ATC1569-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1569-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela que Milton Arturo Portilla Caicedo le instaur\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la guarda de los derechos de \u00abpetici\u00f3n y queja\u00bb, para que, \u00abse ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de su representante legal, para que en el t\u00e9rmino perentorio de 48 horas proceda a ordenar a resolver el derecho de petici\u00f3n de fecha 9 de agosto de 2022 recibido por dicha instituci\u00f3n el d\u00eda 13 de agosto de 2022, seg\u00fan la gu\u00eda No. 9152769306, expedido por Servientrega en Cali\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis adujo que el 4 de julio y 9 de agosto de 2022, radic\u00f3 ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n dos \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb para que \u00abse investigue la desinformaci\u00f3n, el ocultamiento y la falsedad de que ha sido v\u00edctima por parte de Colpensiones, de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP y Protecci\u00f3n S.A.\u00bb por cuanto labor\u00f3 en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras P\u00fablicas y Transporte \u2013 Unidad Regional del Valle del 17 de noviembre de 1970 al 30 de agosto de 1983 y ninguna de esas entidades le ha indicado \u00abdonde fueron a parar los dineros que cotiz\u00f3 para pensi\u00f3n durante ese periodo\u00bb, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo la entidad accionada se haya pronunciado. <\/p>\n
2.- La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que la queja incoada por el actor \u00abest\u00e1 siendo evaluada por la Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n del Valle del Cauca bajo el radicado IUS E-2022-380050 IUC D-2022-2582767 con el fin de tomar las decisiones pertinentes y que en derecho corresponda\u00bb y, que \u00abde acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 110 de la Ley 1592 de 2019, el actor ostenta la calidad de quejoso dentro del tr\u00e1mite disciplinario y en tal medida s\u00f3lo resulta obligatorio notificarle la decisi\u00f3n de archivo, fallo absolutorio y la remisi\u00f3n de las diligencias a otro organismo por competencia, las cuales no han sido proferidas hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, Protecci\u00f3n S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones requirieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Cali desestim\u00f3 el resguardo, tras argumentar que \u00abla queja disciplinaria presentada por el actor est\u00e1 siendo objeto de evaluaci\u00f3n por parte de la Procuradur\u00eda, por lo que no se est\u00e1 vulnerando el derecho de petici\u00f3n del se\u00f1or Milton Arturo Portilla Caicedo\u00bb. <\/p>\n
4.- Ese desenlace fue refutado por el tutelante, quien adem\u00e1s de insistir en sus alegaciones primigenias, agreg\u00f3 que \u00abse debe responder [su] petici\u00f3n, pues la pregunta que [se hace] desde hace varios a\u00f1os, es qu\u00e9 entidad corrupta de este pa\u00eds tiene los aportes que [pag\u00f3] para [su] pensi\u00f3n, prueba que no tuvo en cuenta el Magistrado Ponente, como tampoco las explicaciones que dio la Procuradur\u00eda, pues nada m\u00e1s raro se puede esperar de este pa\u00eds, que no solamente a [\u00e9l] sino a miles de colombianos, [les] roban los aportes que para pensi\u00f3n [han] pagado y que por desgracia no [pudieron] seguir cotizando\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ha sostenido esta Sala, que pese a ser la \u00abtutela\u00bb un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
2.- En tal sentido, el factor competencia adem\u00e1s de valorarse conforme al Decreto 2591 de 1991 (art\u00edculo 37), debe responder a las normas compiladas en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, por cuanto el primero se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, y los segundos introdujeron y conservaron el \u00abfuncional\u00bb, pretendiendo as\u00ed, \u00abel conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado\u00bb (CSJ. ATC726-2021 reiterado en ATC1729-2021). <\/p>\n
El \u00faltimo de tales preceptos se\u00f1al\u00f3 en la parte considerativa: <\/p>\n
(\u2026) Que asuntos como: (i) las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica , incluyendo las relacionadas con la seguridad nacional, (ii) las actuaciones administrativas, pol\u00edticas, programas y\/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades p\u00fablicas relacionadas con la erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, (iii) las acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a la rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento , con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, deben ser debatidos por \u00f3rganos judiciales que refuercen la desconcentraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, preserven la jerarqu\u00eda funcional, y garanticen la unificaci\u00f3n jurisprudencial y el inter\u00e9s general. <\/p>\n
En su numeral 2\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba, estableci\u00f3 \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Y en el tercer ordinal del mismo canon, consagr\u00f3: <\/p>\n
Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Republica, del Contralor General de la Republica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del Consejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. <\/p>\n
3.- Descendiendo al sub lite se evidencia la falta de \u00abcompetencia\u00bb de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali para resolver en primera instancia esta salvaguarda, al advertirse que si bien el inconforme dirigi\u00f3 el auxilio contra la \u00abProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, porque supuestamente no ha atendido \u00abel derecho de petici\u00f3n o las quejas\u00bb que ante ella instaur\u00f3 el 4 de julio y 9 de agosto de 2022 contra Colpensiones, la UGPP y Protecci\u00f3n S.A., de la respuesta ofrecida por el organismo de control se supo que la aludida petici\u00f3n \u00abest\u00e1 siendo evaluada por la Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n del Valle del Cauca\u00bb con radicados \u00abIUS E-2022-380050 IUC D-2022-2582767\u00bb para determinar \u00absi hay lugar a tomar las decisiones pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), pues como qued\u00f3 visto, en verdad no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra de la \u00abProcuradora General de la Naci\u00f3n\u00bb, de donde es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de \u00e9sta, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01, reiterada en ATC208-2022), en tanto, se insiste, el citado \u00abtr\u00e1mite disciplinario\u00bb no est\u00e1 a cargo de dicha funcionaria sino de \u00abla Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n del Valle del Cauca\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, \u00abcomo de vieja data se tiene por sentado, \u201cno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; reiterado en ATC, 13 sep. 2013, rad. 00134-01 y ATC1210-2022, 17 ag., rad. 2022-00911-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, atendiendo el mismo Decreto 333 de 2021 (art. 1\u00ba, num. 2\u00ba), surge la necesidad de asignar el conocimiento del presente tr\u00e1mite, dirigido contra una \u00abautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional\u00bb, a los jueces civiles del circuito, por lo que se dejar\u00e1 sin valor y efecto lo diligenciado en el sub examine. <\/p>\n
4.- En consecuencia, se impone la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, extensivo a este expedito procedimiento por mandato del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 que reglament\u00f3 el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 27 de septiembre de 2022, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Cali, para que se tramite en primera instancia la solicitud de amparo. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo prove\u00eddo a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s \u00e1gil. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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