ATC1563-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1563-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02004-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de septiembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Eduardo de Jes\u00fas Eraso Oviedo le instaur\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo y al Defensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo As\u00eds, si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abvida en condiciones dignas\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abestabilidad ocupacional reforzada\u00bb, para que: <\/p>\n
i) \u00abse declarara la ineficacia de la terminaci\u00f3n contractual o del despido unilateral con la consiguiente causaci\u00f3n del derecho a recibir todos los salarios o remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del despido unilateral (30 de junio de 2022) hasta la actualidad\u00bb; <\/p>\n
ii) \u00abse ordenara al Defensor del Pueblo en cabeza de la Defensor\u00eda del Pueblo que se [l]e reintegre al mismo cargo que desempe\u00f1aba esto es Defensor p\u00fablico delegado ante jueces municipales en la ciudad de Medell\u00edn-Antioquia\u00bb o \u00aba un cargo que ofrezca condiciones similares a las del empleo desempe\u00f1ado (\u2026) hasta la desvinculaci\u00f3n unilateral, o la RENOVACI\u00d3N del contrato para desarrollar un objeto contractual que ofrezca condiciones similares al del ejecutado anteriormente estando acorde con [su] actual estado de salud (\u2026) en la ciudad de la cual [es] oriundo\u00bb; y, <\/p>\n
iii) \u00abimponer una indemnizaci\u00f3n de 180 d\u00edas del salario o de la remuneraci\u00f3n que se percib\u00eda, de conformidad con el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 y por lo establecido en la sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional SU049-2017\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, contrario a lo ocurrido con sus colegas, a quienes se les prolong\u00f3 la designaci\u00f3n hasta el 31 de agosto \u00faltimo, su convenio finiquit\u00f3 en esa calenda, pese a que cumpli\u00f3 a cabalidad con las tareas y compromisos encomendados y a que se trata de un sujeto de especial protecci\u00f3n especial, al estar diagnosticado con \u00abEPILEPSIA NO ESPECIFICADA relacionada con EPISODIOS DEPRESIVOS Y CONVULSIONES DISOCIATIVAS\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo, tras argumentar que las s\u00faplicas \u00abson extra\u00f1as a la tutela, pues en lo atinente a la legalidad y los efectos derivados de la terminaci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, los llamados a pronunciarse, de ser el caso, son los jueces de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, por tratarse la contratante de una entidad p\u00fablica\u00bb, sin que fuera factible un pronunciamiento transitorio, en tanto, no se cumplen los presupuestos de improrrogabilidad y urgencia que ameriten la intervenci\u00f3n inmediata de esta especial justicia. <\/p>\n
3.- Ese desenlace fue impugnado por el quejoso, quien adem\u00e1s de insistir en sus alegaciones primigenias, enfatiz\u00f3 en que su ruego est\u00e1 dirigido a obtener una \u00abprotecci\u00f3n definitiva\u00bb, por reunirse las exigencias decantadas por la jurisprudencia constitucional para ello. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ha sostenido esta Sala, que pese a ser la \u00abtutela\u00bb un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
2.- En tal sentido, el factor competencia adem\u00e1s de valorarse conforme al Decreto 2591 de 1991 (art\u00edculo 37), debe responder a las normas compiladas en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, por cuanto el primero se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, y los segundos introdujeron y conservaron el \u00abfuncional\u00bb, pretendiendo as\u00ed, \u00abel conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado\u00bb (CSJ. ATC726-2021 reiterado en ATC1729-2021). <\/p>\n
El \u00faltimo de tales preceptos se\u00f1al\u00f3 en la parte considerativa: <\/p>\n
(\u2026) Que asuntos como: (i) las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica , incluyendo las relacionadas con la seguridad nacional, (ii) las actuaciones administrativas, pol\u00edticas, programas y\/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades p\u00fablicas relacionadas con la erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, (iii) las acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a la rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento , con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, deben ser debatidos por \u00f3rganos judiciales que refuercen la desconcentraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, preserven la jerarqu\u00eda funcional, y garanticen la unificaci\u00f3n jurisprudencial y el inter\u00e9s general. <\/p>\n
En su numeral 2\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba, estableci\u00f3 \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Y en el tercer ordinal del mismo canon, consagr\u00f3: <\/p>\n
Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Republica, del Contralor General de la Republica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del Consejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. <\/p>\n
3.- Descendiendo al sub lite se evidencia la falta de \u00abcompetencia\u00bb de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para resolver en primera instancia la salvaguarda, al advertirse que el reproche est\u00e1 dirigido contra la Defensor\u00eda del Pueblo y la referencia que hace el querellante al \u00abDefensor del Pueblo\u00bb es apenas, aparente, pues la contrataci\u00f3n de los \u00abDefensores P\u00fablicos\u00bb que prestan sus servicios a esa instituci\u00f3n, no est\u00e1 a cargo de dicho funcionario, sino del \u00ab\u00e1rea de Gesti\u00f3n Contractual, adscrita a la Secretar\u00eda General\u00bb (defensoria.gov.co\/web\/guest\/contrataci\u00f3n). <\/p>\n
En efecto, los convenios acusados son suscritos por el Secretario General de la Defensor\u00eda del Pueblo y es a esa dependencia a la que concierne la \u00abcontrataci\u00f3n de servicios profesionales\u00bb, requerida por la organizaci\u00f3n para la provisi\u00f3n de \u00ababogado[s] para la representaci\u00f3n judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensor\u00eda p\u00fablica; y la promoci\u00f3n, defensa, ejercicio y divulgaci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb, de donde surge con nitidez que ning\u00fan reproche se enfila, directamente, contra el \u00abDefensor del Pueblo\u00bb, ni el amparo compromete actuaciones de ese servidor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, atendiendo el mismo Decreto 333 de 2021 (art. 1\u00ba, num. 2\u00ba), surge la necesidad de asignar el conocimiento del presente tr\u00e1mite, dirigido contra una \u00abautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional\u00bb, a los jueces civiles del circuito, por lo que se dejar\u00e1 sin valor y efecto lo diligenciado en el sub examine. <\/p>\n
4.- En consecuencia, se impone la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, extensivo a este expedito procedimiento por mandato del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 que reglament\u00f3 el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de septiembre de 2022, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, para que se tramite en primera instancia la solicitud de amparo. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed prove\u00eddo a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s \u00e1gil. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPALSE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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