ATC1578-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00271-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la solicitud elevada por el accionante para que se \u00abACLARE Y ADICIONE\u00bb la providencia CSJ STC13335-2022, 5 oct., emitida dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su demanda de tutela, el actor pidi\u00f3 que se ordenara a la autoridad querellada emitir sentencia \u00aben un t\u00e9rmino no superior a 24 horas\u00bb en una acci\u00f3n popular instaurada por \u00e9l, porque, a su juicio, en dicho proceso \u00abse incumple [el] art 34 [de la] ley 472 de 1998 al no existir fallo en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo [impuestos por esa norma]\u00bb. <\/p>\n
2. En primera instancia, el tribunal declar\u00f3 improcedente el amparo, dada la temeridad del gestor; y, en consecuencia, le impuso una \u00absanci\u00f3n [con base en el] inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, conden\u00e1ndolo al pago de costas \u00abpor valor de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante la sentencia que es objeto de la solicitud en estudio, la Corte ratific\u00f3 la inviabilidad de la salvaguarda, con fundamento en el mismo motivo, pues, Restrepo Zapata promovi\u00f3 otro amparo contra el estrado denunciado, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien, el 8 de septiembre de 2022 (rad. n.\u00b0 2022-00272), neg\u00f3 la protecci\u00f3n. <\/p>\n
4. El libelista formul\u00f3 petici\u00f3n para que se \u00abACLARE Y ADICIONE\u00bb el fallo proferido por esta Corporaci\u00f3n, puesto que, en su criterio, esa determinaci\u00f3n conculca \u00abABIERTAMENTE\u00bb su prerrogativa esencial de debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La aclaraci\u00f3n de providencias. <\/p>\n
De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]a sentencia (…) podr\u00e1 ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias proceder\u00e1 la aclaraci\u00f3n de auto (…)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con esta norma procesal, la aclaraci\u00f3n resulta procedente cuando lo resolutivo de una providencia, o su motivaci\u00f3n fundamental, son ambiguas, confusas o insondables, de modo tal que obstaculicen la cabal comprensi\u00f3n de los alcances de la decisi\u00f3n judicial, o de los argumentos que soportan esa resoluci\u00f3n, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha insistido en que: <\/p>\n
\u00ab(…) la aclaraci\u00f3n (…) procede cuando se incluyan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, bien porque se encuentren en la parte resolutiva, ora porque influyan en ella, aserci\u00f3n que pone en evidencia la necesidad de verificar la presencia de algunos requisitos (…): (i) petici\u00f3n o pronunciamiento de oficio en el t\u00e9rmino de ejecutoria; (ii) presencia de conceptos o frases equ\u00edvocas; y (iii) ambig\u00fcedad en la resoluci\u00f3n o que el equ\u00edvoco se determine desde la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
La figura supone la intenci\u00f3n del legislador de conjurar la imposibilidad de cumplimiento de una providencia por ininteligibilidad de lo que ella dispone, e implica que tan s\u00f3lo sucede cuando la frase o el concepto, tomados en conjunto con el cuerpo del fallo, puedan interpretarse en sentidos diversos o generen \u201cverdadero motivo de duda\u201d, seg\u00fan textualmente expresa la norma\u00bb (CSJ AC4594-2018, 22 oct.; reiterado en CSJ AC5534-2018, 19 dic.). <\/p>\n
2. La adici\u00f3n de providencias. <\/p>\n
El art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso dispone, respecto de la adici\u00f3n, que esta procede cuando una providencia \u00abomita la resoluci\u00f3n de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb, actuaci\u00f3n que el juzgador puede acometer de oficio, o a solicitud de parte, si es elevada dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la decisi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
Del contenido de la norma transcrita puede colegirse que la complementaci\u00f3n de la sentencia s\u00f3lo ser\u00e1 viable cuando se dejen de resolver aspectos planteados por las partes, o lo que es lo mismo, cuando el juez omita realizar un pronunciamiento integral sobre lo pedido. <\/p>\n
Establecido el alcance y contenido de los mecanismos de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de providencias judiciales, se advierte la improcedencia de la solicitud que con esos prop\u00f3sitos elev\u00f3 el accionante, puesto que all\u00ed no se denuncia que la Corte hubiera dejado de proveer acerca de alguna de las variables del asunto sometido a su escrutinio, ni tampoco que la cuestionada sentencia contenga frases ambiguas o dudosas que figuren en su parte resolutiva o que influyan en ella, sino que aquel insiste en que \u00abse pruebe\u00bb su temeridad; no obstante, fue precisamente sobre este \u00faltimo punto que se ocup\u00f3 la Sala en la resoluci\u00f3n debatida. <\/p>\n
Es oportuno se\u00f1alar que las herramientas procesales de las que hizo uso el querellante no fueron contempladas para cuestionar el sentido de las decisiones judiciales, sino espec\u00edficamente para conjurar las deficiencias de naturaleza formal enunciadas en los ya citados art\u00edculos 285 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No sobra resaltar que las irregularidades que ameritar\u00edan los correctivos reclamados por el accionante son ajenas al fallo en estudio, pues all\u00ed la Corte defini\u00f3 cabalmente la controversia que se someti\u00f3 a su escrutinio, mediante una argumentaci\u00f3n clara, completa y arm\u00f3nica, que se finc\u00f3, medularmente, en la existencia de una conducta temeraria por parte del actor. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, no hay lugar a acoger la solicitud en estudio, porque la providencia sobre la que la misma versa no contiene frases oscuras o ambiguas que se presten para confusi\u00f3n; y, adem\u00e1s involucra un pronunciamiento completo y panor\u00e1mico sobre los asuntos puestos a consideraci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
NEGAR la solicitud elevada por Mario Alberto Restrepo Zapata, frente a la sentencia CSJ STC13335-2022, 5 oct. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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