ATC1483-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1483-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00152-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada por Edwin Alberto Bar\u00f3n Chaparro, M\u00f3nica Andrea Uribe Su\u00e1rez, Olga Lucia G\u00f3mez Cabrejo y el Juzgado 1\u00ba de Familia del Circuito de Tunja contra el fallo emitido el pasado 25 de agosto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en la acci\u00f3n de tutela que promovieron Edwin Alberto Bar\u00f3n Chaparro y M\u00f3nica Andrea Uribe Su\u00e1rez contra el Juzgado 1\u00ba de Familia del Circuito de Tunja, extensiva al Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo pidieron que se ordene aceptar el traslado de Edwin Alberto Bar\u00f3n Chaparro del cargo de Asistente Social Grado 1 del Juzgado Promiscuo de Familia de Ubat\u00e9 al Juzgado 1\u00ba de Familia de Tunja, nombrarlo en propiedad y en carrera judicial en ese cargo y, en consecuencia, no aceptar la solicitud de traslado presentada por Olga Lucia G\u00f3mez Cabrejo y por Edith Jasmina Correales Guio. <\/p>\n
Por medio de la Resoluci\u00f3n No. 007 de 12 de mayo de 2022 el Juzgado accionado no acept\u00f3 el traslado, decisi\u00f3n que a su parecer no se encuentra debidamente motivada. Interpuso recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n y, en la Resoluci\u00f3n No. 008 de 5 de agosto de 2022, se confirm\u00f3 la no aceptaci\u00f3n del traslado y se neg\u00f3 por improcedente la alzada. Los actores se encuentran inconformes con esas decisiones al considerar que existe una v\u00eda de hecho, porque el Juzgado eligi\u00f3 la persona para el cargo de manera arbitraria, desconociendo las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y los precedentes jurisprudenciales que regulan la provisi\u00f3n de los empleos de carrera en la Rama Judicial. Alegaron un perjuicio irremediable porque si no se realiza el traslado se afectar\u00eda el crecimiento y desarrollo de sus hijos menores al alterarse su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja concedi\u00f3 el resguardo al estimar que el accionado \u00abdesatendi\u00f3 el deber de argumentaci\u00f3n, ponderaci\u00f3n, comparaci\u00f3n, prevalencia de m\u00e9rito en el ingreso al cargo en la funci\u00f3n p\u00fablica judicial, adem\u00e1s que desconoci\u00f3 el deber de estudiar las circunstancias por las que cada uno de los solicitantes de traslado ped\u00eda ser considerado para el cargo, con lo cual se aleja del deber de humanizar la motivaci\u00f3n, ratio decidendi y en general los criterios que deben llevarla a la decisi\u00f3n m\u00e1s justa\u00bb y, orden\u00f3 dejar sin efectos las resoluciones cuestionadas, para que el Juez vuelva a revisar las hojas de vida de quienes solicitaron el traslado. <\/p>\n
3. Impugnada la sentencia por los accionantes, por Olga Lucia G\u00f3mez Cabrejo y por el Juzgado 1\u00ba de Familia del Circuito de Tunja, las diligencias se remitieron a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, por una parte, que la acci\u00f3n est\u00e1 dirigida en contra de las actuaciones del Juzgado 1\u00ba de Familia del Circuito de Tunja, y por la otra, que el actor detenta en la actualidad el cargo de Asistente Social Grado 1 de un Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito; as\u00ed las cosas, se advierte la falta de competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria para conocer del presente asunto. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, como quiera que Edwin Alberto Bar\u00f3n Chaparro es empleado judicial en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, y el inciso 2\u00ba numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, estipula que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb; luego en este caso, el conocimiento de la presente demanda de tutela correspond\u00eda al Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1. <\/p>\n
En consecuencia, la sentencia de tutela de primera instancia se debe invalidar por falta de competencia funcional, de conformidad con el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992; orden\u00e1ndose remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1, para que dicte el fallo constitucional que por esta v\u00eda se anula, no sin antes recordar que la Sala, en auto de 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01), precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abhace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u00bb (ver entre otros ATC4127-2014, ATCA4149-2014, ATC4151-2014 y ATC2849-2016). <\/p>\n
En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad del fallo de 25 de agosto de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, conservando validez la actuaci\u00f3n surtida con antelaci\u00f3n a esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a la oficina de reparto del Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
Tercero. Comun\u00edquese este pronunciamiento de la manera m\u00e1s expedita, a la Corporaci\u00f3n de origen e intervinientes en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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