ATC1504-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1504-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2017-01556-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la providencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga1 el 5 de octubre de 2022. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En sentencia de 21 de noviembre de 2017, la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales reclamados por Sandra Marleny Blanco Figueroa, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad L.M.R.B. En tal virtud, dispuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ORDENAR al DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL en Bogot\u00e1 y al DISPENSARIO M\u00c9DICO DE BUCARAMANGA (antes HOSPITAL MILITAR REGIONAL) en Bucaramanga, que en forma directa o por medio de la dependencia que corresponda, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, procedan a adelantar el tr\u00e1mite administrativo correspondiente para que en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (5) d\u00edas se autoricen las valoraciones por gastroenterolog\u00eda pedi\u00e1trica, neumolog\u00eda pedi\u00e1trica, genetista, neurolog\u00eda y fisiatr\u00eda y dem\u00e1s ordenadas por el m\u00e9dico tratante y que no le han sido realizadas, autorizaciones que deber\u00e1n emitirse ante centros m\u00e9dicos o especialistas que efectivamente presten el servicio, sin que sea v\u00e1lido que se opongan situaciones de \u00edndole administrativa que no debe soportar la menor. <\/p>\n
Que se autoricen y practiquen todos los procedimientos, cirug\u00edas, tratamientos, terapias, medicamentos, insumos y dem\u00e1s que ordene el m\u00e9dico tratante para la atenci\u00f3n integral del diagn\u00f3stico de S\u00edndrome de Down. <\/p>\n
Que se autorice, reconozca y paguen vi\u00e1ticos para la menor y su acompa\u00f1ante en transporte intermunicipal en los desplazamientos de Lebrija a Bucaramanga y de regreso (transporte redondo), para la asistencia a citas m\u00e9dicas, terapias, ex\u00e1menes, procedimientos, tratamientos y cirug\u00edas que sean ordenados por el m\u00e9dico tratante, y a los que correspondan en cualquier otro municipio diferente al del domicilio de la menor, como se se\u00f1al\u00f3 en la parte motiva de esta providencia\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
2. La incidentante, obrando en la prenotada calidad, pidi\u00f3 el cabal cumplimiento de las \u00f3rdenes proferidas. En ese sentido, arguy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) durante el mes de agosto [la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional] nos suspendi\u00f3 transporte sin ninguna notificaci\u00f3n o raz\u00f3n alguna vi\u00e9ndose perjudicado el tratamiento que durante 6 a\u00f1os lleva mi hija en a\u00f1o pasado, yo por no ver retroceso a lo avanzado saqu\u00e9 un pr\u00e9stamo a paga diario el cual sanidad me dijo que har\u00edan desembolso y pase luego por notar\u00eda el tr\u00e1mite correspondiente, env\u00ede y nunca tuve una respuesta\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, con auto de 12 de septiembre de 2022, requiri\u00f3 al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, como Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional; al Mayor General Luis Mauricio Ospina Guti\u00e9rrez, como Comandante del Personal de esa instituci\u00f3n; y a la Teniente Coronel Jenny Paola Figueroa Pedreros, como Directora del Dispensario M\u00e9dico de la citada localidad, para que informaran sobre el cumplimiento de la obligaci\u00f3n impuesta, y, en caso afirmativo, remitieran la documentaci\u00f3n que as\u00ed lo acredite. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n al citado llamamiento, la Directora (e) del Dispensario M\u00e9dico de Bucaramanga indic\u00f3 que, \u00abteniendo en cuenta los soportes de la consulta de historial de autorizaciones se logra observar que siempre se ha prestado un servicio m\u00e9dico integral, sin embargo, la usuaria no se ha presentado a requerir las citas correspondientes, hecho que no recae en la responsabilidad de este establecimiento toda vez que es el paciente en este caso la madre de la menor, quien debe solicitar las respectivas citas m\u00e9dicas con las especialidades que se requieren\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre el reconocimiento de los vi\u00e1ticos, precis\u00f3 que \u00abeste establecimiento ha adelantado las gestiones correspondientes (\u2026), pues se efect\u00fao la solicitud de los mismos bajo el radicado 2022329016670733 y se procedi\u00f3 a enviar a DISAN quienes son los competentes para su reconocimiento y desembolso\u00bb, aunado a que \u00abnos hemos comunicado con la madre de la menor, se\u00f1ora SANDRA MARLENY BLANCO al n\u00famero de tel\u00e9fono 3144334914 con el fin de ofrecerle una soluci\u00f3n para que la menor pueda acceder a los servicios de terapias de rehabilitaci\u00f3n que se le est\u00e1n prestando a trav\u00e9s de la fundaci\u00f3n UAQUE, para lo cual se le propuso asumir el costo de transporte y que posteriormente tramitara ante este establecimiento la solicitud de reembolso de los recursos que haya empleado para trasladarse a las terapias\u00bb. <\/p>\n
5. Por su parte, la gestora nuevamente alleg\u00f3 memorial en el que insisti\u00f3 en que \u00abno ha sido posible una soluci\u00f3n ni llamada para informar que pasar\u00e1 con los vi\u00e1ticos de mi hija (\u2026) y no [tengo] evidencia de los tr\u00e1mites que he hecho, [por ejemplo], un env\u00edo al mayor general Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arag\u00f3n a Bogot\u00e1 para reclamar la devoluci\u00f3n de los vi\u00e1ticos que me prest\u00f3 una transportadora llamada Sanz quien a un visto (sic) m\u00f3dico me prest\u00f3 el servicio durante el mes de agosto, los cuales debo pagar, tambi\u00e9n env\u00edo constancia de los radicados de solicitud del mes de agosto y septiembre sin ninguna respuesta, viendo perjudicado el trayecto de 7 a\u00f1os en terapias a mi hija quiero [que] se hagan valer los derechos de ella\u00bb. <\/p>\n
6. Con decisi\u00f3n de 22 de septiembre siguiente, el tribunal a quo inici\u00f3 formalmente el incidente de desacato en contra del Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional; y de la Teniente Coronel Jenny Paola Figueroa Pedreros, en su condici\u00f3n de Directora del Dispensario M\u00e9dico de Bucaramanga. En consecuencia, corri\u00f3 traslado por tres (3) d\u00edas para que aportaran la informaci\u00f3n pertinente, previo a hacer la advertencia de que \u00abel incumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales puede ser sancionado\u00bb. <\/p>\n
7. Mediante resoluci\u00f3n de 28 de septiembre hoga\u00f1o, se abri\u00f3 a pruebas el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
8. Con providencia de 5 de octubre de 2022, el precitado colegiado sancion\u00f3 por desacato \u00fanicamente al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, como Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, con un (1) d\u00eda de arresto y multa de (1) SMMLV. <\/p>\n
9. Remitido el expediente a la Corte para resolver la consulta de dicha determinaci\u00f3n, se procede a su estudio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sentencia que se profiere en virtud de una acci\u00f3n de tutela no solo goza de plena fuerza vinculante, propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que la instituy\u00f3 de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. <\/p>\n
Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento. <\/p>\n
Tras esa verificaci\u00f3n inicial, es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la desatenci\u00f3n que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir la orden de protecci\u00f3n, de modo que se impone atender elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intenci\u00f3n de desobedecer y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De acuerdo con las premisas que anteceden, est\u00e1 autorizada legalmente la imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a cumplir la orden que se le imparte no acata tal mandato en la forma y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis que la Corte debe realizar se ci\u00f1e a efectuar un ejercicio de comparaci\u00f3n o cotejo, entre lo dispuesto en la decisi\u00f3n emitida dentro del memorado proceso constitucional y la conducta, calificada como indiferente, negligente o insuficiente, que se reprocha, dado que como lo indicara esta Sala en oportunidad anterior al resolver un asunto de igual naturaleza al que ahora se examina: \u00abel desacato se predica de quien incumple la orden emanada del Juez de tutela, pues se parte del supuesto de que el sujeto contra quien se pronunci\u00f3 la decisi\u00f3n, debe ajustar estrictamente su conducta a los par\u00e1metros se\u00f1alados por el fallador, tendiente a ordenar que cese la vulneraci\u00f3n que motiv\u00f3 el proceso constitucional\u00bb (CSJ ATC 13 en. 2000, rad. 8150, reiterado entre otras, en ATC3599-2016, 9 jun.). <\/p>\n
3. Para establecer si en el asunto el incidentado incurri\u00f3 en el desacato que se le enrostra, y comoquiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si el receptor de ese mandato ha entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela y a los informes rendidos dentro de esta causa, si los hubiere. <\/p>\n
En el presente caso, el tr\u00e1mite incidental fue abierto en contra del Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, quien se desempe\u00f1a como Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional; y de la Teniente Coronel Jenny Paola Figueroa Pedreros, en su condici\u00f3n de Directora del Dispensario M\u00e9dico de Bucaramanga. Sin embargo, solo fue sancionado el primero de los funcionarios requeridos. <\/p>\n
4. Ciertamente, de la verificaci\u00f3n de las \u00f3rdenes que originaron esta espec\u00edfica actuaci\u00f3n, esto es, \u00abque se autorice, reconozca y paguen vi\u00e1ticos para la menor y su acompa\u00f1ante en transporte intermunicipal en los desplazamientos de Lebrija a Bucaramanga y de regreso (transporte redondo), para la asistencia a citas m\u00e9dicas, terapias, ex\u00e1menes, procedimientos, tratamientos y cirug\u00edas que sean ordenados por el m\u00e9dico tratante, y a los que correspondan en cualquier otro municipio diferente al del domicilio de la menor, como se se\u00f1al\u00f3 en la parte motiva de esta providencia\u00bb, la Sala advierte que confirmar\u00e1 la resoluci\u00f3n sancionatoria de primer grado, toda vez que no se acredit\u00f3 el cumplimiento de los mandatos impartidos, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que, seg\u00fan declaraci\u00f3n de la libelista \u2013y de acuerdo con los memoriales adosados a esta causa, los cuales no fueron controvertidos por el Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, quien guard\u00f3 silencio\u2013, a la fecha de iniciar el presente asunto no se hab\u00edan autorizado ni pagado los servicios de transporte en la forma prevista en el fallo, aspecto que estar\u00eda dificultando la necesaria prestaci\u00f3n de los tratamientos m\u00e9dicos dispuestos para la menor, en atenci\u00f3n a los padecimientos documentados en su historia cl\u00ednica, especialmente, el relacionado con el \u00abprograma de rehabilitaci\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
Informaci\u00f3n que, en efecto, fue corroborada por la Directora del Dispensario M\u00e9dico de Bucaramanga, quien, en el marco de sus funciones, intervino ante la DISAN en procura de gestionar el desembolso para los vi\u00e1ticos que se echan de menos, para lo cual anex\u00f3 copia del oficio enviado a esa dependencia (rad. n.\u00ba 2022-3290-1667-0733 de 20 de septiembre de 2022), en el que, expresamente, pidi\u00f3 \u00abapoyo con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura\u00bb, precisando las rutas de viaje y adjuntando los escritos que aport\u00f3 la aqu\u00ed convocante. <\/p>\n
Sin embargo, a la fecha de la expedici\u00f3n de esta providencia, no se prob\u00f3, por parte del Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, ni siquiera la realizaci\u00f3n de gestiones tendientes a solucionar la problem\u00e1tica evidenciada, por lo que deviene di\u00e1fano que, en esas condiciones, contin\u00faan las circunstancias trasgresoras de las garant\u00edas fundamentales de la menor. <\/p>\n
5. Conforme con ello, comoquiera que la vulneraci\u00f3n deprecada persiste, se ratificar\u00e1 el auto consultado, sin que lo aqu\u00ed decidido exima al encartado de cumplir la totalidad de requerimientos dictados en la sentencia de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, CONFIRMA la resoluci\u00f3n sancionatoria impuesta el 5 de octubre de 2022, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su condici\u00f3n de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
Previa notificaci\u00f3n por el medio m\u00e1s expedito a las partes, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida a la oficina judicial de origen, para que forme parte del respectivo expediente. Of\u00edciese. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Lo anterior, en virtud del reparto que se efectu\u00f3 en el a\u00f1o 2021, en atenci\u00f3n a la remisi\u00f3n que hiciere la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander al citado tribunal, con fundamento en la prohibici\u00f3n de conocer de asuntos de tutela prevista en el Acto Legislativo n.\u00ba 2 de 2015. <\/p>\n
2\u0002 Conforme se colige de la certificaci\u00f3n m\u00e9dica de la Fundaci\u00f3n UAQUE, adosada a la foliatura tanto por la gestora, como por la Directora del Dispensario M\u00e9dico de Bucaramanga. <\/p>\n
<\/p>\n
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