AC4686-2022 (2022-02931-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4686-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03017-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva y el Despacho Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n interpuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura contra Cristina Narv\u00e1ez Trujillo, Agencia Nacional de Tierras -ANT- y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD-. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada ante el \u00abJuez Civil del Circuito de Neiva (Reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, que se decrete \u00abla expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI, (\u2026) tres (03) zonas de terreno (\u2026) que se segregan de un predio de mayor extensi\u00f3n denominado LOTE No. 4 EL HIGUER\u00d3N, ubicado en la vereda\/Barrio Vega de Oriente, jurisdicci\u00f3n del municipio de Campoalegre, departamento de Huila\u00bb. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00abpor su naturaleza y el territorio o jurisdicci\u00f3n donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
2. Repartida la demanda al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, este \u2013con prove\u00eddo del 18 de julio de 2022- resolvi\u00f3 rechazarla por falta de competencia. Para ello, indic\u00f3 que: <\/p>\n
(…) el suscrito Despacho se declarar\u00e1 incompetente para conocer del presente asunto y en efecto rechazar\u00e1 la demanda, teniendo en cuenta que, en este caso se observa que la demandante, Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, es una entidad p\u00fablica del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, que promueve demanda con pretensiones de expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial del predio denominado LOTE NO. 4 EL HIGUERON, ubicado en la vereda Vega Oriente, Municipio de Campoalegre, Departamento del Huila (…).2 <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites necesarios, el expediente fue entregado al Despacho Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1. No obstante, este, con auto del 11 de agosto del 2022, manifest\u00f3 que no le correspond\u00eda asumir este asunto. Y promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Frente a ello, sostuvo que <\/p>\n
(\u2026) acoge este Juzgado lo analizado en auto AC038-2021 del 20 de enero de 2021, Magistrado Ponente Luis Armando Tolosa, que dispuso: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
\u201cA esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontol\u00f3gica, supone la dejaci\u00f3n de una ventaja (derecho o regla jur\u00eddica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaraci\u00f3n unilateral de voluntad, expresa o t\u00e1cita, encaminada a tal prop\u00f3sito\u201d <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En este orden, con apoyo en el auto tra\u00eddo a colaci\u00f3n considera esta Juzgadora que en el sub-litem prevalece el fuero territorial, escogido por la entidad demandante para la presentaci\u00f3n de la demanda, teniendo en cuenta la ubicaci\u00f3n del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n, tal como se explica en el ac\u00e1pite de cuant\u00eda y competencia, del libelo introductor, aunado a que la entidad expresamente renunci\u00f3 al factor subjetivo que consagra el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P.3 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el conflicto propuesto con base en las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Bogot\u00e1 y Neiva-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez, a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
3. En el caso en concreto, se observa que concurren dos fueros privativos en raz\u00f3n a la competencia territorial. Por un lado, para el caso espec\u00edfico de la expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso fij\u00f3 la competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la Litis. Al respecto, prescribe que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, (\u2026) ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes (\u2026)\u00bb (Se subraya). Y por otro, el numeral 10\u00ba de ese mismo estatuto consagra que cuando en el proceso sea parte una entidad territorial descentralizada por servicios o cualquier entidad p\u00fablica \u00ab(\u2026) conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otras, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026) \u00b4[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026). <\/p>\n
De tal manera que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de expropiaci\u00f3n en que una o ambas partes, como es el caso, sean una entidad p\u00fablica. Lo que implica que, debe ser la ley y no el actor quien ha de elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
4. Para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes (\u2026) Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. As\u00ed fue sentado en prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?4 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite.(CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
5. El asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte, concierne a un proceso de expropiaci\u00f3n sobre un inmueble situado en Campoalegre -circuito judicial de Neiva-, que promovi\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura contra Cristina Narv\u00e1ez Trujillo, Agencia Nacional de Tierras -ANT- y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD-. <\/p>\n
Atendiendo a las consideraciones esgrimidas en precedencia, tenemos que ambos extremos de la litis est\u00e1n conformados por entidades p\u00fablicas. Por un lado, tenemos que la Agencia Nacional de Infraestructura es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb, con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, de acuerdo con el art\u00edculo 2 del decreto 4165 de 2011. Por otro, dentro del extremo demandado encontramos que, la Agencia Nacional de Tierras5 al igual que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas6 tambi\u00e9n son entidades p\u00fablicas. Asimismo, tienen su domicilio en la ciudad de Bogot\u00e17. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, y en cuanto a la renuncia al fuero subjetivo, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como se se\u00f1al\u00f3 en el auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter irrenunciable de las regla de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto a su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella.8 <\/p>\n
7. Por las razones antedichas, se remitir\u00e1 la presente demanda al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida por tratarse del domicilio com\u00fan de las tres entidades p\u00fablicas involucradas en el asunto. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-15, archivo \u201c0003EscritoDemanda2022-234.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0004AutoRechazaCompetencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0010ProponeConflictodeCompetencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 Decreto Ley 2363 de 2015, modificado por la ley 2219 de 2022. Art\u00edculo 1\u00ba: Cr\u00e9ase la Agencia Nacional de Tierras, ANT, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, t\u00e9cnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como m\u00e1xima autoridad de las tierras de la naci\u00f3n en los temas de su competencia. <\/p>\n
6\u0002 Decreto 4801 de 2011, art\u00edculo 1\u00ba: La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, es una Unidad Administrativa Especial, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente, la cual se denominar\u00e1 Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <\/p>\n
7\u0002 Conforme al art\u00edculo 2\u00ba del Decreto Ley 2363 de 2015 (para la Agencia Nacional de Tierras) y el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 4801 de 2011 (para la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas) <\/p>\n
8\u0002 Ver recientemente en AC5036-2021, 27 de octubre de 2021, rad. 2021-03589-00; AC4235-2022, 19 de septiembre de 2022, rad. 2021-01368-00. <\/p>\n
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