi\u00f3n contenida en el numeral 1\u00ba ibidem, que califica como juez competente en los procesos contenciosos al del domicilio del demandado, \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, en cuyo caso entran en juego otros factores, que har\u00edan inaplicable tal directriz, como la prevista en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 de la codificaci\u00f3n procesal, que igualmente constituye un fuero \u00abespecial\u00bb y \u00abprivativo\u00bb. <\/p>\n
Ese criterio de aplicaci\u00f3n preponderante del factor subjetivo que regula el numeral 10\u00ba sobre el 7\u00ba, ambos del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, se ha defendido por la Colegiatura al se\u00f1alar que: <\/p>\n
La significaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n equivale a reconocer que el orden de esos factores consulta exactamente el mayor grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso, lo que permite deducir que es m\u00e1s gravosa la que deriva de la inobservancia del factor subjetivo, puesto que la codificaci\u00f3n actual, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable la competencia por aquel fuero (art\u00edculo 16 ejusdem). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como esta, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido (regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 vinculada con una de car\u00e1cter territorial). <\/p>\n
Si bien alg\u00fan sector de esta Colegiatura sostuvo que, en litigios de esta naturaleza, era aplicable el fuero real del art\u00edculo 28-7 del C\u00f3digo General del Proceso, tal postura fue abandonada a partir de la expedici\u00f3n del auto CSJ AC140-2020, 24 ene., en el que la Sala de Casaci\u00f3n Civil unific\u00f3 su criterio en el sentido que viene indic\u00e1ndose, tras considerar que cuando concurren los dos fueros privativos se\u00f1alados en los numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, prevalece la competencia establecida en consideraci\u00f3n de la calidad de las partes, y a ella se subordina la competencia territorial, pues as\u00ed lo dispone expresamente el art\u00edculo 29 Ib\u00eddem (CSJ AC1400-2022, 7 abril. Rad. 2022-01023-00). <\/p>\n
11. Y no se diga que en dichos eventos existe un vac\u00edo normativo, porque en el estatuto procesal hay una disposici\u00f3n perentoria que asigna la competencia al juez del domicilio del ente territorial o entidad p\u00fablica, pudiendo el actor, como antes se anot\u00f3, elegir v\u00e1lidamente entre el suyo o el de la llamada a juicio, por cuanto el beneficio subjetivo no distingue el extremo procesal en que est\u00e9 la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Pero, aun de aceptarse alguna presunta deficiencia en el \u00e1mbito legal que pudiera existir para fijar la competencia en cabeza de la autoridad judicial en los juicios de expropiaci\u00f3n o servidumbre, cuando los extremos de la litis est\u00e1n integrados por dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas con diferentes asientos, habr\u00e1 que valerse de los criterios de interpretaci\u00f3n contemplados en los c\u00e1nones 26 y siguientes del C\u00f3digo Civil, a fin de escudri\u00f1ar el sentido y alcance de los art\u00edculos 28 (n\u00fam. 10) y 29 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Sobre el particular, huelga se\u00f1alar que: <\/p>\n
Es principio rector de la actividad judicial el indagar por el \u201cverdadero sentido\u201d de las normas jur\u00eddicas, tal como lo manda el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo Civil, estatuto que adem\u00e1s de establecer algunos criterios de interpretaci\u00f3n (textual, l\u00f3gico, hist\u00f3rico, sistem\u00e1tico), proh\u00edbe la que se hace de manera insular para ampliar o restringir la extensi\u00f3n que deba darse a la ley (art\u00edculo 31 Ib\u00eddem). <\/p>\n
Uno de tales criterios considera a las reglas jur\u00eddicas como elementos de un sistema, raz\u00f3n por la que la interpretaci\u00f3n de las mismas se orienta hacia su armonizaci\u00f3n dentro de \u00e9ste, con el fin de evitar incompatibilidad de unas normas con otras, o que \u00e9stas sean contrarias al propio conjunto normativo\u00bb (CSJ SC 19 dic. 2012, rad. 2006-00164-01; criterio reiterado en CSJ SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, resalta la Corte). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, con sano criterio, la Sala ha estimado que \u00abinterpretar va m\u00e1s all\u00e1 de reproducir formalmente las palabras que utiliz\u00f3 el legislador para gobernar una situaci\u00f3n de hecho; en verdad consiste en extraer el contenido de los preceptos a partir de su literalidad, el contexto que sirvi\u00f3 para su proferimiento, las condiciones actuales de aplicaci\u00f3n y su armon\u00eda con la totalidad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (CSJ SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, se subraya). <\/p>\n
11.1. Cumplido esto se tiene que el numeral 10.\u00ba de la primera norma referida dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. <\/p>\n
Del tenor literal de ese precepto se advierte, sin dificultad, que cuando el juicio involucre, con independencia del extremo procesal que ocupe, a una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, o cualquier otra entidad p\u00fablica, su conocimiento debe ser asumido privativamente por el fallador del lugar del domicilio de aquella. <\/p>\n
Dicha atribuci\u00f3n se fortalece con el canon que le sigue (art. 29 C.G.P.), cuya apreciaci\u00f3n no puede desligarse del enunciado anterior, pues justamente impone la prevalencia del criterio subjetivo, cuando predica que: <\/p>\n
\u00abEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes. <\/p>\n
Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
11.2. Sin embargo, si la conclusi\u00f3n que se extrae de la interpretaci\u00f3n literal de aquellos mandatos, no respondiera el interrogante que se presenta en torno a la competencia del juez cuando las partes contendientes est\u00e1n conformadas por dos o m\u00e1s entes estatales, puesto que, aplicando exeg\u00e9ticamente las normas, permitir\u00edan grosso modo que la demanda se pueda radicar en el domicilio de cualquiera de los dos extremos a elecci\u00f3n del demandante, ha de averiguarse c\u00f3mo esas disposiciones se armonizan con las dem\u00e1s pautas que regulan la competencia territorial. <\/p>\n
Para tal labor\u00edo se tiene, que dentro de ese marco de alternativas se destaca, en primer lugar, el ya mencionado numeral 1.\u00ba del canon 28 \u00eddem, norma que puede integrarse perfectamente a los postulados previstos en el numeral 10\u00ba ib\u00eddem y al art\u00edculo 29 ejusdem, porque, de entrada, no desconoce la naturaleza p\u00fablica de las entidades involucradas \u2013como s\u00ed lo hace la aplicaci\u00f3n del fuero real\u2013, m\u00e1s bien, respeta el privativo de que gozan aquellas, ya que, sea el domicilio del ente p\u00fablico demandante o del demandado el sitio para la formulaci\u00f3n de la controversia, no se contradice la exigencia que obliga a dar prevalencia al factor subjetivo o por la calidad de las partes, habilit\u00e1ndose as\u00ed que se radique la competencia tambi\u00e9n en el domicilio del ente llamado a juicio. <\/p>\n
Otra posibilidad, v\u00e1lidamente autorizada, ser\u00eda aplicar la regla quinta del canon 28 \u00eddem, pues los juicios podr\u00edan tambi\u00e9n adelantarse ante la autoridad judicial del asiento principal de la entidad estatal demandada o en su sucursal o agencia, de existir esta, sin contrariarse tampoco la prevalencia de su fuero. <\/p>\n
11.3. S\u00edguese, entonces, que en los juicios de expropiaci\u00f3n o servidumbre, donde los extremos de la litis est\u00e1n integrados por dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, con el prop\u00f3sito de determinar la competencia de la autoridad judicial facultada para adelantar el respectivo tr\u00e1mite, a m\u00e1s del imperativo contenido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, podr\u00e1n tenerse en cuenta los numerales 1\u00ba y 5\u00ba de dicho canon, soluci\u00f3n que est\u00e1 en coherencia con lo dispuesto en el numeral 10\u00ba \u00eddem y el art\u00edculo 29 ejusdem, como ya se dijo. <\/p>\n
12. Tales inferencias encuentran apoyo en la propia g\u00e9nesis del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n que el proyecto de ley (No. 196 de 2011) presentado al Congreso de la Rep\u00fablica, en su texto original incorpor\u00f3 la siguiente hip\u00f3tesis: <\/p>\n
Art\u00edculo 28. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
No obstante, en ejercicio de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa, la redacci\u00f3n de esa pauta fue modificada en la segunda ponencia del proyecto presentada ante la C\u00e1mara de Representantes, con la sola justificaci\u00f3n de \u00abofrecer mayor claridad en torno a la competencia territorial cuando sea parte una entidad p\u00fablica\u00bb (Gaceta del Congreso, A\u00f1o XX, No. 745 de 4 de octubre de 2011), quedando finalmente como en la actualidad se encuentra expresada en la codificaci\u00f3n procesal civil. <\/p>\n
N\u00f3tese, aquella tem\u00e1tica no fue ajena en la elaboraci\u00f3n de la nueva ley de los ritos civiles pues, desde el umbral del proyecto, los redactores, con claridad meridiana, acudieron a la regla general de competencia para remediar los casos en que estuvieran enfrentadas en el litigio entidades p\u00fablicas, asignando el asunto al juez del \u00abdomicilio o (\u2026) la cabecera de la parte demandada\u00bb, eso s\u00ed, siempre otorgando prevalencia al fuero del ente estatal si la contraparte estaba conformada adicionalmente por un particular. <\/p>\n
13. En esas condiciones, echar mano de las reglas de competencia reguladas en los numerales 1\u00ba y 5\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer la competencia territorial en los juicios de expropiaci\u00f3n en los que intervengan dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, se armoniza cabalmente con los art\u00edculos 28 (numeral 10\u00ba) y 29 ibidem, pues permite asignar el asunto, bien a la autoridad judicial del domicilio de la entidad p\u00fablica demandante, ora al del asiento del ente estatal demandado, en todo caso, a elecci\u00f3n de la reclamante, debido al fuero prevalente que ostenta en virtud de las se\u00f1aladas disposiciones. <\/p>\n
14. Es preciso acotar, que no es extra\u00f1o encontrar que las controversias sobre expropiaci\u00f3n y servidumbre se dirijan contra \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios u otra entidad p\u00fablica\u00bb, la cual puede o no tener legitimaci\u00f3n para ser llamada al juicio; empero, en tales eventos no resulta procedente auscultar si estos son o no titulares de derechos reales principales del fundo, conforme lo establece el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, para efecto de definir el juez natural que ha de adelantar dicho juicio. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, por cuanto la Corte carecer\u00eda de potestad, en este especifico escenario, para calificar la legitimaci\u00f3n de las partes pues, de conformidad con el art\u00edculo 139 de la ley adjetiva, el pronunciamiento en esta sede se circunscribe a dirimir el conflicto suscitado entre las autoridades judiciales involucradas en torno al conocimiento de la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
A lo anterior se suma que, calificar la habilitaci\u00f3n del demandado para resistir o no las pretensiones en esa clase de asuntos, ni siquiera es posible realizarlo desde el umbral por el juez de conocimiento, pues conforme al canon 90 ejusdem s\u00f3lo podr\u00e1 rechazar la demanda si carece \u00abde jurisdicci\u00f3n o de competencia o cuando est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla\u00bb e inadmitirla por los precisos motivos enlistados en dicho mandato u otra norma especial, sin que entre estos se encuentre la falta de legitimaci\u00f3n de los contendientes, pues dicho aspecto, de encontrarse ausente, s\u00f3lo permite al juzgador proferir a posteriori una sentencia anticipada que as\u00ed lo declare. <\/p>\n
15. Es evidente, entonces, la inconveniencia de las posiciones precedentes, bien la que intercede por el empleo del fuero real contemplado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, al contrariar frontalmente el art\u00edculo 29 ibidem; ora, la que media por juzgar, de entrada, la legitimaci\u00f3n de los sujetos de la controversia, contraria al canon 139 de la misma obra. <\/p>\n
16. Como colof\u00f3n, estando como est\u00e1 involucrada en uno de los extremos de la litis una entidad que por su naturaleza impone la aplicaci\u00f3n del fuero subjetivo, cuyo domicilio es Bogot\u00e1, muy a pesar de ubicarse el predio objeto de servidumbre en el municipio de Sesquil\u00e9, Cundinamarca, nada obstaba para que el Juzgado Civil Municipal de esta capital asumiera las diligencias e impartiera el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n conforme al curso normal del proceso, de ah\u00ed que, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n a dicho estrado, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, es el competente para asumir el conocimiento del proceso referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que surta su tr\u00e1mite. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquil\u00e9, Cundinamarca y a la parte demandante en el juicio. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
3\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4594-2022 (2022-03322-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC4594-2022 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-03322-00 Bogot\u00e1, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Sesquil\u00e9, Cundinamarca y Treinta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67562","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67562\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}