AC4917-2022 (2022-03521-00)<\/p>\n
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AC4917-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03521-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Valledupar y Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, para conocer la demanda ejecutiva promovida por Sergio Alejandro Agudelo Zea contra Paola Quintero Ballestas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos judiciales en menci\u00f3n el promotor instaur\u00f3 demanda ejecutiva con fundamento en el pagar\u00e9 suscrito en Valledupar el 15 de noviembre de 2019. <\/p>\n
El convocante indic\u00f3 que ese juzgado era competente por el lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Ese estrado judicial rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia territorial, ya que en el ac\u00e1pite de notificaciones se apunt\u00f3 que el de la demandada corresponde a la ciudad de Monter\u00eda, raz\u00f3n por la que el conocimiento del asunto corresponde a los jueces de esa localidad. Adem\u00e1s, del t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n no se desprende lugar espec\u00edfico de cumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento, habida cuenta que existen fueros concurrentes en el sub examine, siendo aplicables tanto el numeral 1\u00ba como el 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, y el demandante eligi\u00f3 el lugar del cumplimiento de las obligaciones para incoar su demanda. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que del t\u00edtulo valor se extrae el lugar donde se pagar\u00eda el importe, que ser\u00eda en el domicilio del demandante, enlistado en Valledupar. Adem\u00e1s, indica que el lugar de notificaciones y el domicilio no son conceptos id\u00e9nticos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisi\u00f3n de que si \u00e9ste tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, carece de raz\u00f3n el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto el demandante manifest\u00f3 su voluntad al radicar la demanda en el sitio de cumplimiento de las obligaciones, que corresponde a la ciudad de Valledupar seg\u00fan el tenor literal del t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n, a m\u00e1s de que tambi\u00e9n lo denunci\u00f3 como el lugar de domicilio de la ejecutada. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que el tenedor leg\u00edtimo del pagar\u00e9 cambi\u00f3 a ra\u00edz del endoso en propiedad realizado en favor del ahora reclamante, este \u00faltimo opt\u00f3 por el fuero establecido en el numeral 3\u00ba del precitado art\u00edculo 28, situaci\u00f3n que se corrobora con la presentaci\u00f3n del libelo en el primer municipio, lo que, como ya se mencion\u00f3, materializa su elecci\u00f3n ante la concurrencia de fueros existentes. <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, reit\u00e9rase que hay diferencia entre los conceptos de domicilio y residencia, pues no debe confundirse el domicilio de las personas con el lugar donde eventualmente pueden recibir notificaciones, porque como tiene dicho la inveterada jurisprudencia de la Corte, el primero, que se acontece en una circunscripci\u00f3n territorial del pa\u00eds, consiste en la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, en tanto que el otro es el sitio concreto donde las partes respectivas pueden ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo requieran (entre muchos, auto de 3 de mayo de 2011, rad. 2011-00518-00; AC4018-2016 de 28 de junio de 2016, AC4669-2016 de 25 de julio de 2016 y AC6566-2016 de 29 de septiembre de 2016), por lo que no son de recibo las razones que expresadas por el juzgado de Valledupar. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo considerado se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, por ser el competente para conocer de la mencionada demanda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho judicial involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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