AC4908-2022 (2022-03156-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4908-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03156-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por Ana Elizabeth Mari\u00f1o Leal, respecto de la sentencia n.\u00b0 00039 de 2011 proferida por el Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n.\u00ba 7 de Collado Villalba, Madrid, Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 12 de septiembre de 2022, por intermedio de apoderado judicial, se deprec\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo del ep\u00edgrafe, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio entre la solicitante y \u00abNorberto Andrada (sic) Morales\u00bb. <\/p>\n
2. Con el libelo genitor se anexaron, por v\u00eda digital, los siguientes documentos: \u00ab01. Demanda\u00bb; \u00ab02. Sentencia\u00bb; \u00ab03. poder\u00bb y \u00ab04. Registros Civiles de Matrimonio y Nacimiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica y reciprocidad entre los Estados, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n. <\/p>\n
En Colombia los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requisitos que deben satisfacerse para el reconocimiento, algunos de los cuales se transcriben a continuaci\u00f3n, en cuanto resultan relevantes para el caso bajo estudio: <\/p>\n
La desatenci\u00f3n del anterior requerimiento conduce a que el estudio del pedimento se cierre de plano, ante la inviabilidad de que la Corte pueda adentrarse a evaluar un prove\u00eddo sobre el que no se tiene certeza sobre su car\u00e1cter definitivo y sobre el que no se ha satisfecho el requisito de legalizaci\u00f3n, como lo dispone expresamente el numeral 2\u00b0 del canon 607 ibidem. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, la presente solicitud deber\u00e1 rechazarse por no satisfacer las exigencias prenotadas, huelga puntualizarlo, por cuanto (I) no se alleg\u00f3 la constancia de que la sentencia a homologar est\u00e1 debidamente ejecutoriada en el pa\u00eds de proferimiento y (II) falt\u00f3 aportar la sentencia legalizada. <\/p>\n
2.1. Sobre el primer aspecto conviene rememorar que, para demostrar la definitividad de las sentencias provenientes del Reino de Espa\u00f1a, el marco regulatorio aplicable es el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, suscrito entre dicho pa\u00eds y Colombia, Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles, el cual prescribe que la ejecutoria \u00abse comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia], siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 2). <\/p>\n
2.1.1. Se trata de un caso de tarifa legal, por imponer una \u00fanica probanza para acreditar el car\u00e1cter final de un prove\u00eddo emitido por un sentenciador espa\u00f1ol, de all\u00ed que su omisi\u00f3n no puede ser suplida de ninguna forma. <\/p>\n
La obligatoriedad de esta exigencia ha sido puesta de presente por la Corporaci\u00f3n en multiplicidad de casos, a saber: <\/p>\n
A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial, el se\u00f1alado instrumento [se refiere al tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908 entre Colombia y el Reino de Espa\u00f1a] reclama que es necesario aportar un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n. (SC661, 3 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2017-00852-00). <\/p>\n
Tesis que tambi\u00e9n est\u00e1 contenida en los fallos SC5194 del 18 de diciembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2020-00368-00) y SC 2918 del 1\u00ba de agosto de 2019 (rad. n.\u00b0 2019-00928-00), entre muchos otros, los cuales ratifican la doctrina probable sobre la materia. <\/p>\n
2.1.2. En desatenci\u00f3n de la anterior directriz se tiene que, junto al libelo genitor del presente tr\u00e1mite, no se adjunt\u00f3 el documento emanado de la autoridad antes mencionada, con el fin de comprobar la ejecutoria, haci\u00e9ndose imperioso repelar el tr\u00e1mite in limine. <\/p>\n
Omisi\u00f3n que no puede ser suplida por la manifestaci\u00f3n realizada por la autoridad judicial de Collado Villalba, Madrid, Reino de Espa\u00f1a, pues, como ya se explic\u00f3, el \u00fanico instrumento persuasivo habilitado para demostrar la definitividad del veredicto extranjero es la certificaci\u00f3n tantas veces citada, siendo inconducente cualquier otro medio suasorio. <\/p>\n
2.2. En cuanto se refiere al segundo requisito, se tiene por pac\u00edfico que la sentencia a homologar y dem\u00e1s documentos suscritos por autoridades extranjeras, deben ser allegados con la legalizaci\u00f3n para reconoc\u00e9rsele poder demostrativo, como expresamente lo se\u00f1ala el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En el mismo sentido, y como forma de ratificaci\u00f3n, el transcrito numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del C.G.P. exige que el fallo a reconocer \u00abse presente en copia debidamente legalizada\u00bb, so pena de rechazo. <\/p>\n
En el sub lite, La providencia de divorcio \u00abGK1663322\u00bb fue aportada con el sello notarial de \u00abMar\u00eda Eugenia Reviriego Pic\u00f3n\u00bb y una constancia expedida por la misma funcionaria, quien indica ser notaria en la ciudad de Madrid, y da fe sobre la identidad de la sentencia con las copias arrimadas. Sin embargo, dicha documentaci\u00f3n carece de apostilla, \u00fanico mecanismo permitido para la legalizaci\u00f3n de documentos provenientes de autoridades for\u00e1neas. <\/p>\n
Total, seg\u00fan la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, la apostilla es el instrumento que permite dar cuenta de \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3); norma aplicable a este caso por ser el Reino de Espa\u00f1a y Colombia suscriptores de la misma1. <\/p>\n
Por lo expuesto se rechazar\u00e1 la solicitud de reconocimiento, en aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 607 del actual estatuto adjetivo. <\/p>\n
3. Con todo, encuentra este Despacho que resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de homologaci\u00f3n: <\/p>\n
3.1. La sentencia a homologar se trajo incompleta, pues el archivo digital que la contiene tan solo muestra la primera p\u00e1gina del fallo, que contiene la identificaci\u00f3n de las partes y los antecedentes de hecho, circunstancia que por sustracci\u00f3n de materia no permite verificar los siguientes requisitos materia de exequatur: <\/p>\n
(I) Que no verse sobre derechos reales constituidos en Colombia (art\u00edculo 606 numeral 1\u00ba); <\/p>\n
(II) Que no sea contraria al orden p\u00fablico colombiano, pues si bien el encabezado del fallo refiri\u00f3 que se trataba de un divorcio de mutuo acuerdo, no puede constatarse la parte resolutiva del fallo que as\u00ed lo confirme (art\u00edculo 606 numeral 2\u00ba); <\/p>\n
(III) En consonancia con el numeral anterior, que se haya surtido la debida citaci\u00f3n de las partes y se haya garantizado su derecho de contradicci\u00f3n, pues no puede verificarse si dicha circunstancia vari\u00f3 en el desarrollo del proceso de divorcio (art\u00edculo 606 numeral 6\u00ba); y <\/p>\n
(IV) Las determinaciones que pretenden surtir efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
3.2. No se arrib\u00f3 copia del Registro Civil de Nacimiento de los hijos, por lo que no puede verificarse si estos alcanzaron ya la mayor\u00eda de edad. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a Jhon Jairo Mu\u00f1oz Londo\u00f1o, profesional del derecho habilitado, para actuar en el sub lite, conforme a las facultades conferidas por Ana Elizabeth Mari\u00f1o Leal (archivo digital 03. Poder). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero.- Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por Ana Elizabeth Mari\u00f1o Leal para obtener la homologaci\u00f3n de la sentencia se\u00f1alada en el encabezado de este auto. <\/p>\n
Segundo.- Reconocer personer\u00eda al abogado Jhon Jairo Mu\u00f1oz Londo\u00f1o como apoderado judicial de la solicitante. <\/p>\n
Tercero.- Por secretar\u00eda, dese cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n