SC1627-2022 (2016-00375-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1627-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-10-004-2016-00375-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso Guiomar Villegas de Franco contra la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 la recurrente contra los herederos de Julio Agust\u00edn Forero Pombo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La actora solicit\u00f3 declarar \u00abla existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre Guiomar Villegas de Franco y Julio Agust\u00edn Forero Pombo (q.e.p.d.), entre el 22 de junio de 2012 y el 22 de septiembre de 2015\u00bb. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se ordenara la liquidaci\u00f3n de la \u00absociedad patrimonial\u00bb que habr\u00eda surgido entre los compa\u00f1eros permanentes durante el referido lapso. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, la se\u00f1ora Villegas de Franco relat\u00f3 que, tras la disoluci\u00f3n de sus v\u00ednculos maritales previos, tanto ella como el se\u00f1or Forero Pombo \u00abhicieron comunidad de vida permanente y singular, sin haber contra\u00eddo ninguna clase de matrimonio entre s\u00ed, desde el 22 de junio de 2011 (sic), hasta el 22 de septiembre de 2015, fecha de fallecimiento de Julio Agust\u00edn (\u2026), siendo ejemplos concretos de esta situaci\u00f3n el arrendamiento del apartamento 401 de la carrera 13 n\u00b0 113-02, en el cual convivieron conjuntamente (\u2026), viajes conjuntos como pareja a destinos (\u2026), registros cl\u00ednicos de la Cl\u00ednica Mayo (Jacksonville, Florida, EE.UU.) y de la Fundaci\u00f3n Cardio-Infantil, Cl\u00ednica Reina Sof\u00eda y de la empresa Praxair (suministro de ox\u00edgeno), donde consta que la se\u00f1ora Villegas de Franco era la persona que siempre acompa\u00f1\u00f3 a Julio Agust\u00edn en sus estados delicados de salud\u00bb. <\/p>\n
A lo expuesto agreg\u00f3 que \u00abde la sociedad patrimonial que surja de la declaraci\u00f3n de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre Julio Agust\u00edn Forero Pombo y Guiomar Villegas de Franco, existen unas sumas de dinero respaldadas en algunos pagar\u00e9s a favor del se\u00f1or Julio Forero, y cuyo deudor es Miguel Barranco Garc\u00eda, que ascienden a la suma de $6.655.997.698,04 (\u2026)\u00bb, y que deben sumarse a otro cartular, \u00abpor concepto de intereses, por un valor de $411.036.378, cuyo vencimiento se producir\u00e1 el pr\u00f3ximo 2 de julio de 2016 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
3.1. Notificados del auto admisorio de la demanda, Alejandra y Rodrigo Forero Prieto, hijos matrimoniales de Julio Agust\u00edn Forero Pombo, se opusieron a la prosperidad del petitum y excepcionaron \u00abinexistencia de uni\u00f3n marital de hecho (\u2026) por ausencia del requisito de permanencia\u00bb y \u00abeventual existencia de uni\u00f3n marital de hecho desde el mes de abril de 2015, hasta el 22 de septiembre de 2015, por tanto sin efectos patrimoniales\u00bb. <\/p>\n
2.2. Santiago Forero Prieto, tambi\u00e9n descendiente del occiso, formul\u00f3 las defensas denominadas \u00abexistencia de litisconsorcio necesario por pasiva\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb. <\/p>\n
2.3. El curador ad litem de los herederos indeterminados del causante Forero Pombo dijo atenerse a lo que se llegara a probar en el proceso. <\/p>\n
2.4. Mediante fallo de 28 de noviembre de 2019, el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 las excepciones propuestas y acogi\u00f3 en su integridad los reclamos de la demanda. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpusieron los hermanos Forero Prieto, el tribunal mantuvo inc\u00f3lume el reconocimiento del v\u00ednculo more uxorio, pero revoc\u00f3 lo atinente a sus efectos econ\u00f3micos, tras acoger \u00abla excepci\u00f3n de \u201cprescripci\u00f3n\u201d de la acci\u00f3n tendiente a obtener la declaratoria de existencia de sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Para fundamentar dichas determinaciones, sostuvo: <\/p>\n
(i) Es indudable que las pruebas recaudadas, \u00aben particular la prueba documental aportada por la actora, as\u00ed como los testimonios de Blanca Lucila Gonz\u00e1lez Herrera, Mar\u00eda Constanza Franco Villegas, Claudia Guiomar Franco Villegas, Carlos Nicol\u00e1s Hadjitsangari y Edwin Antonio Quintana y los interrogatorios absueltos por la demandante y por la demandada Alejandra Forero Prieto, permiten inferir que entre Guiomar Villegas de Franco y Julio Agust\u00edn Forero Pombo hubo efectivamente una comunidad de vida permanente y singular, que se prolong\u00f3 de manera ininterrumpida a partir del 22 de junio de 2012, hasta el 22 de septiembre de 2015, lo que permite dar por configurada la uni\u00f3n marital de hecho declarada por el a quo\u00bb. <\/p>\n
(ii) En ese escenario, \u00abal superarse con creces el bienio de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho exigido en la ley 54 de 1990, ello permite presumir que existi\u00f3 una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, durante el mismo lapso de tiempo de existencia de la primera; sin embargo, la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta (…) est\u00e1 llamada a prosperar, dado que la convivencia marital declarada por el a quo finaliz\u00f3 el 22 de septiembre de 2015, a causa del deceso del compa\u00f1ero Julio Agust\u00edn Forero Pombo, en tanto que la demanda fue presentada a reparto el 28 de marzo de 2016, […es decir,] dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o que establece el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 54 de 1990, […pero] la demandante no cumpli\u00f3 con la carga procesal de notificar a todos los demandados dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o estipulado en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
(iii) Ciertamente, \u00absi el auto admisorio de 25 de mayo de 2016 fue notificado al d\u00eda siguiente por estado, el t\u00e9rmino all\u00ed previsto precluy\u00f3 el 24 de mayo de 2017, y, aunque los demandados Alejandra y Rodrigo Forero Prieto fueron notificados de manera oportuna el 27 de mayo de 2016 y el 9 de mayo de 2017, respectivamente, no ocurri\u00f3 lo mismo con el demandado Santiago Forero Prieto, ni con el curador ad litem de los herederos indeterminados de Julio Agust\u00edn Forero Pombo, toda vez que el primero fue notificado por conducta concluyente mediante auto de 16 de febrero de 2018 y el segundo el 27 de junio del mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
(iv) La tard\u00eda integraci\u00f3n del contradictorio no es ajena a la parte actora, \u00abdado que las medidas cautelares pretendidas no fueron solicitadas con la demanda, a efectos de que ab initio, el a quo se pronunciara al respecto; de otro lado, tal solitud la realiz\u00f3 dos d\u00edas despu\u00e9s de que la interesada fue notificada del auto admisorio de 25 de mayo de 2016, la que consist\u00eda en el embargo y secuestro de cuatro pagar\u00e9s (…), medida que (…) fue decretada por el a quo por providencia del 30 de junio de 2016 y que no se pudo perfeccionar (…), lo que fue puesto de presente a la demandante por auto de 25 de noviembre de 2016, frente a lo que \u00e9sta guard\u00f3 silencio\u00bb. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el enteramiento de Santiago Forero Prieto, \u00abha de verse que, la \u00fanica gesti\u00f3n que realiz\u00f3 la demandante para obtener la notificaci\u00f3n del auto admisorio de 25 de mayo de 2016 fue el citatorio enviado a la calle 114 n.\u00ba 11-08 apartamento 304 de Bogot\u00e1, con constancia de devoluci\u00f3n por parte de la empresa postal de fecha 8 de mayo de 2017, dado que \u00e9ste no reside en el lugar, situaci\u00f3n atribuible a la demandante y no la administraci\u00f3n de justicia; adem\u00e1s, pese a que la actora alleg\u00f3 dicho citatorio, \u00e9sta guard\u00f3 silencio frente al prove\u00eddo de 9 de junio de 2017, por el que el Juzgado tuvo notificado a Santiago Forero Prieto de conformidad a lo previsto en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
(vi) Y en lo que ata\u00f1e a los herederos indeterminados del occiso Forero Pombo, \u00abtambi\u00e9n hay una flagrante incuria para notificarles el auto admisorio, pues si bien en ese prove\u00eddo se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de aqu\u00e9llos, pero no se dispuso el emplazamiento de los mismos, lo cierto es que la apoderada (sic) judicial de la demandante guard\u00f3 silencio al respecto, sin perder de vista que, una vez el a quo, subsan\u00f3 de manera oficiosa tal omisi\u00f3n por prove\u00eddo del 9 de junio de 2017, dicho curador ad-litem se notific\u00f3 de la demanda el 29 de junio de 2018, sin que se evidencie en el expediente que la demandante hubiera sido diligente en orden a obtener la notificaci\u00f3n de manera oportuna\u00bb. <\/p>\n
(vii) En s\u00edntesis, \u00abal encontrarse probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por el demandado Santiago Forero Prieto, deber\u00e1 revocarse parcialmente el ordinal cuarto, totalmente los ordinales segundo, quinto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, para, en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de \u201cprescripci\u00f3n y caducidad\u201d y, a su vez, declarar que entre Guiomar Villegas de Franco y Julio Agust\u00edn Forero Pombo existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 22 de junio de 2012, [pero] negar la declaraci\u00f3n de existencia de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su recurso extraordinario, la actora formul\u00f3 cinco cargos; tres de ellos al amparo de la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y los restantes al abrigo de la causal segunda. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
(i) Es com\u00fan a toda modalidad de prescripci\u00f3n extintiva que \u00absolo la parte que pretenda beneficiarse de ella est\u00e1 facultada para alegarla, sin que pueda el juez declararla de oficio (art\u00edculo 1513 del C\u00f3digo Civil). Esta fue, precisamente, la norma sustancial que viol\u00f3 el Tribunal, porque no la aplic\u00f3 al caso que se dej\u00f3 a su consideraci\u00f3n, confundi\u00e9ndola con el requisito procesal consagrado en el inciso final del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
(ii) En estricto sentido, \u00abse trata de figuras completamente distintas: de naturaleza sustancial, alusiva a la necesidad de alegar la prescripci\u00f3n por quien pretende favorecerse de ella, y de \u00edndole procesal, referida a que la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n por la presentaci\u00f3n de la demanda requiere que deba notificarse el auto admisorio a todos los demandados cuando \u00e9stos son litisconsortes necesarios\u00bb. <\/p>\n
(iii) Dicho de otro modo, fueron dos las equivocaciones que cometi\u00f3 el tribunal, a saber, \u00abaplic\u00f3 la figura del litisconsorcio necesario a una situaci\u00f3n que no ca\u00eda bajo su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n; y aun en el evento hipot\u00e9tico de que los demandados hubieren sido litisconsortes necesarios, ese solo hecho no facultaba al sentenciador a declarar la prescripci\u00f3n a favor de los convocados que no la alegaron\u00bb. <\/p>\n
(iv) En cuanto a lo primero, \u00abvale la pena memorar que una cosa es una parte singular representada por varias personas, y otra muy distinta una pluralidad de partes. El litisconsorcio comporta una pluralidad de partes, pero no una parte singular susceptible de representaci\u00f3n por varios sujetos\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abfallecido uno de los sujetos que conforman dicha relaci\u00f3n dual, sus sucesores puedan entrar a reemplazarlo o sustituirlo en el proceso, caso en el cual no ser\u00e1n litisconsortes sino simples representantes del causante\u00bb. <\/p>\n
(v) En lo que ata\u00f1e al segundo yerro, debe reconocerse que \u00abuna cosa es que cuando los demandados son litisconsortes necesarios la ley procesal exija la notificaci\u00f3n a todos ellos dentro del a\u00f1o contemplado en el art\u00edculo 94 de la ley adjetiva (contado entre la notificaci\u00f3n del auto admisorio al demandante y su notificaci\u00f3n a todos los demandados) para que se interrumpa la prescripci\u00f3n por la presentaci\u00f3n de la demanda; y otra muy distinta que, aun consumada la prescripci\u00f3n, la parte interesada en su declaraci\u00f3n tenga la carga de alegarla\u00bb. <\/p>\n
(vi) Inclusive, \u00abla misma ley procesal es enf\u00e1tica en advertir que (…) \u201clos actos que impliquen disposici\u00f3n del derecho de litigio solo tendr\u00e1n eficacia si emanan de todos\u201d los litisconsortes\u00bb, de modo que \u00abaunque se insistiera en el error de considerar que los demandados en el presente proceso son litisconsortes necesarios, ello no autoriza al juez a declarar la prescripci\u00f3n a favor de los demandados que no la alegaron; y, ni siquiera, a favor del que formul\u00f3 esa excepci\u00f3n, como quiera que la ley procesal es enf\u00e1tica en exigir que en ese evento la prescripci\u00f3n (…) solo tiene eficacia si se solicita por todos los litisconsortes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Violaci\u00f3n directa de la norma sustancial. <\/p>\n
Si la censura se construye acusando la sentencia de trasgredir, en forma directa, una norma sustancial, el censor debe acreditar que, sin alterar la representaci\u00f3n de los hechos que se form\u00f3 el tribunal a partir del examen del material probatorio, el ordenamiento jur\u00eddico impon\u00eda una soluci\u00f3n a la controversia radicalmente distinta de la que se adopt\u00f3 en la providencia que puso fin a la segunda instancia. <\/p>\n
En ese sentido, la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dej\u00f3 de aplicar al asunto una disposici\u00f3n que era pertinente, aplic\u00f3 otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringi\u00f3 de tal manera que distorsion\u00f3 los alcances ideados por el legislador. <\/p>\n
Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoraci\u00f3n probatoria; adem\u00e1s, su estructuraci\u00f3n se presenta por tres v\u00edas, de contornos bien definidos: la falta de aplicaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n indebida o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma de derecho sustancial. As\u00ed lo tiene decantado el precedente: <\/p>\n
\u00ab(…) La violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera (…), acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. [P]or lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador, cuesti\u00f3n esta que solo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb (CSJ SC9100-2014, 11 jun; reiterada en CSJ SC1819-2019, 28 may.). <\/p>\n
2. Interposici\u00f3n de la demanda contra herederos determinados e indeterminados. <\/p>\n
De anta\u00f1o, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que la capacidad de las personas naturales para ser sujetos de derechos y, por contera, para ser parte de un proceso, \u00abest\u00e1 unida a la propia existencia, como la sombra est\u00e1 unida al cuerpo que la proyecta\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 1983, G. J. t. CLXXII, p\u00e1g. 171-177). As\u00ed las cosas, y dado que \u00abla existencia de las personas termina con la muerte\u00bb \u2013en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Civil\u2013, emerge inviable convocar a juicio a un individuo con posterioridad a la fecha de su deceso. <\/p>\n
Pese a ello, no puede desconocerse que los bienes, derechos y obligaciones de naturaleza transmisible que componen el patrimonio de las personas, no desparecen por completo con la muerte, sino que pasan a integrar de forma temporal un patrimonio aut\u00f3nomo, que suele denominarse sucesi\u00f3n o herencia, y que est\u00e1 llamado a ser distribuido entre sus herederos o legatarios, en la forma que establece el Libro Tercero del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En ese escenario, resulta previsible que alrededor de dichos bienes, derechos u obligaciones, integrantes de la masa herencial del causante, surjan controversias que requieran la intervenci\u00f3n de las autoridades jurisdiccionales, como ocurre cuando se reclama la validez o el cumplimiento de una convenci\u00f3n celebrada \u2013en vida\u2013 por un individuo ya fallecido, o se busca establecer con \u00e9l una relaci\u00f3n determinante del estado civil, entre otras hip\u00f3tesis. <\/p>\n
Y, como para la resoluci\u00f3n de esas disputas no puede convocarse a quien fue parte de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial, precisamente por haberse extinguido su existencia antes de iniciar el juicio, el ordenamiento dispuso un m\u00e9todo alternativo, que consiste en conformar el contradictorio con todos sus herederos, tal como lo establece, en la actualidad, el canon 87 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
\u00abCuando se pretenda demandar en proceso declarativo o de ejecuci\u00f3n a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesi\u00f3n no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoren, la demanda deber\u00e1 dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenar\u00e1 emplazarlos en la forma y para los fines previstos en este c\u00f3digo. Si se conoce a alguno de los herederos, la demanda se dirigir\u00e1 contra estos y los indeterminados. La demanda podr\u00e1 formularse contra quienes figuren como herederos abintestato o testamentarios, aun cuando no hayan aceptado la herencia. En este caso, si los demandados o ejecutados a quienes se les hubiere notificado personalmente el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, no manifiestan su repudio de la herencia en el t\u00e9rmino para contestar la demanda, o para proponer excepciones en el proceso ejecutivo, se considerar\u00e1 que para efectos procesales la aceptan. Cuando haya proceso de sucesi\u00f3n, el demandante, en proceso declarativo o ejecutivo, deber\u00e1 dirigir la demanda contra los herederos reconocidos en aquel, los dem\u00e1s conocidos y los indeterminados, o solo contra estos si no existieren aquellos, contra el albacea con tenencia de bienes o el administrador de la herencia yacente, si fuere el caso, y contra el c\u00f3nyuge si se trata de bienes o deudas sociales (…)\u00bb. <\/p>\n
La posibilidad de que, en reemplazo del difunto, se dirija la demanda contra sus herederos \u2013quienes, por ese mismo hecho, se convertir\u00e1n en parte del proceso\u2013, se explica porque estos tienen (i) la representaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 1155 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed como (ii) un inter\u00e9s subjetivo, serio, concreto y actual en la preservaci\u00f3n de la masa de bienes relictos, reflejado en el perjuicio que sufrir\u00edan si aquella decrece como secuela de la eventual prosperidad de las pretensiones. <\/p>\n
Es pertinente insistir en que la citaci\u00f3n de los herederos como demandados implica que ellos integrar\u00e1n ese extremo de la relaci\u00f3n procesal, de manera que ser\u00e1n parte1, sin importar que no hayan desempe\u00f1ado ning\u00fan rol en la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial sobre la que se debate. Recu\u00e9rdese que ese concepto \u2013el de parte\u2013 es meramente formal2, de modo que lo ser\u00e1, sin m\u00e1s, todo aquel que demande, sea demandado, intervenga como litisconsorte o de forma excluyente, sea llamado en garant\u00eda o como poseedor o tenedor, se constituya como sucesor procesal, o participe en incidentes o tr\u00e1mites especiales como las oposiciones3. <\/p>\n
A ello debe agregarse que los herederos no agencian \u00fanicamente los derechos de la sucesi\u00f3n, sino tambi\u00e9n los suyos propios, pues al menos en parte, su suerte est\u00e1 atada a la de esa universalidad. Muestra de ello es la necesidad de citar a todos esos sucesores, conocidos o no por el convocante \u2013no solo a uno cualquiera, en representaci\u00f3n del difunto\u2013, y tambi\u00e9n la consagraci\u00f3n de la presunci\u00f3n seg\u00fan la cual \u00absi los demandados (…) no manifiestan su repudio de la herencia en el t\u00e9rmino para contestar la demanda (…) se considerar\u00e1 que para efectos procesales la aceptan\u00bb, ficci\u00f3n que busca dotarlos de inter\u00e9s jur\u00eddico sobre la masa herencial4. <\/p>\n
El caso que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte ejemplifica muy bien ambas variables. En cuanto a la faceta formal, basta se\u00f1alar que el escrito de demanda se dirigi\u00f3 contra \u00ablos herederos determinados Alejandra Forero Prieto (…), Santiago Forero Prieto (…) y Rodrigo Forero Prieto (…), as\u00ed tambi\u00e9n contra herederos inciertos e indeterminados del de cujus\u00bb, de modo que cada uno de esos sujetos integra el extremo demandado de este proceso, debi\u00e9ndose considerar como una parte. <\/p>\n
Y, desde la perspectiva sustancial, es innegable que luego del deceso del se\u00f1or Forero Pombo, los efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos del v\u00ednculo more uxorio que sostuvo con la actora pasaron a incumbir a los herederos de aquel, por cuanto el \u00e9xito del petitum conllevar\u00eda el acrecimiento del activo de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes \u2013a la que, seg\u00fan lo afirmado en la demanda, ingresar\u00edan varias cuentas por cobrar, que totalizan $7.067.034.0765\u2013, y la correlativa reducci\u00f3n de la masa de bienes de la sucesi\u00f3n, en desmedro de sus legitimarios. <\/p>\n
3. Naturaleza del litisconsorcio conformado por los herederos que comparecen al proceso. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso, existir\u00e1 un litisconsorcio necesario entre los sujetos plurales que conforman un extremo del litigio, siempre que la controversia judicial \u00ab(…) verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo el precedente consolidado de esta Corporaci\u00f3n, cabe predicar esos rasgos caracter\u00edsticos de los herederos que son demandados en obedecimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 87 \u2013siempre y cuando un n\u00famero plural de ellos comparezcan al proceso sin repudiar la herencia\u2013. As\u00ed lo sostuvo la Corte en CSJ SC, 15 mar. 2001, rad. 6370: <\/p>\n
\u00abAl presente proceso destinado a declarar la existencia y disoluci\u00f3n de la sociedad de hecho constituida por la demandante y Eugenio Rueda G\u00f3mez, ya fallecido (…), se convocaron como sujetos pasivos del mismo a la se\u00f1ora Mar\u00eda Udalia Rueda Pulido, como heredera determinada del nombrado causante y junto con ella tambi\u00e9n a los herederos indeterminados, lo que acompasa con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 81 del C. de P.C [que corresponde al canon 87 del C\u00f3digo General del Proceso]; de ese modo se integra, pues, por disposici\u00f3n de la ley, un litisconsorcio necesario entre los herederos reconocidos y los indeterminados demandados, lo cual genera varios efectos procesales incidentes para lo que aqu\u00ed se ha de resolver: a) una sentencia uniforme para todos los litisconsortes; y, b) que los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecer\u00e1n a los dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Por esas mismas fechas, esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(…) si el actor conoce herederos del causante cuyo proceso de sucesi\u00f3n no se ha iniciado, y pretende convocarlos a litigio de conocimiento, tiene que dirigir la demanda frente a ellos y tambi\u00e9n contra los herederos que no conozca, todo de conformidad con lo establecido en la oraci\u00f3n final del inciso primero del art\u00edculo 81 citado, pues no siendo posible, como no lo es, resolver sin su presencia, la demanda deber\u00e1 encaminarse contra los ciertos y los indeterminados a fin de integrar cabalmente el contradictorio, tal cual lo prescribe el art\u00edculo 83 de la obra dicha [pauta equivalente, mutatis mutandis, al canon 61 del C\u00f3digo General del Proceso], cuyo inciso segundo establece la obligaci\u00f3n de citar las mencionadas personas, de oficio incluso, \u201cmientras no se haya dictado sentencia de primera instancia\u201d; con la obvia consecuencia de que, cuando as\u00ed no se proceda, quedar\u00e1 practicada en ilegal forma la notificaci\u00f3n a personas determinadas \u201cque deban ser citadas como partes\u201d y, por contera, se caer\u00e1 en la nulidad prevista en el art\u00edculo 140-9 del C\u00f3digo mencionado\u00bb (CSJ SC, 29 mar. 2001, rad. 5740). <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, insisti\u00f3 en que, <\/p>\n
\u00ab(…) en raz\u00f3n de la titularidad per universitatem que tienen todos los herederos en la masa hereditaria, ellos forman un consorcio pasivo y necesario para responder de las acciones que tiendan a sustraer bienes que pertenecen al patrimonio sucesoral. En cambio, por activa, cada heredero, en raz\u00f3n de suceder al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (art\u00edculo 1008 del C\u00f3digo Civil), y de la representaci\u00f3n del causante en tales derechos y obligaciones (art\u00edculo 1155 ib\u00ed dem), \u201cpuede demandar para todos los herederos a los cuales aprovecha lo favorable de la decisi\u00f3n, y perjudicar\u00e1 solamente al demandante en lo favorable de ella\u201d (CXVI p\u00e1g. 123)\u00bb (CSJ SC, 2 sep. 2005, rad. 7781). <\/p>\n
Es claro que la doctrina probable de la Corte \u2013en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4 de la Ley 169 de 1896\u2013 se\u00f1ala que si dos o m\u00e1s herederos son demandados como tales, y comparecen al proceso sin manifestar su repudio por la herencia, conformar\u00e1n entre s\u00ed un litisconsorcio necesario, en tanto no es posible dictar sentencia sin su presencia, y las decisiones que adopten all\u00ed los jueces de la causa tendr\u00e1n que ser indefectiblemente id\u00e9nticas para todos ellos. <\/p>\n
A esa conclusi\u00f3n, adem\u00e1s, no cabe oponer las razones que esgrimi\u00f3 el recurrente, en tanto que los herederos no son meros representantes de un patrimonio aut\u00f3nomo que les es ajeno, sino tambi\u00e9n gestores de sus intereses conjuntos sobre la sucesi\u00f3n, en los t\u00e9rminos que se explicaron en el ac\u00e1pite precedente. <\/p>\n
4. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
En su primer cuestionamiento, la recurrente propuso dos tesis que no son conciliables. La primera, se orient\u00f3 a descartar que entre los demandados existiera un litisconsorcio necesario, argumentaci\u00f3n cuyo desarrollo se apoy\u00f3 en el salvamento de voto al fallo de tutela STC15982-2018, 6 dic, el cual, en atenci\u00f3n a las peculiaridades de este caso, queda rebatido con la doctrina probable de la Corte. <\/p>\n
En su segundo planteamiento, en cambio, admiti\u00f3 que los herederos citados conformaban un litisconsorcio necesario, pero calific\u00f3 de errada la decisi\u00f3n de extender a todos ellos la declaratoria de prescripci\u00f3n extintiva de las acciones para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, pues esa defensa \u00fanicamente hab\u00eda sido planteada por el convocado Santiago Forero Prieto. <\/p>\n
Para apuntalar su cr\u00edtica, cit\u00f3 los art\u00edculos 2513 del C\u00f3digo Civil \u2013\u00ab[e]l que quiera aprovecharse de la prescripci\u00f3n debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio\u00bb\u2013 y 61 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013\u00ab[l]os recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecer\u00e1n a los dem\u00e1s. Sin embargo, los actos que impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio solo tendr\u00e1n eficacia si emanan de todos\u00bb\u2013; sin embargo, tales preceptos apuntan hacia la direcci\u00f3n opuesta, dado lo siguiente: <\/p>\n
(i) Como ya qued\u00f3 sentado, los convocados a este proceso son litisconsortes necesarios, raz\u00f3n por la cual la resoluci\u00f3n del conflicto debe ser uniforme. Ello impone que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n tenga una suerte com\u00fan, bien sea favoreciendo al conjunto de herederos del se\u00f1or Forero Pombo, o siendo declarada impr\u00f3spera para todos ellos. <\/p>\n
(ii) La segunda soluci\u00f3n, que es la que defiende la demandante, implicar\u00eda restar todo valor al oportuno alegato de Santiago Forero Prieto, incluso en lo que a \u00e9l mismo respecta, y sin que exista norma jur\u00eddica que lo justifique. Antes bien, puede sostenerse que supeditar la efectividad del medio exceptivo que esgrimi\u00f3 el citado demandado a los actos o decisiones de sus copartes, no armoniza con la naturaleza fundamental del derecho a la defensa. <\/p>\n
(iii) En contraposici\u00f3n, si varias personas han de compartir suertes en un proceso, es razonable que sus excepciones individuales se sumen a un alegato com\u00fan. Y as\u00ed, de hecho, lo dispone el ordenamiento patrio, al insistir en que \u00ablas actuaciones de cada litisconsorte favorecer\u00e1n a los dem\u00e1s\u00bb, previsi\u00f3n que permite adoptar determinaciones homog\u00e9neas frente a todos los litisconsortes necesarios, sin restringir de forma ileg\u00edtima sus derechos individuales. <\/p>\n
(iv) A lo expuesto no se opone la regla seg\u00fan la cual \u00ablos actos que impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio solo tendr\u00e1n eficacia si emanan de todos [los litisconsortes necesarios]\u00bb. T\u00e9ngase en cuenta que, tal como lo ha clarificado la jurisprudencia en casos similares6, proponer la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n no corresponde a un acto de disposici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, si los litisconsortes necesarios quieren conciliar, transigir o allanarse, entre otros supuestos, deber\u00e1n hacerlo de forma un\u00e1nime, porque el derecho en disputa no puede ser escindido, y por tanto no puede modificarse o renunciarse parcialmente. Pero nada obsta para que solo uno plantee un medio de defensa en favor del inter\u00e9s general, garantizando as\u00ed la integridad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica controvertida y propiciando el beneficio indistinto de quienes componen la relaci\u00f3n litisconsorcial. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
Los demandados, herederos de Julio Agust\u00edn Forero Pombo, conforman entre s\u00ed un litisconsorcio necesario, lo cual conlleva \u2013entre otras cosas\u2013 que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por uno solo de ellos beneficie a los dem\u00e1s, como lo dispuso el tribunal. Por consiguiente, el cargo no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Invocando la infracci\u00f3n directa de las mismas normas rese\u00f1adas en la primera censura, la casacionista expuso: <\/p>\n
(i) Si bien es cierto, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, que la interrupci\u00f3n del plazo prescriptivo requiere la oportuna presentaci\u00f3n de la demanda y la integraci\u00f3n del contradictorio en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o que all\u00ed se contempla, no lo es menos que \u00ablas consecuencias adversas de la falta de notificaci\u00f3n s\u00f3lo son aplicables cuando el incumplimiento del acto de enteramiento se debe a la incuria o negligencia de la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
(ii) De acuerdo con la jurisprudencia, \u00aben ning\u00fan caso puede atribuirse la consecuencia adversa prevista en la norma cuando el demandante no cuenta con la posibilidad de ejercer la carga procesal que la ley le impone, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando se interrumpe o suspende el proceso; cuando se interrumpen los t\u00e9rminos, ya sea por disposici\u00f3n del juez o por circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos procesales (como cuando los trabajadores judiciales entran en paro); cuando el demandante no puede notificar el auto admisorio sin poner en riesgo la eficacia de una medida cautelar que haya solicitado; o cuando la parte que ha de ser notificada impide la pr\u00e1ctica de esa diligencia para beneficiarse del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(iii) En contrav\u00eda de esas pautas, en \u00abla sentencia que es materia del presente recurso extraordinario, el Tribunal acusado desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ordenan tener en cuenta las condiciones descritas con anterioridad. Y si bien cit\u00f3 la sentencia SC5680-2018, el entendimiento y aplicaci\u00f3n que hizo de la misma fue manifiestamente contrario a su significado, [pues obvi\u00f3] las circunstancias procesales y extraprocesales que imposibilitaron al abogado de la demandante notificar la primera providencia dentro de ese lapso\u00bb. <\/p>\n
(iv) La colegiatura de segundo grado \u00abesgrimi\u00f3 dos excusas absurdas e inatinentes para inaplicar las previsiones jurisprudenciales que rigen la materia que se dej\u00f3 a su consideraci\u00f3n: Que las medidas cautelares no fueron solicitadas con la demanda sino dos d\u00edas despu\u00e9s de notificado el auto admisorio a uno de los demandados; y que las cautelas no se \u201cperfeccionaron\u201d por la inexistencia del t\u00edtulo valor al que iban dirigidas\u00bb. <\/p>\n
(v) Ninguna de esas aseveraciones \u00abposee la relevancia jur\u00eddica necesaria para incumplir el postulado b\u00e1sico de que las cargas procesales no son exigibles mientras el interesado no tiene la posibilidad de ejercerla, o si, ejercit\u00e1ndola, tal actuaci\u00f3n ir\u00eda en contra de sus intereses o de los principios del proceso civil\u00bb. La primera, porque \u00abla eficacia de la medida cautelar depende de que se practique antes de que la contraparte sospeche de ella, lo cual ocurrir\u00e1 si se le notifica la demanda que se sigue en su contra y el demandado tiene acceso al contenido del proceso\u00bb; y la segunda, por cuanto \u00abel hecho de que la cautela se logre perfeccionar o no, es absolutamente intrascendente para los efectos de interrumpir el t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
(vi) Adem\u00e1s, el tribunal pas\u00f3 por alto que \u00abel mi\u00e9rcoles 25 de mayo de 2016 se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 su traslado y notificaci\u00f3n a los demandados (\u2026), pero esa providencia no qued\u00f3 en firme porque fue modificada por la juez, de oficio, el 9 de junio de 2017\u00bb, ordenando emplazar a los herederos indeterminados. Ese prove\u00eddo \u00abse notific\u00f3 por anotaci\u00f3n en estado del 12 de junio de 2017 (\u2026), quedando en firme el viernes 16 de junio de 2017\u00bb, de modo que \u00abel auto admisorio de la demanda s\u00f3lo qued\u00f3 ejecutoriado en esta \u00faltima fecha, por lo que el t\u00e9rmino de un a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso para notificar a todos los demandados habr\u00eda de fenecer el 16 de junio de 2018\u00bb. <\/p>\n
(vii) A ello se suma que \u00abel se\u00f1or Santiago Forero Prieto se notific\u00f3 por conducta concluyente el 29 de septiembre de 2017, con la radicaci\u00f3n en la secretar\u00eda del juzgado del poder otorgado a su abogado tal como lo reconoci\u00f3 la juez mediante prove\u00eddo del 16 de febrero de 2018\u00bb, por lo que \u00abno queda otra alternativa que concluir que, para cuando se notific\u00f3 el \u00faltimo de los demandados que acudi\u00f3 al proceso, el t\u00e9rmino de un a\u00f1o concedido por el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso al demandante para notificar el auto admisorio a los demandados, a\u00fan no hab\u00eda expirado\u00bb. <\/p>\n
(viii) El ad quem tampoco repar\u00f3 en \u00abla interrupci\u00f3n de los t\u00e9rminos que se produjo entre el 2 de junio de 2016 y el 5 de abril de 2017 por el decreto de las medidas cautelares, tal como consta en el informe secretarial del 30 de mayo de 2017\u00bb. <\/p>\n
(ix) Aunque en ese informe secretarial \u00abse mencion\u00f3 que la interrupci\u00f3n de t\u00e9rminos beneficiaba a la demandada que hab\u00eda sido notificada del auto admisorio, para los efectos de contabilizar el plazo para presentar su contestaci\u00f3n; ello no significa que \u00fanicamente se interrumpieran a su favor, pues si los t\u00e9rminos se interrumpen, tal circunstancia procesal cobija a todas las partes\u00bb. <\/p>\n
(x) As\u00ed las cosas, \u00abaun en el evento hipot\u00e9tico de que el auto admisorio de la demanda no hubiese sido objeto de adici\u00f3n (\u2026), de todas maneras, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n no se produjo [puesto que], seg\u00fan el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso, las providencias quedan en firme tres d\u00edas despu\u00e9s de notificadas; es decir que el traslado del auto admisorio de la demanda a la demandante comenz\u00f3 a correr el viernes 27 (primer d\u00eda), mientras que el s\u00e1bado 28, domingo 29 y lunes festivo 30 de mayo no corrieron t\u00e9rminos (\u2026), el conteo se reanud\u00f3 el martes 31 de mayo (segundo d\u00eda) y finaliz\u00f3 el mi\u00e9rcoles 1 de junio de 2016 (tercer d\u00eda). Luego, el t\u00e9rmino del a\u00f1o para notificar a todos los demandados hubiera comenzado a correr el 2 de junio de 2016, de no ser porque ese mismo d\u00eda se interrumpieron los t\u00e9rminos por haberse decretado medidas cautelares (\u2026) y se reanudaron el 5 de abril de 2017 (…), es decir que habr\u00eda de vencer el 5 de abril de 2018, mucho despu\u00e9s de haberse producido la notificaci\u00f3n al \u00faltimo de los demandados\u00bb. <\/p>\n
(xi) Cabe anotar que, \u00abcon relaci\u00f3n a la notificaci\u00f3n al curador ad litem de los herederos indeterminados de Julio Agust\u00edn Forero Pombo, tal actuaci\u00f3n es irrelevante, como quiera que contest\u00f3 la demanda sin proponer excepciones\u00bb. <\/p>\n
(xii) Tambi\u00e9n pas\u00f3 inadvertido que \u00abentre el 22 de agosto de 2017 y el 19 de febrero de 2018, lapso durante el cual el expediente estuvo formalmente al despacho (aunque en realidad se refundi\u00f3, como lo reconoci\u00f3 la secretaria), no corrieron los t\u00e9rminos, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General de Proceso (\u2026). Luego, esos 180 d\u00edas (o seis meses) hay que sum\u00e1rselos al t\u00e9rmino prescriptivo que habr\u00eda acaecido el 5 de abril de 2018. Es decir que el a\u00f1o para notificar a todos los demandados habr\u00eda vencido el 5 de octubre de 2018\u00bb. <\/p>\n
(xiii) Igualmente debi\u00f3 reparar el tribunal en que \u00abel retardo en la notificaci\u00f3n del auto admisorio (aunque dentro del t\u00e9rmino establecido por la ley), se debi\u00f3 a las maniobras dilatorias de los abogados de los demandados y del demandado Santiago Forero Prieto, quien desde un comienzo estuvo enterado de la demanda promovida en su contra, ocult\u00e1ndose e impidiendo la notificaci\u00f3n, de mala fe, para beneficiarse de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recapitulaci\u00f3n de los argumentos del tribunal en torno a la prescripci\u00f3n extintiva alegada. <\/p>\n
Para desestimar las s\u00faplicas de la demanda, el ad quem arguy\u00f3 que la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n \u00abde las acciones para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb no cobr\u00f3 eficacia, porque si bien la demanda se radic\u00f3 a tiempo \u2013el se\u00f1or Forero Pombo falleci\u00f3 el 22 de septiembre de 20157, y el escrito inicial se someti\u00f3 a reparto el 28 de abril de 20168\u2013, el auto admisorio no fue notificado a todos los litisconsortes necesarios dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado a partir del 26 de mayo de 2016, fecha en la que se comunic\u00f3 la misma providencia a la convocante, mediante anotaci\u00f3n en el estado. <\/p>\n
Seguidamente, la colegiatura de segundo grado destac\u00f3 que el \u00faltimo de los demandados \u2013el curador ad litem de los herederos indeterminados del occiso Forero Pombo\u2013 se enter\u00f3 personalmente del prove\u00eddo admisorio el 27 de junio de 2018, esto es, trece meses despu\u00e9s del fenecimiento del plazo anual indicado en el art\u00edculo 94 ejusdem, y para cuando el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva que contempla el canon 8 de la Ley 54 de 1990 se hab\u00eda consumado. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00abno se evidencia que la carga procesal de notificar a todos los demandados [no pudiera cumplirse por] razones no atribuibles a la demandante, conforme los lineamientos jurisprudenciales previstos en la sentencia SC-5680 del 19 de diciembre de 2018\u00bb, conclusi\u00f3n que se extrae de la inanidad de las medidas cautelares que fueron decretadas a instancia de la se\u00f1ora Villegas de Franco, as\u00ed como de la \u00abincuria de la actora\u00bb frente a las gestiones de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
A pesar de que el segundo cuestionamiento se finc\u00f3 en el primer motivo de casaci\u00f3n, la impugnante expuso variaciones a la base f\u00e1ctica sobre la cual se estructur\u00f3 la sentencia del tribunal, contraviniendo la pauta formal que consagra el literal a) del art\u00edculo 344-2 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abTrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb). <\/p>\n
Para evidenciar su improcedencia, y ahondar tambi\u00e9n en los planteamientos de la actora \u2013en desarrollo de la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica de este remedio extraordinario\u2013, se escindir\u00e1n las premisas sobre las que descansa el cargo, pues cada una de ellas amerita un an\u00e1lisis particular. <\/p>\n
2.1. Cr\u00edtica relacionada con el hito inicial del plazo prescriptivo. <\/p>\n
La actora se\u00f1al\u00f3, inicialmente, que el dies a quo del plazo previsto en el art\u00edculo 94 no coincide con el que eligi\u00f3 el tribunal \u201326 de mayo de 2016\u2013, sino que deb\u00eda fijarse el 16 de junio de 2017, cuando qued\u00f3 en firme la providencia del d\u00eda 9 del mismo mes, en la que, so pretexto de \u00abcorregir el yerro gramatical en que se incurri\u00f3 en el auto admisorio de 25 de mayo de 2016\u00bb, se dispuso \u00abemplazar a los herederos indeterminados del causante Jos\u00e9 Agust\u00edn Forero Pombo\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, cabe advertir que la recurrente no esgrimi\u00f3 la posibilidad de la que ahora pretende prevalerse al descorrer el traslado de las excepciones, ni al pronunciarse sobre la alzada que interpuso su contraparte, ni en ninguna otra oportunidad procesal previa. La cuesti\u00f3n, pues, no fue debatida durante el juicio, lo que cierra el paso a la censura, pues los alegatos sorpresivos no son admisibles en casaci\u00f3n, por ir en contrav\u00eda \u00abdel principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con [la parte] contendora\u00bb (CSJ SC, 12 feb. 2012, rad. 2007-00160-01). <\/p>\n
No se olvide que los hechos y argumentos que no se sometieron a consideraci\u00f3n de los jueces y las partes durante las instancias ordinarias, constituyen un medio nuevo, <\/p>\n
\u00ab(…) el cual, como con insistencia lo tienen definido la Sala, es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cno puede basarse ni erigirse exitosamente\u201d en \u201celementos novedosos, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026), sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76)\u2019\u201d (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u00bb (CSJ SC18500-2017, 9 nov.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, recientemente se insisti\u00f3 en la necesidad de rechazar los <\/p>\n
\u00ab(…) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisi\u00f3n recurrida (SC, 16 jul. 1965, G. J. n.\u00b0 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable. \u201cTotal que, seg\u00fan el transcrito numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de \u00faltimo minuto o aspectos que est\u00e1n por fuera de la discusi\u00f3n\u201d (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00036-02). \u201cCon esta prohibici\u00f3n tambi\u00e9n se tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n. Agr\u00e9guese que, admitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable\u201d (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad. 2005-00539-01)\u00bb (CSJ SC2779-2020, 10 ago.). <\/p>\n
Ahora bien, si se prescindiera de ese defecto formal, la suerte adversa del reproche no variar\u00eda, porque el ordenamiento procesal civil vincula el comienzo de la anualidad que contempla el art\u00edculo 94 con \u00abla notificaci\u00f3n [del auto admisorio] al demandante\u00bb \u2013lo que ocurri\u00f3 en la fecha indicada por el ad quem\u2013, y no con la ejecutoria de esa decisi\u00f3n, o de otras posteriores. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que vali\u00e9ndose de la posibilidad de enmendar, en cualquier tiempo, un error \u00abpuramente aritm\u00e9tico (…), [o] por omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraci\u00f3n de estas\u00bb, en el prove\u00eddo de 9 de junio de 2017 la juez de primer grado dijo corregir el auto admisorio de 25 de mayo de 2016, pero en realidad adopt\u00f3 una decisi\u00f3n aut\u00f3noma y bien diferenciada: ordenar el emplazamiento de los herederos indeterminados del se\u00f1or Forero Pombo <\/p>\n
Esta novedosa soluci\u00f3n no es apta para ampliar el plazo conferido para integrar el contradictorio \u2013conservando el efecto de interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n que oper\u00f3 con la presentaci\u00f3n de la demanda\u2013, no solo porque tal desenlace no est\u00e1 previsto en el ordenamiento, sino porque tampoco armoniza con los principios que gobiernan la materia, los cuales apuntan a que el plazo anual del que se viene hablando comience su marcha tan pronto el convocante se entera del contenido del auto con el que inicia el proceso. <\/p>\n
Puede colegirse, entonces, que tras la admisi\u00f3n de la demanda, la actora debi\u00f3 solicitar el emplazamiento que pas\u00f3 por alto la juez de la causa, as\u00ed como realizar las dem\u00e1s tareas necesarias para asegurar la notificaci\u00f3n oportuna y en legal forma de todos los litisconsortes demandados. Y a pesar de que para ello contaba con un per\u00edodo razonable y, prima facie, suficiente, durante el mismo ni siquiera se percat\u00f3 de que tal emplazamiento hubiera sido obviado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al abrigo de cualquier hermen\u00e9utica la prescripci\u00f3n sigui\u00f3 su curso despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n del escrito inicial, hasta consumarse un a\u00f1o despu\u00e9s del deceso del se\u00f1or Forero Pombo. <\/p>\n
2.2. Cr\u00edtica relacionada con las justificantes de la tard\u00eda notificaci\u00f3n de los demandados. <\/p>\n
2.2.1. Siendo incontrastable que entre la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la demandante \u201326 de mayo de 2016\u2013 y el enteramiento de la misma providencia a todos los litisconsortes necesarios \u201327 de junio de 2018\u2013 transcurrieron dos a\u00f1os, un mes y un d\u00eda, la impugnante tambi\u00e9n procur\u00f3 apuntalar su cr\u00edtica en tres situaciones que, en opini\u00f3n suya, extender\u00edan el plazo anual del citado canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Inicialmente, adujo que durante los primeros meses del proceso se surtieron algunos traslados y el expediente ingres\u00f3 al despacho en diversas oportunidades. No obstante, omiti\u00f3 explicar las razones por las cuales, en este litigio concreto, deb\u00eda inobservarse lo normado en los art\u00edculos 62 de la Ley 4 de 1913 y 118 del C\u00f3digo General del Proceso, que se\u00f1alan que los plazos anuales \u2013como el que prev\u00e9 el canon 94 ejusdem\u2013 se computan seg\u00fan el calendario, sin distinguir entre las jornadas que lo componen. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, aludi\u00f3 a \u00abmaniobras dilatorias de los abogados de los demandados y del demandado Santiago Forero Prieto\u00bb, alegato que, obviando las exigencias del C\u00f3digo General del Proceso, es novedoso y desenfocado; pasa por alto las decisiones \u2013en firme\u2013 que adoptaron los jueces de instancia con relaci\u00f3n a la forma y \u00e9poca de notificaci\u00f3n de las partes, y carece de asidero, porque la conducta que se calific\u00f3 de \u00abmaniobra dilatoria\u00bb consisti\u00f3, simplemente, en que el referido heredero no acudiera motu proprio a la sede del juzgado de primera instancia, para gestionar por s\u00ed mismo la notificaci\u00f3n que le correspond\u00eda adelantar a su contraparte. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 a la petici\u00f3n de medidas cautelares, y afirm\u00f3 que esta, per se, suspend\u00eda el t\u00e9rmino de enteramiento de los convocados, incurriendo con ello en defectos t\u00e9cnicos, dado que esa cr\u00edtica carece de conexidad con la motivaci\u00f3n del fallo de segunda instancia, en el que se sostuvo \u2013sin reproche de la recurrente\u2013 que esa suspensi\u00f3n proced\u00eda solo en eventos excepcionales, ajenos a la presente controversia. A lo dicho, se suma que no se explicitaron las pautas de derecho sustancial que dejaron de aplicarse, en desmedro de la teorizaci\u00f3n que defiende la casacionista. <\/p>\n
2.2.2. Conforme se explic\u00f3 en el fallo CSJ SC5680-2018, 19 dic. \u2013el cual tambi\u00e9n reiter\u00f3 la recurrente\u2013, \u00abel termino establecido por la ley procesal para notificar el auto admisorio al demandado no puede comenzar a correr cuando el actor no puede realizar este acto de impulso procesal por razones objetivas ajenas a su voluntad, como sucede con el retardo de la administraci\u00f3n de justicia o las maniobras fraudulentas de la contraparte\u00bb, lo que equivale a decir que, bajo excepcionales circunstancias, la anualidad que contempla el art\u00edculo 94 no debe computarse de forma puramente objetiva. <\/p>\n
No obstante, ello no puede entenderse en la forma que sugiri\u00f3 la se\u00f1ora Villegas de Franco, pues de ser as\u00ed la regla pasar\u00eda a convertirse en la excepci\u00f3n, al punto que cualquier gesti\u00f3n o tropiezo del tr\u00e1mite justificar\u00eda alterar el lapso establecido en la citada disposici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso \u2013que es de orden p\u00fablico\u2013; menos aun cuando, en la generalidad de los casos, un per\u00edodo de un a\u00f1o resulta suficiente para integrar el contradictorio, sin poner en riesgo la estrategia de litigio del demandante. <\/p>\n
En realidad, lo que la jurisprudencia reiterada de la Corte ha venido sosteniendo es que, en ciertos eventos concretos, impedir que la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n cobre eficacia retroactiva se traduce en una sanci\u00f3n injustificada para la parte que obr\u00f3 con diligencia, pero no pudo notificar el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo a su contraparte \u00abdentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante\u00bb, en raz\u00f3n a ciertos escollos importantes, que no era posible superar con mediana actividad de parte suya. <\/p>\n
Por consiguiente, esa posibilidad no opera en forma autom\u00e1tica para todos los litigios, sino que requiere una ingente carga argumentativa y probatoria del interesado, orientada a demostrar la probidad de su conducta procesal, lo que a su vez precisa esclarecer la entidad de las barreras a las que se enfrent\u00f3 mientras intentaba la notificaci\u00f3n de todos los demandados. Y, en este caso, esa exposici\u00f3n no est\u00e1 contenida en la sustentaci\u00f3n del cargo, ni inconvenientes de esa \u00edndole fueron acreditados en el expediente. <\/p>\n
N\u00f3tese que el \u00abembargo de cr\u00e9ditos\u00bb que solicit\u00f3 la se\u00f1ora Villegas de Franco el 27 de mayo de 2016, fue decretado el 30 de junio siguiente \u2013diez d\u00edas despu\u00e9s de que se prestara la cauci\u00f3n fijada por la juez a quo\u2013, emiti\u00e9ndose oficios para comunicar la medida el 1 de julio y el 20 de octubre del mismo a\u00f1o. A esas misivas respondi\u00f3 la deudora de los cr\u00e9ditos embargados (Inversi\u00f3n y Desarrollo Barranco S.A.) comunicando al juzgado el d\u00eda 20 de noviembre que \u00abno existe cr\u00e9dito u obligaci\u00f3n alguna a cargo de la sociedad (…) y a favor del se\u00f1or Jos\u00e9 Agust\u00edn Forero Pombo (ya fallecido)\u00bb9. <\/p>\n
Posteriormente, no se suscit\u00f3 disputa alguna acerca de los referidos embargos crediticios \u2013solo la hubo sobre los que pidi\u00f3 una de las demandadas sobre bienes de propiedad de la actora\u2013. De hecho, la misma se\u00f1ora Villegas de Franco pidi\u00f3 el levantamiento de la cautela que previamente hab\u00eda solicitado, admitiendo que esta \u00abno se pudo practicar por no existir los cr\u00e9ditos o derechos objeto de embargo\u00bb10. <\/p>\n
En ese escenario, no puede sostenerse que la pr\u00e1ctica de medidas cautelares hubiera retardado el normal desenvolvimiento de la litis, ni mucho menos que justificara la tard\u00eda integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario por pasiva. Por el contrario, la informaci\u00f3n disponible en el dossier indica que esa dilaci\u00f3n, que permiti\u00f3 que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva se abriera paso, es consecuencia de la parsimonia de la demandante al momento de tramitar las notificaciones que le compet\u00edan. <\/p>\n
Solo una actitud incuriosa explica que el citatorio de los demandados Santiago y Rodrigo Forero Prieto se remitiera solo diez meses despu\u00e9s de la admisi\u00f3n de la demanda (el 5 de abril de 201711), y a una direcci\u00f3n distinta de la que se report\u00f3 en ese escrito inicial; o que el emplazamiento de los herederos indeterminados del causante se publicara en un diario de amplia circulaci\u00f3n el 2 de julio de 201712, y en el Registro Nacional de Personas Emplazadas apenas hasta el 15 de abril siguiente13. <\/p>\n
3. Conclusiones. <\/p>\n
En su segundo cuestionamiento, la demandante expuso modificaciones a los hechos que tuvo en cuenta el tribunal al momento de elegir e interpretar las reglas sustanciales que emple\u00f3 en su sentencia, lo cual es incompatible con las exigencias t\u00e9cnicas de la causal primera de casaci\u00f3n. A lo anterior se suma que cada uno de los raciocinios que componen dicha censura, -considerado de modo individual-, es novedoso, desenfocado y carente de un desarrollo jur\u00eddico acorde con las exigencias del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, el cargo no prospera. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Esta vez con venero en la causal segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la actora denunci\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de los preceptos enlistados en los dos cargos anteriores, \u00abcomo consecuencia de errores de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria: el art\u00edculo 241 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Por ese sendero, arguy\u00f3: <\/p>\n
(i) El plazo que consagra el art\u00edculo 94 del estatuto procesal civil \u00abno opera de manera abstracta, autom\u00e1tica, indiscriminada, indiferenciada e inexorable, sino que se deben analizar las circunstancias espec\u00edficas de cada desenvolvimiento procesal\u00bb, tales como \u00abla mala fe de los demandados que retardan el acto de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, hecho demostrable mediante indicios procesales que dejan en evidencia la intenci\u00f3n que se esconde detr\u00e1s del comportamiento de las partes\u00bb. <\/p>\n
(ii) En este caso, qued\u00f3 demostrado que \u00abel 27 de mayo de 2016, la demandada Alejandra Forero Prieto se notific\u00f3 personalmente del auto admisorio (\u2026), el 31 de mayo de 2016 otorg\u00f3 poder a un abogado de la firma (…). Esa firma de abogados represent\u00f3 los intereses de los tres hermanos Forero Prieto dentro del proceso, y aun antes de iniciado el tr\u00e1mite judicial, por lo que es improbable que Santiago Forero Prieto no tuviera conocimiento de la demanda que cursaba en su contra (\u2026), sobre todo cuando sus apoderados mantuvieron comunicaci\u00f3n constante con el abogado de la actora\u00bb. <\/p>\n
(iii) En efecto, \u00abmediante correo electr\u00f3nico del 2 de julio de 2016, Alejandra Forero Prieto, desde su e-mail (…) remiti\u00f3 al e-mail del abogado de la demandante (…) con copia a los abogados (…) y a sus hermanos demandados, Rodrigo Forero Prieto (…) y Santiago Forero Prieto (…), el siguiente mensaje: \u201cBuenas tardes, la firma de abogados que nos representa es (…). Por favor gestionar a trav\u00e9s de ellos cualquier tema relacionado con la demanda de la Sra. Guiomar Villegas\u00bb. <\/p>\n
(iv) Tampoco debe perderse de vista que \u00ablos tres hermanos Forero Prieto son accionistas de una sociedad comercial dedicada a actividades de arquitectura, ingenier\u00eda e inmobiliaria, constituida desde el 9 de octubre de 1997, cuya direcci\u00f3n comercial es la Calle 114 n.\u00ba 11-08, Apto 304 en Bogot\u00e1. Santiago Forero Prieto es representante legal (suplente) de dicha sociedad, por lo que nada obstaba para que fuera notificado en la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n judicial registrada en la C\u00e1mara de Comercio\u00bb. <\/p>\n
(vi) La falladora de primera instancia, \u00abcay\u00f3 en el ardid fraguado por los demandados, y mediante una providencia infundada (puesto que la nulidad por indebida notificaci\u00f3n solo puede ser invocada por la parte perjudicada), revoc\u00f3 el auto que tuvo por notificado por aviso a Santiago Forero Prieto. Este \u00faltimo permaneci\u00f3 oculto hasta que su malicia \u2013o tal vez ingenuidad\u2013 lo hizo suponer que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n; y solo entonces (el 24 de agosto de 2017) otorg\u00f3 poder al apoderado de la misma firma de abogados que ven\u00eda representando a los tres hermanos\u00bb. <\/p>\n
(vii) As\u00ed las cosas, \u00abpara la fecha en que Santiago Forero Prieto contest\u00f3 la demanda y propuso la aludida excepci\u00f3n, el fen\u00f3meno extintivo no hab\u00eda ocurrido; y no pod\u00eda ocurrir de ninguna manera porque la demora en la notificaci\u00f3n del auto admisorio no se debi\u00f3 a la negligencia del abogado de la actora sino a las maniobras dilatorias, evasivas y de mala fe que evidenciaron los demandados\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda, se reprodujo el cargo anterior, atribuyendo la infracci\u00f3n de las normas sustanciales a un \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n de los \u00abindicios procesales\u00bb que se rese\u00f1aron previamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Ya qued\u00f3 establecido que la sentencia del tribunal descansa sobre cuatro puntales f\u00e1cticos, a saber: (i) la muerte de Julio Agust\u00edn Forero Pombo acaeci\u00f3 el 22 de septiembre de 2015; (ii) el auto admisorio de la demanda se notific\u00f3 a la convocante el 26 de mayo de 2016; (iii) el \u00faltimo de los integrantes del litisconsorcio necesario por pasiva se notific\u00f3 de la misma providencia el 27 de junio de 2018; y (iv) entre el 22 de septiembre de 2015 y el 27 de junio de 2018 transcurri\u00f3 un lapso superior al que se\u00f1ala el canon 8 de la Ley 54 de 1990 para la prescripci\u00f3n de las acciones previstas para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Teniendo presente la estructura de ese argumento, refulge que los \u201cindicios\u201d a los que aludi\u00f3 la recurrente no se contraponen a ninguna de las premisas del fallo de segunda instancia. En consecuencia, aun si se admitiera \u2013en gracia de discusi\u00f3n\u2013 que el ad quem incurri\u00f3 en un yerro de valoraci\u00f3n probatoria al ignorar las pruebas indirectas de \u00abla mala fe de los demandados que retardan el acto de notificaci\u00f3n del auto admisorio\u00bb, la suerte del litigio no variar\u00eda, tornando intrascendentes los cuestionamientos tercero y cuarto. <\/p>\n
Conforme ya se indic\u00f3, siendo los convocados litisconsortes necesarios, \u00abser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan [los] efectos\u00bb de interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n derivados de la presentaci\u00f3n oportuna de la demanda. Por consiguiente, si llegara a alterarse la fecha de enteramiento del auto admisorio de alguno de los litisconsortes por pasiva, pero no sufriera cambios el momento en el que \u00abtodos ellos\u00bb conocieron del mismo prove\u00eddo \u2013como sucede si se acogen los planteamientos de la actora\u2013, los hechos jur\u00eddicos relevantes para definir la controversia no sufrir\u00edan alteraci\u00f3n. <\/p>\n
A ello se agrega que, por auto de 16 de febrero de 2018, la juez de primera instancia defini\u00f3 lo atinente al momento en el que Santiago Forero Prieto se entend\u00eda notificado del auto admisorio de la demanda, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza sin reproche de la actora, siendo improcedente cualquier intento de reabrir esa cuesti\u00f3n en sede extraordinaria, m\u00e1xime cuando esos reparos tard\u00edos se enfilan por la v\u00eda de la causal segunda de casaci\u00f3n, perdiendo de vista que la fijaci\u00f3n de la \u00e9poca en la que acaeci\u00f3 el enteramiento de una decisi\u00f3n judicial no es, por regla, un asunto relacionado con la ponderaci\u00f3n de la evidencia. <\/p>\n
Sobre el particular, es pertinente replicar lo anotado en la sentencia CSJ SC18555-2016, 16 dic., en la que se analiz\u00f3 un alegato similar al que propuso en esta oportunidad la se\u00f1ora Villegas de Franco: <\/p>\n
\u00abEn el cargo que se examina, el recurrente denunci\u00f3, en primer lugar, la falta de apreciaci\u00f3n por parte del Tribunal de las notificaciones que se hicieron del auto admisorio de la demanda a los demandados (…), as\u00ed como de los autos dictados por el juzgado del conocimiento, relacionados con ese aspecto del proceso; y, en segundo t\u00e9rmino, que dicha autoridad, aparejadamente, supuso que el enteramiento de ese prove\u00eddo, se realiz\u00f3 en forma distinta a como en verdad aconteci\u00f3. <\/p>\n
Si el prop\u00f3sito del impugnante era establecer que la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda se verific\u00f3 a sus representados de manera diferente a como lo predic\u00f3 el Tribunal, se impon\u00eda a \u00e9l alegar la invalidez de los actos de enteramiento que esa Corporaci\u00f3n tuvo en cuenta, lo que s\u00f3lo pod\u00eda hacer con apoyo en la ya varias veces mencionada causal quinta (…). Solo as\u00ed, es decir, \u00fanicamente luego de anularse esos mecanismos de noticiamiento, pod\u00edan producir efectos jur\u00eddicos aqu\u00e9llos que, en criterio del censor, eran los que deb\u00edan tenerse en cuenta\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, los cargos tercero y cuarto no prosperan. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Esgrimiendo la causal primera del canon 336 del estatuto procesal civil, la convocante insisti\u00f3 en la violaci\u00f3n directa de los mismos c\u00e1nones legales invocados en todos sus cargos anteriores. En apoyo de esa tesis, plante\u00f3: <\/p>\n
(i) La declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho \u00abes un presupuesto para la exigibilidad de las obligaciones inherentes a la sociedad patrimonial. \u00danicamente si se demuestran las circunstancias antecedentes que hacen posible el surgimiento de la presunci\u00f3n, el juez puede declarar la existencia de la sociedad patrimonial prevista en el mencionado art\u00edculo 2\u00ba, surgiendo desde ese momento \u2013y no antes\u2013 el derecho a exigir las respectivas consecuencias econ\u00f3micas. Pero como la obligaci\u00f3n econ\u00f3mica que apareja la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes solo se hace exigible desde cuando se declara la uni\u00f3n marital, a partir de ese momento puede comenzar a correr el t\u00e9rmino prescriptivo de dicha acci\u00f3n, pues as\u00ed lo ordena el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
(ii) Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario, \u00abcomo lo es comenzar a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n antes de que la obligaci\u00f3n sea exigible, por falta de t\u00edtulo, comporta una violaci\u00f3n directa de la ley sustancial. No es posible, sencillamente, que una obligaci\u00f3n se consume sin que exista el t\u00edtulo del cual deriva\u00bb. <\/p>\n
(iii) A partir de las reformas \u00abintroducidas a la Ley 54 de 1990 por la Ley 979 de 2005, la sociedad patrimonial no s\u00f3lo puede declararse judicialmente, sino que puede reconocerse por los compa\u00f1eros permanentes por escritura p\u00fablica ante notario o por acta suscrita en centro de conciliaci\u00f3n. La prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, por tanto, comienza a contarse a partir de la sentencia que declara la existencia de la uni\u00f3n marital, o del reconocimiento de los compa\u00f1eros de su uni\u00f3n marital ante notario o centro de conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(iv) Por expreso mandato legal, \u00abel t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva de acciones o derechos se cuenta desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible (art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil), pues siendo la prescripci\u00f3n una instituci\u00f3n de naturaleza sustancial y no procesal, su funci\u00f3n y raz\u00f3n de ser ata\u00f1e a la vigencia y exigibilidad del derecho material o la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial que se reclama. Tanto es as\u00ed que la prescripci\u00f3n admite tanto su interrupci\u00f3n (art\u00edculo 2539) como su renuncia una vez cumplida (art\u00edculo 2514), siendo tales situaciones imposibles de darse si no existe un t\u00e9rmino de exigibilidad del derecho a partir del cual pueda comenzar a contarse dicho lapso\u00bb. <\/p>\n
(v) No debe confundirse \u00abel significado del t\u00e9rmino acci\u00f3n en sentido procesal, con el concepto de acci\u00f3n en sentido sustancial al que refieren las normas civiles sobre prescripci\u00f3n. Es indudable que toda persona tiene el derecho de acci\u00f3n procesal porque puede acudir ante la jurisdicci\u00f3n para la obtenci\u00f3n de una declaraci\u00f3n judicial respecto de su controversia. En cambio, no toda persona tiene acci\u00f3n sustancial, pues \u00e9sta, seg\u00fan el significado que le atribuy\u00f3 la tradici\u00f3n romana, va unida a la posibilidad de ejercitar el derecho material y subjetivo que reclama, y \u00e9ste s\u00f3lo puede hacerse valer cuando la obligaci\u00f3n se ha hecho exigible, como se explic\u00f3 l\u00edneas arriba (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
(vi) Entonces, \u00abcomo la acci\u00f3n patrimonial s\u00f3lo puede ser ejercitada eficazmente por quien ostenta la titularidad de ese derecho, ello conlleva a admitir que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de dicha acci\u00f3n no puede comenzar a contarse en todos los casos a partir de (…) la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros, como pudiera inferirse de una lectura acr\u00edtica y desprevenida del art\u00edculo 8\u00ba de la mencionada ley, sino s\u00f3lo en los eventos en que la sociedad patrimonial haya sido reconocida con anterioridad en la forma descrita por la ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En contrav\u00eda de la hermen\u00e9utica que propone la demandante, la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u00abEn lo que concierne a la fecha que debe servir como detonante para contabilizar el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n para disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, el recurrente considera que ese momento est\u00e1 dado por la \u00e9poca en que se declara judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Empero, fue el propio legislador el que zanj\u00f3 \u2013ab initio- toda controversia, al precisar que el a\u00f1o respectivo se contaba \u201ca partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compa\u00f1eros\u201d (art. 8, Ley 54\/90), clausurando as\u00ed la posibilidad de adoptar otro punto de partida que, como la declaraci\u00f3n de existencia de la respectiva sociedad patrimonial, se aleja del com\u00fan denominador presente en los expresados motivos de orden legal, referidos todos a la terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Por consiguiente, que la ley reclame una declaraci\u00f3n \u2013no necesariamente judicial\u2013 de certeza de la existencia de la citada sociedad patrimonial, no puede traducir que la irrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n encaminada a disolverla y liquidarla, est\u00e9 condicionada a que medie sentencia ejecutoriada o acta de conciliaci\u00f3n que de fe de esa sociedad, pues si se miran bien las cosas, es apenas l\u00f3gico que la disoluci\u00f3n tenga lugar cuando la vigencia de la sociedad patrimonial llega a su fin, con independencia de si media o no la referida declaraci\u00f3n. Tal la raz\u00f3n para que la ley ponga pie en tres hechos que, en s\u00ed mismos considerados, son bastante para ultimar la uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes y, desde luego, a sus efectos patrimoniales, como son el distanciamiento definitivo de la pareja, la celebraci\u00f3n de matrimonio con un tercero, o el fallecimiento de uno de ellos. <\/p>\n
De esta forma, a no dudarlo, se otorg\u00f3 seguridad a los asuntos familiares en materias tan delicadas como la prescripci\u00f3n de las acciones vinculadas al finiquito del patrimonio com\u00fan de los compa\u00f1eros, cuyo plazo no puede manejarse en t\u00e9rminos contingentes como ser\u00eda la duraci\u00f3n de un pleito judicial encaminado a que se reconozca la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y de la respectiva sociedad patrimonial, pues si as\u00ed fuera, quedar\u00eda incierto el momento en el que despuntar\u00eda el plazo prescriptivo, cuyo c\u00f3mputo, por expresa voluntad del legislador, qued\u00f3 condicionado a la configuraci\u00f3n de situaciones objetivas vinculadas a la disoluci\u00f3n de la familia estructurada por v\u00ednculos naturales, concretamente a la verificaci\u00f3n de uno de los acontecimientos que integran el aludido trinomio, ex lege. <\/p>\n
Es m\u00e1s, la previsi\u00f3n legislativa que se comenta armoniza con la regla contenida en el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil (…), pues si es claro que el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n extintiva est\u00e1 ligado a la posibilidad de ejercicio de la respectiva acci\u00f3n \u2013de all\u00ed la referencia a la exigibilidad\u2013, resulta consecuente con ese postulado, que el despunte del plazo para ejercer la acci\u00f3n para disolver y liquidar la sociedad patrimonial, se verifique en el instante mismo en que puede demandarse la repartici\u00f3n del patrimonio social, esto es, cuando ocurre uno de los hechos que da lugar a la disoluci\u00f3n, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 54 de 1990, disposici\u00f3n que se encuentra a tono con lo previsto en el art\u00edculo 8\u00ba de la misma ley. Por ende, no se equivoc\u00f3 el Tribunal al tomar como piedra de toque para contabilizar el plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n encaminada a disolver y liquidar la sociedad patrimonial, la fecha en que los compa\u00f1eros permanentes cesaron su vida en com\u00fan, esto es, el primero de noviembre de 1993, pues, como qued\u00f3 explicado, el derecho a pedir la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, ministerio legis, nace cuando fenece la sociedad patrimonial, no as\u00ed cuando se declara que ella existi\u00f3\u00bb (CSJ SC, 1 jun. 2005, rad. 7921). <\/p>\n
Y si bien en el pasado \u2013particularmente en los votos razonados del fallo de tutela STC10378-2019, 5 ago.\u2013 alg\u00fan sector de la Sala sostuvo una opini\u00f3n id\u00e9ntica a la que defendi\u00f3 la recurrente, en este caso, dadas sus particularidades, resulta oportuno acoger y reafirmar la soluci\u00f3n por la que se decanta el precedente, seg\u00fan la cual el hito inicial del plazo prescriptivo que se\u00f1ala el art\u00edculo 8 de la Ley 54 de 1990 corre \u00aba partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compa\u00f1eros\u00bb, aun cuando la uni\u00f3n marital de hecho no haya sido declarada con anterioridad. <\/p>\n
En sustento de esa conclusi\u00f3n, resultan pertinentes las siguientes reflexiones: <\/p>\n
(i) La teorizaci\u00f3n que transcribi\u00f3 la recurrente buscaba enfrentar una problem\u00e1tica concreta, que surge cuando la oscuridad o ambig\u00fcedad en la finalizaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho14 provoca un tard\u00edo ejercicio de las acciones judiciales que vienen coment\u00e1ndose, dando lugar a la extinci\u00f3n de los derechos econ\u00f3micos de uno de los excompa\u00f1eros permanentes respecto de los bienes que no se encuentran registrados a su nombre, pero que integran el acervo de su sociedad patrimonial. <\/p>\n
Aunque esas dificultades siguen existiendo, pueden resolverse a trav\u00e9s de reglas particulares, dise\u00f1adas para atender cada conflicto en concreto, y no necesariamente mediante una pauta general, que puede terminar alterando el inicio del c\u00f3mputo prescriptivo frente a todas las uniones maritales no declaradas formalmente antes de su desenlace material, incluso cuando ese tratamiento diferenciado no resulte justificado, por haber sobrevenido la referida extinci\u00f3n en un momento preciso y bien definido. <\/p>\n
As\u00ed ocurre en casos como este, pues la relaci\u00f3n entre la actora y el se\u00f1or Forero Pombo finaliz\u00f3 por la muerte del segundo \u2013hecho objetivo mismo que provoc\u00f3 la disoluci\u00f3n de su sociedad patrimonial\u2013, siendo razonable exigir a la demandante, quien conoci\u00f3 el deceso tan pronto acaeci\u00f3, acudir a la jurisdicci\u00f3n dentro del plazo previsto por el legislador para reclamar sus derechos econ\u00f3micos. <\/p>\n
(ii) Es innegable que el estudio de cualquier pretensi\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de una sociedad patrimonial depende de la certeza formal acerca de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho a la que accede, certeza que \u2013de acuerdo con el art\u00edculo 4 de la Ley 54 de 1990\u2013 solamente puede provenir de la escritura p\u00fablica o el acta de conciliaci\u00f3n donde la pareja reconoce su lazo familiar, o del fallo judicial que se profiera en el curso de un tr\u00e1mite declarativo como este. <\/p>\n
Esto, sin embargo, no conduce necesariamente a que la prueba del v\u00ednculo more uxorio se constituya en prerrequisito para el ejercicio de \u00ablas acciones para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb, pues estas pueden acumularse a la pretensi\u00f3n declarativa de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, como lo hizo la propia se\u00f1ora Villegas de Franco en el escrito inicial de este proceso. Ello muestra que no se trata de reclamos sucesivos, sino concomitantes \u2013aunque entre ambos exista una relaci\u00f3n de dependencia\u2013, lo que descarta la inexigibilidad formal que pregona la recurrente. <\/p>\n
(iii) Como colof\u00f3n, debe tenerse en cuenta que la pretensi\u00f3n declarativa de existencia de uni\u00f3n marital se encuentra vinculada con el estado civil de las personas, por lo que puede aducirse en cualquier tiempo. As\u00ed las cosas, supeditar la prescripci\u00f3n de las acciones orientadas a disolver y liquidar la sociedad patrimonial a la declaraci\u00f3n judicial previa de esa uni\u00f3n podr\u00eda traducirse en que la situaci\u00f3n de los bienes comunes permanezca en perenne indefinici\u00f3n, en desmedro de la seguridad jur\u00eddica y de los derechos de terceros. <\/p>\n
Lo anterior descarta la hermen\u00e9utica que defiende la actora, y por lo mismo, cierra el paso al \u00faltimo cuestionamiento propuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 Guiomar Villegas de Franco contra los herederos de Julio Agust\u00edn Forero Pombo. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a la actora, como impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n incl\u00fayanse $6.000.000, que el Magistrado Sustanciador se\u00f1ala como agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A este concepto, el C\u00f3digo General del Proceso en sus art\u00edculos 71 y 72 opone la figura de los terceros y enlista all\u00ed la coadyuvancia y el llamamiento de oficio. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del proceso. Ed. Universidad, Buenos Aires. 1997, p. 307. <\/p>\n
3\u0002 Para corroborar ese aserto, basta con reparar en quien demanda sin estar legitimado en la causa para hacerlo, o gestionando derechos ajenos. Aunque el derecho sustancial en disputa no le pertenecer\u00eda, ese hipot\u00e9tico demandante ser\u00e1 considerado como parte para efectos procesales, y tendr\u00e1 a su disposici\u00f3n todas las prerrogativas consecuenciales, como presentar recursos, participar en las audiencias y diligencias, aportar y controvertir pruebas, alegar de conclusi\u00f3n, etc. <\/p>\n
4\u0002 Recu\u00e9rdese que el inter\u00e9s jur\u00eddico consiste, precisamente, en \u00abla utilidad o el perjuicio jur\u00eddico, moral o econ\u00f3mico que para el demandante y el demandado puedan representar las peticiones incoadas en la demanda y la consiguiente decisi\u00f3n que sobre ellas se adopte en la sentencia\u00bb (DEVIS, Hernando. Tratado de derecho procesal civil. Tomo III. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 1961, p. 447). <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Hecho n.\u00ba 19, visible a folio 397 del archivo digital denominado \u00abCUADERNO N\u00ba 1.pdf\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 A modo de ejemplo, as\u00ed se estableci\u00f3 para clarificar que los curadores ad litem est\u00e1n habilitados para plantear la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n (cfr. CC, T-299\/05). <\/p>\n
7\u0002 f. 3, archivo digital denominado \u00abCUADERNO N\u00ba 1.pdf\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 f. 407, \u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 F. 93, archivo digital denominado \u00abCUADERNO MEDIDAS CAUTELARES.pdf\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Ff. 167 a 169, ib\u00eddem. <\/p>\n
11\u0002 Ff. 589 a 597, archivo digital denominado \u00abCUADERNO N\u00ba 1.pdf\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 F. 693 ib\u00eddem. <\/p>\n
13\u0002 Ff. 751 y 752, ib\u00eddem. <\/p>\n
14\u0002 V.gr, cuando uno de los compa\u00f1eros contrae matrimonio en secreto con una tercera persona, o no se exterioriza con claridad y honestidad su decisi\u00f3n de abandonar el hogar com\u00fan de forma definitiva, presentando la separaci\u00f3n como algo temporal, o encubri\u00e9ndola a trav\u00e9s de otras argucias similares. <\/p>\n
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SC1627-2022 (2016-00375-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC1627-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-10-004-2016-00375-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso Guiomar Villegas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67755","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67755","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67755"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67755\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67755"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67755"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67755"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}