AC4912-2022 (2022-03421-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4912-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03421-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre la Comisar\u00eda Primera de Familia de Cartago y la Comisar\u00eda de Familia Centro de Pereira, para conocer del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos promovido a favor de la menor Antonia1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda de Familia adscrita al Centro Zonal Cartago de la Regional Valle del Cauca del ICBF, con decisi\u00f3n de 6 de junio de 2022, inici\u00f3 investigaci\u00f3n en proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la menor Antonia2, en la cual orden\u00f3, entre otras disposiciones, como medida de restablecimiento de derechos la ubicaci\u00f3n de la adolescente en el municipio de Cartago en modalidad de solidaridad familiar a cargo de Juliana3 como familia pol\u00edtica, otorgar valor probatorio a los documentos allegados correspondientes a valoraciones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas y citar a los representantes legales de la menor para que se pronuncien, as\u00ed como que aporten las pruebas que pretendieran hacer valer. De manera posterior, en auto del 28 de junio de 2022, y teniendo en cuenta que la menor fue v\u00edctima de violencia intrafamiliar, orden\u00f3 el traslado de las diligencias de atenci\u00f3n a la Comisar\u00eda de Familia del Municipio de Cartago, Valle del Cauca. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Primera de Familia de Cartago avoc\u00f3 conocimiento con decisi\u00f3n de 17 de agosto de 2022, en la cual tambi\u00e9n orden\u00f3 proseguir con la medida provisional de reubicaci\u00f3n, incorpor\u00f3 las pruebas practicadas, finalmente dispuso fijar fecha y hora para la audiencia de pruebas y fallo. <\/p>\n
Mediante comunicaci\u00f3n del 9 de agosto de 2022, la Fundaci\u00f3n Funof inform\u00f3 que la menor Antonia4 traslad\u00f3 su residencia a la ciudad de Pereira, en donde convive con su suegra y acudiente ante la referida Fundaci\u00f3n, por lo que a trav\u00e9s de auto del 30 de agosto siguiente la Comisar\u00eda Primera de Familia de Cartago dispuso remitir las diligencias a la \u00abComisar\u00eda de Familia de Pereira – Risaralda\u00bb. <\/p>\n
3. La Comisar\u00eda de Familia Centro de Pereira, el 13 de septiembre de 2022, repeli\u00f3 el asunto, tras indicar que solo dispon\u00eda de dos meses m\u00e1s para resolverlo y que ante la falta de personal le era imposible llevar a cabo las diligencias faltantes en el tr\u00e1mite administrativo, raz\u00f3n por la cual devolvi\u00f3 el expediente. Agreg\u00f3 que asunto distinto ser\u00eda si la Comisar\u00eda de Cartago hubiera realizado las audiencias de pruebas y fallo, para despu\u00e9s remitir con el fin de hacer seguimiento a las medidas ordenadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Corte est\u00e1 habilitada para dirimir la presente colisi\u00f3n de acuerdo con el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto est\u00e1n involucradas autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales y pertenecen a distintos distritos judiciales. <\/p>\n
Si bien el numeral 16 del art\u00edculo 21 \u00eddem se\u00f1ala que corresponde a los jueces de familia conocer de \u00ablos conflictos de competencia en asuntos de [esa especialidad] que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de polic\u00eda\u00bb e igualmente el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 99 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia les efect\u00faa esa atribuci\u00f3n en los casos de restablecimiento de derechos, ello presupone que el juzgador sea superior funcional com\u00fan de los servidores involucrados en la controversia. Sin embargo, le ata\u00f1e dirimirla al respectivo tribunal superior cuando aquellos est\u00e1n adscritos a distintos circuitos pero al mismo distrito judicial, o a la Corte Suprema de Justicia cuando pertenezcan a diferentes distritos, conforme a las reglas generales. <\/p>\n
Lo anterior armoniza con el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que menciona los organismos encargados de administrar justicia y a\u00f1ade que excepcionalmente la \u00abley podr\u00e1 atribuir funci\u00f3n jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas\u00bb, lo que reforz\u00f3 la Ley 270 de 1996 al contemplar en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 13 que \u00ab[e]jercen funci\u00f3n jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: (\u2026) 2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes\u00bb, tal como lo expuso esta Corte en AC1664-2021, al tratar un asunto de similar alcance. <\/p>\n
2. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 294 de 1996, modificado por los art\u00edculos 1\u00b0 de la ley 575 de 2000 y 16 de la ley 1257 de 2008, \u00ab[t]oda persona que dentro de su contexto familiar sea v\u00edctima de da\u00f1o f\u00edsico, ps\u00edquico, o da\u00f1o a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi\u00f3n por parte de otro miembro del grupo familiar, podr\u00e1 pedir (\u2026) al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos (\u2026), una medida de protecci\u00f3n inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresi\u00f3n o evite que esta se realice cuando fuere inminente\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 96 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, corresponde a los Defensores y Comisarios de Familia procurar y promover la realizaci\u00f3n y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en tal C\u00f3digo. Respecto al seguimiento de las medidas de protecci\u00f3n o restablecimiento adoptadas por las autoridades mencionadas, estar\u00e1n a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Nacional. <\/p>\n
El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as, los adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango. <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587 de 1998, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Aunado a estos aspectos, esa Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el lineamiento actual del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia marc\u00f3 la tendencia contempor\u00e1nea en el ordenamiento, en procura de garantizar el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as, adolescentes, que se encuentren implicados en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 da competencia territorial para conocer de las actuaciones en pro del restablecimiento de los derechos de los menores a las autoridades administrativas del lugar donde estos se encuentren. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u00abel prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u201d (Exp. 2007-01529-00); y que \u201cen orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u00bb (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. 2013-00504). <\/p>\n
4. Aplicando las anteriores nociones y teniendo en cuenta que la menor, en favor de quien se sigue el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos impulsado desde el 6 de junio de 2022, reside actualmente en la ciudad de Pereira, debe concluirse que la competencia por el factor territorial en el sub examine corresponde a la Comisar\u00eda de Familia adscrita a dicha municipalidad, por ser el lugar donde se encuentra tal sujeto de especial protecci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006, asignaci\u00f3n que da prevalencia a los derechos e inter\u00e9s superior de este, por su relevancia constitucional, sin que sean de recibo las razones esgrimidas por dicha c\u00e9lula administrativa. <\/p>\n
Es que el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores y adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales est\u00e1n involucrados dichos sujetos, receptores de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, porque viene al caso, que conforme al canon 26 ib\u00eddem, \u00ab[e]n toda actuaci\u00f3n administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que est\u00e9n involucrados, los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, tendr\u00e1n derecho a ser escuchados y sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento favorable al inter\u00e9s superior citado, la Corte se ha pronunciado se\u00f1alando respecto de los menores de edad, que: <\/p>\n
[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u2018los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u2019 (STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01). <\/p>\n
Por consecuencia, cualquier disposici\u00f3n reglamentaria o de \u00edndole local no puede contravenir el mandato plasmado en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (ley 1098 de 2006), a cuyo tenor \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente, \u2026\u00bb. <\/p>\n
5. Desde esta \u00f3ptica corresponde la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte a la Comisar\u00eda de Familia Centro de Pereira, por cuanto en su circunscripci\u00f3n territorial se encuentra actualmente la menor involucrada en el tr\u00e1mite, en virtud de su traslado, raz\u00f3n suficiente para dar aplicaci\u00f3n al citado art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia en los t\u00e9rminos esbozados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos de la referencia es la Comisar\u00eda de Familia Centro de Pereira, a la que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a la otra entidad administrativa involucrada en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
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