AC4836-2022 (2022-03113-00)<\/p>\n
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AC4836-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03113-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y el Despacho Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, atinente al conocimiento de la acci\u00f3n popular instaurada por Augusto Becerra contra Bancolombia. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En defensa del bien colectivo, el demandante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de la entidad bancaria, argumentando que \u00abno cuenta en sus inmuebles donde presta el servicio al p\u00fablico a nivel pa\u00eds, con ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas\u00bb1. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la vulneraci\u00f3n ocurr\u00eda en la \u00abAvenida Pradilla No.\/-03 CHIA (CUND)\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que el domicilio de la accionada es en \u00aben el municipio de La Virginia Rda\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, solicit\u00f3 que se ordene a la sociedad accionada que \u00abconstruya unidad sanitaria p\u00fablica apta para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas\u00bb2. <\/p>\n
2. El escrito inicial fue asignado al Despacho Promiscuo del Circuito de la Virginia, el cual, con prove\u00eddo del 4 de marzo de 2021 admiti\u00f3 la demanda3. Posteriormente, por auto del 22 de abril de 2021 declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular por falta de competencia. En consecuencia, remiti\u00f3 el expediente a los Juzgados de Zipaquir\u00e1. Para ello, expuso que: <\/p>\n
aunque el actor popular decidi\u00f3 presentar estas acciones populares ante el Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia- Risaralda, tal proceder no se ajusta a las opciones que le otorga el art\u00edculo 16 de la Ley 471 de 1998, pues dicho funcionario no es el juzgador del territorio de ocurrencia de los hechos narrados, ni el del domicilio principal de la demandada, por cuanto pese a que en este municipio existe un corresponsal bancario de la entidad financiera accionada, ese motivo no es suficiente para que se radique el conocimiento sobre el asunto en esta localidad, como quiera que la norma no establece dicho factor como determinante para fijar la competencia en las acciones populares. <\/p>\n
Se desprende entonces de los analizado que, este Despacho no es el competente para conocer de las acciones populares impetradas por UNER AUGUSTO BECERRA LARGO; en consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir de su admisi\u00f3n, y en su lugar se rechazar\u00e1n y se ordenar\u00e1 su env\u00edo a los Juzgados Civiles del Circuito de ZIPAQUIR\u00c1 CUNDINAMARCA, a fin de que sean tramitadas all\u00ed, por tratarse de CH\u00cdA CUNDINAMARCA, la municipalidad en la que se encuentran ubicadas las Sedes de la entidad bancaria en la que se presenta la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos alegados en el escrito de demanda.4 <\/p>\n
3. Inconforme con esa decisi\u00f3n, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n. No obstante, con auto del 18 de junio de 20215, el juez resolvi\u00f3 mantener su postura. <\/p>\n
4. Cumplidos los tr\u00e1mites necesarios, el expediente fue entregado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1. No obstante, con prove\u00eddo del 5 de agosto de 2021, opt\u00f3 por manifestar que no le correspond\u00eda asumir este asunto. Y promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Frente a ello, sostuvo que <\/p>\n
al advertirse que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, conoci\u00f3 de la demanda objeto de estudio en esta oportunidad, respecto de la cual profiri\u00f3 auto admisorio (archivo \u201c0003AutoAdmisorio\u201d), no le resulta admisible que de manera espont\u00e1nea y aut\u00f3noma resuelva posteriormente no ser el competente, cuando dicho an\u00e1lisis debi\u00f3 efectuarse de manera previa a su admisi\u00f3n, luego de lo cual, ya le compete resolver dicho asunto. Mem\u00f3rese que en este caso la competencia debe quedar prorrogada hasta tanto se integre la litis, y de ser el caso, en dicha oportunidad puede dar aplicaci\u00f3n a lo previsto inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C. G. del P.6 <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el conflicto propuesto con base en las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Pereira y Cundinamarca-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico establece factores de competencia para definir a qu\u00e9 funcionario judicial le corresponde el conocimiento de determinado asunto. Trat\u00e1ndose de acciones populares, el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, establece que \u00abser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
La Corte, en un pronunciamiento que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed analizado, tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que: <\/p>\n
[L]a rese\u00f1ada norma consagra un evento de \u201cconcurrencia de fueros\u201d, que en el \u00e1mbito del \u201cfactor Territorial\u201d posibilitan al \u201cactor popular\u201d la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n ha explicado en reiteradas oportunidades, se\u00f1alando que \u201cel gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno s\u00f3lo de los fueros o de varios de ellos, (\u2026), evento ante el cual, iterase, le corresponder\u00e1, a su arbitrio, determinar por cu\u00e1l de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos t\u00e9rminos deja definida la competencia, la que, por excepci\u00f3n, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos id\u00f3neos refuta la atribuci\u00f3n efectuada por el demandante. (CSJ AC013-2016, 12 de enero de 2015, rad. 2015-03159; reiterado en AC3888-2022, 31 de agosto de 2022, rad. 2022-02780-00). <\/p>\n
El anterior lineamiento, atribuye al actor popular la facultad de definir ante que autoridad jurisdiccional ventila el asunto. Por supuesto, teniendo como opciones el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado -a prevenci\u00f3n del gestor-. Una vez materializada dicha escogencia, resulta vinculante para el funcionario ante el cual se efect\u00faa. <\/p>\n
3. En el caso en concreto, la Sala advierte que no se configura el cumplimiento del factor territorial mencionado. Por una parte, el actor present\u00f3 la acci\u00f3n en el supuesto domicilio de la demandada -La Virginia-. Y por otra, el lugar consignado como de ocurrencia de los hechos fue Ch\u00eda -Cundinamarca-. No obstante, inexplicablemente el actor radic\u00f3 la demanda en la Virginia, no siendo esta municipalidad ni el domicilio principal de la entidad demandada7, ni el lugar de consumaci\u00f3n de los eventos presuntamente vulneradores de derechos colectivos. <\/p>\n
Empero, el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia no se percat\u00f3 de dichas circunstancias. Por el contrario, mediante auto del 4 de marzo de 2021, dio por acreditados los requisitos del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 y avoc\u00f3 conocimiento de la demanda. En el punto, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
(…) Al juzgador, \u2018en l\u00ednea de principio, le est\u00e1 vedado sustraerse por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumi\u00f3, pues una vez admitida la demanda, s\u00f3lo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del proceso. Dicho de otro modo, \u2018en virtud del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto. \u201cSi el demandado (…) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla… (CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02913-00). <\/p>\n
4. Bajo dicha hermen\u00e9utica y revisadas las actuaciones jurisdiccionales, se evidencia que el funcionario judicial al avocar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n asumi\u00f3 su competencia. Por tanto, no pod\u00eda a su arbitrio separarse del conocimiento del asunto, a menos que el demandado hubiese cuestionado dicho proceder, circunstancia que no acaeci\u00f3. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha indicado que: <\/p>\n
Una vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente.8 <\/p>\n
Asimismo, en un caso de an\u00e1logo temperamento, destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026una vez el caso fue admitido por el prenombrado estrado judicial de La Virginia, \u00e9ste se equivoc\u00f3 al repelerlo, desconociendo el principio de la perpetuatio jurisdictionis, de manera que se le remitir\u00e1 para que contin\u00fae el tr\u00e1mite que legalmente corresponda y se pondr\u00e1 al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada (…). (CSJ AC2959-2021, 22 jul. rad. 2021-02330-00). <\/p>\n
5. Por estas razones, se remitir\u00e1 la acci\u00f3n popular al Despacho Promiscuo del Circuito de la Virginia, para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento de la acci\u00f3n popular de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c0002EscritoDemanda.docx\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0003AutoAdmisorio.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c0005AutoDeclaraNulidad.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c0008ResuelveRecurso.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c0014Autoproponeconflictocompetencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n