ATC1601-2022<\/p>\n
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ATC1601-2022 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda tramitar la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga, el 29 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que William Pascual Ospina Barrag\u00e1n formul\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado Juan Jos\u00e9 Ospina Mill\u00e1n como demandante del proceso ejecutivo de alimentos que, bajo el radicado 2021-00122-00, se sigue en el despacho accionando, sino fuera porque se advirti\u00f3 un defecto que configur\u00f3 la nulidad que pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, y tras relatar lo sucedido en el anotado litigio, solicit\u00f3 declarar la nulidad de dicha actuaci\u00f3n, por cuanto -afirm\u00f3- no fue debidamente notificado. <\/p>\n
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2. El Colegiado a quo deneg\u00f3 el amparo por ausencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, por lo que el interesado impugn\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Si bien es cierto, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa por pasiva. <\/p>\n
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1. En el caso bajo estudio se plante\u00f3 cierta controversia frente a las actuaciones acaecidas dentro del proceso ejecutivo de alimentos adelantado por Juan Jos\u00e9 Ospina Mill\u00e1n, contra William Pascual Ospina Barrag\u00e1n, ante el juzgado accionado. En ese tipo de asuntos, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 46 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como en el canon 82.12 y el inciso final del par\u00e1grafo \u00fanico del numeral 95 de la Ley 1098 de 2016, resulta necesario convocar como intervinientes tanto al Defensor de Familia adscrito al respectivo despacho, como al Ministerio P\u00fablico [en cabeza del procurador judicial correspondiente] para que, entre otros, propendan por la defensa de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes involucrados. <\/p>\n
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1. Revisados los expedientes adosados al presente tr\u00e1mite, se logr\u00f3 establecer, de un lado, que en el auto que avoc\u00f3 y admiti\u00f3 la demanda ejecutiva mencionada, el juzgado accionado, convoc\u00f3 a los anotados funcionarios y, del otro, que ninguno de ellos fue enterado sobre la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n, a pesar del evidente inter\u00e9s que a los mismos les asiste de participar o pronunciarse, de cara a sus funciones. <\/p>\n
1. Tales notificaciones eran de trascendental importancia para garantizar a las partes el goce efectivo de su derecho al debido proceso, de conformidad con los lineamientos constitucionales establecidos para el efecto, pues es claro, que, a falta de lo anterior, aqu\u00e9llos no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre el particular. <\/p>\n
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3. La informalidad de la que est\u00e1 dotada la tutela no puede implicar el quebrantamiento de la aludida prerrogativa, a la que por expreso mandato constitucional est\u00e1n sometidas las todas actuaciones administrativas y judiciales [Art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica] de manera que, el juez que la conoce, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas- enterar debidamente a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n ius fundamental denunciada y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga, el 29 de septiembre de 2022, para que se rehaga el tr\u00e1mite, se vincule y notifique en debida forma tanto al Defensor de Familia adscrito al Juzgado Promiscuo de Familia de Buga, como al Ministerio P\u00fablico [en cabeza del Procurador Judicial correspondiente] y se vuelva a dictar el fallo, previas las constancias de rigor. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n deber\u00e1 ser renovada con ese exclusivo prop\u00f3sito, permaneciendo inc\u00f3lume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: En oportunidad devu\u00e9lvase el expediente al lugar de origen. <\/p>\n
Tercero: Enterar a las partes, la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Como en casos an\u00e1logos se ha ordenado consultar Auto ATC161-2020 de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil. <\/p>\n
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