ATC1478-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1478-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01684-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato formulado por La Loter\u00eda de Boyac\u00e1 frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja (M.P. Jos\u00e9 Horacio Tolosa Aunta). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la acci\u00f3n de tutela se pidi\u00f3 que se dejara sin efectos el auto del Tribunal con el que revoc\u00f3 la sentencia anticipada dictada en el litigio con radicado n\u00b0150013153002-2017-00328-00 (R.I. 2021-0254), as\u00ed como la condena en costas que all\u00ed se impuso. <\/p>\n
2. Esta Corporaci\u00f3n otorg\u00f3 la protecci\u00f3n y mand\u00f3 que la Sala cuestionada desatara nuevamente la alzada conforme en derecho correspondiera y con atenci\u00f3n de las consideraciones expuestas (STC7462-2022, 21 jun.). <\/p>\n
3. La libelista propuso incidente de desacato porque considera que, a pesar de que la magistratura resolvi\u00f3 nuevamente el asunto (1 jul. 2022), contin\u00faa la vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
4. Se ofici\u00f3 al fallador cuestionado para que comunicara sobre el obedecimiento de la tutela (3 ago. 2022). <\/p>\n
5. \u00c9ste avis\u00f3 que \u00abha dado cabal cumplimiento a la orden del juez de amparo\u00bb (8 ago. 2022). <\/p>\n
6. De esa manifestaci\u00f3n se corri\u00f3 traslado a la incidentante (18 ago. 2022), quien se mantuvo en su petici\u00f3n de sanci\u00f3n tras considerar incumplida la orden constitucional (23 ago. 2022). <\/p>\n
7. Se abri\u00f3 el \u00abincidente de desacato\u00bb, se corri\u00f3 traslado de este a la obligada (26 ago. 2022), todo lo cual fue notificado mediante correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
8. El 31 de agosto pasado, la magistratura accionada reiter\u00f3 haber cumplido el fallo constitucional; remiti\u00f3 copia del auto que desestim\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta por el accionante contra el prove\u00eddo de 1\u00b0 de julio con el que se pretendi\u00f3 cumplir la orden de tutela y manifest\u00f3 haber \u00abacept[ado]\u00bb la recusaci\u00f3n planteada por la tutelante. <\/p>\n
9. La incidentante present\u00f3 memorial en el que inform\u00f3 las actuaciones del numeral precedente y reiter\u00f3 el incumplimiento denunciado (6 sep. 2022). <\/p>\n
10. Se decret\u00f3 como prueba la documental aportada por los involucrados en el incidente y todo lo actuado en el resguardo (21 sep.); agotado el t\u00e9rmino se procede a resolver lo pertinente previas las siguientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Conocida la naturaleza y los principios que orientan este sendero, el desacato se instituy\u00f3 como un instrumento jur\u00eddico adicional a dicha forma excepcional de protecci\u00f3n, dirigido al particular objetivo de sancionar al querellado en caso de que no acate la sentencia. Por tanto, contribuye a su cumplida ejecuci\u00f3n, todo en procura de la completa efectividad de los derechos fundamentales del agraviado, salvaguardados en tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- El castigo es viable siempre y cuando se demuestre la inobservancia de la directriz impartida, as\u00ed como que la infracci\u00f3n es el resultado de la rebeld\u00eda del obligado a cumplirla, toda vez que: <\/p>\n
(\u2026) el desacato supone una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde. <\/p>\n
De modo que: <\/p>\n
(\u2026) para sancionar en el procedimiento incidental, no s\u00f3lo debe mediar el desobedecimiento manifiesto, debidamente probado, sino tambi\u00e9n aspectos subjetivos de quien incumple la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse, ni debe olvidarse que la responsabilidad objetiva, en materia sancionatoria, est\u00e1 proscrita en nuestro ordenamiento (CSJ ATC822-2021). <\/p>\n
Y, por ende: <\/p>\n
(\u2026) se hace necesario acreditar que el funcionario que estaba obligado a cumplirla se mostr\u00f3 renuente y que de manera consciente se abstuvo de acatarla\u201d (\u2026), situ\u00e1ndose as\u00ed en franca rebeld\u00eda contra dicha orden, dictada en pos de la eficacia real y material de los derechos fundamentales reconocidos expresamente a (\u2026) (CSJ ATC274-2020). <\/p>\n
3.- En el caso, como lo denuncia la Loter\u00eda de Boyac\u00e1, el Tribunal de Tunja no ha dado estricto cumplimiento a lo prescrito en el fallo, pues a pesar de que emiti\u00f3 un nuevo pronunciamiento, el mismo no acata todas las consideraciones predicadas por esta Sala. <\/p>\n
3.1. Ciertamente, de la sentencia de tutela se colige que fueron tres los errores del magistrado accionado en la providencia objeto de revisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
El primero, haber considerado que el juzgado de primer grado no pod\u00eda dictar sentencia anticipada ante la ausencia del interrogatorio de una de las partes; lo anterior porque la decisi\u00f3n de prescindir de esa prueba -as\u00ed como la de dictar sentencia anticipada bajo el amparo del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso- fue notificada en estrado, sin reproche de los litigantes, raz\u00f3n por la que esas determinaciones cobraron ejecutoria y, por tanto, era dable emitir el veredicto de primer grado. <\/p>\n
El segundo, haberse pronunciado de fondo sobre la excepci\u00f3n de \u00abp\u00e9rdida de ejecutoriedad del acto administrativo\u00bb mediante un auto de magistrado sustanciador, cuando ese tipo de pronunciamientos, por sus caracter\u00edsticas, obedec\u00eda a un asunto de Sala (sentencia). <\/p>\n
Y el tercero, condenar en costas sin que hubiese fundamento f\u00e1ctico y normativo para ello. <\/p>\n
Con ese panorama, esta Sala orden\u00f3 que el Tribunal \u00abdesat[ara] nuevamente la alzada conforme en derecho corresponda, con atenci\u00f3n de las consideraciones aqu\u00ed expuestas\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ante esa orden, es palpable que el tribunal debi\u00f3 tener en cuenta que, en el caso concreto, lo que llev\u00f3 al juzgado del circuito a resolver anticipadamente el litigio fue el hecho de que no hubiese m\u00e1s pruebas por practicar, raz\u00f3n por la que desat\u00f3 la instancia declarando la prosperidad de la excepci\u00f3n \u00abp\u00e9rdida de ejecutoriedad del acto administrativo\u00bb. <\/p>\n
F\u00edjese, entonces, que fue la causal 2\u00b0 del art\u00edculo 278 del estatuto adjetivo -y no otra- la que invoc\u00f3 el juzgador para sentenciar tempranamente, raz\u00f3n por la que correspond\u00eda al Tribunal, una vez corroborada la viabilidad de ese proceder, entrar a resolver de fondo la segunda instancia mediante providencia de Sala -sentencia-, confirmatoria o revocatoria seg\u00fan correspondiera. <\/p>\n
3.3. No obstante lo anterior, el magistrado accionado otorg\u00f3 una errada interpretaci\u00f3n a las consideraciones de esta Sala esbozando nuevos y lac\u00f3nicos raciocinios jur\u00eddicos distintos a lo que en realidad se predicaron. En concreto, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAcatando lo dispuesto por la Sala Civil de la Corporaci\u00f3n, en sede de tutela, ha de considerar que lo prematuro de la decisi\u00f3n sobre la excepci\u00f3n llamada \u201cp\u00e9rdida de ejecutoriedad del acto administrativo\u201d, deviene cuando el juez lo define de fondo en su sentencia anticipada, y por ello se resolvi\u00f3 por esta Sala, al ser objeto de la alzada, por lo que en el presente se observa que en principio ese medio de defensa no se encuentra en los enlistados en el art\u00edculo 278 citado, esto es, encontrar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, caducidad, prescripci\u00f3n extintiva y falta de legitimaci\u00f3n en la causa, cuyo reglaje y determinaci\u00f3n precisa est\u00e1n en la misma norma, sin que haya consagrado medios diferentes o distintos a los all\u00ed numerados, por lo que no es el momento procesal para definir de fondo sobre la excepci\u00f3n se\u00f1alada, advirtiendo que la discusi\u00f3n sobre la mentada excepci\u00f3n no se resolvi\u00f3 en el auto invalidado, el cual solo recurri\u00f3 la no habilitaci\u00f3n del juez para fallar sobre ella, en ese entendido, no hay lugar a confirmar la sentencia anticipada que no[s] ocupa y a contrario la misma ser\u00e1 revocada mediante el presente prove\u00eddo del suscrito Magistrado en forma Singular y no de Sala, para que el juez de la causa contin\u00fae el tr\u00e1mite del proceso y se pronuncie sobre todos los medios propuestos, incluyendo el llamado, \u201cperdida de ejecutoriedad del acto administrativo\u201d\u00bb <\/p>\n
N\u00f3tese que esa argumentaci\u00f3n supone que no era dable al juez de primer grado sentenciar anticipadamente porque la excepci\u00f3n que declar\u00f3 prospera, no se enlistaba en las que enuncia el numeral 3\u00b0 del canon 278 de la codificaci\u00f3n procesal, lo que luce contrario a lo acontecido en el expediente pues, como se dijo, la causal invocada para fallar de forma temprana fue la segunda del art\u00edculo en cita y no la tercera. <\/p>\n
Adicionalmente, la nueva argumentaci\u00f3n del tribunal impone al juzgado volver a conocer de un proceso en el que se agot\u00f3 el tr\u00e1mite por no existir m\u00e1s probanzas pendientes de pr\u00e1ctica, as\u00ed como resolver un asunto que ya fue objeto de definici\u00f3n en primera instancia. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, en lugar de definir la segunda instancia del litigio, el magistrado opt\u00f3 por revocar la sentencia anticipada con fundamento en un supuesto que no tiene cabida en el estatuto adjetivo, esto es, que la excepci\u00f3n resuelta por el juzgado no se enlistaba dentro de aquellas que habilitan la emisi\u00f3n del veredicto temprano. Lo anterior, aunado a que dicho razonamiento no fue expuesto en la sentencia de tutela que se denuncia como incumplida. <\/p>\n
3.4. En definitiva, queda en evidencia que lo que en realidad debi\u00f3 hacer el Tribunal, era desatar la segunda instancia del litigio acusado mediante sentencia confirmatoria o revocatoria, dada la suficiencia probatoria para el juzgador del circuito. <\/p>\n
4. En suma, el Tribunal de Tunja a trav\u00e9s del auto emitido el 1\u00b0 de julio de 2022 no desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n conforme a las circunstancias del caso concreto y a los par\u00e1metros suministrados en el fallo STC7462-2022 y el auto en el que se resolvi\u00f3 la aclaraci\u00f3n de este. En consecuencia, desatendi\u00f3 la orden supralegal. <\/p>\n
5. No obstante, la Sala no reprender\u00e1 a la Colegiatura denunciada con las sanciones previstas en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues a pesar de que la citada resoluci\u00f3n contraviene el mandato constitucional, no existe, por ahora, prueba de que ese desenlace sea el fruto de la rebeld\u00eda del sentenciador, al parecer, es m\u00e1s bien el resultado de una lectura insuficiente e inadecuada de la orden, en tanto no tuvo en cuenta todos los aspectos que deb\u00edan considerarse con el fin de resolver la segunda instancia del litigio cuestionado. <\/p>\n
Es decir, no obra prueba evidente y actual de la responsabilidad subjetiva que requiere la declaraci\u00f3n del desacato, lo que no impide que la Corte adopte las medidas enfiladas para que la Magistratura enjuiciada atienda la directriz iusfundamental, debido a que el prop\u00f3sito esencial de esta herramienta es la efectividad de los derechos protegidos mediante esa resoluci\u00f3n. <\/p>\n
El desacato, consiste, ante todo, en aquella conducta contraria al mandato judicial impartido por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, el objeto de las sanciones en el rese\u00f1ado procedimiento, se enfocan a lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela, pero no es un fin, en s\u00ed mismo, porque los correctivos son accesorios y, en \u00faltimas, no garantizan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, aspecto que tampoco implica que las mismas jam\u00e1s se impongan. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional enfatiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si se trata de hacer cumplir un fallo de tutela el instrumento principal es el del cumplimiento, que se funda en una situaci\u00f3n objetiva y brinda medios adecuados al juez para hacer efectiva su decisi\u00f3n. El desacato es un instrumento accesorio para este prop\u00f3sito que, si bien puede propiciar que el fallo de tutela se cumpla, no garantiza de manera necesaria que ello ocurra y que, adem\u00e1s, se funda en una responsabilidad subjetiva, pues para imponer la sanci\u00f3n se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que debe cumplir la sentencia (\u2026)\u201d (CSJ ATC822-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, y en aras de la eficacia de la decisi\u00f3n que salvaguard\u00f3 las prebendas de la libelista, se dejar\u00e1 sin vigor el desenlace emitido por el magistrado accionado el pasado 1\u00b0 de julio y las providencias que de \u00e9l dependan, a fin de que emita una nueva determinaci\u00f3n ce\u00f1ida a las pautas se\u00f1aladas en el fallo STC7462-2022. <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n, como en el asunto no hubo desacato, pero s\u00ed incumplimiento, se liberar\u00e1 al Tribunal de las sanciones contempladas en el canon 52 del Decreto 2591 de 1991, m\u00e1s se le conminar\u00e1 a observar la directriz expedida por esta Corporaci\u00f3n el pasado 21 de junio, a efectos de garantizar la efectividad de las garant\u00edas protegidas a la Loter\u00eda de Boyac\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja incumpli\u00f3 la orden de tutela STC7462-2022 (21 jun.). <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR que no hay lugar a imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 a la incidentada. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO el auto emitido por la Magistratura accionada el 1\u00b0 de julio de 2022 y las dem\u00e1s decisiones que de \u00e9l dependan, en el proceso con radicado n\u00b0150013153002-2017-00328-00 (R.I. 2021-0254). <\/p>\n
CUARTO: CONMINAR a la citada Corporaci\u00f3n para que en el t\u00e9rmino prescrito en la sentencia STC7462-2022, dicte un nuevo pronunciamiento en el que acate las pautas trazadas por esta Corporaci\u00f3n en esa oportunidad para desatar la segunda instancia del litigio objeto de revisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
QUINTO: Notif\u00edquese lo resuelto a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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