ATC1560-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1560-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-04-000-2022-01331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n constitucional promovida en nombre de Rafael Barrios Senior y en contra del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones, en su calidad de entidad administradora del pasivo pensional de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. Liquidada, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad y la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, m\u00ednimo vital y vida digna. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que, instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla y la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones de la citada ciudad, con el fin de que le fuera reconocida y pagada la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n convencional. <\/p>\n
El 15 de julio de 2014, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla accedi\u00f3 a sus pretensiones y conden\u00f3 a las demandadas al reconocimiento de la pensi\u00f3n en cuant\u00eda de \u00abla mesada pensional indexada de $2.131.497.78, a partir del 13 de noviembre de 2010, con sus incrementos anuales y mesadas adicionales\u00bb, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 19 de febrero de 2016. <\/p>\n
La parte accionada interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, el 13 de noviembre de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
Adujo que, por Resoluci\u00f3n 041 del 28 de febrero de 2020, la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones incluy\u00f3 al se\u00f1or Barrios Senior en la n\u00f3mina de jubilados, tomando el valor de la primera mesada definido en la sentencia de primera instancia, pero sin indexarlo. <\/p>\n
El 20 de octubre de 2021 solicit\u00f3 la modificaci\u00f3n de esa Resoluci\u00f3n, para que se reajustara la primera mesada, lo cual fue negado, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 una reclamaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
2.1. El gestor, reprocha que, con su decisi\u00f3n, la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones le ha desconocido la garant\u00eda de disfrutar de una pensi\u00f3n ajustada a la legalidad, m\u00e1xime cuando tiene a su cargo a su n\u00facleo familiar integrado por su c\u00f3nyuge y sus tres hijos. <\/p>\n
2.2. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y a la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones que modifiquen la Resoluci\u00f3n 041 del 28 de febrero de 2020, en el sentido de reliquidar y ajustar la primera mesada de la pensi\u00f3n reconocida a su nombre, \u00aben la suma de $2.819.588,69 a partir del 13 de noviembre de 2010\u00bb. Igualmente, que reconozcan y paguen las diferencias por \u00abmesadas pensionales entre lo reconocido en la resoluci\u00f3n 041 de fecha 28 de febrero de 2020 en una suma de $2.131.498 y la mesada que realmente le corresponde por la suma de $2.819.588, que asciende a una diferencia mensual de $688.090, a partir del 13 de noviembre de 2010\u00bb, junto con la indexaci\u00f3n, el reconocimiento y pago del retroactivo pensional. <\/p>\n
3. La Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la improcedencia del amparo, al estimar que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, porque el actor no recurri\u00f3 la Resoluci\u00f3n cuestionada y porque a\u00fan pod\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria para lo pertinente, sumado a que estaba en tr\u00e1mite una reclamaci\u00f3n administrativa, determinaci\u00f3n que fue impugnada por la parte activa. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el derecho al debido proceso convergen una serie de garant\u00edas, entre las que se destaca que nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. Para ello, resulta indispensable concurrir al litigio y contar con la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas por el extremo contario. <\/p>\n
Sin perjuicio de su tr\u00e1mite preferente y sumario, la acci\u00f3n de tutela se conduce por un verdadero proceso judicial y no puede ser ajena, por tanto, a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su \u00abtr\u00e1mite se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996); tal como lo dispone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, la Sala advierte que, como en el proceso ordinario laboral se discuti\u00f3 lo atinente al reconocimiento de la pensi\u00f3n, m\u00e1s no lo concerniente a la indexaci\u00f3n de la primera mesada, que es lo que ahora busca el actor, aunado a que el accionante no enfila su reclamado frente a lo decidido en sede judicial y dirige sus pretensiones \u00fanicamente frente a dos autoridades del orden distrital, como son el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones, es evidente que la competencia para conocer del amparo en primera instancia correspond\u00eda a los Jueces Municipales de Barranquilla, de acuerdo con lo reglado por numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que dispone que las \u00abacciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo tanto, lo actuado por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, conforme a lo estipulado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual resulta aplicable a los juicios de tutela por la remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. Al respecto, ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC2521-2016 y en CSJ ATC1178-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas de reparto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones… (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se insiste, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad, raz\u00f3n por la cual se invalidar\u00e1 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional a los Juzgados Municipales de Barranquilla, en raz\u00f3n a que los cuestionamientos est\u00e1n dirigidos contra autoridades del orden distrital. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se remita el expediente a los Juzgados Municipales de Barranquilla, por ser el competente para resolverlo. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR lo resuelto a la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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