ATC1535-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1535-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00329-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb elevada por el accionante, frente a la providencia CSJ STC12905-2022, 28 sep., emitida dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Samuel Cuellar Quevedo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena y la Secretar\u00eda de Hacienda de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su demanda de tutela, el actor pidi\u00f3 que se ordenara a las autoridades querelladas rematar un inmueble que pertenece a su contraparte de un proceso ejecutivo, para que con el producto de la venta se pagara el cr\u00e9dito que tiene a su favor. En s\u00edntesis, anot\u00f3 que el fallador civil se ha negado a materializar la subasta, so pretexto de la existencia de un embargo preferente decretado en un juicio coactivo por parte de la autoridad distrital, la cual tampoco ha llevado a t\u00e9rmino la actuaci\u00f3n a su cargo, por demoras que no tienen justificaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En primera instancia el tribunal concedi\u00f3 el amparo y, en consecuencia, orden\u00f3 al juzgador civil que procediera a subastar el predio objeto de disputa. <\/p>\n
3. Mediante la sentencia que es objeto de la solicitud en estudio, la Corte modific\u00f3 los t\u00e9rminos de la concesi\u00f3n del amparo, para disponer que, antes de efectuarse la almoneda, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena resolviera la \u00absolicitud de revocatoria de anotaci\u00f3n\u00bb que Mar\u00eda Elena Succar Chediac le formul\u00f3 el 7 de octubre de 2019, para que se eliminara la anotaci\u00f3n del embargo decretado por el fallador civil. <\/p>\n
4. Frente a este \u00faltimo prove\u00eddo, el accionante formul\u00f3 solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb, arguyendo, en s\u00edntesis, que \u00abla solicitud de la se\u00f1ora MARIA ELENA SUCCAR CHEDIAC (DEUDORA) a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGENA en el a\u00f1o 2019, de manera alguna tiene paralizado el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo y menos el coactivo, dado que, dicha petici\u00f3n de la deudora a la entidad citada era desconocida tanto para el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena y la Secretaria de Hacienda- Rentas y Tesorer\u00eda del Municipio de Cartagena- Bol\u00edvar D.T E, as\u00ed como del suscrito y mi apoderado. Este hecho muy importante y amerita aclaraci\u00f3n, pues se repite, la mora no obedece al tr\u00e1mite administrativo citado en su providencia, del cual, solo se vino a saber en el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n y dicha petici\u00f3n a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGENA si bien debe resolverse y en el hipot\u00e9tico evento de quedar la medida cautelar sin efecto en el proceso civil, corresponder\u00eda entonces hacer el remate a la Secretaria de Hacienda- Rentas y Tesorer\u00eda del Municipio de Cartagena- Bol\u00edvar D.T E donde igualmente el suscrito, tiene el remanente decretado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, como consta en la foliatura\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que \u00abcomo consecuencia de la aclaraci\u00f3n sobre la par\u00e1lisis injustificada del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena y de la Secretaria de Hacienda- Rentas y Tesorer\u00eda del Municipio de Cartagena- Bol\u00edvar D.T E para el remate del predio dentro de procesos compulsivos que datan de los a\u00f1os 2003 y 2005, corresponde en providencia adicional, ordenar a las entidades accionadas, que de acuerdo a la respuesta emitida por la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CARTAGENA ejecuten los correctivos a que haya lugar y procedan dentro de su competencia, al remate del predio dentro del t\u00e9rmino perentorio y legal, habida cuenta que en uno u otro evento se deber\u00e1 ejecutar la orden de apremio; a menos que ambas obligaciones queden satisfechas por la deudora\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La aclaraci\u00f3n de providencias. <\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]a sentencia (…) podr\u00e1 ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias proceder\u00e1 la aclaraci\u00f3n de auto (…)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con la norma transcrita, la aclaraci\u00f3n resulta procedente cuando lo resolutivo de una providencia, o su motivaci\u00f3n fundamental, son ambiguas, confusas o insondables, de modo tal que obstaculicen la cabal comprensi\u00f3n de los alcances de la decisi\u00f3n judicial, o de los argumentos que soportan esa resoluci\u00f3n, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha insistido en que: <\/p>\n
\u00ab(…) la aclaraci\u00f3n (…) procede cuando se incluyan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, bien porque se encuentren en la parte resolutiva, ora porque influyan en ella, aserci\u00f3n que pone en evidencia la necesidad de verificar la presencia de algunos requisitos (…): (i) petici\u00f3n o pronunciamiento de oficio en el t\u00e9rmino de ejecutoria; (ii) presencia de conceptos o frases equ\u00edvocas; y (iii) ambig\u00fcedad en la resoluci\u00f3n o que el equ\u00edvoco se determine desde la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
La figura supone la intenci\u00f3n del legislador de conjurar la imposibilidad de cumplimiento de una providencia por ininteligibilidad de lo que ella dispone, e implica que tan s\u00f3lo sucede cuando la frase o el concepto, tomados en conjunto con el cuerpo del fallo, puedan interpretarse en sentidos diversos o generen \u201cverdadero motivo de duda\u201d, seg\u00fan textualmente expresa la norma\u00bb (CSJ AC4594-2018, 22 oct.; reiterado en CSJ AC5534-2018, 19 dic.). <\/p>\n
2. La adici\u00f3n de providencias. <\/p>\n
El art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso dispone, respecto de la adici\u00f3n, que esta procede cuando una providencia \u00abomita la resoluci\u00f3n de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb, actuaci\u00f3n que el juzgador puede acometer de oficio, o a solicitud de parte, si es elevada dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la decisi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
Del contenido de la norma citada puede colegirse que la complementaci\u00f3n de la sentencia s\u00f3lo ser\u00e1 viable cuando se dejen de resolver aspectos planteados por las partes, o lo que es lo mismo, cuando el juez omita realizar un pronunciamiento integral sobre lo pedido. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Establecido el alcance y contenido de los mecanismos de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de providencias judiciales, se advierte la improcedencia de la solicitud que con esos prop\u00f3sitos elev\u00f3 el accionante, puesto que all\u00ed no se denuncia que la Corte hubiera dejado de proveer acerca de alguna de las variables del asunto sometido a su escrutinio, ni tampoco que el cuestionado prove\u00eddo contenga frases ambiguas o dudosas que figuren en su parte resolutiva o que influyan en ella, sino que \u00fanicamente se reclama una motivaci\u00f3n adicional a la ya ofrecida, en punto a las dilaciones en que han incurrido las autoridades querelladas respecto del remate sobre el que vers\u00f3 esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, el convocante se limit\u00f3 a insistir una vez m\u00e1s en lo censurable de esos retrasos y en la necesidad de tomar correctivos para depurarlos, manifestaciones que no son conducentes, principalmente porque las herramientas procesales de las que hizo uso el querellante, no fueron contempladas para insistir en la viabilidad de las pretensiones, ni para cuestionar el sentido de las decisiones judiciales, sino espec\u00edficamente para conjurar las deficiencias de naturaleza formal enunciadas en los ya citados art\u00edculos 285 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No sobra resaltar que las irregularidades que ameritar\u00edan los correctivos reclamados por el accionante, son ajenas al prove\u00eddo en estudio, pues all\u00ed la Corte defini\u00f3 cabalmente la controversia que se someti\u00f3 a su escrutinio, mediante una argumentaci\u00f3n clara, completa y arm\u00f3nica, que se finc\u00f3, medularmente, en la existencia de la mora judicial atribuida al fallador encartado y en la necesidad de que la orden que a \u00e9l se le imparti\u00f3 en el fallo de primera instancia, quedara supeditada a las resultas de la actuaci\u00f3n administrativa adelantada ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, no hay lugar a acoger la solicitud en estudio, en consideraci\u00f3n a que la providencia sobre la que la misma versa, no contiene frases oscuras o ambiguas que se presten para confusi\u00f3n y adem\u00e1s involucra un pronunciamiento completo y panor\u00e1mico sobre los asuntos puestos a consideraci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
NEGAR la solicitud elevada por Samuel Cuellar Quevedo, frente a la providencia CSJ STC12905-2022, 28 sep. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERT0041 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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