AC4852-2022 (2022-03540-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4852-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-03540-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de La Virginia, Risaralda y Segundo Civil Municipal de Ipiales, Nari\u00f1o. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n, la Cooperativa Multiactiva Nacional de Garant\u00edas Solidarias present\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Alejandra Vera Mar\u00edn, con el fin de obtener el pago de la obligaci\u00f3n crediticia respaldada con el pagar\u00e9 No. 60002470. <\/p>\n
2. En el libelo, el gestor indic\u00f3 que el asunto deb\u00eda ser tramitado en dicha localidad, \u00abPor la cuant\u00eda y el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, [archivo digital 03]. <\/p>\n
3. La oficina judicial receptora rechaz\u00f3 el conocimiento del asunto en auto de 30 de agosto de 2022 y orden\u00f3 su remisi\u00f3n a sus hom\u00f3logos de Ipiales, por ser ese el lugar de domicilio de la demandada, pues, aunque la ejecutante opt\u00f3 por el factor correspondiente al fuero contractual para presentar su demanda, lo cierto es que, el espacio dispuesto en el pagar\u00e9 base de recaudo para establecer el lugar en que se ejecutar\u00eda la obligaci\u00f3n fue diligenciado caprichosamente por aquella, habida cuenta que, el municipio se\u00f1alado no tiene ninguna relaci\u00f3n con la causa, ni corresponde al domicilio del acreedor original o del endosatario, es decir, \u00abno hay absolutamente ning\u00fan dato que permite vincular el municipio de la Virginia con las partes o el contenido de la obligaci\u00f3n que se reputa incumplida\u00bb, [archivo digital 05]. <\/p>\n
4. Al recibir las diligencias, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales tambi\u00e9n se apart\u00f3 del conocimiento, aduciendo que, si bien en el ac\u00e1pite de notificaciones se indic\u00f3 dicho lugar como el domicilio de la demandada, lo cierto es que la direcci\u00f3n citada no existe, debiendo entonces el juez inicial, acatar el deseo de la proponente, [archivo digital 07]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, a voces del numeral 3\u00ba del mismo canon \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
3. Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad que, en materia de litigios derivados de un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos valores, el legislador estableci\u00f3 una concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias. De esta manera, se encuentra, de un lado, el domicilio del demandado y si son varios, cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del interesado; y, de otra parte, tambi\u00e9n converge el sitio de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas entre los contendientes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u2018alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u2019 (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00)\u00bb (CSJ AC1439-2020, 13 jul., rad. 2020-00875-00). <\/p>\n
4. Trat\u00e1ndose de t\u00edtulos valores esa fijaci\u00f3n de competencia se determina de la literalidad del t\u00edtulo, cuando en \u00e9l se indique expresamente el lugar donde deber\u00e1 realizarse el pago y a falta de dicha estipulaci\u00f3n, \u00e9sta se podr\u00e1 establecer a partir de la regla contenida en el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual \u00ab[s]i no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo ser\u00e1 el del domicilio del creador del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, en aplicaci\u00f3n del precepto legal referido, en lo que hace al pagar\u00e9 lo ser\u00e1 el domicilio del deudor, habida cuenta que en esta tipolog\u00eda de cartular es este quien ostenta la calidad de \u00abcreador\u00bb, amen que seg\u00fan lo precisa la doctrina \u00abel acto de creaci\u00f3n consiste en una declaraci\u00f3n que se hace con un inter\u00e9s, en una hoja de papel, precisando los elementos particulares requeridos seg\u00fan la especie de relaci\u00f3n de que se trate y conforme con los requisitos que la ley exige para que el documento tenga aptitud para circular como t\u00edtulo representativo de una obligaci\u00f3n determinada del declarante, ya sea en la forma de t\u00edtulo al portador, a la orden, o nominativo\u00bb1; de suerte que, consignar en una hoja de papel la promesa de pagar incondicionalmente un suma de dinero, en un plazo determinado, constituye una manifestaci\u00f3n de voluntad, con la cual, el sujeto que la realiza, crea el t\u00edtulo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha ratificado esta Colegiatura, al se\u00f1alar en asuntos de similar temperamento, que: <\/p>\n
No est\u00e1 de m\u00e1s observar que a falta de estipulaci\u00f3n sobre este \u00faltimo aspecto, efectivamente el art\u00edculo 621 mercantil sent\u00f3 el criterio que es el domicilio del creador del t\u00edtulo, pero que en su establecimiento el juzgador nuevamente extravi\u00f3 el camino al indicar que este es acreedor, cuando lo cierto es que \u201cpara efectos del pagar\u00e9 el creador del t\u00edtulo es el deudor de la obligaci\u00f3n\u201d (AC1716-2022) (Resalta la Corte, AC1970-2022, 17 may.) <\/p>\n
5. En el sub lite, no hay duda en cuanto a que el litigio planteado por la Cooperativa Multiactiva Nacional de Garant\u00edas Solidarias -en su condici\u00f3n de endosataria en propiedad de Financiera Juriscoop S.A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento- est\u00e1 dirigido a obtener el pago de la suma contenida en un t\u00edtulo valor suscrito por Alejandra Vera Mar\u00edn como deudora, de ah\u00ed que, concurren dos fueros: el general, previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y, el especial, contemplado en el numeral 3\u00ba ibidem. <\/p>\n
Ante esa disyuntiva, la acreedora opt\u00f3 por radicar la causa ante los jueces de La Virginia, Risaralda, fundado en el contenido literal del instrumento cambiario, que se\u00f1ala que el pago de la acreencia se har\u00eda \u00aben las oficinas de FINANCIERA JURISCOOP en la ciudad de La Virginia\u00bb, lo cual se presume ajustado a la expresa autorizaci\u00f3n contenida en el documento base de recaudo, que en el ac\u00e1pite titulado \u00abINSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO\u00bb, numeral \u201c4)\u201d se\u00f1ala que \u00abEl lugar de pago del pagar\u00e9 ser\u00e1 aquel donde se efect\u00fae el cobro\u00bb [folio 15, archivo digital 03], por manera que, una vez la ejecutante eligi\u00f3 al referido juzgador y formul\u00f3 all\u00ed su demanda, compet\u00eda al funcionario seleccionado impartir la tramitaci\u00f3n correspondiente, ya que satisfechas aquellas prerrogativas no podr\u00eda este modificar un acto procesal de parte ejecutado con sujeci\u00f3n a los preceptos legales, m\u00e1xime que en virtud del principio de literalidad de los t\u00edtulos valores cualquier debate respecto del contenido material del t\u00edtulo, es asunto que se deber\u00e1 rebatir a trav\u00e9s de los medios ordinarios de defensa que para efecto prev\u00e9 el ordenamiento procesal. <\/p>\n
6. En efecto, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia Risaralda, en abierto desconocimiento de las pautas legales referidas y de la voluntad del interesado, resolvi\u00f3 erradamente abstenerse de asumir el conocimiento del pleito ejecutivo, so pretexto de que la elecci\u00f3n fue \u201ccaprichosa y artificial\u201d, debido a la redacci\u00f3n de la instrucci\u00f3n dada para la fijaci\u00f3n del lugar de pago que, en su sentir, habilitar\u00eda a cualquier juez del territorio nacional y el hecho de que ni la demandante ni el demandado tienen domicilio en ese lugar, lo que hac\u00eda \u00abimposible jur\u00eddicamente que el lugar de cumplimiento lo sea el municipio de La Virginia\u00bb. <\/p>\n
7. Es claro, que el funcionario de la Virginia, pas\u00f3 por alto el principio de literalidad de los t\u00edtulos valores, y el hecho puntual de que los cuestionamientos sobre la eficacia de la instrucci\u00f3n dada sobre el lugar de pago de la acreencia es aspecto reservado por la ley al deudor, motivo por el cual al se\u00f1alar expresamente el cartular que el pago se har\u00eda en La Virginia no pod\u00eda v\u00e1lidamente declinar la competencia que el acreedor le asignara, en ejercicio de la potestad que la concurrencia de fueros le confiri\u00f3 y que, en principio, se ajusta a derecho. <\/p>\n
8. En ese orden, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia Risaralda para que d\u00e9 curso al litigio. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia Risaralda es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales, Nari\u00f1o y a la demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Asquini, Titoli di credito, en \u201cLexioni di Diritto Commereciale\u201d, Padova, Cedan, 1951, p\u00e1g. 5. Citado por Mu\u00f1oz Luis. Derecho Comercial T\u00edtulos Valores Tipograf\u00eda Editora Argentina. 1973, P\u00e1g. 86. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4852-2022 (2022-03540-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC4852-2022 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-03540-00 Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de La Virginia, Risaralda y Segundo Civil Municipal de Ipiales, Nari\u00f1o. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67660\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}