AC4734-2022 (2022-03320-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2022-03320-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Doce Civil Municipal de Manizales (Caldas) y Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., dentro del proceso ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real, promovido por el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo en contra de H\u00e9ctor Enrique Pay\u00e1n Botero. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El Fondo Nacional del Ahorro instaur\u00f3 la acci\u00f3n de la referencia ante los juzgados civiles municipales de Manizales, con el fin de que se libre mandamiento de pago respecto del pagar\u00e9 n\u00b0. 75097209. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite denominado \u00abCOMPETENCIA Y CUANT\u00cdA\u00bb, atribuy\u00f3 la competencia a los despachos de esa ciudad al se\u00f1alar: \u00ab(\u2026) en raz\u00f3n a la naturaleza del proceso, la ubicaci\u00f3n del inmueble y por el valor de las pretensiones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El escrito inicial fue asignado al Juzgado Doce Civil Municipal de Manizales, el cual, a trav\u00e9s del auto calendado el 3 de mayo de 2022, rechaz\u00f3 la demanda y declar\u00f3 que carec\u00eda de competencia para tramitar el juicio; por ende, dispuso remitir el expediente a los juzgados civiles municipales de esta ciudad, argumentando que el Fondo Nacional del Ahorro tiene su domicilio principal en Bogot\u00e1, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso; m\u00e1xime cuando dicha entidad no cuenta con sucursal ni agencia en Manizales. <\/p>\n
3.- Sometido el diligenciamiento a reparto, correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., quien, mediante providencia del 9 de junio de 2022, decidi\u00f3 abstenerse de conocer el asunto y, en tal sentido, promovi\u00f3 el conflicto negativo. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que de conformidad con lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, en los asuntos relacionados con sucursales o agencias de las personas jur\u00eddicas de naturaleza estatal, los jueces de esas localidades ejercen una competencia a prevenci\u00f3n, al ser concurrente con la de la sede principal de la entidad; por ende, como la demanda se radic\u00f3 ab initio en Manizales, all\u00ed debe ventilarse el litigio. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, se procede a resolver lo que corresponda previas las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de distintos factores de competencia tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracci\u00f3n o conexidad y el territorial. <\/p>\n
En particular, en virtud del factor territorial, la competencia se determina con sujeci\u00f3n al fuero personal (domicilio del demandado), fuero real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), fuero contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), fuero social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), fuero sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante) y fuero de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
Por ende, existen casos en los que varios fueros pueden concurrir dentro de una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla. <\/p>\n
3.- De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral 1\u00ba constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Ahora bien, en lo que respecta a los procesos donde se ejerciten derechos reales, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem contempla una \u00abcompetencia privativa\u00bb, a trav\u00e9s de la cual le impone el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentren ubicados los bienes, al se\u00f1alar: \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
No obstante, a pesar de existir un fuero real que prevalece sobre el general, el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem impone como regla que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb; por ende, dicho canon, al ser de naturaleza especial, contiene otro fuero privativo que obedece a la calidad de los sujetos que intervienen en la litis. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la ejecuci\u00f3n de un derecho real por parte de una entidad del Estado ser\u00edan competentes, en principio, tanto el juez del domicilio de dicha entidad, como el del lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
Sin embargo, frente a esta concurrencia de foros privativos, la Sala de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (resaltado intencional). <\/p>\n
4.- Conforme a lo expuesto, dado que la parte ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de \u00abuna empresa industrial y comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, del orden nacional\u00bb, con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1, D.C. (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 1132 de 1999), el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, toda vez que, se reitera, prevalece el foro subjetivo al imponerse sobre los dem\u00e1s. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que respecta al argumento esgrimido por el juez de esta ciudad, atinente a que debe aplicarse el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 precitado, se advierte que ello no es posible, toda vez que la competencia asignada por el numeral 10\u00ba es \u00abprivativa\u00bb, en tanto que la del 5\u00ba es \u00aba prevenci\u00f3n\u00bb, siendo tales figuras dispares. <\/p>\n
5.- En ese orden, como el Fondo Nacional del Ahorro tiene su domicilio principal en Bogot\u00e1, tal como se desprende de la informaci\u00f3n suministrada en la demanda, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para conocer la demanda promovida por el Fondo Nacional del Ahorro en contra de H\u00e9ctor Enrique Pay\u00e1n Botero. <\/p>\n
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR esta determinaci\u00f3n al Juzgado Doce Civil Municipal de Manizales (Caldas), as\u00ed como a la promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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