ATC1583-2022<\/p>\n
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ATC1583-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2022-00318-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 26 de septiembre de la anualidad que avanza, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida, a trav\u00e9s de apoderado judicial, por Mar\u00eda del Socorro Fl\u00f3rez G\u00f3mez, Luis Eduardo S\u00e1nchez Monsalve, Estefan\u00eda y Jean Paul S\u00e1nchez Fl\u00f3rez contra el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de esa misma capital, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los se\u00f1ores Daniel Esteban Escobar Arboleda, Yamile Ortiz Echeverri y Luz Enit \u00c1lzate Vanegas, as\u00ed como el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico, adscritos a la oficina judicial criticada, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse: <\/p>\n
1. Revisado con rigor el expediente contentivo de las actuaciones adelantadas en la primera instancia, se observa que los Juzgados Penal del Circuito de Girardota y Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, no fueron notificados del inicio del presente asunto excepcional, a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, a pesar que tienen total y plena injerencia en el mismo, en tanto que lo puntualmente pretendido por los aqu\u00ed convocantes, es que se invalide la sentencia anticipada dictada en curso del pleito verbal sumario memorado, bajo el entendido que, conforme a lo resuelto por tales oficinas judiciales, s\u00ed ostentan la calidad de acreedores del demandado, y por tanto, se encuentran legitimados para adelantar dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, en vista de que dichas autoridades decidieron, en su orden, i) sobre la causa seguida en contra de Daniel Esteban Escobar Arboleda (demandado en el juicio de levantamiento de afectaci\u00f3n a vivienda familiar base del reclamo), por el delito de homicidio del se\u00f1or Paulo Cesar S\u00e1nchez (hijo y hermano de los aqu\u00ed accionantes) y, ii) frente al juicio de responsabilidad civil extracontractual seguido en contra de aqu\u00e9l, tambi\u00e9n por parte de los tutelantes y por hechos relacionados con la muerte de su aludido familiar. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de sus intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que se adopte. <\/p>\n
3. Dicho ordenamiento garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub lite, pues es evidente que el fallo que llegue a emitirse concierne a los referidos sujetos procesales, puesto que, como en antelaci\u00f3n se indic\u00f3, lo que solicitan los tutelantes, guarda directa relaci\u00f3n con las resultas de los procesos penal y de responsabilidad civil extracontratual referenciados, siendo de vital importancia para la definici\u00f3n del asunto, las manifestaciones e informaci\u00f3n que sobre el particular puedan aportar a la acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
Frente a la obligatoriedad de integrar debidamente el contradictorio en tr\u00e1mites de este linaje, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abha hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
\u2018La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2019\u00bb (CSJ AT 018, 31 Ene 2005, criterio citado entre muchos otros en ATC826-2022). <\/p>\n
4. En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente al a quo constitucional, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de los Juzgados Penal del Circuito de Girardota y Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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