SC2474-2022 (2015-00456-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC2474-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-024-2015-00456-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda frente a la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso declarativo de pertenencia que promovi\u00f3 contra Denisse Fernanda, Mercedes Andrea Vargas Salamanca y herederos indeterminados de Pedro Alfonso Vargas B\u00e1ez, y donde ellas demandaron en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda pretendi\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria del dominio del apartamento 503 y del garaje n.\u00ba 18 del Edificio Mercurio, Propiedad Horizontal, de la calle 116 n.\u00ba 9-56 de Bogot\u00e1, identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias 050N-0880483 y 050N-0880453, de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, mediante escritura p\u00fablica 970 de 3 de abril de 1997 (citada err\u00f3neamente en la demanda como de 1977) de la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, adquiri\u00f3 el dominio y posesi\u00f3n por compraventa que celebr\u00f3 con Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano; a finales de 2012 supo que el Juzgado Tercero de Familia de Cali anul\u00f3 mediante sentencia judicial la escritura p\u00fablica 5021 de 7 de noviembre de 1995 (t\u00edtulo previo de Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano) y orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las transferencias de propiedad y grav\u00e1menes que se hubieran realizado, incluyendo el registro del referido instrumento notarial 970 de 3 de abril de 1997, con ocasi\u00f3n de un proceso promovido por Mercedes Andrea contra Denisse Fernanda Vargas Salamanca y la se\u00f1ora Pati\u00f1o Lanzziano, al que el ahora demandante inicial no fue vinculado; finalmente, invoc\u00f3 la posesi\u00f3n regular, quieta, pac\u00edfica, ininterrumpida y p\u00fablica por el lapso necesario. <\/p>\n
2. Denisse Fernanda y Mercedes Andrea Vargas Salamanca se opusieron a las pretensiones de la demanda inicial y excepcionaron \u00abineptitud de la demanda\u00bb y \u00abnulidad absoluta\u00bb. <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n demandaron en reconvenci\u00f3n la reivindicaci\u00f3n de los predios y, en esencia, relataron que: <\/p>\n
3.1. Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano los adquiri\u00f3 mediante sucesi\u00f3n intestada por causa de muerte de Pedro Alonso Vargas B\u00e1ez, en raz\u00f3n al reconocimiento de su acreencia en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021 del 7 de noviembre de 1995 de la Notar\u00eda Sexta de Cali y, luego, los vendi\u00f3 a Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda mediante el citado instrumento n.\u00ba 970 de 1997; <\/p>\n
3.2. El Juzgado Tercero de Familia de Cali profiri\u00f3 sentencia el 5 de julio de 2011 declarando la nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021 y ordenando la cancelaci\u00f3n en las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes o limitaciones de dominio sobre los bienes del causante Pedro Alfonso Vargas B\u00e1ez, entre ellas la inscripci\u00f3n de la compraventa de Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda; y <\/p>\n
3.3. Mediante sentencia de 25 de abril de 2016 el mismo juzgado aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del 100% de los inmuebles objeto del litigio a las reconvinientes dentro de la sucesi\u00f3n del causante. <\/p>\n
El demandado en reconvenci\u00f3n se opuso a la pretensi\u00f3n dominical y excepcion\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb y \u00abfalsedad y fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
4. La primera instancia culmin\u00f3 el 20 de febrero de 2019 cuando el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1: <\/p>\n
4.1. Neg\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito propuestas frente a la demanda principal; <\/p>\n
4.2. Accedi\u00f3 a la usucapi\u00f3n ordinaria; <\/p>\n
4.3. Declar\u00f3 extinguidos los derechos de propiedad de Pedro Alonso Vargas B\u00e1ez y\/o Denisse Fernanda y Mercedes Andrea Vargas Salamanca sobre los referenciados predios; <\/p>\n
4.4. Orden\u00f3 cancelar la inscripci\u00f3n de demanda y anotar la sentencia en los folios de matr\u00edcula; <\/p>\n
4.5. Neg\u00f3 los pedimentos de la reconvenci\u00f3n; y <\/p>\n
4.6. Conden\u00f3 en costas a las demandadas iniciales. <\/p>\n
5. El Tribunal, al resolver la alzada de las demandantes en reconvenci\u00f3n, revoc\u00f3 el fallo el 28 de marzo de 2019 y, en su lugar: <\/p>\n
5.1. Neg\u00f3 la usucapi\u00f3n y orden\u00f3 la terminaci\u00f3n y levantamiento de las medidas cautelares practicadas; <\/p>\n
5.2. Rehus\u00f3 la prosperidad de las excepciones de m\u00e9rito formuladas frente a la demanda de reconvenci\u00f3n; <\/p>\n
5.3. Reconoci\u00f3 que pertenece a Denisse Fernanda y Mercedes Andrea Vargas Salamanca el dominio pleno de los inmuebles reivindicados; <\/p>\n
5.4. Conden\u00f3 a Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda a restituirlos dentro de los diez d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior; <\/p>\n
5.5. Impuso a las propietarias la obligaci\u00f3n de pagar $80.492.432 (como frutos civiles causados entre el 8 de mayo de 2018 y la sentencia de segundo grado), valor que se seguir\u00e1 liquidando seg\u00fan las consideraciones y hasta que se restituyan los inmuebles y su pago deber\u00e1 realizarse una vez cobre ejecutoria la providencia de \u00faltima instancia, data a partir de la cual se causar\u00e1n intereses del 6% anual; <\/p>\n
5.6. Se abstuvo de reconocer mejoras al poseedor; y <\/p>\n
5.7. Lo conden\u00f3 en costas de ambas instancias. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El poseedor carece de justo t\u00edtulo <\/p>\n
1.1. Las apelantes arguyeron extempor\u00e1neamente la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria durante el tiempo que fueron menores de edad porque omitieron plantear la excepci\u00f3n de m\u00e9rito respectiva al contestar la demanda inicial. <\/p>\n
En todo caso, el t\u00e9rmino para usucapir se suspendi\u00f3 a favor de Dennise Fernanda hasta el 21 de septiembre de 1999 y de Mercedes Andrea hasta el 2 de enero de 1996 (cuando cumplieron 18 a\u00f1os de edad), de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil, modificado por el precepto tercero de la ley 791 de 2002. <\/p>\n
1.2. Las anotaciones 12 y 11 de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-880483 50N-880454, respectivamente, evidencian que el 14 de diciembre de 1999 se inscribi\u00f3 la demanda de \u00abnulidad de liquidaci\u00f3n de herencia\u00bb de Mercedes Andrea contra Denisse Fernanda Vargas Salamanca y Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano que curs\u00f3 en el Juzgado Tercero de Familia de Cali. <\/p>\n
Si bien la jurisprudencia ha descartado que esa medida cautelar desvirt\u00fae \u00abla presunci\u00f3n de buena fe, ya que su efecto fundamental es la oponibilidad de la sentencia a quien adquiera el bien, luego de haberse inscrito la misma\u00bb, a diferencia de lo decidido en primera instancia, \u00abla sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Cali\u00bb para anular la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021 mediante la cual Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano adquiri\u00f3 el dominio de los inmuebles \u00abs\u00ed repercute en el demandante por los efectos nocivos que se derivaron y la actitud del mismo que sin duda opacan la posesi\u00f3n que dijo ostentar en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida\u2026\u00bb. <\/p>\n
Tal invalidez sustancial acaeci\u00f3 por el \u00abdesconocimiento de las herederas menores determinadas del causante y las situaciones irregulares como la supuesta aportaci\u00f3n de una copia simple de un pagar\u00e9 carente de m\u00e9rito ejecutivo que seg\u00fan el juzgado se presta para adiciones, arreglos de firmas, sellos, textos\u2026 el poder\u2026 otorgado al profesional del derecho para adelantar el juicio de sucesi\u00f3n que fue adulterado por adici\u00f3n de texto\u2026 que conllevaron a la\u2026 falta de competencia de la notar\u00eda, pues es patente que en esas condiciones no era plausible su conocimiento al ser imperativa la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, la nulidad de la adquisici\u00f3n de los predios por Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano mediante sucesi\u00f3n por causa de muerte seg\u00fan escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021 del 7 de noviembre de 1995 de la Notar\u00eda Sexta de Cali, hace que, a su vez, la compraventa celebrada por ella y Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda -escritura p\u00fablica n.\u00ba 970 del 3 de abril de 1997 de la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1- no sea \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb porque \u00abfue afectada por la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta, por ende, cancelada\u00bb y \u00abperdi\u00f3 su car\u00e1cter, afectando la posesi\u00f3n del demandante, m\u00e1s cuando repercuti\u00f3 en su derecho de dominio, y la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las herederas\u00bb. <\/p>\n
1.3. Llama la atenci\u00f3n que el prescribiente \u00abno hubiere ejercido ninguna acci\u00f3n contra la tradente y solo hasta el 2015 inici\u00f3 el juicio de pertenencia, cuando se hab\u00eda enterado del proceso de nulidad en el 2012, seg\u00fan\u2026 versi\u00f3n rendida al absolver\u2026 interrogatorio de parte\u00bb; tampoco reclam\u00f3 sus derechos en el proceso de sucesi\u00f3n de Pedro Alfonso Vargas B\u00e1ez; solamente impetr\u00f3 la invalidez del proceso ordinario de nulidad absoluta por falta de vinculaci\u00f3n (cuesti\u00f3n que fue desestimada) e instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela que tambi\u00e9n result\u00f3 impr\u00f3spera, lo cual obscurece la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia, toda incertidumbre o duda sobre la posesi\u00f3n es suficiente para negar la usucapi\u00f3n pues los actos de se\u00f1or\u00edo deben probarse sin ambig\u00fcedades y el corpus sobre la cosa debe ser absolutamente claro. Esto es relevante porque, en virtud de la nulidad absoluta del instrumento notarial n.\u00ba 5021 de 1995, la escritura p\u00fablica de compraventa n.\u00ba 970 de 1997 de la Notar\u00eda 9 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 no es justo t\u00edtulo porque \u00abperdi\u00f3 su car\u00e1cter afectando la posesi\u00f3n del demandante, m\u00e1s cuando repercuti\u00f3 en su derecho de dominio y la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las herederas\u00bb. <\/p>\n
2. La reivindicaci\u00f3n es procedente <\/p>\n
2.1. Las demandantes en reconvenci\u00f3n son titulares del derecho real de dominio de las cosas reclamadas y el art\u00edculo 1325 del C\u00f3digo Civil las legitima como herederas para vindicar los bienes de la herencia en manos de terceros y que no hayan prescrito. <\/p>\n
Los inmuebles hacen parte del patrimonio del causante, integran el activo de la masa de bienes de la sucesi\u00f3n que se adelant\u00f3 en el Juzgado Tercero de Familia de Cali, bajo el radicado 2014-00369, y, seg\u00fan sentencia de aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n de 25 de abril de 2016, fueron adjudicados a las reivindicantes. <\/p>\n
La falta de prueba de la protocolizaci\u00f3n del expediente de sucesi\u00f3n, ordenada en la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, no impide reivindicar ni resta derecho a las demandantes en reconvenci\u00f3n; ese tr\u00e1mite no dota al documento de mayor fuerza o firmeza del que tiene originalmente (canon 57 del decreto 960 de 1970 y CC C-705 de 2015). <\/p>\n
La regla 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en cuanto ordenaba protocolizar el expediente de sucesi\u00f3n, debe aplicarse junto con el precepto 1401 del C\u00f3digo Civil que designa como due\u00f1o al sucesor desde el fallecimiento del causante y no a partir de la sentencia de aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n o la escritura p\u00fablica correspondiente, lo cual reafirma que la ausencia de protocolizaci\u00f3n no menoscaba efectos jur\u00eddicos al modo sucesi\u00f3n por causa de muerte. <\/p>\n
La calificaci\u00f3n del art\u00edculo 765 del C\u00f3digo Civil a las sentencias de adjudicaci\u00f3n y los actos legales de partici\u00f3n como t\u00edtulos traslativos de dominio, es incompatible no solo con la naturaleza de ese modo adquisitivo del derecho de propiedad, sino tambi\u00e9n con el car\u00e1cter retroactivo que a la partici\u00f3n le reconoce el canon 1401 ejusdem. Por tanto, la jurisprudencia ense\u00f1a que la sentencia de adjudicaci\u00f3n y partici\u00f3n es t\u00edtulo declarativo de la adquisici\u00f3n de los herederos desde el fallecimiento del causante. <\/p>\n
2.2. La partici\u00f3n de la masa herencial tiene efectos retroactivos (reglas 779 y 1401 ibidem) consistentes en que la transmisi\u00f3n del derecho real se entiende efectuada el d\u00eda de la delaci\u00f3n de la herencia. Por ello, \u00abse acredit\u00f3 con suficiencia \u2026el dominio\u2026 de las causahabientes\u2026 anterior a la posesi\u00f3n alegada por el demandado, esto es, data desde el fallecimiento del causante\u00bb ocurrido el \u00ab12 de julio de 1994\u00bb, pues la posesi\u00f3n del demandado reconvenido es posterior, mayo de 1997 (fecha referida en el interrogatorio de parte). <\/p>\n
2.3. El poseedor de mala fe debe restituir los frutos desde el inicio de la posesi\u00f3n, mientras que el de buena fe debe hacerlo desde que se enter\u00f3 del auto admisorio de la demanda, sin pasar por alto que la buena fe se presume mientras que su ausencia debe acreditarse. <\/p>\n
No se prob\u00f3 que la tenencia con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o fue de mala fe, raz\u00f3n por la que el poseedor debe $80.492.432 por concepto de frutos a las due\u00f1as, suma correspondiente al 1% ($7.317.490) del aval\u00fao de las heredades para el a\u00f1o 2018 ($731.749.000), multiplicado por los meses transcurridos desde la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la reconvenci\u00f3n, 8 de mayo de 2018, hasta la sentencia de segunda instancia (art. 18 ley 820 de 2003). <\/p>\n
Finalmente, el poseedor vencido tiene derecho de recibir el valor de las mejoras \u00fatiles (art. 966 C.C.) implantadas antes de contestar la demanda, as\u00ed como las necesarias invertidas en el mantenimiento de lo pose\u00eddo (art. 965 ibidem). Sin embargo, el demandante inicial dijo tangencialmente que cambi\u00f3 el piso del apartamento, lo cual est\u00e1 ayuno de prueba y justifica negar cualquier reconocimiento de ese rubro. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Conten\u00eda seis cargos. Mediante AC5146 4 dic. 2019 fueron inadmitidos del tercero al sexto y aceptados los dos primeros, los cuales ser\u00e1n resueltos conjuntamente. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acus\u00f3 la \u00abviolaci\u00f3n directa e indirecta\u00bb de los art\u00edculos 176 del C\u00f3digo General del Proceso, 762, 764, 765, 768, 769, 785, 2512, 2518, 2528, 2529 y 2530 del C\u00f3digo Civil, \u00abpor error de hecho manifiesto y trascendente\u2026 que trajo como consecuencia la violaci\u00f3n de\u2026 los art\u00edculos 29, 83, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 que el Tribunal, adem\u00e1s de aplicar indebidamente la ley 791 de 2002, se equivoc\u00f3 al concluir que: la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por minor\u00eda de edad de las demandantes en reconvenci\u00f3n desvirtu\u00f3 la posesi\u00f3n pac\u00edfica e ininterrumpida del demandante inicial; la nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica de adjudicaci\u00f3n a favor de la enajenante s\u00ed afectaba el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n del prescribiente; la actitud del usucapiente negaba el car\u00e1cter transparente, p\u00fablico, pac\u00edfico e ininterrumpido de su posesi\u00f3n as\u00ed como su t\u00edtulo justo y buena fe. <\/p>\n
Como el t\u00e9rmino de usucapi\u00f3n ordinaria se suspendi\u00f3 por la minor\u00eda de edad de las reconvinientes, a la entrada en vigencia de la ley 791 de 2002 ya hab\u00edan cumplido 18 a\u00f1os y, por tanto, desde el 29 de diciembre de 2002 hasta el 6 de noviembre de 2012 (\u00e9poca en que conoci\u00f3 de la sentencia de nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica) transcurrieron 10 a\u00f1os, 10 meses y 7 d\u00edas, tiempo m\u00e1s que suficiente para ganar el dominio por prescripci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Las demandadas iniciales incumplieron la sentencia de 5 de julio de 2011 del Juzgado Tercero de Familia de Cali que anul\u00f3 la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021 de 7 de noviembre de 1995, pues orden\u00f3 que los bienes fueran restituidos a la herencia yacente (verdadera legitimada para reivindicarlos), pero ellas promovieron el juicio sucesorio del causante sin solicitar embargo y secuestro de los bienes en litigio, a pesar de que estaba en curso la demanda de pertenencia y las hermanas Vargas Salamanca jam\u00e1s los han pose\u00eddo. Adem\u00e1s, su contenido exacto no anul\u00f3 su t\u00edtulo (escritura p\u00fablica n.\u00ba 970 de la Notar\u00eda Novena de Bogot\u00e1). <\/p>\n
Asever\u00f3 que ostenta justo t\u00edtulo registrado entre el 30 de mayo de 1997 y el 9 de mayo de 2012, pues re\u00fane \u00abtodos los requisitos para trasladar la propiedad\u00bb, am\u00e9n de que \u00abla venta de cosa ajena \u201chabilita para poseer\u201d que es justamente la caracter\u00edstica del justo t\u00edtulo, lo que sucedi\u00f3 con la venta que la se\u00f1ora Pati\u00f1o Lanzziano le hizo al se\u00f1or Garc\u00eda. El hecho de ser verdadero y v\u00e1lido hace que se atribuya el dominio \u201cen abstracto\u201d, porque no da el dominio de una vez, pero faculta al comprador para solicitar la usucapi\u00f3n en el corto tiempo\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en la justicia de su t\u00edtulo porque le otorg\u00f3 la convicci\u00f3n de estar recibiendo la propiedad del \u00abmism\u00edsimo due\u00f1o, as\u00ed esta condici\u00f3n no se d\u00e9 realmente\u00bb e ignorando sus posibles defectos. <\/p>\n
Sostuvo que ostent\u00f3 buena fe cualificada al momento de comprar los bienes ra\u00edces a Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano porque: (I) la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021 estaba debidamente registrada; (II) cuando los adquiri\u00f3, a\u00fan no se hab\u00eda inscrito la demanda de nulidad, lo cual ocurri\u00f3 tan solo el 14 de diciembre de 1999, \u00abtranscurridos cuatro a\u00f1os, un mes y siete d\u00edas de haberse corrido\u2026\u00bb y se traduce en prudencia al momento de la \u00abadquisici\u00f3n del derecho\u00bb porque en ese instante era imposible descubrir irregularidad alguna, sobre todo por la confianza razonable que se predica de la informaci\u00f3n p\u00fablica reflejada en los registros inmobiliarios; y (III) el registro de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021 corrobora que el demandante inicial ten\u00eda conciencia y persuasi\u00f3n de recibir \u00abel derecho de quien es el leg\u00edtimo due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Imput\u00f3 violaci\u00f3n directa e indirecta de los art\u00edculos 176 del C\u00f3digo General del Proceso, 762, 764, 765, 768 y 769 del C\u00f3digo Civil, \u00abpor error de hecho manifiesto y trascendente\u2026, infracci\u00f3n que trajo como consecuencia la violaci\u00f3n de\u2026 los art\u00edculos 29, 83, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que el Tribunal hubiera concluido que los comportamientos realizados por el usucapiente luego del 6 de noviembre de 2012 (fecha en que conoci\u00f3 la sentencia de nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021) descartaran transparencia de la posesi\u00f3n por resultar \u00abcontrarios a las normas legales indicadas en el cargo\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que las demandantes en reconvenci\u00f3n confesaron conocimiento de la adquisici\u00f3n de los inmuebles y no convocaron al ahora usucapiente al tr\u00e1mite de nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica para controvertir la legalidad de su t\u00edtulo de propiedad as\u00ed como su posesi\u00f3n; insisti\u00f3 en que la sentencia del Juzgado Tercero de Familia de Cali no anul\u00f3 su t\u00edtulo y, por el contrario, las demandantes en reivindicaci\u00f3n la desconocieron al iniciar directamente el proceso de sucesi\u00f3n donde les adjudicaron los inmuebles, sobre los cuales pesaba una demanda de declaraci\u00f3n pertenencia, sin que hubieran solicitado embargo y secuestro en el proceso de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, la falta de acciones contra la tradente Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano no puede considerarse un acto de mala fe, pues esa forma de comportamiento o consideraci\u00f3n de la posici\u00f3n propia debe acreditarse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aspectos relevantes de la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria <\/p>\n
La prescripci\u00f3n adquisitiva es un modo de obtener derechos reales como el de propiedad. Su requisito primordial consiste en haber ejercido posesi\u00f3n efectiva sobre las cosas durante un tiempo determinado, es decir, dominarlas y explotarlas por el lapso legal. <\/p>\n
Precisamente, la usucapi\u00f3n puede ser ordinaria o extraordinaria. El presente ac\u00e1pite se ocupar\u00e1 exclusivamente sobre la ordinaria por tratarse de la prescripci\u00f3n adquisitiva pretendida en la demanda y defendida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
La usucapi\u00f3n ordinaria exige que la posesi\u00f3n sea regular, es decir, que el poseedor demuestre (adem\u00e1s de los actos de se\u00f1or\u00edo) justo t\u00edtulo y buena fe; en esta prescripci\u00f3n ambos requisitos son indispensables y la ausencia de cualquiera de ellos torna irregular la posesi\u00f3n. <\/p>\n
El reconocimiento de la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria de inmuebles requiere, salvo precisas excepciones, posesi\u00f3n ininterrumpida durante no menos de cinco a\u00f1os; la de muebles demanda posesi\u00f3n mayor o igual a tres anualidades (Cfr. canon 4\u00ba de la ley 791 de 2002, modificatorio de los art\u00edculos 2528 y 2529 del C.C.). <\/p>\n
Sobre esa figura, la doctrina explica: <\/p>\n
\u2026la suspensi\u00f3n no se refiere a cambio alguno en la posesi\u00f3n de la cosa, y cuando la ley quiere que el tiempo de la posesi\u00f3n no se cuente en contra de los incapaces, lo hace con miras de equidad y en favor de las personas que no pueden reclamar judicialmente la posesi\u00f3n de la cosa\u2026 <\/p>\n
alarga el tiempo necesario para prescribir, y, en consecuencia, si se pretende adquirir la propiedad de una cosa, mas no se adquiere por pertenecer a otro y este es incapaz, el tiempo de prescripci\u00f3n solo comienza a contarse cuando cese la incapacidad del verdadero due\u00f1o1. <\/p>\n
Igualmente, es susceptible de interrupci\u00f3n \u00abcuando se pierde la cosa o se hace imposible explotarla, y cuando la clama el propietario. El primer hecho constituye interrupci\u00f3n natural, y el segundo, interrupci\u00f3n civil\u00bb2 y son reconocidas expresamente por el derecho objetivo nacional (art. 2522 del C.C.). <\/p>\n
La interrupci\u00f3n natural acaece cuando se imposibilitan los actos de se\u00f1or\u00edo, dominio o explotaci\u00f3n sin que la posesi\u00f3n cambie de manos; tambi\u00e9n ocurre cuando la posesi\u00f3n deje de estar en cabeza de su ostentador inicial y pase a otro sujeto, caso en que se pierde el tiempo pose\u00eddo, salvo que el usucapiente la recobre por medios leg\u00edtimos (como los judiciales), eventualidad en que seguir\u00e1 poseyendo como si jam\u00e1s se hubiera privado del bien (arts. 792 y 2523 ib\u00eddem). <\/p>\n
La interrupci\u00f3n civil acontece cuando se requiere el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional mediante solicitudes orientadas a desconocer la expectativa del poseedor. Los casos t\u00edpicos son la reivindicaci\u00f3n, es decir, la solicitud del propietario para que el poseedor sea condenado a restituir (precepto 946 C.C.) y la pretensi\u00f3n publiciana enarbolada por el poseedor con mejor derecho (prevista en el art. 951 C.C.). <\/p>\n
Es necesario aclarar que la sola radicaci\u00f3n de la demanda con estas pretensiones es insuficiente para interrumpir la prescripci\u00f3n; la soluci\u00f3n de continuidad exige el oportuno enteramiento al convocado del auto admisorio del libelo. As\u00ed, se interrumpe la usucapi\u00f3n desde la presentaci\u00f3n del libelo siempre que la notificaci\u00f3n al demandado de la referida providencia ocurra dentro de un a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente de su enteramiento al demandante; por consiguiente, si la notificaci\u00f3n al convocado del auto admisorio de la demanda ocurre m\u00e1s all\u00e1 de la anualidad contada desde que el demandante es enterado de esa misma providencia, la interrupci\u00f3n se presenta el d\u00eda de la notificaci\u00f3n al demandado (art. 94 del C\u00f3digo General del Proceso, cuya redacci\u00f3n es similar a la versi\u00f3n modificada por la ley 794 de 2003 del precepto 90 del desaparecido C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
Por supuesto, los efectos de la interrupci\u00f3n civil exigen que la demanda se mantenga en pie. Si se desiste expresa o t\u00e1citamente (respectivamente, reglas 314 y 317 de la ley 1564 de 2012), prosperan algunos medios defensivos3, se invalida el proceso desde la admisi\u00f3n del libelo o el proceso se termina porque las partes no asisten a la audiencia inicial, no hubo interrupci\u00f3n (art. 95 ejusdem). <\/p>\n
La posesi\u00f3n es un acto de voluntad por medio del que se ejerce un poder sobre la cosa para dominarla y explotarla. Por ello, nada impide que quien ven\u00eda comport\u00e1ndose como se\u00f1or y due\u00f1o renuncie a esa condici\u00f3n, siempre que goce de capacidad para enajenar. La renuncia ser\u00e1 expresa cuando el poseedor abandona la tenencia o los actos de posesi\u00f3n; o t\u00e1cita si reconoce dominio ajeno o se abstiene de invocar judicialmente y en el instante oportuno la prescripci\u00f3n adquisitiva (arts. 2514 y 2515 C.C.). <\/p>\n
La naturaleza renunciable de la usucapi\u00f3n justifica que quien \u00abquiera aprovecharse de la prescripci\u00f3n debe alegarla\u00bb o, lo que es lo mismo, que \u00abel juez no puede declararla de oficio\u00bb (art. 2513 C.C.). El prescribiente puede invocar la prescripci\u00f3n mediante una pretensi\u00f3n o una excepci\u00f3n de m\u00e9rito (art. 282 C.G.P.); lo importante es que la haga valer porque se trata de un fen\u00f3meno que, para ser reconocido, debe ser invocado, so pena de que la sentencia incurra en incongruencia que, como se sabe, estructura un motivo de casaci\u00f3n (art. 336 # 3 del CGP). <\/p>\n
Las normas procesales han desarrollado la posibilidad de que la prescripci\u00f3n adquisitiva tambi\u00e9n pueda invocarse como excepci\u00f3n de m\u00e9rito. Si ello ocurre, el prescribiente deber\u00e1 cumplir cargas adicionales como la de acompa\u00f1ar el certificado de libertad y tradici\u00f3n donde aparezcan los titulares de derechos reales principales sujetos a registro, y dar\u00e1 paso a que el juez adapte el tr\u00e1mite a las reglas especiales del proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia, ordenando inscribir la demanda, emplazar a los interesados, informar a algunas entidades interesadas4, con miras a definir en la sentencia si el demandado adquiri\u00f3 o no las cosas clamadas por el modo de la usucapi\u00f3n regular o irregular (art. 375 C.G.P., as\u00ed como el precepto 407 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
Adem\u00e1s del poseedor, su acreedor tambi\u00e9n est\u00e1 legitimado para invocar la prescripci\u00f3n adquisitiva. Se trata de la conocida pretensi\u00f3n oblicua que se justifica por el derecho subjetivo de persecuci\u00f3n ostentado por el sujeto activo de una relaci\u00f3n obligacional, donde la totalidad de los bienes actuales y futuros del deudor-poseedor son \u00fatiles para ejecutar la prestaci\u00f3n debida (art. 2488 C.C.). Vale la pena resaltar que ni siquiera el deudor-poseedor puede oponerse a la pretensi\u00f3n oblicua formulada por su acreedor, pues la renuncia del primero es ineficaz en este caso (art. 2513 C.C.). <\/p>\n
Comoquiera que el efecto de la prescripci\u00f3n adquisitiva reconocida judicialmente es poner en cabeza del prescribiente el derecho real de dominio y extinguirlo frente a su antiguo propietario, la propiedad est\u00e1 lejos de ser una prerrogativa subjetiva absoluta y consiste en una \u00abfunci\u00f3n social que implica obligaciones\u00bb (art. 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), pues si el titular del dominio deja de explotarla negligentemente y permite que otro sujeto pase a dominarla como se\u00f1or y due\u00f1o, el ordenamiento jur\u00eddico permite extinguir el derecho del propietario y radicarlo en el patrimonio del poseedor. <\/p>\n
Esta Sala ha recordado que, en oposici\u00f3n a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1886, \u00abel constituyente de 1936 relativiz\u00f3 el derecho fundamental de la propiedad, acentuando la sumisi\u00f3n de \u00e9sta a los intereses de la colectividad y con ello la limitaci\u00f3n del libre arbitrio del propietario\u00bb, raz\u00f3n por la que le asign\u00f3 \u00abel fundamento de la funci\u00f3n social que implica obligaciones\u00bb y, en consecuencia, \u00abha cesado de ser un derecho absoluto, esto es, jur\u00eddicamente inexpugnable\u00bb (SC 10 mar. 1938). <\/p>\n
Adem\u00e1s, los bienes pose\u00eddos deben ser prescriptibles, es decir, que se encuentren en el \u00abcomercio humano\u00bb, lo cual no se predica de los \u00abde uso p\u00fablico, los parques naturales, las tierras comunales de grupos \u00e9tnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueol\u00f3gico de la Naci\u00f3n\u00bb y los dem\u00e1s que excluyan las leyes especiales (arts. 2518 y 2519 C.C. y 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), tales como los fiscales o de las entidades p\u00fablicas, a menos que sobre estos \u00faltimos la usucapi\u00f3n se hubiere consolidado antes del 1\u00ba de julio de 1971 (fecha en que empez\u00f3 a regir la regla de la imprescriptibilidad plasmada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil) o de que el bien hubiera dejado de ser privado y pasara a convertirse en propiedad del ente estatal (SC3934 19 oct. 2020, rad. 2012-00365). <\/p>\n
2. Posesi\u00f3n, buena fe y justo t\u00edtulo <\/p>\n
La relaci\u00f3n posesoria amerita resguardo porque \u00abal protegerla, se entiende proteger los derechos patrimoniales de los que normalmente es consecuencia. La protecci\u00f3n de los derechos privados es postulado fundamental de un orden jur\u00eddico que pretenda realizar el respeto de la personalidad y de su principal potencia: la voluntad\u00bb, adem\u00e1s, \u00abla protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n es necesaria para realizar la paz social y permitir una adecuada explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de las cosas\u00bb, de ah\u00ed que sea \u00abprotegida jur\u00eddicamente contra los ataques o lesiones provenientes de las dem\u00e1s personas\u00bb, entre otros instrumentos jur\u00eddicos, a trav\u00e9s de \u00abmedidas tutelares cuyo fin es evitar que la posesi\u00f3n sea turbada o desconocida por una conducta il\u00edcita ajena\u00bb5. <\/p>\n
La posesi\u00f3n es una \u00abrelaci\u00f3n de hecho entre una cosa y una persona, en virtud de la que \u00e9sta\u2026 puede realizar\u2026 actos materiales de uso y de transformaci\u00f3n, con la voluntad de someterla al ejercicio del derecho real a que estas normalmente corresponden\u00bb6, definici\u00f3n bastante cercana a la del C\u00f3digo Civil que la caracteriza como \u00abla tenencia de una cosa con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o\u00bb y, por tanto, reputa como propietario al poseedor (mientras que alguien m\u00e1s no pruebe esa calidad), presunci\u00f3n que se constituye como otra de las varias manifestaciones que integran el r\u00e9gimen tuitivo de la posesi\u00f3n (art. 762 ib\u00eddem). <\/p>\n
El poseedor, a diferencia del tenedor, no reconoce dominio ajeno; explota, domina la cosa como si fuera suya, ostenta dos elementos centrales, tales como la tenencia f\u00edsica (corpus) y la exteriorizaci\u00f3n del se\u00f1or\u00edo (animus), o sea, la manifestaci\u00f3n de su voluntad para ejercer actos posesorios. <\/p>\n
La posesi\u00f3n ser\u00e1 regular si se cuenta, desde el comienzo, con buena fe y justo t\u00edtulo; basta la ausencia de uno de estos dos elementos (o de ambos) para que el poseedor deje de ser regular. <\/p>\n
La buena fe consiste en la \u00abconciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraude y de todo otro vicio\u00bb (art. 768 C.C.). Ha sostenido la Sala que \u00abel poseedor es de buena fe cuando cree que su t\u00edtulo le ha convertido en propietario del inmueble o en titular del derecho real que deseaba adquirir sobre dicho inmueble\u00bb, raz\u00f3n que impone considerarla como \u00abuna realidad jur\u00eddica actuante y no simplemente como una intenci\u00f3n de legalidad y una creencia de legitimidad, en forma que la cuesti\u00f3n predominante cuando se trate de apreciar la buena fe ha de consistir menos en el hecho psicol\u00f3gico de creer que en la raz\u00f3n de la creencia, esto es, en el c\u00f3mo y el por qu\u00e9 se cree. Si es necesaria la conciencia de una adquisici\u00f3n leg\u00edtima para que la fe del poseedor sea buena, resulta una relaci\u00f3n o conexidad tan \u00edntima entre el t\u00edtulo originario de la posesi\u00f3n y la creencia honesta de la propiedad, que no es posible admitir la buena fe en quien posee sin ning\u00fan t\u00edtulo\u00bb (CSJ SC 2 abr. 1941). <\/p>\n
Por regla general, la buena fe se presume y su ausencia debe demostrarse (art. 769 C.C.). En todo caso, hay eventos donde la mala fe se presume, como acontece en perjuicio del que empez\u00f3 a detentar el bien a t\u00edtulo de tenencia y, posteriormente, se convirti\u00f3 en poseedor (art. 2531 C.C.). <\/p>\n
Por otro lado, el t\u00edtulo consiste en \u00abel hecho del hombre generador de obligaciones o la sola ley que lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa\u00bb7. Es la causa o raz\u00f3n que, poniendo atenci\u00f3n objetiva en la forma en que empez\u00f3, justifica o no la posesi\u00f3n. Por ello, el t\u00edtulo puede ser justo o injusto. <\/p>\n
El C\u00f3digo Civil, como otros de la regi\u00f3n, omite definir con precisi\u00f3n en qu\u00e9 consiste la justicia del t\u00edtulo; se limita a enlistar ejemplos de t\u00edtulos injustos: el \u00abfalsificado\u00bb, el conferido por quien falazmente se anunci\u00f3 como mandatario o representante, el viciado de nulidad o el putativo (art. 766 C.C.). <\/p>\n
Seg\u00fan el derecho romano, \u00abla posesi\u00f3n deb\u00eda estar respaldada por una justa causa\u2026, un antecedente generador cualificado; el t\u00edtulo\u00bb que se caracterizaba por su objetividad y que no puede ser variado por el poseedor (nemo sib causam possesionis mutare)8. Esa figura de la justa causa evolucion\u00f3 en el \u00abjuste titre\u00bb plasmado en el C\u00f3digo Civil franc\u00e9s para la posesi\u00f3n abreviada y, de cierta manera, es equivalente al \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb acogido por m\u00faltiples c\u00f3digos civiles como el espa\u00f1ol o el colombiano9. As\u00ed, la figura tiene ra\u00edces hist\u00f3ricas que perfilan la manera en que ha sido regulada por los ordenamientos positivos y determinan sus notas caracter\u00edsticas. <\/p>\n
Un sector doctrinario explica de esta manera la exigencia del justo t\u00edtulo posesorio: <\/p>\n
Se requiere, por tanto, que el poseedor pueda invocar en apoyo de su posesi\u00f3n un acto traslativo de propiedad, tal como una venta, una donaci\u00f3n, un legado, una permuta a los que habr\u00e1 que asimilar cualquier acto constitutivo o traslativo de un derecho del usufructo o uso. Por el contrario, los actos que no transfieren por s\u00ed mismos la propiedad, como el arrendamiento, la constituci\u00f3n de prenda, el dep\u00f3sito son ineficaces. <\/p>\n
El t\u00edtulo que la ley exige en estos casos no es una condici\u00f3n distinta de la buena fe, sino la justificaci\u00f3n de ella; lo cual es diferente del justo t\u00edtulo en materia de usucapi\u00f3n10. <\/p>\n
Los doctrinantes tambi\u00e9n ilustran sobre la falta de definici\u00f3n legal del justo t\u00edtulo en otras latitudes, sin que ello haya sido \u00f3bice para construir un concepto de aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica: <\/p>\n
Los redactores del c\u00f3digo civil exigen del poseedor, para que pueda beneficiarse de la usucapi\u00f3n abreviada, que adquiera de buena fe y con justo t\u00edtulo un inmueble\u2026 \u00bfQu\u00e9 significa este requisito de la adquisici\u00f3n con justo t\u00edtulo? La expresi\u00f3n est\u00e1 mal elegida por prestarse a confusi\u00f3n. Y tanto m\u00e1s por cuanto no existe en el C\u00f3digo Franc\u00e9s definici\u00f3n de justo t\u00edtulo (*); los redactores se han referido a la noci\u00f3n admitida en su \u00e9poca; es decir, a la que, deducida por los jurisconsultos romanos, hab\u00eda sido reiterada por POTHIER (prescripci\u00f3n, n. 16) <\/p>\n
El \u201ct\u00edtulo\u201d (de adquisici\u00f3n) es un acto jur\u00eddico. Contrariamente a lo que el t\u00e9rmino sugiere, no se trata, pues, de un escrito o documento o un instrumentum; sino de un negocio jur\u00eddico, de un negotium11. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el justo t\u00edtulo que emana de un no propietario, exponen: <\/p>\n
Se trata aqu\u00ed de un poseedor que ha adquirido -por ejemplo, ha comprado \u2013 un bien a una persona que no era propietaria del mismo. La ineficacia de su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n depende pues, de la falta de calidad del causante (de la falta de calidad del vendedor). Por no ser propietario el causante, no ha podido transmitir un derecho que no ten\u00eda: Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. <\/p>\n
\u2026 por eso exige aqu\u00e9l que el t\u00edtulo sea tal que, si procediera del verdadero propietario, habr\u00eda transmitido la propiedad: la \u00fanica causa de eficiencia del t\u00edtulo que se subsana con la usucapi\u00f3n decenal es la falta de car\u00e1cter o de calidad del causante12. <\/p>\n
Por su parte, la doctrina chilena explica que por justo t\u00edtulo: <\/p>\n
se entiende todo hecho o acto jur\u00eddico que por su naturaleza y por su car\u00e1cter de verdadero y v\u00e1lido es apto para atribuir en abstracto el dominio. <\/p>\n
Se exige que el t\u00edtulo solo en abstracto tenga aptitud para atribuir el dominio, porque se toma en cuenta el t\u00edtulo en s\u00ed mismo, con prescindencia de otras circunstancias ajenas a \u00e9l, que, en concreto, pueden determinar que, a pesar de su calidad de justo, no opere la adquisici\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Por eso la venta de cosa ajena es un justo t\u00edtulo, que habilita para poseer, pero no da al comprador el dominio: este no se adquiere, no por defecto del t\u00edtulo, suponiendo que sea verdadero y v\u00e1lido, sino porque el vendedor carec\u00eda de la propiedad de la cosa vendida13. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta sala expone: <\/p>\n
\u2026el legislador colombiano no se ha ocupado en definir -expressis verbis- el concepto en menci\u00f3n, como si lo ha hecho frente a los t\u00edtulos a los que niega esa connotaci\u00f3n (art. 766 ib), pero que jurisprudencialmente se ha establecido que ser\u00e1n justos t\u00edtulos aquellos que est\u00e9n previstos en la ley como tales, y que \u201cen amplia acepci\u00f3n, por justo t\u00edtulo se entiende la causa que conforme a derecho permite integrar la adquisici\u00f3n del dominio, de manera originaria o derivativa\u201d (XCVIII, p\u00e1g. 52), lo que en otras palabras refiere directa e inexorablemente al \u00abacto o contrato que sirve de antecedente a su posesi\u00f3n, el cual debe corresponder a la categor\u00eda de los llamados justos t\u00edtulos \u2026 ‘…porque siendo por su naturaleza traslaticios de propiedad, dan un justo motivo a los que adquieren la posesi\u00f3n de una cosa a estos t\u00edtulos, de creerse propietarios, no habiendo podido conjeturar que la persona de quien ellos han adquirido la cosa y que ve\u00edan en posesi\u00f3n de esta cosa, no fuese propietario’ (Pothier, De la possession, no. 6 ; De la prescripcion, no. 57)\u00bb (sent. de agosto 12 de 1997, exp. 5119, CCXLIX, p\u00e1g. 309) (CSJ SC 8 may. 2002, rad. 6763). <\/p>\n
\u2026por justo t\u00edtulo se entiende todo hecho o acto jur\u00eddico que, por su naturaleza y por su car\u00e1cter de verdadero y v\u00e1lido, ser\u00eda apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto \u00faltimo, porque se toma en cuenta el t\u00edtulo en s\u00ed, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que en concreto, podr\u00edan determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase la adquisici\u00f3n del dominio. Si se trata, pues de un t\u00edtulo traslaticio, puede decirse que \u00e9ste es justo cuando al un\u00edrsele el modo correspondiente, habr\u00eda conferido al adquirente el derecho de propiedad, si el t\u00edtulo hubiese emanado del verdadero propietario. Tal el caso de la venta de cosa ajena, diputada por el art\u00edculo 1871 como justo t\u00edtulo que habilitar\u00eda para la prescripci\u00f3n ordinaria al comprador que de buena fe entr\u00f3 en la posesi\u00f3n de la cosa (CSJ SC 4 dic. 2009 rad. 2002-00003). <\/p>\n
Es importante separar los conceptos de justo t\u00edtulo y buena fe; si bien presentan elementos coincidentes, tales como la legitimidad del poseedor que los ostenta respecto de la manera en que empez\u00f3 a explotar la cosa como se\u00f1or y due\u00f1o, son diferentes. El justo t\u00edtulo es objetivo, mientras que la buena fe es eminentemente subjetiva por corresponder a la calificaci\u00f3n de la conducta del poseedor; adem\u00e1s, el primero debe probarse por el usucapiente y la segunda generalmente se presume. Pese a sus diferencias, tanto la buena fe como el justo t\u00edtulo convergen hacia justificar el ejercicio de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Recapitulando lo expuesto, la posesi\u00f3n regular (con buena fe y justo t\u00edtulo) permite adquirir por usucapi\u00f3n ordinaria \u2013demostrando explotaci\u00f3n durante corto tiempo-, siendo suficiente que el poseedor carezca de alguno de estos elementos para que deba deprecar la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria \u2013acreditando actos de explotaci\u00f3n durante un lapso m\u00e1s prolongado – (arts. 2529 y 2532 C.C.). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Las anteriores explicaciones cumplen un doble prop\u00f3sito. Por un lado, permiten a la Sala ejercer sus funciones constitucionales de m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y tribunal de casaci\u00f3n encargado de defender la integridad y unidad del derecho objetivo y de unificar la jurisprudencia \u2013ius constitutionis- (arts. 234 y 235 # 1 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y, por el otro, son \u00fatiles para resolver la demanda que sustent\u00f3 el mecanismo extraordinario (ius litigatoris). <\/p>\n
3.1. El epicentro de los cargos casacionales rebate desde la v\u00eda directa las conclusiones jur\u00eddicas del Tribunal para negar la usucapi\u00f3n ordinaria. Esto se traduce en que envuelven, en \u00faltimas, un mismo problema y, por tanto, resulta justificado estudiarlos en conjunto. <\/p>\n
Despachar los embates por separado resultar\u00eda una formalidad innecesaria y un desgaste injustificado para la Sala pues no hace eficaz ninguna garant\u00eda o prerrogativa sustancial y terminar\u00eda desconociendo el principio de econom\u00eda procesal (en contrav\u00eda del precepto 11 del C\u00f3digo General del Proceso), raz\u00f3n que impone un pronunciamiento aunado, objetivo que se acomete en lo sucesivo. <\/p>\n
Con fines de claridad debe precisarse que, si bien los embates enuncian la violaci\u00f3n directa e indirecta de disposiciones sustanciales, en realidad desarrollaron una discusi\u00f3n meramente jur\u00eddica y propia del desconocimiento recto de normas de esa naturaleza, lo que descarta que el recurrente haya incurrido en una mixtura que impida a la Sala resolverlos de fondo pues, en realidad, sus planteamientos son propios de la v\u00eda recta. De la decisi\u00f3n impugnada y de la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario se desprende que el problema jur\u00eddico a resolver consiste en determinar si -de acuerdo con las reglas sustantivas pertinentes- la posesi\u00f3n del accionante inicial fue ambigua y si ostenta o no justo t\u00edtulo, aspectos que, sin lugar a dudas, son propios de la v\u00eda directa (y no f\u00e1cticos) porque se trata de calificar normativamente los hechos del caso concreto, en vez de establecer si su averiguaci\u00f3n fue incorrecta. <\/p>\n
Vale aclarar que, de la manera como viene presentada la demanda de casaci\u00f3n, la Corte goza de competencia para separar o unir las acusaciones respectivas que se ventilen por las primeras dos causales del recurso extraordinario (desconocimiento directo e indirecto de las normas sustanciales) seg\u00fan corresponda porque, adem\u00e1s del par\u00e1grafo segundo del canon 344 del C\u00f3digo General del Proceso, esta Sala ha ilustrado: <\/p>\n
Esa autonom\u00eda de los cargos fue notoriamente atenuada desde 1991 cuando, con el objetivo de destrabar la mora judicial, se profiri\u00f3 el decreto 2651 en cuyo art\u00edculo 51, luego adoptado como legislaci\u00f3n permanente por el 162 de la Ley 446 de 1998, se indic\u00f3 que la Corte deb\u00eda oficiosamente conjuntar acusaciones que debieron haberse formulado integradas o separarlas si en su criterio deb\u00edan haberse propuesto en diferentes cargos. Pero ello es axial, tan s\u00f3lo para aquellos cargos sustentados en la violaci\u00f3n de normas sustanciales, lo que, contrario sensu, exige concluir que pervive la necesaria separaci\u00f3n de los cargos cuando el impugnante ataca la sentencia al amparo de varias causales. <\/p>\n
Con la referida excepci\u00f3n- ahora aplicable a las causales primera y segunda actuales de casaci\u00f3n- sigue entonces vigente la jurisprudencia de la Corte que alude a un \u201chibridismo que choca con el elemental postulado de la t\u00e9cnica del recurso extraordinario, conforme al cual se atribuye autonom\u00eda e individualidad propia a cada una de las causales de casaci\u00f3n, cuyo desconocimiento al formular la respectiva demanda es raz\u00f3n suficiente para desechar el cargo as\u00ed propuesto\u201d (Cas. Civ, de 17 de junio de 1975)\u201d (CSJ, SC. AC615-2021 de 1 de marzo de 2021; negrillas agregadas). <\/p>\n
En tal orden de ideas, las razones expuestas motivan el estudio conjunto de los cargos bajo la perspectiva del desconocimiento directo de las normas sustanciales invocadas por el recurrente-demandante inicial. <\/p>\n
3.2. En primer lugar, por razones metodol\u00f3gicas, la Sala determinar\u00e1 si el Tribunal lesion\u00f3 directamente el ordenamiento jur\u00eddico sustancial cuando concluy\u00f3 que la posesi\u00f3n del prescribiente Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda carec\u00eda de transparencia. En caso de encontrar que los razonamientos sobre ese aspecto transgredieron de forma recta el derecho objetivo sustancial, se ocupar\u00e1 de los atinentes al justo t\u00edtulo. <\/p>\n
3.2.1. Luego de referir las irregularidades que justificaron la invalidez del t\u00edtulo con que adquiri\u00f3 Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano, el ad quem arguy\u00f3 que \u00abno se debe generar el derecho que reclama el accionante\u00bb pues \u00absi la nulidad absoluta del acto aparej\u00f3 que no naciera a la vida jur\u00eddica el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de \u2026 Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano, con mayor raz\u00f3n las transferencias ulteriores a este correr\u00edan la misma suerte\u00bb, toda vez que el pronunciamiento de invalidez tambi\u00e9n orden\u00f3 a \u00ablos interesados en la sucesi\u00f3n\u2026 acudir a otras instancias\u00bb, \u00abcancel[\u00f3 el] registro de propiedad del actor\u00bb, \u00abcompuls[\u00f3] copias ante la autoridad penal\u00bb y \u00abrestitu[y\u00f3] las cosas al estado anterior\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal tambi\u00e9n argument\u00f3 que el prescribiente \u00abse limit\u00f3 a impetrar la nulidad del proceso por no haber sido vinculado, cuesti\u00f3n que fue desestimada\u00bb, instaurar \u00abuna acci\u00f3n de tutela que no prosper\u00f3\u00bb y pretender la declaraci\u00f3n de pertenencia en el a\u00f1o 2015, a pesar de que confes\u00f3 durante el interrogatorio que desde 2012 conoc\u00eda la existencia del tr\u00e1mite de nulidad del t\u00edtulo antecedente al suyo. Igualmente, reproch\u00f3 que omitiera demandar a \u00abla tradente [Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano]\u00bb y se abstuviera de acudir al \u00abjuicio de sucesi\u00f3n [de Pedro Alfonso Vargas B\u00e1ez] para reclamar sus derechos\u00bb, actitud \u00abinadmisible jur\u00eddicamente\u00bb porque, a pesar de que \u00abno fuera parte en la causa\u00bb, en ella \u00abse discuti\u00f3 la suerte del dominio y la posesi\u00f3n de los predios, al punto de ordenarse la restituci\u00f3n a favor de la masa sucesoral\u00bb. <\/p>\n
A la luz de los anteriores acontecimientos, el Tribunal concluy\u00f3 que \u00abno hay como inferir una posesi\u00f3n transparente\u00bb, ni siquiera \u00abuna posesi\u00f3n regular como la esgrimida pues las circunstancias probadas la alteran severamente, sin que sea de recibo cualquier argumento tendiente a subsanarlas, dada su gravedad\u00bb, en raz\u00f3n a que tanto los hechos como la \u00abactitud del mismo [poseedor,] sin duda opacan la posesi\u00f3n que dijo ostentar en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida\u2026\u00bb. <\/p>\n
El demandante inicial rebati\u00f3 los anteriores pilares del fallo de instancia argumentando, en esencia, que cumpli\u00f3 los requisitos para adquirir el dominio por prescripci\u00f3n ordinaria, el fallo de 5 de julio de 2011 proferido por el Juez Tercero de Familia de Cali no anul\u00f3 su t\u00edtulo y sus comportamientos no le restan transparencia a su posesi\u00f3n. <\/p>\n
El contraste entre las bases de la sentencia y los cargos casacionales muestra que el Tribunal lesion\u00f3 el derecho objetivo sustancial cuando neg\u00f3 la declaraci\u00f3n de pertenencia. En efecto, accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n reivindicatoria y conden\u00f3 al poseedor a pagar frutos civiles seg\u00fan las reglas de la buena fe por no haberse desvirtuado la presunci\u00f3n a favor suyo; sin embargo, se sirvi\u00f3 de sus acciones y omisiones (haber dejado de acudir al juicio de sucesi\u00f3n de Pedro Alfonso Vargas B\u00e1ez e invocado la usucapi\u00f3n ordinaria tan solo hasta 2015, sin haberle reclamado judicialmente a la tradente), gracias a lo cual estim\u00f3 que \u00abno hay como inferir una posesi\u00f3n transparente\u00bb, ni siquiera \u00abuna posesi\u00f3n regular\u00bb, aunado a que las conductas del demandado en reconvenci\u00f3n opacaron \u00abla posesi\u00f3n que dijo ostentar en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida\u2026\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior muestra que la ambig\u00fcedad estuvo en los razonamientos del Tribunal y no en las conductas del prescribiente porque el primero sostuvo, por un lado, que el segundo era poseedor de buena fe (raz\u00f3n por la que concedi\u00f3 la reivindicaci\u00f3n y lo conden\u00f3 a pagar frutos desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda de reconvenci\u00f3n) mientras que, por el otro, tild\u00f3 la posesi\u00f3n de opaca, ambigua o poco transparente. <\/p>\n
Esas contradicciones erigen el defecto jur\u00eddico endilgado al fallador de \u00faltimo grado en punto a la supuesta falta de transparencia del estatus posesorio de Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda, pues termin\u00f3 exigiendo requisitos adicionales para la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria, tales como acudir al juicio de sucesi\u00f3n de Pedro Alfonso Vargas B\u00e1ez, invocar la usucapi\u00f3n antes de la fecha en que lo hizo o demandar a la tradente Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano, a pesar de que la ley solamente exige posesi\u00f3n regular (o sea, con justo t\u00edtulo y buena fe) durante el tiempo necesario que, para este caso, es cinco a\u00f1os (cfr. arts. 2512, 2518, 2528 y 2529 C.C.). <\/p>\n
3.2.2. Corresponde ahora desentra\u00f1ar si el Tribunal incurri\u00f3 en la primera causal de casaci\u00f3n cuando concluy\u00f3 que el demandante inicial carec\u00eda de justo t\u00edtulo. <\/p>\n
El Tribunal subsumi\u00f3 las normas jur\u00eddicas pertinentes a los siguientes hechos probados que, por no haberse rebatido en casaci\u00f3n, resultan pac\u00edficos e intangibles: <\/p>\n
<\/p>\n
a. Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano adquiri\u00f3 los inmuebles mediante adjudicaci\u00f3n herencial formalizada con la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5021 del 7 de noviembre de 1995 de la Notaria Sexta de Cali, la cual se inscribi\u00f3 en el registro competente el 7 de febrero de 1996; <\/p>\n
<\/p>\n
b. Ella, mientras figuraba en el certificado de libertad y tradici\u00f3n como propietaria, los vendi\u00f3 a Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda seg\u00fan consta en el instrumento n.\u00ba 970 de 3 de abril de 1997 de la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, registrado en los certificados de libertad y tradici\u00f3n el 30 de mayo de 1997; <\/p>\n
<\/p>\n
c. El 2 de enero de 1996 Mercedes Andrea Vargas Salamanca cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad; <\/p>\n
<\/p>\n
d. El 21 de septiembre de 1999 Denisse Fernanda Vargas Salamanca cumpli\u00f3 18 a\u00f1os; <\/p>\n
e. El 14 de diciembre de 1999 se inscribi\u00f3 la demanda de nulidad de la escritura p\u00fablica 5021, tr\u00e1mite al que no fue convocado ni se present\u00f3 el ahora demandante inicial;<\/p>\n
f. El Juzgado Tercero de Familia de Cali anul\u00f3 el 5 de julio de 2011 la escritura p\u00fablica 5021 y, adem\u00e1s, orden\u00f3 cancelar en las oficinas de registro de instrumentos p\u00fablicos las transferencias del dominio, grav\u00e1menes y limitaciones sobre los predios, sin perjuicio de las garant\u00edas a favor de terceros conforme a la ley; y <\/p>\n
<\/p>\n
g. Esa sentencia fue registrada el 9 de mayo de 2012, en virtud de lo cual se elimin\u00f3 el registro (tradici\u00f3n) de la compraventa celebrada entre Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano y Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda. <\/p>\n
Bajo esta plataforma f\u00e1ctica, el Tribunal sostuvo que \u00abno era viable acoger las pretensiones de la demanda primigenia, m\u00e1s cuando se aleg\u00f3 la ordinaria. Al respecto, es necesario recabar en que no existe un justo t\u00edtulo en cabeza del actor con base en la escritura p\u00fablica 970 del 3 de abril de 1997\u2026\u00bb. <\/p>\n
El prescribiente rebati\u00f3 la connotaci\u00f3n jur\u00eddica que el Tribunal le dio a su t\u00edtulo transcribiendo la parte resolutiva de la decisi\u00f3n de 5 de julio de 2011 con el fin de mostrar que era justo pues, afirm\u00f3, el Juzgado Tercero de Familia anul\u00f3 la escritura p\u00fablica 5021 (gracias a la que adquiri\u00f3 Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano) y no el instrumento notarial 970 de 3 de abril de 1997 (contentivo de la venta que celebr\u00f3 con ella), insistiendo que este \u00faltimo era real, v\u00e1lido, \u00abtraslaticio de dominio\u00bb, solemne y, en \u00faltimas, justo. <\/p>\n
Para verificar el asidero del embate es preciso establecer, en primer lugar, si la justicia del t\u00edtulo se examina exclusiva y objetivamente al momento de su existencia o, por el contrario, teniendo en cuenta hechos sobrevinientes. En otras palabras, debe determinarse si el justo t\u00edtulo se encuentra presente al inicio de los actos de explotaci\u00f3n o se mantiene a lo largo del \u00ednterin posesorio. La respuesta de este cuestionamiento depende del sistema normativo acogido por la legislaci\u00f3n nacional. <\/p>\n
Sobre el punto, existen dos sistemas normativos. Uno de ellos proviene del derecho can\u00f3nico y establece la m\u00e1xima \u00abmala fides superviniens nocet\u00bb; exige la convicci\u00f3n permanente del poseedor de haber adquirido la cosa de manos de su leg\u00edtimo due\u00f1o, de tal manera que si tal aspecto var\u00eda, la posesi\u00f3n ser\u00e1 irregular y solo puede aspirar a la usucapi\u00f3n extraordinaria. As\u00ed, para el derecho can\u00f3nico bastar\u00e1 que al final del tiempo de posesi\u00f3n el detentador pierda la convicci\u00f3n que ten\u00eda de haber obtenido la cosa de su propietario para que deje de ser un poseedor regular. <\/p>\n
El segundo sistema jur\u00eddico proviene del derecho romano y consagra la regla \u00abmala fides superviniens non nocet\u00bb (o \u00abno impedit usucapionem\u00bb). Exige la mencionada convicci\u00f3n \u00fanicamente al inicio de la explotaci\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo porque considera irrelevante que, posteriormente, el poseedor caiga en la cuenta de que adquiri\u00f3 la cosa de manos de un sujeto diverso al leg\u00edtimo propietario, sin que por esa sola circunstancia deje de ser poseedor regular. En suma -seg\u00fan este sistema- la calificaci\u00f3n de la conducta del poseedor se hace al inicio de la posesi\u00f3n14. <\/p>\n
El C\u00f3digo Civil colombiano adopt\u00f3 el segundo sistema, el romano. Consagr\u00f3 sin ambages que la posesi\u00f3n regular procede de justo t\u00edtulo y buena fe aunque \u00abno subsista despu\u00e9s de adquirida la posesi\u00f3n\u00bb (art. 764 C.C.). Se trata de una norma sustancial e imperativa invocada como transgredida en el recurso de casaci\u00f3n, seg\u00fan la cual la regularidad de la posesi\u00f3n se examina de acuerdo con las condiciones particulares presentes al momento en que inici\u00f3, ignorando, por l\u00ednea de principio, los eventos subsiguientes porque carecen de potencialidad para convertir en irregular una posesi\u00f3n que objetivamente arranc\u00f3 siendo regular15. <\/p>\n
Esa regla sustancial hace expresa referencia a la buena fe. Sin embargo, ello no es \u00f3bice para concluir que la misma exigencia tambi\u00e9n se predica del justo t\u00edtulo. Resultar\u00eda contradictorio examinar en momentos diversos la buena fe posesoria y la justicia del t\u00edtulo, lo cual se erige como raz\u00f3n suficiente para concluir (en aplicaci\u00f3n del precepto 764 del C\u00f3digo Civil) que, generalmente, los hechos sobrevinientes carecen de fuerza suficiente para tornar de mala fe una posesi\u00f3n que comenz\u00f3 de buena fe, ni mucho menos para restarle justicia al t\u00edtulo que, objetivamente, est\u00e1 dotado de esa caracter\u00edstica desde su inicio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la anterior regla armoniza el momento en que debe evaluarse tanto la buena fe como el t\u00edtulo, haciendo efectivo el criterio hermen\u00e9utico previsto en el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Civil que permite servirse del contexto de un cuerpo normativo \u00abpara ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armon\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Tal pauta tambi\u00e9n resulta acorde con la posici\u00f3n pac\u00edfica y reiterada de la jurisprudencia de la Sala en cuanto se\u00f1ala que \u00abpara calificar si el poseedor es regular o no, basta escudri\u00f1ar si inici\u00f3 su aprehensi\u00f3n bajo la convicci\u00f3n de propietario\u2026\u00bb, pues \u00abla posesi\u00f3n regular es la que re\u00fane dos exigencias: el justo t\u00edtulo y la buena fe \u00fanicamente para el momento de su inicio\u00bb (CSJ SC4791, 7 dic. 2020, rad. 2011-00495). <\/p>\n
<\/p>\n
a. Es verdadero, existe en la realidad, lo cual excluye a los falsificados u otorgados por quien no es mandatario o representante del otorgante. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Es eficaz, carece de defectos sustanciales que lo invaliden. <\/p>\n
<\/p>\n
c. En materia de bienes que exigen una formalidad en particular para su enajenaci\u00f3n (como, entre otros, los inmuebles) es solemne, lo que significa que debi\u00f3 cumplirse la solemnidad respectiva (por ejemplo, la escritura p\u00fablica para los bienes ra\u00edces), en raz\u00f3n a que la enajenaci\u00f3n de este tipo de fundos requiere tal exigencia. <\/p>\n
<\/p>\n
d. Permite concluir que (1) de haberse ejecutado por el verdadero propietario y (2) perfeccionado el modo, el derecho real habr\u00eda ingresado al patrimonio del poseedor. <\/p>\n
<\/p>\n
e. Se eval\u00faa con objetividad, marginando aquellas circunstancias que le resulten ajenas. <\/p>\n
<\/p>\n
f. Se aprecia al momento de su existencia, y no en un instante posterior. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, ser\u00e1n aplicados los anteriores par\u00e1metros al asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Sala con miras a establecer si el t\u00edtulo del prescribiente es justo. <\/p>\n
La escritura p\u00fablica 970 de 3 de abril de 1997 de la Notar\u00eda Novena de Bogot\u00e1, contentiva de la venta que celebr\u00f3 Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda con Leddy Stella Patricia Lanzziano, es un t\u00edtulo real y existente en raz\u00f3n a que no fue adulterado ni otorgado por un falso representante o mandatario. <\/p>\n
En consecuencia, el t\u00edtulo tambi\u00e9n es eficaz, se mantuvo inc\u00f3lume a\u00fan con posterioridad a la sentencia de nulidad. Recu\u00e9rdese que el fallo de 5 de julio de 2011 del Juzgado Tercero de Familia de Cali anul\u00f3 la escritura p\u00fablica 5021 de 7 de noviembre de 1995 (t\u00edtulo antecedente gracias al que se le adjudicaron los bienes a Leddy Stella Patricia Lanzziano) y orden\u00f3 eliminar del registro de instrumentos p\u00fablicos la tradici\u00f3n (modo) que se hizo en virtud de la compraventa (t\u00edtulo) celebrada entre ella y el ahora usucapiente. Expresado de otra manera, decayeron los efectos de la tradici\u00f3n (pero no del t\u00edtulo) con que Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda adquiri\u00f3 la propiedad de los predios. <\/p>\n
Se verifica que el t\u00edtulo de Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda -compraventa- eman\u00f3 de Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano mientras era propietaria e, inclusive, alcanz\u00f3 a estar registrado en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria y radic\u00f3 el dominio en cabeza del primero, derecho real que se extingui\u00f3 cuando se anul\u00f3 la inscripci\u00f3n de la tradici\u00f3n. <\/p>\n
Todo ello se establece examinando objetivamente y marginando las circunstancias que le resulten ajenas al t\u00edtulo, sobre todo porque estuvo registrado en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria, aspecto trascendental en virtud de que la Sala justifica el \u00abvalor jur\u00eddico del registro, al concebir cada anotaci\u00f3n como un acto administrativo, gobernado por la presunci\u00f3n de legalidad y sometido a los mecanismos de control propios de la administraci\u00f3n\u00bb, gracias a lo cual \u00abla decisi\u00f3n registral dej\u00f3 de ser una formalidad para fines de oponibilidad y avanz\u00f3 hacia una herramienta de verificaci\u00f3n jur\u00eddica, que incluso puede advertir sobre ilegalidades o falsedades, de all\u00ed que sus anotaciones se presuman, por mandato legal, veraces y exactas\u00bb, en tanto \u00abel registro\u2026 es una decisi\u00f3n reflexiva, que supone una evaluaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, dando lugar a un acto administrativo en los t\u00e9rminos del canon 70 de la ley 1437 de 2011\u00bb (CSJ SC3540 17 sep. 2021, rad. 2012-00647). <\/p>\n
Lo anterior muestra que el Tribunal se apart\u00f3 de las reglas sustanciales que deb\u00eda seguir al evaluar la justicia del t\u00edtulo. Rep\u00e1rese que la inscripci\u00f3n de la demanda de nulidad del t\u00edtulo antecedente en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria se perfeccion\u00f3 el 14 de diciembre de 1999, esto es, cuando las ahora reivindicantes ya eran mayores de edad y luego de que Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda celebrara el contrato de compraventa -t\u00edtulo-, lo cual es relevante sobre todo al recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que ni siquiera la adquisici\u00f3n de un bien sobre el que pesa el registro de una demanda hace irregular la posesi\u00f3n, en tanto <\/p>\n
\u2026la inscripci\u00f3n no sustrae el terreno del comercio, ni produce los efectos del secuestro, como la de impedirle a su propietario u ocupante disponer materialmente de \u00e9l, pero tiene la fuerza de aniquilar todas las anotaciones realizadas con posterioridad a su inscripci\u00f3n, que conlleven transferencias de dominio, grav\u00e1menes, y limitaciones a la propiedad; claro, siempre y cuando, en el asunto donde se profiri\u00f3 la misma, se dicte fallo estimatorio de la pretensi\u00f3n que implique, necesariamente, cambio, variaci\u00f3n o alteraci\u00f3n en la titularidad de un derecho real principal u otro accesorio sobre el inmueble, pues de ocurrir lo contrario, de nada servir\u00eda\u00bb (CSJ SC19903 de 2017, rad. 2011-00145-01) (CSJ SC4791 7 dic. 2020, rad. 2011-00495). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el Tribunal se desapeg\u00f3 de la normativa sustancial cuando concluy\u00f3 que la posesi\u00f3n del usucapiente (antiguo propietario del bien) era opaca o ambigua -a pesar de que reconoci\u00f3 expresamente su condici\u00f3n de poseedor de buena fe- y no estaba respaldada por un justo t\u00edtulo -compraventa-, resulta procedente casar la sentencia de \u00faltima instancia y resolver la alzada. <\/p>\n
3.3. Antes de exponer las consideraciones de la sentencia sustitutiva que ha de proferirse en sede de instancia, resulta procedente que la Sala fije su atenci\u00f3n en la manera en que debe aplicarse a este caso espec\u00edfico el canon 1748 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u00abla nulidad judicialmente pronunciada da acci\u00f3n reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Tal referencia es necesaria porque esa disposici\u00f3n, en principio, abrir\u00eda camino a la pretensi\u00f3n reivindicatoria formulada contra Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda, pues como ha explicado esta corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u2026la declaraci\u00f3n de nulidad de un contrato, lejos de implicar la invalidez del t\u00edtulo mediante el cual un tercero adquiere el bien objeto del negocio anulado, apareja simplemente el que \u00e9ste, el tercero, podr\u00e1 hallarse, en un determinado evento, abocado a una reivindicaci\u00f3n impetrada por el contratante cuyo derecho, a la postre, nunca fue transferido (CSJ SC 19 jul 2000, rad. 5493, reiterada en CSJ SC3728-2020, rad. 2009-00390, 5 oct. 2020). <\/p>\n
Sin embargo, es necesario desentra\u00f1ar a qu\u00e9 se refiere el art\u00edculo 1748 del C\u00f3digo Civil cuando deja a salvo de la vindicaci\u00f3n las \u00abexcepciones legales\u00bb. Precisamente, la jurisprudencia de la Corte ha establecido como tales las siguientes: <\/p>\n
a) En caso de muerte presunta por desaparecimiento, la anulaci\u00f3n del decreto de posesi\u00f3n definitiva da derecho al reaparecido para recobrar los bienes en el estado en que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, hipotecas y dem\u00e1s derechos reales, constituidos legalmente en ellos (109, n. 4\u00ba). <\/p>\n
b) Cuando el poseedor ha cumplido los requisitos legales para ganar el dominio del bien por prescripci\u00f3n adquisitiva, la acci\u00f3n reivindicatoria a que da lugar la declaraci\u00f3n judicial de nulidad no tendr\u00e1 eficacia (le es inoponible) frente al tercero poseedor de buena fe que alega la usucapi\u00f3n ordinaria, o a\u00fan frente al poseedor de mala fe que invoca la extraordinaria. <\/p>\n
d) Cuando se trata de bienes sujetos a registro, la declaraci\u00f3n de invalidez no le es oponible al tercero poseedor a t\u00edtulo oneroso que adquiri\u00f3 el bien con anterioridad a la inscripci\u00f3n de la demanda de nulidad en el registro p\u00fablico\u2026 <\/p>\n
En efecto, en caso de bienes sujetos a registro, si el subadquirente de un bien sometido a esa formalidad lo adquiere con el conocimiento de que no hubo fraude ni otro vicio en el negocio, porque as\u00ed lo demuestra el registro p\u00fablico, entonces la publicidad de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien es garant\u00eda de la legitimidad de su derecho, por lo que no podr\u00eda resultar perjudicado por hechos anteriores que no constaban en el registro al momento de su adquisici\u00f3n; a menos que por otro medio se demuestre su mala fe. En ese caso la declaraci\u00f3n de invalidez o ineficacia no surte efectos frente a los terceros que adquirieron el bien con anterioridad a la inscripci\u00f3n en el registro de la situaci\u00f3n que podr\u00eda amenazar su derecho, es decir que la invalidaci\u00f3n del acto les es inoponible.\u2026 <\/p>\n
Existen, en s\u00edntesis, dos circunstancias en las cuales generalmente el tercero subadquirente est\u00e1 obligado a restituir el bien: cuando adquiere a t\u00edtulo gratuito y cuando es poseedor de mala fe, es decir cuando conoce el motivo de la nulidad (incapacidad natural, error, violencia dolo, disposici\u00f3n legal) sin importar el t\u00edtulo de su adquisici\u00f3n, porque el tercero de mala fe no merece protecci\u00f3n. Y sin embargo, aun el tercero poseedor de mala fe puede triunfar cuando ha cumplido los requisitos materiales para ganar el bien por usucapi\u00f3n extraordinaria (CSJ SC3201-2018, rad. 2011-00338-01, 9 ago. 2018; se destaca). <\/p>\n
Por su parte, la doctrina nacional de anta\u00f1o ha explicado que la reivindicaci\u00f3n es improcedente cuando se intenta luego de que el tercero poseedor ha reunido los requisitos para adquirir por cualquier clase de usucapi\u00f3n: <\/p>\n
Cuando se quiera, pues, que un contrato nulo se deshaga, para que vuelvan las cosas al estado que ten\u00edan antes del contrato, pudiendo recuperarse de terceros por medio de la acci\u00f3n reivindicatoria las que a \u00e9stos hayan ido, es necesario que una de las partes en el contrato, establezca demanda contra la otra para que se declare la nulidad y declarada en sentencia firme, pueda dirigirse aquella acci\u00f3n contra terceros poseedores, quienes pueden defenderse de ella alegando, por ejemplo, la prescripci\u00f3n como medio de adquirir el dominio16. <\/p>\n
Expositores nacionales m\u00e1s recientes argumentan hacia el mismo destino al decir que la reivindicaci\u00f3n no procede contra el \u00abtercero poseedor [que] ha adquirido por usucapi\u00f3n el dominio u otro derecho real susceptible de ser adquirido por dicho modo\u00bb, siendo claro \u00abque no puede ser demandado en acci\u00f3n reivindicatoria, porque ya ha dejado de ser un simple poseedor para convertirse en titular del derecho usucapido\u2026\u00bb17. <\/p>\n
El entendimiento doctrinal y jurisprudencial del art\u00edculo 1748 del C\u00f3digo Civil y sus excepciones es corroborado por normas y expositores del derecho comparado. En efecto, ese precepto es id\u00e9ntico al 1689 del C\u00f3digo Civil chileno, sobre el que la doctrina de ese pa\u00eds explica: <\/p>\n
Esta es la regla general: la nulidad judicialmente declarada da acci\u00f3n reivindicatoria contra terceros poseedores, sin entrar a averiguar si estos poseedores son de buena o mala fe, y esta es una de las principales diferencias que existen entre los efectos de la nulidad y los efectos de la resoluci\u00f3n \u00fanicamente da acci\u00f3n reivindicatoria contra terceros poseedores de mala fe\u2026 Solo por excepciones de ley la nulidad judicialmente pronunciada no da acci\u00f3n reivindicatoria contra terceros poseedores (art. 1689). Y estas excepciones son las que siguen\u2026 <\/p>\n
2) El caso m\u00e1s frecuente en la pr\u00e1ctica, aunque no est\u00e1 contemplado expresamente en ning\u00fan texto legal, es aquel en que el tercero ha adquirido el dominio de la cosa por prescripci\u00f3n. Esta excepci\u00f3n no est\u00e1 contemplada en ning\u00fan art\u00edculo del C\u00f3digo, pero se desprende de los art\u00edculos 682 [752 del C.C.Co.], 683 [753 del C.C.Co.] y 717 [778 del C.C.Co.]\u2026 <\/p>\n
De estas disposiciones legales resulta que el tercero poseedor est\u00e1 a salvo de la acci\u00f3n reivindicatoria cuando ha adquirido el dominio de la cosa por prescripci\u00f3n, porque los vicios o defectos de que puedan adolecer los t\u00edtulos de sus antecesores, no se transmiten a \u00e9l18 (se destaca). <\/p>\n
En consecuencia, seg\u00fan los C\u00f3digos Civiles colombiano y chileno la pretensi\u00f3n dominical contra el tercero poseedor s\u00ed procede a ra\u00edz de la nulidad del t\u00edtulo antecedente. No obstante, su viabilidad suele estar condicionada, entre otras excepciones, a que el convocado no haya cumplido los requisitos para adquirir el bien por usucapi\u00f3n ordinaria o extraordinaria al momento de la vindicaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta imperativo concluir (a la luz de la problem\u00e1tica sometida en esta ocasi\u00f3n a conocimiento de la Sala), que el t\u00e9rmino prescriptivo del tercero Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda despunta desde que empez\u00f3 a comportarse como se\u00f1or y due\u00f1o (y no desde que se invalid\u00f3 judicialmente el t\u00edtulo previo), lo cual significa que la pretensi\u00f3n reivindicatoria -para que fuera exitosa- deb\u00eda enarbolarse antes de que \u00e9l cumpliera los presupuestos para adquirir el dominio por usucapi\u00f3n. <\/p>\n
En el caso concreto, la venta entre Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda y Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano ocurri\u00f3 el 3 de abril de 1997 y se registr\u00f3 el 30 de mayo de la misma anualidad. Para esa \u00e9poca, seg\u00fan el certificado de libertad y tradici\u00f3n, la vendedora era due\u00f1a, no exist\u00eda ning\u00fan proceso destinado a cuestionar su t\u00edtulo, ni mucho menos se hab\u00eda inscrito demanda alguna que pudiera afectar los predios; s\u00f3lo pesaba sobre el inmueble una hipoteca que fue levantada posteriormente. <\/p>\n
Esto significa que, en la \u00e9poca de la adquisici\u00f3n, el ahora prescribiente no contaba con ning\u00fan elemento de juicio que le permitiera sospechar que el t\u00edtulo antecedente pod\u00eda ser invalidado. Como esa situaci\u00f3n tambi\u00e9n se predicar\u00eda de cualquier persona prudente y diligente, el demandante -adem\u00e1s de poseedor regular- igualmente est\u00e1 amparado por la presunci\u00f3n de buena fe que no se desvirtu\u00f3 durante las instancias. Recu\u00e9rdese que dos a\u00f1os despu\u00e9s a la compraventa y su registro, en 1999, las ahora reivindicantes pretendieron la nulidad del t\u00edtulo de la vendedora y registraron en los certificados de libertad y tradici\u00f3n ese libelo, tr\u00e1mite al que no fue vinculado el usucapiente, lo que descarta que la compraventa hubiera podido efectuarse para evadir alguna reclamaci\u00f3n judicial que, al momento de celebrarse, era inexistente. <\/p>\n
Por otro lado, la interpretaci\u00f3n que la nulidad pronunciada mediante sentencia abre camino a la pretensi\u00f3n dominical, a menos que se formule cuando el poseedor cumpli\u00f3 los requisitos para usucapir (art. 1748 C.C.), adem\u00e1s de adecuada para la problem\u00e1tica del caso concreto, respeta prerrogativas fundamentales como la de acceder a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 C.P.). <\/p>\n
En efecto, los C\u00f3digos General del Proceso y de Procedimiento Civil (vigente al pretenderse la nulidad del t\u00edtulo anterior en el caso concreto) permiten formular la demanda reivindicatoria, adelantar el tr\u00e1mite hasta antes de la sentencia y suspenderlo por prejudicialidad hasta que se falle sobre la invalidez del t\u00edtulo del vendedor. Obs\u00e9rvese que la legitimaci\u00f3n en la causa debe abordarse en la sentencia y no al admitir la demanda19. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, era deber de los interesados reivindicar oportunamente para impedir que el tercero poseedor consolide su derecho, toda vez que una de las excepciones a las que se refiere el art\u00edculo 1748 del C\u00f3digo Civil es la usucapi\u00f3n que, como se ha explicado, se encuentra configurada en el presente asunto. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Recordando que la decisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n debe limitarse a los argumentos sustentados por las impugnantes (art. 328 C.G.P.), la Sala los estudiar\u00e1 en el mismo orden en que fueron planteados durante la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. <\/p>\n
1. Las apelantes afirmaron que la posesi\u00f3n del demandante no fue pac\u00edfica, ininterrumpida, ni apta para adquirir el dominio por usucapi\u00f3n ordinaria. Para sustentar esa idea rememoraron la demanda de nulidad del t\u00edtulo de Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano, la sentencia del Juzgado Tercero de Familia de Cali que no anul\u00f3, la fallida acci\u00f3n de tutela que en su contra promovi\u00f3 el prescribiente, as\u00ed como que, en su criterio, \u00e9l siempre tuvo pleno conocimiento de la situaci\u00f3n del inmueble pues tuvo contacto estrecho con la vendedora, a quien jam\u00e1s le reclam\u00f3 judicialmente. Por el contrario, prefiri\u00f3 dejar correr en silencio el tiempo de prescripci\u00f3n para luego reclamar la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Para resolver este reparo baste recordar que, como se dijo en las consideraciones que sirvieron para resolver el recurso de casaci\u00f3n, la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria es procedente cuando la posesi\u00f3n sea regular y se prolongue durante el tiempo m\u00ednimo exigido en la ley. <\/p>\n
Si el poseedor ostenta justo t\u00edtulo, buena fe y se ha comportado como se\u00f1or y due\u00f1o por m\u00e1s de cinco a\u00f1os, es evidente que la usucapi\u00f3n debe abrirse camino. Exigir que el usucapiente se hubiera comportado como pretenden las apelantes significar\u00eda adicionar un requisito para la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria que, en realidad, no est\u00e1 previsto legalmente. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el valor jur\u00eddico de los actos inscritos en el certificado de libertad y tradici\u00f3n de inmuebles, como se explic\u00f3 al resolver los cargos casacionales, hace que no se desvirt\u00fae la presunci\u00f3n de buena fe que ampara al poseedor ni mucho menos torna su t\u00edtulo en irregular. Las anotaciones que estaban vigentes en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria al momento de la venta celebrada entre Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda y Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano daban cuenta de que esta \u00faltima era leg\u00edtima propietaria de los fundos y que sobre ellos no pesaban afectaciones, limitaciones o grav\u00e1menes; todo ello sin olvidar que, como se ha explicado, el t\u00edtulo debe examinarse siguiendo par\u00e1metros objetivos y apartando las circunstancias que le resultan extra\u00f1as. <\/p>\n
La sentencia que anul\u00f3 la escritura p\u00fablica 5021 de 7 de noviembre de 1995 (por medio de la que Leddy Stella Pati\u00f1o Lanzziano hab\u00eda adquirido la propiedad) tambi\u00e9n afect\u00f3 la tradici\u00f3n de los inmuebles a favor de Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda y, por tanto, su derecho real de dominio, consecuencia indiscutible inclusive para el actor, quien pretendi\u00f3 la usucapi\u00f3n ordinaria, en vez de la reivindicaci\u00f3n. Sin embargo, como ya se ha explicado, tal fallo judicial no afect\u00f3 su t\u00edtulo -compraventa- que permaneci\u00f3 jur\u00eddicamente inc\u00f3lume. <\/p>\n
2. Las demandantes en reconvenci\u00f3n arguyeron que su contraparte omiti\u00f3 acogerse al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n previsto en la ley 791 de 2002, a pesar de que as\u00ed lo exige el art\u00edculo 41 de la ley 153 de 1887. <\/p>\n
Tal reparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad porque el accionante invoc\u00f3 expresamente la prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria, sostuvo que para el 9 de mayo de 2012 hab\u00edan transcurrido quince a\u00f1os de ejercitar actos de se\u00f1or y cit\u00f3, entre otros fundamentos de derecho, la ley 791 de 2002. Esto significa que se acogi\u00f3 al r\u00e9gimen previsto en este cuerpo normativo. <\/p>\n
3. Las demandadas iniciales reprocharon que la sentencia de primer grado hubiera ignorado la suspensi\u00f3n prevista a su favor durante el tiempo que fueron menores de edad, lapso que debe descontarse de la posesi\u00f3n ejercida por el demandante. <\/p>\n
Al respecto se observa que Denisse Fernanda (nacida el 21 de septiembre de 1981) y Mercedes Andrea Vargas Salamanca (nacida el 2 de enero de 1978) cumplieron la mayor\u00eda de edad, respectivamente, el 21 de septiembre de 1999 y el 2 de enero de 1996, de lo que se deriva que para la fecha en que el a quo verific\u00f3 el inicio de la posesi\u00f3n de Luis Norberto Garc\u00eda Garc\u00eda (hacia el a\u00f1o 2000) no pod\u00edan resultar favorecidas con la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n que impone la ley porque ya ten\u00edan m\u00e1s de dieciocho a\u00f1os. <\/p>\n
As\u00ed, trasluce la irrelevancia de la invocada suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva invocada por las apelantes porque, seg\u00fan las fechas rese\u00f1adas, no enerva la declaraci\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
En suma, luego de 2002 la posesi\u00f3n no fue suspendida ni interrumpida y, adem\u00e1s, por haber sido de buena fe y con justo t\u00edtulo, era procedente la usucapi\u00f3n ordinaria reclamada, a diferencia de lo alegado por las apelantes. <\/p>\n
Esto es as\u00ed porque que el caso en litigio no puso en vilo prerrogativas sustanciales de menores de edad, toda vez que, desde antes de la instauraci\u00f3n del proceso de la radicaci\u00f3n, las reivindicantes-demandadas son mayores de edad. <\/p>\n
4. Por no prosperar los argumentos de la alzada, resulta procedente confirmar, en sede de instancia, la decisi\u00f3n de primer grado, condenando en costas a la parte apelante de conformidad con lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso declarativo de pertenencia de la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
En sede de segunda instancia, confirma la decisi\u00f3n proferida el 20 de febrero de 2019 por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1. En consecuencia, condena en costas a las demandantes en reconvenci\u00f3n Denisse Fernanda y Mercedes Andrea Vargas Salamanca las que ser\u00e1n liquidadas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con el canon 625, numeral 1, literal c) in fine de la misma obra, incluyendo $6.000.000 por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
En firme esta providencia devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
En comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Derechos Reales. T. II. Editorial Temis, Bogot\u00e1, 1973, p. 405. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, p. 403. <\/p>\n
3\u0002 Como la inexistencia del convocante o convocado, su incapacidad o indebida representaci\u00f3n, la falta de prueba de la condici\u00f3n de heredero, c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea o cualquier otra en que act\u00faen las partes, pleito pendiente o la demostraci\u00f3n de un contrato de arbitraje que cobije la controversia -a menos que se promueva la instancia arbitral dentro de los veinte d\u00edas posteriores a la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite-. <\/p>\n
4\u0002 como la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a V\u00edctimas o el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo. Ob Cit., pp. 85 y 105. <\/p>\n
6\u0002 PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges. Tratado de derecho civil franc\u00e9s. T. III, 1942, p. 145 <\/p>\n
7\u0002 G\u00d3MEZ, Jos\u00e9 J. Derecho civil. Bienes. Ed. Universidad Externado de Colombia (1981). p. 159. <\/p>\n
8\u0002 HINESTROSA, Fernando. Apuntes de derecho romano. Bienes. Universidad Externado de Colombia, 1978, p. 47 <\/p>\n
9\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo. Ob. Cit. P. 390 y 391. <\/p>\n
10\u0002 Planiol Marcelo y Ripert Jorge. Tratado Pr\u00e1ctico de Derecho Civil Franc\u00e9s, Tomo III \u201cLos Bienes\u201d. 1946, la Habana. Traducci\u00f3n al espa\u00f1ol por Mario D\u00edaz Cruz. p. 167-168. <\/p>\n
11\u0002 Henry Mazeaud y Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Volumen IV. 1960. Buenos Aires. Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica. p. 214. <\/p>\n
12\u0002 Henry Mazeaud y Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Volumen IV. 1960. Buenos Aires. Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, p. 215. <\/p>\n
13\u0002 Alesandri Rodriguez, Manuel Somarriva y Antonio Vodanovic. Tratado de los derechos reales. Bienes. Tomo I, quinta edici\u00f3n. Editorial Temis S.A.. Editorial Jur\u00eddica de Chile. 2000, p. 215. <\/p>\n
14\u0002 HINESTROSA, Fernando. Ob. Cit. P. 49. <\/p>\n
15\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo. Ob. Cit. P. 133 y 134. <\/p>\n
16\u0002 VELEZ, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano. T. VI, Imprenta Par\u00eds Am\u00e9rica, Par\u00eds, 1926, p. 417 y 418. <\/p>\n
17\u0002 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo et al, Teor\u00eda general del contrato y de los dem\u00e1s actos o negocios jur\u00eddicos, Temis, Bogot\u00e1, 1994, p. 481. <\/p>\n
18\u0002 ALENSSANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Manuel; y VODANOVIC, Antonio. Tratado de derecho civil. Partes preliminar y general. T. II, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago, p. 343. <\/p>\n
19\u0002 Sobre prejudicialidad: arts. 170 del CPC y 161 del CGP. Tambi\u00e9n pueden verse los arts. 90 del CGP y 85 del CPC para observar que la legitimaci\u00f3n en la causa no es un aspecto que se deba examinar para inadmitir o rechazar la demanda. <\/p>\n
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SC2474-2022 (2015-00456-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC2474-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-024-2015-00456-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luis Norberto Garc\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67756","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67756\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}