AC4845-2022 (2022-03356-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4845-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03356-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo y el Despacho Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n interpuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- contra Jorge Ignacio Berm\u00fadez Espinosa. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada ante el \u00abJUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE TURBO -REPARTO\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, que se decrete \u00abla expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INSFRAESTRUCTURA de un \u00e1rea de terreno (\u2026) hace parte de un inmueble en mayor extensi\u00f3n denominado \u201cFINCA LA ILUSION\u201d, en la vereda la Esperanza del municipio de Turbo del departamento de Antioquia (\u2026)\u00bb. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00abPor el lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
2. Repartida la demanda al Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbo, este \u2013con prove\u00eddo del 18 de febrero de 2021- resolvi\u00f3 admitirla2. Posterior a esto, el 13 de julio de 2022, declar\u00f3 su falta de competencia para conocer del proceso. Y argument\u00f3 que: <\/p>\n
Frente a la naturaleza jur\u00eddica de la parte demandante encuentra esta dependencia que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, es una agencia nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1, D. C. (D-4165\/2011, art. 1 y 2) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, acogiendo sobre el tema la tesis mayoritaria adoptada como criterio de unificaci\u00f3n por parte de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue expuesta en precedencia, se avizora la falta de competencia de este despacho para seguir tramitando el asunto de la referencia. Teniendo en cuenta que a\u00fan no se ha proferido sentencia, se conservara\u0301 la validez de lo hasta aqu\u00ed actuado y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, por ser el asunto de su competencia. (CGP, art. 20-5; art. 28-10; art. 29).3 <\/p>\n
3. Inconforme con esa decisi\u00f3n, la parte demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, con auto del 28 de julio de 20224, el juez la rechaz\u00f3 de plano. <\/p>\n
4. Cumplidos los tr\u00e1mites necesarios, el expediente fue entregado al Despacho Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1. No obstante, en auto del 15 de septiembre del 2022, manifest\u00f3 que no le correspond\u00eda asumir este asunto. Y promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Frente a ello, sostuvo que <\/p>\n
(\u2026) este Juzgado no avocara\u0301 el conocimiento del asunto, como quiera que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 7\u00b0 del art 28 del CGP, en los procesos de expropiaci\u00f3n ser\u00e1 competente de modo privativo, el Juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, en este caso Turbo. La demanda de expropiaci\u00f3n solo puede ser interpuesta por una entidad p\u00fablica, nunca por un particular, luego no puede pretenderse que la competencia de las expropiaciones sea exclusivamente de los Juzgados ubicados en el Distrito Capital, eso implica una carga desproporcional e innecesaria que se suma a la congesti\u00f3n que ya tienen los Juzgados de la ciudad de Bogot\u00e1.5 <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el conflicto propuesto con base en las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Antioquia y Bogot\u00e1-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez, a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
3. Se observa en el presente caso, que concurren dos fueros privativos en raz\u00f3n de la competencia territorial. Por un lado, para el caso espec\u00edfico de la expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso fija la competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la Litis. Al respecto, prescribe que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, (\u2026) ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes (\u2026)\u00bb (Se subraya). Y por otro, el numeral 10\u00ba de ese mismo estatuto consagra que cuando en el proceso sea parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o cualquier entidad p\u00fablica \u00ab(\u2026) conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otras, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026) \u00b4[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026). <\/p>\n
De tal manera que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de expropiaci\u00f3n en que una de las partes sean una entidad p\u00fablica, lo que implica que debe ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
4. Para dirimir este tipo de asuntos, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes (\u2026) Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. As\u00ed fue sentado en prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?6 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite.(CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejerciten derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de esta, como regla de principio. <\/p>\n
5. El caso en concreto, concierne a un proceso de expropiaci\u00f3n sobre un inmueble situado en el municipio de Turbo -Antioquia-, que promovi\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura contra Jorge Ignacio Berm\u00fadez Espinosa. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones esgrimidas en precedencia, y por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb, la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1, acorde con el art\u00edculo 2 del Decreto 4165 de 2011. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, y en cuanto a la renuncia al fuero subjetivo, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como se se\u00f1al\u00f3 en el auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter irrenunciable de las regla de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella.7 <\/p>\n
7. Por las razones antedichas, se remitir\u00e1 la presente demanda al Juzgado con asiento en la ciudad de Bogot\u00e1 a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Primero Civil del Circuito de Turbo, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1- 23. Archivo \u201c01Demanda.pdf\u201d carpeta \u201c05837310300120210002600Expropiacio\u0301n\u201d de la carpeta \u201c001ExpedienteRemitidoPorCompetencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c03AutoAdmite .pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c32DeclaraFaltaDeCompetencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c36AutoRechazaRecurso.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo\u201d 005AutoRechazaDemandaPropConflicto.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
7\u0002 Ver recientemente en AC5036-2021, 27 de octubre de 2021, rad. 2021-03589-00 y AC4235-2022, 19 de septiembre de 2022, rad. 2021-01368-00. <\/p>\n
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