ATC1538-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1538-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n no. 11001-02-04-000-2021-02104-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del doce de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la solicitud nulidad presentada por el abogado Carlos Alberto Ballesteros Bar\u00f3n, obrando en representaci\u00f3n de Juan Jaimes Mantilla. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pidi\u00f3 que se declare la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir del momento en que fue admitida, de conformidad con lo previsto en la causal 4\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En sustento, sostuvo que en la actuaci\u00f3n judicial que llev\u00f3 a la expedici\u00f3n de la sentencia CSJ STC11873-2022 se incurri\u00f3 en \u00abserias irregularidades\u00bb, por cuanto \u00abse omiti\u00f3 el estudio total de los requisitos procesales para que este apoderado pudiera actuar\u00bb. Afirm\u00f3 que, en su sentir, el juez constitucional debi\u00f3 \u00absolicitar a las partes allegar el documento que legitimara\u00bb al abogado tutelante. <\/p>\n
Respecto de la sentencia de segunda instancia, emitida por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, adujo que, previo a definir el asunto, se pudo requerir al accionante para que enviara la prueba del mandato otorgado para instaurar la presente tutela; no obstante, no se otorg\u00f3 esa posibilidad y, en consecuencia, se concluy\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n es improcedente por la falta de legitimaci\u00f3n del suscrito. Esto a toda vista es una doble vulneraci\u00f3n a los derechos de mi representado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que exist\u00eda contradicci\u00f3n por parte del juez de segunda instancia, al \u00abconsiderar en la parte resolutiva que el fallo debe confirmarse cuando de acuerdo con su propio argumento no existe una legitimaci\u00f3n del suscrito para actuar, y por esta raz\u00f3n no se podr\u00eda fallar de fondo\u00bb. <\/p>\n
A su vez, anex\u00f3 el poder especial otorgado por el se\u00f1or Juan Jaimes Mantilla, para actuar en la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Por su parte, el Banco de la Rep\u00fablica indic\u00f3 que se aten\u00edan a lo que se decidiera al respecto, dado que \u00ablos hechos de la solicitud de nulidad no se relacionan de manera alguna con actuaciones procesales o hechos en los que haya intervenido directamente el Banco\u00bb; sin embargo, precis\u00f3 que si la irregularidad que se pone de presente, es \u00abla falta de notificaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia de la tutela\u00bb, no ser\u00eda claro que \u00abpudiera proceder la nulidad de todo lo actuado desde la presentaci\u00f3n de la tutela, pues las etapas iniciales del tr\u00e1mite no estar\u00edan viciadas de manera alguna\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, manifest\u00f3 que si bien, a la v\u00eda constitucional puede acudirse directamente o por intermedio de apoderado judicial, resalt\u00f3 que al optar por esta \u00faltima, \u00abdebe acreditarse el ius postulandi, de lo contrario, no puede d\u00e1rsele el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb, y luego de hacer referencia a un pronunciamiento de la Corte Constitucional, concluy\u00f3 que \u00abla nulidad propuesta carece de fundamento y no se advierte ninguna vulneraci\u00f3n al debido proceso por parte de nuestra hom\u00f3loga civil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
En virtud del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19921, \u00ab[p]ara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb. En ese sentido, cuando se enjuicie este tipo de actuaciones, a trav\u00e9s del mecanismo de las nulidades, es pertinente acudir a los par\u00e1metros establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso, en este caso, al numeral 4\u00ba art\u00edculo 133 del citado estatuto que dispone como motivo de nulidad del litigio \u00abcuando es indebida la representaci\u00f3n de alguna de las partes, o cuando quien act\u00faa como su apoderado judicial carece \u00edntegramente de poder\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a dicha causal, esta Sala, en sentencia CSJ SC211-2017, precis\u00f3: <\/p>\n
Tocante con este motivo de nulidad procesal, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: En relaci\u00f3n con la indebida representaci\u00f3n, que es el supuesto invocado por los recurrentes para fundar la referida causal, es irrefragable el menoscabo de la garant\u00eda en cuyo resguardo est\u00e1 establecida, pues quien no ha tenido una representaci\u00f3n leg\u00edtima no ha estado a derecho en el proceso al cual fue vinculado como parte. <\/p>\n
Tal irregularidad, cuando de personas naturales se trata, tiene ocurrencia en aquellos eventos en que un sujeto legalmente incapaz act\u00faa en el proceso por s\u00ed mismo, y no por conducto de su representante legal, o cuando obra en su nombre un representante ileg\u00edtimo. En trat\u00e1ndose de apoderados judiciales, deviene de la gesti\u00f3n a nombre de otra persona, careciendo por completo de atribuci\u00f3n para el efecto. <\/p>\n
En el presente asunto, el se\u00f1or Ballesteros Bar\u00f3n pide, como apoderado especial del tutelante, la nulidad de la actuaci\u00f3n judicial que llev\u00f3 a la expedici\u00f3n de la sentencia CSJ STC11873-2022, con fundamento en que se omiti\u00f3, al admitir la tutela, el estudio total de los requisitos procesales para que pudiera actuar y no se le requiri\u00f3 para que fuese allegada la documentaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Al respecto, vale la pena resaltar que, a esta Sala fue remitido el expediente de la referencia con el objeto de que fuera resuelta la impugnaci\u00f3n instaurada por quien dijo obrar como apoderado del se\u00f1or Juan Jaimes Mantilla. <\/p>\n
Al realizar el estudio pertinente, se observ\u00f3 que el tutelante e impugnante no alleg\u00f3 poder especial para intervenir en esta salvaguarda en nombre del se\u00f1or Jaimes Mantilla, a pesar de que, en su escrito de tutela, manifest\u00f3 que aportaba dicho documento; por tanto, era claro que no estaba legitimado para promover la acci\u00f3n constitucional ni para controvertir la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de noviembre de 2021, lo que, en efecto, imposibilitaba a esta Sala resolver de fondo la impugnaci\u00f3n. Sobre este punto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
Es evidente que en este asunto el mencionado profesional del derecho, carece de legitimidad para impugnar el fallo del Tribunal que tutel\u00f3 el derecho del debido proceso a favor de las accionantes (…), porque seg\u00fan lo ha reiterado la jurisprudencia, cuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto, si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial de la demandante en dicho proceso, esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos (se subraya) (CSJ ATC3027-2017, criterio reiterado en CSJ STC6395-2021 y CSJ STC10232-2021). <\/p>\n
Por su parte, como se indic\u00f3 en el fallo atacado, \u00ab\u2026la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026\u00bb y, como este no se alleg\u00f3, la Sala concluy\u00f3 que no era posible \u00abestudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, sin que ello constituya la causal de nulidad alegada, por cuanto, frente al asunto promovido en nombre de Juan Jaimes Mantilla no se emiti\u00f3 una decisi\u00f3n de fondo, dado que se advirti\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n del abogado tutelante e impugnante, respecto de quien se neg\u00f3 el amparo constitucional propuesto, por improcedente, dado que no estaba facultado para actuar en esta sede. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, no puede perderse de vista que, a\u00fan de considerarse el vicio invocado, que, se itera, no se configur\u00f3 en raz\u00f3n a que la Sala se abstuvo de definir los reproches formulados en nombre del se\u00f1or Mantilla, tampoco se advierte una irregularidad que pueda afectar lo actuado, por cuanto la falta de requerimiento previo del mandato requerido no es una causal de nulidad y, adicionalmente, porque fue el propio accionante quien dio lugar al hecho que originar\u00eda el vicio reclama, pues no aport\u00f3 el poder especial conferido para instaurar la tutela, de manera que, a la luz de lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, no puede alegar la nulidad invocada. <\/p>\n
De otra parte, frente a la supuesta contradicci\u00f3n que se reclama, al considerar en la parte resolutiva del fallo se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada, pese a que se estableci\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n por activa y, por esta raz\u00f3n, \u00abno se podr\u00eda fallar de fondo\u00bb, debe destacarse que aquello se especific\u00f3 en la parte considerativa de la providencia CSJ STC11873-2022, pues en forma expresa se indic\u00f3 que \u00abse confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones anteriormente esbozadas\u00bb, es decir, que se neg\u00f3 la salvaguarda pretendida por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del abogado Ballesteros Bar\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se desestimar\u00e1 la petici\u00f3n formulada. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
III. RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n judicial que llev\u00f3 a la expedici\u00f3n de la sentencia CSJ STC11873-2022. <\/p>\n
SEGUNDO: Por Secretar\u00eda, comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al interesado mediante el medio m\u00e1s expedito y eficaz, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Integrado en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
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