AC4806-2022 (2022-03463-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4806-2022 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de queja formulado por Herlen Rodr\u00edguez N\u00fa\u00f1ez y Carlos Su\u00e1rez Bar\u00f3n frente al auto de 7 de junio de 2022, por medio del cual se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia de 2 de mayo del mismo a\u00f1o, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso reivindicatorio que contra ellos promovi\u00f3 Gloria Patricia Cur\u00ed Osorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo incoativo, se pidi\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del \u00abinmueble ubicado en el corregimiento de Arroyo de Piedra, denominado FARALLONES DOS B\u00bb, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 060-267887. Mediante sentencia de 21 de septiembre de 2021, el a quo accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a los demandados a restituir el inmueble en favor de la demandante. <\/p>\n
2. Apelada la sentencia de primer grado, fue \u00edntegramente confirmada por el Tribunal mediante providencia de 2 de mayo de 2022. <\/p>\n
3. Los demandados interpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, destacando que en este caso era improcedente la exigencia de la cuant\u00eda para recurrir establecida en el art\u00edculo 338 del estatuto adjetivo, toda vez que \u00ablos procesos reivindicatorios del dominio no son ni de mayor o menor cuant\u00eda, por tanto, el valor del inmueble no incide en el tr\u00e1mite del proceso verbal y por no ser materia de controversia el qu\u00e1ntum (sic) sino el derecho real de dominio sobre la cosa objeto de reivindicaci\u00f3n y que adem\u00e1s no hay condena de frutos civiles, por tratarse de un proceso declarativo donde las pretensiones no son esencialmente econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
Aun as\u00ed, se\u00f1alaron que, de considerar que era pertinente acreditar el inter\u00e9s para recurrir, deb\u00eda el ad quem proceder a determinar mediante prueba pericial el valor del predio, nombrando para ello perito auxiliar de la justicia. <\/p>\n
4. Mediante auto de fecha 7 de junio de 2022 se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario, por considerar el colegiado que en este caso no se cumpl\u00eda con el requisito del inter\u00e9s para recurrir debido a que el agravio sufrido no superaba el monto exigido por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A juicio de la magistratura, el inter\u00e9s para recurrir deb\u00eda determinarse con base en los elementos de juicio existentes en el expediente, pues los recurrentes no hicieron uso de la facultad de aportar experticia conducente a la demostraci\u00f3n del monto de su inter\u00e9s dentro del t\u00e9rmino de interposici\u00f3n del recurso. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpese a que el apoderado recurrente manifiesta que el inmueble tiene un valor comercial de m\u00e1s de $3.000.0000.000, no obra en el expediente documento alguno que as\u00ed lo acredite, pues solo obra copia de la escritura p\u00fablica N\u00b0 8670 de 30 de diciembre de 1994, mediante la cual CECILIA OSORIO DE CUR\u00cd vendi\u00f3 a la actora el inmueble ubicado en Arroyo de Piedra, jurisdicci\u00f3n de Cartagena, con un \u00e1rea aproximada de 5 hect\u00e1reas m\u00e1s 2.694 mts2, identificado con M.I 060-143398, con autorizaci\u00f3n del INCORA, por un valor de $ 2.800.000.oo (fl. 7-10 cuadernoprincipal PDF), as\u00ed como la escritura p\u00fablica N\u00b0 1922 de 7 de junio de 2005 mediante el cual la actora celebra contrato de compraventa del 50% bien a favor de OSCAR MEDINA por un valor de $27.500.000.oo (dl. 152 Tomo II), y los dict\u00e1menes adosados nada refieren sobre el valor comercial del inmueble\u00bb. <\/p>\n
5. Los convocados formularon recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de queja, insistiendo en que en este caso deb\u00eda omitirse la exigencia de la cuant\u00eda para recurrir debido a que las pretensiones se centran en el derecho real de dominio y por ende no son esencialmente econ\u00f3micas; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que oportunamente solicit\u00f3 a la magistratura que, si lo consideraba necesario, procediera a determinar el valor del predio mediante prueba pericial. <\/p>\n
Reprocharon que el ad quem no hubiese decretado la prueba, o que al menos hubiese dado a la parte un t\u00e9rmino prudencial para aportarla, como lo establece el art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso. Con todo, aport\u00f3 en esa oportunidad procesal un aval\u00fao comercial con el que pretende demostrar el valor del predio y por esa v\u00eda, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, consider\u00f3 que tampoco acertaban los convocados al sostener que era el Tribunal el que deb\u00eda decretar de oficio la prueba pericial para justipreciar su inter\u00e9s, \u00abpues, evidentemente, el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso traslada a la parte interesada la \u201cfacultad-deber\u201d de concretar el inter\u00e9s econ\u00f3mico o cuant\u00eda para recurrir en casaci\u00f3n, pudiendo, con la interposici\u00f3n del recurso, aportar un dictamen pericial, si lo considera necesario\u00bb; sin embargo, se limitaron a interponer el recurso se\u00f1alando que el predio ten\u00eda un valor de tres mil millones de pesos pero sin allegar, conforme a la norma, dictamen alguno que as\u00ed lo acreditara, siendo aquella una prueba que est\u00e1 en cabeza del interesado, y no del juzgador. <\/p>\n
7. Mantenida la decisi\u00f3n de la colegiatura, llegan las diligencias a esta Corporaci\u00f3n para resolver el recurso de queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para el pronunciamiento. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 30, numeral 3, y 35 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casaci\u00f3n, su procedencia se halla condicionada a la satisfacci\u00f3n de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que el aludido medio de impugnaci\u00f3n \u00ab(\u2026) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta v\u00eda, sino solo aqu\u00e9llas expresamente previstas por el legislador, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuant\u00eda actual del agravio denunciado por el impugnante. <\/p>\n
2.2. Conviene precisar, tambi\u00e9n, que el C\u00f3digo General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnaci\u00f3n extraordinaria en comento, por v\u00eda de ejemplo, ampli\u00f3 el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casaci\u00f3n, desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitaci\u00f3n). <\/p>\n
Asimismo, la normativa procesal actual puntualiz\u00f3 que el importe de la resoluci\u00f3n desfavorable debe ascender, cuanto menos, a 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan s\u00f3lo los fallos pronunciados en acciones de grupo, adem\u00e1s, claro est\u00e1, de aquellos juicios donde el debate aluda a tem\u00e1ticas relativas al estado civil (y que carecen, por lo mismo, de cuant\u00eda), siempre y cuando versen sobre la reclamaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n del mismo o la declaraci\u00f3n de uniones materiales de hecho (art\u00edculos 334 y 338 ejusdem). <\/p>\n
3. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 338 del estatuto procesal civil, \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, entonces, refiere a la estimaci\u00f3n cuantitativa de la resoluci\u00f3n desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concepto que \u00ab(…) est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (\u2026) a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo\u00bb (AC7638-2016, 8 nov.). <\/p>\n
Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinar\u00e1 a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisi\u00f3n impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensi\u00f3n integral, y atendidas las singularidades del caso. As\u00ed lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala: <\/p>\n
\u00ab(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos\u00bb (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
As\u00ed, la actualidad de la afectaci\u00f3n, en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnaci\u00f3n, la cual debe apreciarse con estricta sujeci\u00f3n a la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, en tanto que \u00abs\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (CSJ AC924-2016, 24 feb.). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, los recurrentes se vieron afectados por la prosperidad de las pretensiones de reivindicaci\u00f3n del dominio del inmueble del que eran poseedores, y por la consecuente orden de restituci\u00f3n de dicho inmueble a favor de la demandante. <\/p>\n
Esas pretensiones tienen un claro componente patrimonial, sobre el que la Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) trat\u00e1ndose del proceso reivindicatorio, en principio, la apreciaci\u00f3n del fundo objeto del mismo ser\u00e1 la variable que define el inter\u00e9s jur\u00eddico del casacionista. Lo anterior, porque las pretensiones econ\u00f3micas en el se\u00f1alado juicio se relacionan con la declaraci\u00f3n del dominio y reintegro de la posesi\u00f3n de un inmueble a su due\u00f1o, por definici\u00f3n estimable econ\u00f3micamente, siendo su valor el agravio que el fallo cause a las partes, seg\u00fan corresponda\u00bb (CSJ AC2713-2020, reiterado, entre otros, en AC725-2021). <\/p>\n
En asuntos como este, la Corte ha sido clara al reiterar que, as\u00ed partan de unas pretensiones declarativas, los procesos reivindicatorios tienen una incidencia econ\u00f3mica, pues el \u00e9xito o fracaso de tales pedimentos tienen una repercusi\u00f3n pecuniaria para las partes. As\u00ed, el agravio que la sentencia impugnada caus\u00f3 a los demandados est\u00e1 dado por la condena a restituir el bien a su propietaria, siendo el valor de dicho inmueble el que permitir\u00eda estimar el monto de la lesi\u00f3n sufrida ante la prosperidad del petitum. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al que hoy se analiza, consider\u00f3 la Corte: <\/p>\n
\u00abEn realidad, la inconformidad de la impugnante radic\u00f3 en que el tribunal se hubiera dado a la tarea de verificar el cumplimiento de la comentada exigencia econ\u00f3mica, pues, en su sentir, tal pauta resulta ajena a los procesos reivindicatorios, dada su connotaci\u00f3n \u00absimplemente declarativa\u00bb. No obstante, ese planteamiento no resulta de recibo, puesto que la acci\u00f3n de dominio est\u00e1 orientada a recomponer el patrimonio del propietario-demandante, mediante la consolidaci\u00f3n de un atributo de su derecho de propiedad que le ha sido arrebatado por un tercero, de donde puede colegirse que el petitum reivindicatorio reviste naturaleza esencialmente econ\u00f3mica\u00bb (CSJ AC1777-2021, 5 dic.). <\/p>\n
En tal virtud, no es de recibo el argumento de los inconformes seg\u00fan el cual las pretensiones en este asunto son estrictamente declarativas y, por ende, sin incidencia econ\u00f3mica. En consecuencia, era necesario demostrar que el perjuicio irrogado a los se\u00f1ores Herlen Rodr\u00edguez N\u00fa\u00f1ez y Carlos Su\u00e1rez Bar\u00f3n superaba el monto del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n que establece el ordenamiento civil para viabilizar este medio de impugnaci\u00f3n extraordinario. <\/p>\n
4.2. El art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la cuant\u00eda del agravio se determina con los elementos de juicio obrantes en el proceso, o mediante dictamen pericial aportado oportunamente por los recurrentes, quienes tienen la facultad de allegarlo si lo consideran necesario. <\/p>\n
En este caso, consta en el expediente que los demandados no aportaron experticia alguna al momento de interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n1, de modo que la determinaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir deb\u00eda concretarse con base en los elementos de juicio que, para ese momento, se encontraban en el expediente. <\/p>\n
Obran en el proceso actos escriturarios, el primero por un valor de $2.800.000 y el segundo de $27.500.000, siendo hu\u00e9rfano el dossier de otros medios de convicci\u00f3n que apunten a determinar el valor del inmueble en disputa2. En consecuencia, al no existir elementos de juicio que permitan concluir que se cumple con la cuant\u00eda m\u00ednima exigida para recurrir en casaci\u00f3n, el remedio extraordinario no pod\u00eda abrirse paso, como acertadamente lo consider\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Corte de manera consistente: <\/p>\n
\u00abPor dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales el art\u00edculo 339 ib\u00eddem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simult\u00e1neamente con la interposici\u00f3n del embate o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia.\u00bb. (CSJ AC3893-2018, 12 sep.). <\/p>\n
Respecto a la extemporaneidad del dictamen, ha considerado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, sin hesitaci\u00f3n, no hay lugar a tramitaciones adicionales como en el anterior c\u00f3digo, pues simplemente debe establecerse el quantum del inter\u00e9s para recurrir \u00abcon los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb, esto es, con los medios que est\u00e9n presentes en el momento de decidir, sin perjuicio de que el recurrente, si lo estima necesario, pueda aportar un dictamen; pero por supuesto que esta facultad del interesado debe ejercerse con diligencia al interponer el recurso, que no despu\u00e9s, cuando ya se le hubiese denegado, precisamente porque la norma prev\u00e9 que el magistrado del tribunal respectivo, bien sea con los factores de persuasi\u00f3n presentes en el legajo, o ya con el dictamen que allegue el recurrente, tiene que decidir \u00abde plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. (CSJ AC4423-2017, 13 jul.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como quiera que los recurrentes aportaron la prueba pericial de manera extempor\u00e1nea, esto es, cuando ya hab\u00eda fenecido la oportunidad procesal para ello, aquella no pod\u00eda ser tenida en cuenta por el Tribunal. <\/p>\n
4.4. Precisado lo anterior, refulge que la queja no puede abrirse camino, puesto que en el expediente no obran medios de prueba oportunamente aportados que indiquen que el valor del inmueble objeto de la declaraci\u00f3n de reivindicaci\u00f3n sea superior a 1000 SMLMV; por el contrario, los elementos de juicio constatados por la colegiatura de segundo grado informan que su valor asciende a una suma bastante inferior a la prevista para recurrir en casaci\u00f3n y el dictamen que buscaba acreditar lo contrario, fue aportado por fuera de la oportunidad procesal prevista para ello y por lo tanto, no puede ser tenido en cuenta. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El recurso de casaci\u00f3n fue bien denegado, pues no se acredit\u00f3 conforme lo establecen las normas procesales que el desmedro patrimonial que se le habr\u00eda generado a los recurrentes con el fallo de segundo grado superara el monto exigido para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados frente a la sentencia de 2 de mayo de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer justificadas (art\u00edculo 365, numeral 8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO. DEVU\u00c9LVASE la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 62 al 72, cuaderno principal. <\/p>\n
2\u0002 Adem\u00e1s, al revisar los dict\u00e1menes adosados en el juicio y obrantes a folios 71 al 135 del Cuaderno 3, Tomo II, nada dicen sobre el valor de ese bien. <\/p>\n
3\u0002 Folios 82 al 120 cuaderno principal. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4806-2022 (2022-03463-00) AC4806-2022 Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de queja formulado por Herlen Rodr\u00edguez N\u00fa\u00f1ez y Carlos Su\u00e1rez Bar\u00f3n frente al auto de 7 de junio de 2022, por medio del cual se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67636","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67636","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67636"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67636\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}