ATC1480-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1480-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-01214-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la acci\u00f3n de tutela promovida por Ang\u00e9lica Mar\u00eda Castro Quintero contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial – Divisi\u00f3n de Cobro Coactivo; si no fuera porque la Corte observa que se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, de conformidad con las nueva postura que acord\u00f3 la Sala en sesi\u00f3n del 28 de septiembre pasado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar la resoluci\u00f3n DEAJGC22-4690 de 18 de julio de 2022\u2026, en la cual se niega la solicitud de nulidad\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abdeclarar la nulidad de todas las actuaciones a partir de la ejecutoria del mandamiento de pago librado en fecha 25 de febrero de 2019\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Frente a Ang\u00e9lica Mar\u00eda Castro Quintero se adelanta proceso de cobro coactivo, con la finalidad de obtener el pago de una multa impuesta a aquella por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante resoluci\u00f3n No. 001 de 25 de febrero de 2019, la accionada profiri\u00f3 mandamiento de pago, adelantando las gestiones que consider\u00f3 pertinentes para el enteramiento de tal acto a la demandada. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la ejecutada formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de cobro\u00bb, que se abstuvo de resolver la convocada, con determinaci\u00f3n del 19 de julio de 2022. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, la all\u00ed enjuiciada deprec\u00f3 la nulidad \u00abde todas las actuaciones a partir de la ejecutoria del mandamiento de pago\u00bb, por \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb de la orden de apremio, solicitud que fue negada mediante resoluci\u00f3n No. DEAJGCC22-4690 del 18 de julio de 2022, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n la peticionaria, recurso desestimado con resoluci\u00f3n DEAJGCC22-5558 del 18 de agosto de 2022, en la que, adem\u00e1s, se orden\u00f3 \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00aben lo que tiene que ver con el env\u00edo de las comunicaciones para notificaci\u00f3n personal del mandamiento de pago dentro del proceso coactivo [criticado], se omiti\u00f3\u2026 lo ordenado en el art\u00edculo 826 del Estatuto Tributario\u00bb, toda vez que \u00abel env\u00edo de las comunicaciones en la etapa de cobro persuasivo, no equiparan las que por ley deben hacerse dentro del proceso de cobro coactivo\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, se allegaron las siguientes respuestas: <\/p>\n
3.1. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. El Consejo Superior de la Judicatura destac\u00f3 que \u00abla Ley 270 de 1996 prev\u00e9 que el Consejo Superior de la Judicatura\u2026, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y las Direcciones Seccionales de Administraci\u00f3n Judicial tienen funciones propias y diferentes como las establecidas en los art\u00edculos 99 ibidem, por lo tanto, responden de manera independiente\u00bb, por lo que \u00abno es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que las acciones u omisiones que atribuye la accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir el presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que no est\u00e1 facultada para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Ello en la medida en que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 2\u00ba), establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe involucra, exclusivamente, actuaciones de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial – Divisi\u00f3n de Cobro Coactivo, organismo que, seg\u00fan la promotora, vulner\u00f3 sus garant\u00edas esenciales al interior del proceso cobro coactivo que se adelanta en su contra. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 98 de la ley 270 de 1996 establece que la citada Direcci\u00f3n \u00abes el \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial\u00bb, estableciendo, en su art\u00edculo 99, las funciones que debe cumplir. <\/p>\n
En este orden de ideas, debe entenderse que dicho ente constituye un \u00f3rgano independiente del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que no hab\u00eda lugar a aplicar el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del referido decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021), conforme al cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura\u2026 ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia\u00bb; comoquiera que es la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica del prenotado Consejo, sino de la Divisi\u00f3n de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
3. Bajo ese contexto, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica del \u00f3rgano convocado, como un \u00f3rgano del orden nacional, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer del resguardo ha de recaer, en primera instancia, en los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 -Reparto-, acorde con la citada regla contenida en numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, se precisa que las consideraciones que anteceden constituyen el criterio acogido por la Sala el pasado 28 de septiembre, por lo que con esta decisi\u00f3n se recogen la totalidad de precedentes en los que se hab\u00eda estimado que esta Corporaci\u00f3n era competente para tramitar las acciones de tutela incoadas contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
5. En consecuencia, la actuaci\u00f3n surtida en esta instancia est\u00e1 viciada de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
6. Concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
7. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de los presentes reclamos tutelares al Juzgado Civil del Circuito -Reparto- de Bogot\u00e1, por ser la autoridad competente para resolverlo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el presente asunto. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena enviar de inmediato el expediente a la Oficina de Asignaciones de esta ciudad, para que sea sometido a reparto entre los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n.\u00b0 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC1480-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1480-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-01214-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la acci\u00f3n de tutela promovida por Ang\u00e9lica Mar\u00eda Castro Quintero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67688","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67688"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67688\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}