SC2850-2022 (2017-33358-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC2850-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2017-33358-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S., frente a la sentencia del 14 de noviembre de 2018 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso que en su contra promovi\u00f3 Edificio Torres de M\u00e1laga P.H., y al cual se llam\u00f3 en garant\u00eda a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora deprec\u00f3 \u00ab[q]ue se declare que las sociedades Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S. incumplieron la obligaci\u00f3n legal de garantizar la idoneidad, calidad y buen funcionamiento de los bienes comunes que integran el Proyecto Edificio Torres de M\u00e1laga\u00bb. <\/p>\n
Como consecuencia pidi\u00f3 ordenar que \u00abdeber\u00e1n reparar, construir, adquirir, demoler, instalar, y desplegar dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, todos los actos necesarios de intervenci\u00f3n sobre los bienes comunes listados\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n solicitaron la imposici\u00f3n de la m\u00e1xima multa posible, por el desconocimiento de la obligaci\u00f3n legal de garant\u00eda (folios 37 del archivo digital CDNO PPAL TM 1.pdf). <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico (folios 2 a 37 ibidem) la reclamante afirm\u00f3: <\/p>\n
2.1. Torres de M\u00e1laga P.H. es una copropiedad construida por Edificio M\u00e1laga S.A.S., promovido y gestionado por Abento S.A.S., ambas representadas por Jos\u00e9 Luis Baquera Peironcelly. <\/p>\n
2.2. Despu\u00e9s de la ocupaci\u00f3n del edificio, los residentes detectaron fallas en las losas de los s\u00f3tanos, algunas de las cuales se fracturaron en los meses de junio y julio de 2015. <\/p>\n
2.3. Realizado un estudio se constat\u00f3 que la mayor\u00eda de las losas ten\u00edan un grosor inferior a diez (10) cent\u00edmetros, por lo que la ingeniera Olga Pezzano Molina recomend\u00f3 un recubrimiento con concreto y resina \u00abSika Top 122\u00bb, sin perjuicio de la demolici\u00f3n de algunas de ellas. <\/p>\n
2.4. Proyectos y Promociones Iberoamericanos, por designaci\u00f3n de Edificio de M\u00e1laga S.A.S., rindi\u00f3 nuevo informe sobre las losas el 23 de diciembre de 2015. <\/p>\n
2.5. Analizados los documentos del proyecto urban\u00edstico se determin\u00f3 que no hab\u00eda \u00abcoincidencia entre lo radicado en documentos oficiales y lo que finalmente hab\u00eda construido el proyecto torres de M\u00e1laga, todo lo anterior comunicado a los demandados en misiva del 25 de septiembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se encontraron deficiencias t\u00e9cnicas en las escaleras, faltantes en la torre 1, ausencia de barandas en jardineras y rejas de cerramiento, irregularidades en ascensores, problemas en los tanques de agua, filtraciones en la piscina, defectos de impermeabilizaci\u00f3n y diversas fisuras. <\/p>\n
2.6. El constructor dio por entregadas las \u00e1reas comunes el 3 de octubre de 2015, en aplicaci\u00f3n del reglamento de la copropiedad. En respuesta, \u00e9sta radic\u00f3 sendos reclamos, por los defectos advertidos, las datas del 5 de octubre, 27 de noviembre y 16 de diciembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.7. El primer trimestre de 2016 se iniciaron las reparaciones, aunque se interrumpieron abruptamente, despu\u00e9s de m\u00faltiples inconvenientes por el consumo de energ\u00eda el\u00e9ctrica, falta de trabajadores y ausencia de planeaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Adem\u00e1s, como sigui\u00f3 el desgaste de las losas, incluso despu\u00e9s de la intervenci\u00f3n, la \u00abcopropiedad por su parte, solicit\u00f3 a cuenta de ella, un ensayo de extracci\u00f3n de n\u00facleos en las losas\u2026 cuyos resultados arrojan una carencia de resistencia en el concreto empleado muy preocupante\u00bb. <\/p>\n
2.9. Progesti\u00f3n rindi\u00f3 informe sobre los bienes comunes, encontrando inconsistencias estructurales y de acabados, as\u00ed como la desatenci\u00f3n de normas t\u00e9cnicas y urban\u00edsticas, a saber: <\/p>\n
2.9.1. Las puertas de acceso y evacuaci\u00f3n no cuentan con mecanismos de apertura f\u00e1cil; <\/p>\n
2.9.2. Faltan luces de emergencia; <\/p>\n
2.9.3. Los planos carecen de detalle sobre pasillos y salidas; <\/p>\n
2.9.4. Las zonas comunes carecen de vidrio de seguridad seg\u00fan la norma NSR-10; <\/p>\n
2.9.5. Los vidrios carecen de se\u00f1alizaci\u00f3n distintiva; <\/p>\n
2.9.6. No hay se\u00f1alizaci\u00f3n para personas con discapacidad, ni pasillos para su adecuada movilizaci\u00f3n, ingreso o egreso; <\/p>\n
2.9.7. La rampa de acceso no cumple con la inclinaci\u00f3n de la norma NTC4143, ni tiene pavimento t\u00e1ctil; <\/p>\n
2.9.8. No se proyect\u00f3 la construcci\u00f3n de ba\u00f1os para personas con movilidad reducida en el gimnasio o sal\u00f3n social; <\/p>\n
2.9.9. En el primer piso no se incluyeron parqueaderos para personas con movilidad reducida; <\/p>\n
2.9.10. Hay un d\u00e9ficit de 91.65 mts2, entre la licencia y las \u00e1reas comunes construidas; <\/p>\n
2.9.11. La puerta de las escaleras comunales del primero piso tiene 0.80 mts, en desconocimiento del deber de que sea de 0.90 mts; <\/p>\n
2.9.12. Falta un sistema audible y autom\u00e1tico contra incendios; <\/p>\n
2.9.13. En las escaleras faltan antideslizantes y pasamanos; <\/p>\n
2.9.14. El ancho m\u00ednimo de la escalera es 1.20 mts, pero se construy\u00f3 con 1.10 mts; <\/p>\n
2.9.15. En los muros de la fachada se presentan vanos que permiten el ingreso de agua; <\/p>\n
2.9.16. El \u00e1rea de construcci\u00f3n en el techo equivale a 41 mts2, superando en un 5.5% el m\u00e1ximo permitido; <\/p>\n
2.9.17. No hay puertas cortafuegos; <\/p>\n
2.9.18. Faltan rociadores autom\u00e1ticos en zonas comunes; <\/p>\n
2.9.19. Las escaleras descargan hacia dentro de la copropiedad y no al exterior; <\/p>\n
2.9.20. Se carece de tomas fijas de 64 mm de di\u00e1metro para bomberos; <\/p>\n
2.9.21. El tama\u00f1o interno de los ascensores no es el exigido por las normas -1.20 mts x 1.20 mts-, sino de 0.90 mts X 0.90 mts X 2.10 mts; <\/p>\n
2.9.22. Falta se\u00f1alizaci\u00f3n braille en los ascensores; <\/p>\n
2.9.23. El cableado se encuentra mal presentado; <\/p>\n
2.9.24. El \u00e1rea circundante a la piscina no posee piso antideslizante; <\/p>\n
2.9.25. Hay un resalto en la piscina que genera peligro a la movilidad; <\/p>\n
2.9.26. El cuarto de m\u00e1quinas est\u00e1 en el \u00e1rea de circulaci\u00f3n cubierto con paneles removibles; <\/p>\n
2.9.27 Faltan elementos de seguridad; <\/p>\n
2.9.28. Falt\u00f3 un cerramiento para la piscina de ni\u00f1os, la cual es contigua a la principal; <\/p>\n
2.9.29. Existen escaleras de pelda\u00f1os compensados desde los diferentes niveles de s\u00f3tanos a la recepci\u00f3n, en contrav\u00eda de la norma NSR-10; <\/p>\n
2.9.30. Las alturas de las contrahuellas son de 180 mm, presentando riesgo de accidentalidad; <\/p>\n
2.9.31. Los acabados de las escaleras son deficientes; <\/p>\n
2.9.32. Las escalinatas se dise\u00f1aron sin protecciones en caso de que deba permanecerse en ellas; <\/p>\n
2.9.33. Los cuartos de basura carecen de ventilaci\u00f3n debidamente protegida, punto de agua potable para limpieza y desag\u00fce; <\/p>\n
2.9.34. Falt\u00f3 la escalera final y puerta de acceso a cubierta en la Torre 1, existentes en la licencia de construcci\u00f3n; <\/p>\n
2.9.35. Hay deficiencias en la impermeabilizaci\u00f3n de la cubierta y falt\u00f3 aplicar pintura para la protecci\u00f3n del sol; <\/p>\n
2.9.36. El \u00e1rea construida sobre la azotea supera el 20% de la norma; <\/p>\n
2.9.37. Indebida colocaci\u00f3n de equipos de bombeo y medici\u00f3n de agua potable; <\/p>\n
2.9.38. Defectos en el sistema contraincendios; <\/p>\n
2.9.40. Falta de escaleras fijas para los tanques superiores; <\/p>\n
2.9.41. Las tuber\u00edas de ventilaci\u00f3n son muy bajas; y <\/p>\n
2.9.42. Se carece de documentaci\u00f3n, se\u00f1alizaci\u00f3n del tablero principal y otros problemas del componente el\u00e9ctrico. <\/p>\n
2.10. Juan Carlos Jim\u00e9nez conceptu\u00f3 que exist\u00edan m\u00faltiples irregularidades en el cuarto de m\u00e1quinas de la piscina, \u00abcomo que la motobomba carece de dispositivo de seguridad de liberaci\u00f3n de vac\u00edo exigido por la ley 1209 de 2008 y decreto 2171 de 2009, toma corriente y la caja de registro el\u00e9ctrico carecen de grado encerramiento IP y adem\u00e1s evidencia humedad\u2026 no tiene aislamiento de polo a tierra\u2026 No existe bot\u00f3n de parada de emergencia alrededor de la piscina\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n devel\u00f3 ausencia de drenajes m\u00ednimos en el estanque o estructuras similares, el cerramiento es inferior al exigido, no est\u00e1 identificado el tel\u00e9fono o cit\u00f3fono para llamadas de emergencia, no dispone de libro de registro y faltan los planes de seguridad, saneamiento b\u00e1sico y emergencia. <\/p>\n
2.11. Icontec inspeccion\u00f3 los ascensores y encontr\u00f3 defectos muy graves. La Oficina de Gesti\u00f3n del Riesgo de la Alcald\u00eda de Barranquilla, mediante escrito Quilla-17-058410 del 24 de abril de 2017, present\u00f3 un listado de inconformidades en los equipos verticales, lo que explica la ausencia de certificaci\u00f3n de funcionamiento. <\/p>\n
2.12. La copropiedad incurri\u00f3 en diversos gastos para mitigar los defectos enumerados, como compra de flotadores electr\u00f3nicos, instalaci\u00f3n de soportes, reparaciones de puntos el\u00e9ctricos, botoneras, etc. Adem\u00e1s, el arreglo de la fachada asciende a $80.393.700, suma que no ha querido ser sufragada por la constructora, ni la promotora del proyecto. <\/p>\n
2.13. \u00abLa copropiedad, ante el juzgado 6to civil del circuito rad. 2017-00047 present\u00f3 una demanda declarativa de car\u00e1cter indemnizatorio contra la constructora y otros, proceso que en la actualidad est\u00e1 en curso, lo anterior de conformidad al art. 22 del decreto 735 de 2013\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez adelantado el proceso de enteramiento, Edificio M\u00e1laga S.A.S. propuso las excepciones previas de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb, \u00abfalta de competencia\u00bb, \u00abineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales\u00bb, \u00abcaducidad\u00bb y \u00abpleito pendiente\u00bb (folios 71 a 80 del archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf). <\/p>\n
Adem\u00e1s, al contestar de fondo la demanda, clarific\u00f3 algunos hechos, rechaz\u00f3 los vicios y plante\u00f3 las defensas denominadas \u00abinexistencia del derecho por cumplimiento de la norma vigente\u00bb, \u00abvoluntad de cumplir por parte de mi poderdante\u00bb, \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb, \u00abresponsabilidad de otro\u00bb, \u00abresponsabilidad propia de la accionante\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad\u00bb y la gen\u00e9rica (folios 82 a 131 ejusdem). <\/p>\n
Similares alegaciones efectu\u00f3 Abento S.A.S. (folios 132 a 138 y 140 a 188 idem), aunque adicion\u00f3 la excepci\u00f3n que intitul\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en pasiva\u00bb. <\/p>\n
En fundamento se esgrimi\u00f3 que la llamante, en su calidad de propietaria y titular de la licencia de construcci\u00f3n, contrat\u00f3 a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. para que realizara las obras del Edificio M\u00e1laga, calidad que la hace responsable de las garant\u00edas formuladas por los clientes. <\/p>\n
5. La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por auto n.\u00b0 00091574 del 5 de octubre de 2017 declar\u00f3 \u00abno probadas las excepciones previas\u00bb (folio 506 del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la misma fecha y por prove\u00eddo n.\u00b0 00091575, rechaz\u00f3 \u00abel llamamiento en garant\u00eda solicitado por la sociedad demandada\u00bb (folio 509 \u00eddem). Determinaci\u00f3n confirmada el 4 de diciembre de 2017 por auto n.\u00b0 00113599, al resolver la reposici\u00f3n presentada. <\/p>\n
6. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 24 de abril de 2018, desat\u00f3 el remedio vertical que se promovi\u00f3 contra el auto n.\u00b0 00091575, revoc\u00e1ndolo y admitiendo \u00abel llamamiento en garant\u00eda planteado en el evocado litigio por Edificio M\u00e1laga S.A.S. contra Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S.\u00bb (folios 7 a 15 del archivo digital APELACI\u00d3N AUTO.pdf). <\/p>\n
7. La Superintendencia de Industria y Comercio, en audiencia del 20 de abril de 2018, emiti\u00f3 sentencia de primera instancia, en la cual \u00abdeclar[\u00f3] probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u2018inexistencia del derecho por cumplimiento de la normatividad vigente\u2019\u00bb, raz\u00f3n para \u00abnegar las pretensiones de la demanda\u00bb (folios 184 a 186 de archivo digital CDNO PPAL TM 5.pdf). <\/p>\n
8. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta contra la decisi\u00f3n de primer grado, por veredicto del 14 de noviembre de 2018, el ad quem deneg\u00f3 las excepciones, declar\u00f3 que \u00abAbento S.A.S., Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., incumplieron la obligaci\u00f3n de garantizar la calidad e idoneidad de los bienes comunes (esenciales y no esenciales) del Edificio Torres de M\u00e1laga P.H. y, por lo tanto, son solidariamente responsables por la efectividad de la garant\u00eda de dichos bienes\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso \u00abque a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda\u2026 dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, realicen de manera arm\u00f3nica y coordinada las gestiones de intervenci\u00f3n de los bienes comunes\u2026 para conjurar las grietas en las losas o placas del semis\u00f3tano y el s\u00f3tano; las anomal\u00edas en los sistemas de ascensores y desag\u00fce, y las falencias de permeabilizaci\u00f3n (filtraciones, inundaciones, aguas posadas y fallas en bajantes de aguas lluvias) del s\u00f3tano, el semis\u00f3tano, las escaleras, el sal\u00f3n social, el gimnasio, el \u00e1rea adyacente a la piscina, la sala de juegos, el parqueadero de visitantes, la azotea y los ventanales\u00bb. <\/p>\n
Orden\u00f3 que las adecuaciones sean certificadas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (folios 78 a 101 del archivo digital APELACI\u00d3N SENTENCIA.pdf). <\/p>\n
Los fundamentos de la decisi\u00f3n se resumen en lo subsiguiente. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de encontrar satisfechos los presupuestos procesales y la ausencia de vicios invalidantes, remarc\u00f3 que \u00fanicamente abordar\u00eda los aspectos objeto de la apelaci\u00f3n, sin perjuicio de los que se encuentran \u00edntimamente ligados con los anteriores. <\/p>\n
2. Record\u00f3 que el derecho de consumo se asienta sobre la debilidad estructural del consumidor, am\u00e9n de su condici\u00f3n de debilidad, en respuesta de lo cual se emiti\u00f3 la ley 1480 de 2011, que incluye el r\u00e9gimen de garant\u00edas y la protecci\u00f3n contra informaci\u00f3n falsa o enga\u00f1osa. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en l\u00ednea de principio, existe libertad probatoria, siempre que las pruebas observen los requisitos extr\u00ednsecos (licitud y legalidad) e intr\u00ednsecos (conducencia, pertinencia y utilidad), de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
3. Adentr\u00e1ndose en el caso, dio por probada la construcci\u00f3n del edificio, el v\u00ednculo negocial entre Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. -en adelante PPI-, la entrega de las zonas comunes esenciales el 1\u00b0 de abril de 2015 y de las dem\u00e1s el 3 de octubre siguiente. <\/p>\n
A partir de las fotograf\u00edas y videos que datan del per\u00edodo comprendido entre mayo y octubre de 2015, estim\u00f3: <\/p>\n
3.1. Existen anomal\u00edas en el ensamblaje de los ascensores, como fue corroborado por la Oficina de Gesti\u00f3n del Riesgo de la Alcald\u00eda de Barranquilla y el Instituto Colombiano de Normas T\u00e9cnicas -Icontec-, en particular, ausencia de intercomunicadores, cableado suelto, canales sin protecci\u00f3n, vibraciones, ausencia de indicadores de nivel de tensi\u00f3n y capacidad de carga, interruptores finales de recorrido y se\u00f1ales preventivas de seguridad. <\/p>\n
En este punto clarific\u00f3 que el informe del Icontec no estaba sometido al art\u00edculo 226 del C.G.P., sino que debe catalogarse como un informe de los regulados en el canon 275. <\/p>\n
Descart\u00f3 que la intervenci\u00f3n de Asconor Ltda. hiciera cesar la responsabilidad de las convocadas, pues \u00abtodos los participantes de la cadena constructiva del proyecto Edificio Torres de M\u00e1laga, que estuvieron al tanto de su desarrollo y a la postre resultaron beneficiados con el mismo, es decir, Edificio M\u00e1laga S.A.S. (propietario y comercializador), Abento S.A.S. (gerente) y PPI (contratista constructor) han de responder solidariamente ante el consumidor por la calidad, idoneidad y buen funcionamiento del respectivo bien, producto o servicio\u00bb. Total, el consumidor no tiene que saber qui\u00e9n es el culpable del producto defectuoso, de all\u00ed que pueda acudir a quien lo elabor\u00f3 o comercializ\u00f3. <\/p>\n
3.2. Encontr\u00f3 que aparecieron grietas o fisuras en las losas o placas superiores del s\u00f3tano, y varias filtraciones de agua en las zonas comunes, entre mayo y julio de 2015, aunque se incrementaron con el paso de los d\u00edas. <\/p>\n
3.3. La copropiedad present\u00f3 su reclamaci\u00f3n a Edificio M\u00e1laga S.A.S. el 14 de agosto de 2015, aunque su alcance fue ampliado el 25 de septiembre de igual anualidad. \u00abTanto Edificio M\u00e1laga S.A.S. como PPI, atendieron dichos requerimientos con la visita t\u00e9cnica llevada a cabo el 20 de octubre de 2015, y con las intervenciones efectuadas\u2026 los d\u00edas 13 y 25 de abril, 4 de mayo, 12 y 29 de julio, 23 de agosto y 5 y 23 de septiembre de 2016\u00bb. La reparaci\u00f3n m\u00e1s reciente data del 28 de octubre de 2016, fecha en que se firm\u00f3 un acta de entrega y paz y salvo. <\/p>\n
Empero, este \u00faltimo documento se incluy\u00f3 como salvedad que se encontraban reparaciones pendientes en las losas de los parqueaderos y desag\u00fces. \u00abEsta manifestaci\u00f3n de voluntad, apreciada en conjunto con los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n recaudados, dentro del contexto del r\u00e9gimen tuitivo del consumidor\u2026, y a falta de prueba en contrario, permite colegir a la Sala que a\u00fan persisten defectos y adecuaciones inconclusas, tanto en las \u00e1reas en menci\u00f3n como en los ascensores del Edificio\u00bb. <\/p>\n
3.4. Coligi\u00f3 que la mengua de la eficacia probatoria de los dict\u00e1menes periciales, no permit\u00eda al a quo abstenerse de examinar los dem\u00e1s medios suasorios, de acuerdo con los c\u00e1nones de la sana cr\u00edtica. Pruebas que acreditan que, dentro del t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal, las losas del s\u00f3tano y semis\u00f3tano, ascensores, sistema de desag\u00fce del edificio y permeabilidad de las zonas comunes, presentaron fallas repetidas, sin que las demandadas probaran que eran imputables a la demandante, \u00abni su reparaci\u00f3n a cabalidad -o por lo menos, as\u00ed no est\u00e1 probado en la actuaci\u00f3n-\u00bb. <\/p>\n
4. Deneg\u00f3 las excepciones por cuanto: <\/p>\n
4.1. La denominada \u00abinexistencia del derecho por cumplimiento de la normatividad vigente\u00bb, queda desvirtuada por las deficiencias que acaecieron. <\/p>\n
3.3. La alegada voluntad de cumplimiento se desestima porque la copropiedad permiti\u00f3 las intervenciones, como consta en el acta de entrega y paz y salvo del 28 de octubre de 2016; la misma raz\u00f3n permite desestimar la responsabilidad propia del accionante, sin que se hubiera probado que no se realizaron los mantenimientos preventivos o que se permitiera el tr\u00e1nsito de veh\u00edculos en las zonas reci\u00e9n reparadas. <\/p>\n
3.4. El enriquecimiento sin justa causa se desestima ante la existencia de defectos de construcci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por fuerza de los art\u00edculos 6\u00b0 y 10 de la ley 1480 de 2011 declar\u00f3 la responsabilidad solidaria entre el comercializador, gerente del proyecto inmobiliario y constructor; como PPI fue llamada en garant\u00eda, tambi\u00e9n la conden\u00f3. <\/p>\n
5. Para hacer realidad el derecho de los consumidores dispuso que las intervenciones se ajusten al manual del propietario del Edificio Torres de M\u00e1laga y a los planos y memorias constructivas incorporadas al legajo, lo cual deber\u00e1 certificarse por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a costa de las demandadas y llamada en garant\u00eda. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Si bien las demandadas y llamada en garant\u00eda acudieron al recurso extraordinario, s\u00f3lo las primeras lo sustentaron, proponiendo tres (3) embistes, el primero por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial y los siguientes por la causal tercera. <\/p>\n
El orden l\u00f3gico de su resoluci\u00f3n conduce a que primero se despachen los embistes procesales, los que se conjuntar\u00e1n porque su resoluci\u00f3n se sirve de argumentos comunes. Por \u00faltimo, se analizar\u00e1 la cr\u00edtica sustancial. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal tercera, las impugnantes acusaron la sentencia de m\u00ednima petita, por no haberse pronunciado sobre el llamamiento en garant\u00eda contra PPI. \u00abHecho que resulta manifiesto y obvio si se observa que, en su sentencia, el Tribunal se limit\u00f3 a dejar establecida \u00fanicamente la responsabilidad solidaria de PPI por la efectividad de la garant\u00eda\u00bb y, respecto al pedimento de adici\u00f3n, se limit\u00f3 a indicar que las disputas internas deb\u00edan resolverse conforme a las normas sustanciales que regulan este tipo de relaciones. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que la determinaci\u00f3n judicial se acot\u00f3 a regular los aspectos externos de la relaci\u00f3n entre la sociedad edificio M\u00e1laga y la llamada en garant\u00eda -PPI-, sin resolver lo tocante a los v\u00ednculos internos. \u00abY es que la solidaridad no implica, en principio, que en el \u00e1mbito interno la cuota de responsabilidad de los distintos deudores solidarios sea equivalente, pues bien puede darse el caso -como acontece en el presente caso- de que en realidad uno de ellos -PPI-, en su relaci\u00f3n con los dem\u00e1s, est\u00e9 llamado a soportar la totalidad de la deuda\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 casar la sentencia de alzada y emitir un pronunciamiento sobre la pretensi\u00f3n elevada por la sociedad Edificio M\u00e1laga, en donde se defina la disputa con el llamado en garant\u00eda. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Nuevamente se invoc\u00f3 incongruencia en el veredicto confutado, por no haber estudiado la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y\/o caducidad propuesta por Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S. <\/p>\n
En soporte manifest\u00f3 que los \u00fanicos reclamos presentados a tiempo est\u00e1n contenidos en las comunicaciones del 25 de septiembre y 5 de octubre de 2015, aspecto invocado como defensa en el curso del proceso, aunque rehusado por el a quo por cuanto debi\u00f3 haberse alegado con fundamento en la ausencia de requerimiento para la garant\u00eda legal, sin que fuera dable apelar esta manifestaci\u00f3n por el car\u00e1cter absolutorio de la sentencia. <\/p>\n
Con la revocatoria del veredicto de primera instancia y, por tanto, denegaci\u00f3n de las excepciones, el ad quem manifest\u00f3 que se abstendr\u00eda de examinar lo relativo a la prescripci\u00f3n y\/o caducidad por no ser motivo la apelaci\u00f3n, punto que fue confirmado con ocasi\u00f3n de la solicitud de adici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Congruencia de las decisiones judiciales. <\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que \u00ab[l]a sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Se positiviz\u00f3, de esta forma, el cardinal principio de congruencia o consonancia, por cuya fuerza el sentenciador tiene el deber de que su veredicto guarde coherencia con las pretensiones aducidas en el tr\u00e1mite judicial, los hechos que sirven de sustento a la causa petendi, y las excepciones invocadas por los demandados o que aparezcan acreditadas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Regla que hunde sus ra\u00edces en la naturaleza dispositiva que es ing\u00e9nita a la jurisdicci\u00f3n civil y comercial, seg\u00fan la cual, las partes tienen el gobierno sobre las materias que se encuentran sub judice, sin que el juzgador pueda analizar cuestiones que no fueron planteadas o que las partes sustrajeron de la justicia. As\u00ed se reconoci\u00f3 en el broc\u00e1rdico \u00abne eat iudex ultra petita partium\u00bb -la sentencia ha de atenerse a las pretensiones de las partes-. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a la norma citada, la Sala doctrin\u00f3: \u00abla actividad de los juzgadores de instancia es estricta y limitada. La demarcan las pretensiones y las excepciones probadas o que deben ser expresamente invocadas, como la prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa. La restringen igualmente los hechos en que unas y otras se sustentan\u00bb (SC1253, 26 ab. 2022, rad. n.\u00b0 2002-00972-01). <\/p>\n
En otras palabras, \u00abal juzgador le est\u00e1 vedado imponer una condena que supere las s\u00faplicas del reclamante, pronunciarse sobre un objeto distinto al delimitado por los contendores o por una causa diferente a la invocada por ellos, al paso que est\u00e1 obligado a resolver los que s\u00ed fueron expuestos; todo sin menoscabo del ejercicio de sus facultades oficiosas\u00bb (SC575, 4 ab. 2022, rad. n.\u00b0 2006-00226-01). <\/p>\n
1.2. Por ende, existir\u00e1 incongruencia, entre otros casos y sin perjuicio de las precisiones que m\u00e1s adelante se efectuaran, cuando: <\/p>\n
1.2.1. La sentencia de instancia olvida resolver sobre alguna de las pretensiones invocadas por los sujetos procesales, con independencia que se encuentren contenidas en (I) el escrito inaugural (numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 82 del C.G.P.), (II) su subsanaci\u00f3n (art\u00edculo 90) o (III) reforma (art\u00edculo 93), incluyendo la (IV) acumulaci\u00f3n de procesos o de demandas (art\u00edculo 148); (V) la reconvenci\u00f3n que el demandado proponga contra el demandante (art\u00edculo 371); o (VI) el llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
1.2.2. La falta de decisi\u00f3n sobre cualquiera de las defensas que fueron izadas por los accionados para oponerse a las pretensiones (numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 96), o de las que, sin requerir de alegaci\u00f3n de parte, refuljan de las pruebas (art\u00edculo 282). <\/p>\n
1.2.3. La resoluci\u00f3n del caso con base en una plataforma f\u00e1ctica diferente a la invocada en la demanda (numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 82) o en la contestaci\u00f3n (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 96). Se trata de una \u00abincongruencia f\u00e1ctica\u00bb, \u00abqueri\u00e9ndose significar con ello que el juzgador resuelve el proceso con total y absoluto desconocimiento de los fundamentos de hecho esgrimidos por su gestor, esto es, soportado en una causa petendi en verdad inexistente, fruto de su inventiva, en tanto que hace caso omiso de los planteamientos en los que aqu\u00e9l respald\u00f3 la acci\u00f3n\u00bb (SC042, 7 feb. 2022, rad. n.\u00b0 2008-00283-01). <\/p>\n
1.2.4. El desconocimiento de la pretensi\u00f3n impugnaticia, al dejarse sin resolver cuestionamientos expuestos por el apelante en su recurso contra el fallo de primer grado, o adentrarse en materias que son extra\u00f1as al mismo, \u00absin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb (art\u00edculo 328). Esta Corporaci\u00f3n tiene dicho: <\/p>\n
Adem\u00e1s de los supuestos enunciados, por doctrina jurisprudencial se consider\u00f3 que existe incongruencia cuando hay disarmon\u00eda entre los argumentos propuestos al apelar y las determinaciones adoptadas por el sentenciador de segunda instancia. Justamente: \u2018[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelaci\u00f3n -ni est\u00e1n \u00edntimamente conectados con ella-\u2026 [es] un asunto que ata\u00f1e al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resoluci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia\u2026 [por tanto], si el fundamento de la acusaci\u00f3n obedece a una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso, el ataque deber\u00e1 dirigirse por la senda de la causal segunda de casaci\u00f3n, por vicio de incongruencia entre lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem\u2019 (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00). <\/p>\n
Precedente repetido por la Corporaci\u00f3n, como consta en los fallos de 12 diciembre 2007 (rad. n.\u00b0 1982-24646-01), 1\u00b0 de noviembre de 2013 (rad. n.\u00b0 1999-00355-01), 13 de abril de 2016 (rad. n.\u00b0 2012-02126-00) y 31 de mayo de 2018 (rad. n.\u00b0 2005-00346-01), de all\u00ed que constituya una doctrina probable de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces resulta claro que \u00abla incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que tambi\u00e9n se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentaci\u00f3n del recurso que, indudablemente, corresponde a una pretensi\u00f3n del derecho sustancial controvertido\u00bb (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00)\u2026 (SC3627, 2 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2014-58023-01). <\/p>\n
1.3. Rem\u00e1rquese, por su importancia para el sub examine, las razones por las cuales la incongruencia tambi\u00e9n puede emanar de la falta de resoluci\u00f3n sobre el llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
1.3.1. En verdad, esta figura procesal, devela la proposici\u00f3n de una pretensi\u00f3n por parte del demandado -llamante-, en contra de un tercero -llamado-, con el fin de que lo indemnice por las consecuencias de un eventual fallo adverso. <\/p>\n
As\u00ed se desprende del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo General del Proceso, a saber: \u00abQuien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnizaci\u00f3n del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicci\u00f3n, podr\u00e1 pedir, en la demanda o dentro del t\u00e9rmino para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El legislador previ\u00f3 un mecanismo para que, en aplicaci\u00f3n del principio de econom\u00eda procesal, el juez de la controversia \u00abresuelva\u00bb, dentro del tr\u00e1mite principal, sobre la relaci\u00f3n sustancial existente ente el llamante y el llamado; por tanto, en caso de que el demandante triunfe en su pedimento, el sentenciador deber\u00e1 adoptar una decisi\u00f3n definitiva sobre el reembolso o saneamiento por evicci\u00f3n deprecado en contra del llamado en garant\u00eda. <\/p>\n
La jurisprudencia tiene decantado: <\/p>\n
Ahora, sea que el llamamiento en garant\u00eda lo proponga una u otra parte, lo significativo es que \u00e9ste comporta el planteamiento de la llamada pretensi\u00f3n rev\u00e9rsica, o la \u2018proposici\u00f3n anticipada de la pretensi\u00f3n de regreso\u2019 (Parra Quijano), o el denominado \u2018derecho de regresi\u00f3n\u2019 o \u2018de reversi\u00f3n\u2019, como lo ha indicado la Corte, que tiene como causa la relaci\u00f3n sustancial de garant\u00eda que obliga al tercero frente a la parte llamante, \u2018a indemnizarle el perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia\u2019 (art\u00edculo 57). De modo que, de acuerdo con la concepci\u00f3n que sobre el llamamiento en garant\u00eda establece el texto legal antes citado, la pretensi\u00f3n que contra el tercero se formula es una pretensi\u00f3n de condena eventual (in eventum), es decir, que ella s\u00f3lo cobra vigencia ante el hecho cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasi\u00f3n de esa contingencia de la sentencia, \u2018se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago\u2019, como lo ha dicho la Corte (CSJ, SC 24 oct. 2000, rad. n.\u00ba 5387, reiterada SC4066, 26 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2005-00512-01). <\/p>\n
1.3.2. Lo anterior explica que el llamamiento se realice por medio de una \u00abdemanda\u00bb, sometida a los requisitos generales de estos escritos, como expresamente lo previene el art\u00edculo 65 del estatuto adjetivo vigente. <\/p>\n
Significa que en el mencionado documento debe plantearse con precisi\u00f3n y claridad \u00ablo que se pretenda\u00bb, fundado en \u00abhechos\u2026 debidamente determinados, clasificados y numerados\u00bb, con \u00ablas pruebas que se pretenda hacer valer\u00bb (numerales 4, 5 y 6 ib\u00eddem). Dicho de otra forma, el llamante plantea sus \u00abpretensiones rev\u00e9rsicas\u00bb, con base en una plataforma f\u00e1ctica y con la invocaci\u00f3n de los medios suasorios que sirvan de soporte a su reclamaci\u00f3n, sin perjuicio de los dem\u00e1s requisitos legales. <\/p>\n
Sobreviene que el sujeto que es llamado en garant\u00eda, una vez notificado, arriba al proceso en calidad de parte, \u00aba fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa\u2026 Mas por analog\u00eda con el demandado, puede proponer excepciones previas y de m\u00e9rito, pedir pruebas\u2026 contradecir las de las otras partes, proponer incidentes y recursos, alegar y realizar todos los actos procesales propios del litisconsorte\u00bb1. <\/p>\n
1.3.3. Por tratarse de una \u00abpretensi\u00f3n de reverso\u00bb, el sentenciador se encuentra en el deber pronunciarse sobre ella al momento de adoptar una decisi\u00f3n de fondo, siempre que el llamante resulte condenado en el respectivo litigio. <\/p>\n
Es pac\u00edfico en la jurisprudencia que: <\/p>\n
A t\u00e9rminos de lo establecido por los art\u00edculos 54 a 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [actuales art\u00edculos 64 a 67], con el llamamiento en garant\u00eda, que en sentido amplio se presenta siempre que entre la persona citada y la que la hace citar exista una relaci\u00f3n de garant\u00eda, o con la denuncia del pleito que a esto tambi\u00e9n equivale, la relaci\u00f3n procesal en tr\u00e1mite recibe una nueva pretensi\u00f3n de parte que, junto con la deducida inicialmente, deben ser materia de resoluci\u00f3n en la sentencia que le ponga fin\u2019 (SC del 13 de noviembre de 1980)\u2026 (negrilla fuera de texto, SC042, 7 feb. 2022, rad. n.\u00b0 2008-00283-01) <\/p>\n
Por ende, no basta con la resoluci\u00f3n de la demanda principal para satisfacer el principio de congruencia, sino que tambi\u00e9n debe decidirse el llamamiento, el cual es fruto de una relaci\u00f3n jur\u00eddica diferente a la conformada entre demandante y demandado. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado esta Corte: \u00abtrat\u00e1ndose de la denuncia del pleito o del llamamiento en garant\u00eda, \u2018se distingue (\u2026), en ambos casos, que unas son las relaciones entre las partes, demandante y demandado, y otras, distintas, las del denunciante y el llamado, y la parte que los convoca, cada una, por lo tanto, con pretensi\u00f3n propia, dado que como es apenas de verse, sus v\u00ednculos materiales son independientes\u2019\u00bb (negrilla fuera de texto, SC342, 15 dic. 2005, exp. n.\u00b0 25941; reiterada SC, 30 ag. 2010, rad. n.\u00b0 2000-00115-01). <\/p>\n
1.3.4. Por todo lo expuesto, la ausencia de pronunciamiento sobre el llamamiento en garant\u00eda conduce a un fallo citra petita, al omitir uno de los extremos de la litis, en contrav\u00eda del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.4. De otro lado, huelga enfatizarlo, tambi\u00e9n existe incongruencia cuando el fallador omite resolver sobre las excepciones de m\u00e9rito propuestas por los convocados. <\/p>\n
1.4.1. Y es que, como la controversia se asienta en el debate dial\u00f3gico entre las pretensiones y las defensas blandidas para oponerse al nacimiento del derecho reclamado, o demostrar su modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n, el juez debe analizarlas en su integridad, en salvaguardia de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n reconocidos en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Valga explicarlo, dado que la \u00abexcepci\u00f3n es todo hecho en virtud del cual las leyes desconocen la existencia de la obligaci\u00f3n o la declaran extinguida si alguna vez existi\u00f3, o estrictamente \u2018\u2026consiste en oponer a la acci\u00f3n del demandante un hecho que impide o que extingue los efectos jur\u00eddicos del hecho alegado por \u00e9ste, y que por tanto destruye la acci\u00f3n\u2019\u00bb (SC151, 13 oct. 1993, exp. n.\u00b0 3617), su resoluci\u00f3n resulta necesaria con el fin de establecer si los pedimentos de la parte demandante tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, sin que se admita excusa de ninguna clase. <\/p>\n
De all\u00ed que el art\u00edculo 281 del actual estatuto adjetivo prescriba que \u00ab[l]a sentencia deber\u00e1 estar en consonancia\u2026 con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb. A su vez, el canon 282 ordena que, \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb <\/p>\n
1.4.2. Ahora bien, por econom\u00eda procesal, es dable que el juzgador acote su estudio a una determinada defensa, siempre que la misma tenga la virtualidad de enervar todas las pretensiones. As\u00ed lo establece el citado art\u00edculo 282, a saber: \u00abSi el juez encuentra probada una excepci\u00f3n que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes\u00bb. <\/p>\n
Regla tendiente a evitar discusiones innecesarias entre los sujetos procesales, por su insustancialidad para cambiar el sentido de la decisi\u00f3n final, en tanto la defensa, por s\u00ed misma, impide el reconocimiento del derecho pretendido. <\/p>\n
Sin embargo, si el superior revoca la determinaci\u00f3n que reconoci\u00f3 la excepci\u00f3n, se impone que en el mismo acto analice las dem\u00e1s, al margen del sujeto que haya promovido el recurso. Tal es la directriz contenida en la norma en cita: \u00abEn este caso si el superior considera infundada aquella excepci\u00f3n resolver\u00e1 sobre las otras, aunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a este precepto la Sala afirm\u00f3: \u00ab[es] deber del juzgador analizar, no s\u00f3lo las cuestiones de hecho y de derecho esgrimidas en la apelaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n las excepciones, pues de lo contrario no podr\u00eda proferir una decisi\u00f3n definitiva, so pena de vulnerar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00346-01). <\/p>\n
1.4.3. La incongruencia se configura, conforme a las dilucidaciones precedentes, \u00abcuando el funcionario de instancia: (a) omite decidir sobre las [excepciones] que se propusieron en el escrito de contestaci\u00f3n, siempre que fuere necesario referirse a ellas por haber prosperado las pretensiones de la demanda (SC443, 19 dic. 1987); (b) reconoce una oposici\u00f3n que era del resorte exclusivo de las partes sin que se hubiera solicitado oportunamente -prescripci\u00f3n, nulidad relativa o compensaci\u00f3n- (SC16785, 17 oct. 2017, rad. n.\u00b0 2008-00009-01); o (c) desatiende una excepci\u00f3n que debe declararse oficiosamente, siempre que la encuentre demostrada en el proceso (SC, 18 ab. 1955, G.J. n.\u00b0 2153, p. 31; en el mismo sentido AC7709, 21 nov. 2017, rad. n.\u00b0 1998-07501-01)\u2026 (SC4257, 9 nov. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00514-01). <\/p>\n
Defecto procesal que puede materializarse tanto en la sentencia de primer grado, como en la de segunda, \u00faltima hip\u00f3tesis materializada cuando (I) dentro de los reparos concretos de la apelaci\u00f3n se incluya una alegaci\u00f3n tocante a una excepci\u00f3n que no es resuelta, (II) se omite declarar una defensa que emerge del caudal probatorio, o (III) deba proveerse sobre las defensas propuestas por la parte no recurrente como consecuencia de la revocaci\u00f3n de la decisi\u00f3n del inferior. <\/p>\n
Ya la Sala fij\u00f3 como norte: <\/p>\n
El \u00f3rgano colegiado\u2026 [debe] incorporar a la discusi\u00f3n aquellos t\u00f3picos que eran inescindibles para establecer la viabilidad de las pretensiones, como son las defensas propuestas por la convocada y que de forma oficiosa deb\u00edan reconocerse, en tanto la mera prosperidad de los argumentos de la apelaci\u00f3n no es suficiente para pretender una condena si alguna de las excepciones esgrimidas en la contestaci\u00f3n estuviera llamada a prosperar (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00346-01). <\/p>\n
2. El caso concreto. <\/p>\n
Decantado el anterior estado del arte descuella que los cargos segundo y tercero propuestos por las demandadas est\u00e1n llamados a abrirse paso, motivo para acceder a la casaci\u00f3n parcial del veredicto, como se expondr\u00e1 en adelante. <\/p>\n
2.1. Actuaciones procesales relevantes. <\/p>\n
2.1.1. Conviene recordar que el ad quem, al fallar el remedio vertical propuesto por Edificio Torres de M\u00e1laga P.H., decidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n de la Superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual: (I) examin\u00f3 en conjunto las pruebas, lo que permiti\u00f3 tener por establecido el da\u00f1o reclamado; (II) neg\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito intituladas \u00abinexistencia del derecho por cumplimiento de la normatividad vigente\u00bb, \u00abvoluntad de cumplir por parte de las demandadas\u00bb, \u00abresponsabilidad propia del accionante\u00bb, \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb y \u00abresponsabilidad de otro\u00bb; (III) rememor\u00f3 que las defensas \u00abprescripci\u00f3n o caducidad\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb fueron decididas por el a quo, sin que se recurriera esta determinaci\u00f3n, \u00abpor lo que se torn\u00f3 inmutable en esta instancia\u00bb; y (IV) orden\u00f3 que las demandadas, en consuno con la llamada en garant\u00eda, respondieran por la garant\u00eda legal, emitiendo unas \u00f3rdenes para ejecutar esta obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1.2. Frente a la anterior, Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S. pidieron adici\u00f3n y complementaci\u00f3n para \u00abresolver la solicitud contenida en el llamamiento en garant\u00eda\u00bb y \u00abpronunciarse sobre las excepciones de fondo propuestas\u2026 denominadas\u2026 \u2018prescripci\u00f3n y\/o caducidad\u2019, cuyos fundamentos de hecho se encuentran en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.1.3. El Tribunal, por auto del 13 de diciembre de 2018, neg\u00f3 la adici\u00f3n con base en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
La solicitud de la llamante en garant\u00eda fue decidida impl\u00edcitamente por el Tribunal al colegir, con apoyo en los art\u00edculos 5 y 10 de la Ley 1480 de 2011, que Edificio M\u00e1laga S.A.S. (propietario y comercializador del proyecto constructivo), Abento S.A.S. (gerente) y PPI (contratista constructor), son solidariamente responsables ante el consumidor por la calidad, idoneidad y buen funcionamiento de los bienes comunes del Edificio Torres de M\u00e1laga\u2026 <\/p>\n
Por contera, si llegaren a suscitarse disputas internas entre los obligados solidarios a la realizaci\u00f3n de las adecuaciones y el pago de la multa, las mismas habr\u00e1n se zanjarse con apego a la normatividad que rige esta clase de obligaciones\u2026 <\/p>\n
En la consideraci\u00f3n quinta de la sentencia emitida por este Tribunal el pasado 14 de noviembre, qued\u00f3 asentado que \u2018la decisi\u00f3n adoptada por el funcionario de primer grado frente a las defensas de \u2018prescripci\u00f3n o caducidad\u2019\u2026, es decir, su desestimaci\u00f3n, \u2018no fue recurrida y, por lo tanto, se torn\u00f3 inmutable\u2019. <\/p>\n
2.2. Incongruencia por no decisi\u00f3n del llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
2.2.1. El recuento antes efectuado deja en evidencia que el sentenciador de segundo grado, en verdad, no analiz\u00f3 lo relativo al llamamiento en garant\u00eda, esto es, la existencia -o no- de un deber resarcitorio en cabeza del constructor -PPI- frente al encargante -Edificio M\u00e1laga S.A.S.- <\/p>\n
2.2.2. Total, con el llamamiento, Edificio M\u00e1laga pretendi\u00f3 que, \u00aben caso de ser condenada\u2026 al pago de una suma alguna de dinero, se ordene [a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S.] el pago de los valores objeto de la sentencia, as\u00ed como el pago de la sanci\u00f3n si a ello hubiera lugar, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Dicho de otra forma, la llamante pretendi\u00f3 que frente a una eventual condena, Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. fuera obligada a restituirle los emolumentos en que incurriera para cumplir la orden judicial, am\u00e9n del v\u00ednculo contractual existente entre las sociedades. <\/p>\n
2.2.3. El ad quem, a pesar de la claridad de la reclamaci\u00f3n y de la insistencia para que fuera resuelta por medio de la solicitud de adici\u00f3n, se excus\u00f3 de desatarla por existir una decisi\u00f3n impl\u00edcita, en tanto la condena impuesta fue solidaria y, de existir controversia entre las convocadas, deb\u00eda resolverse seg\u00fan el derecho vigente. <\/p>\n
Visto desde otra arista, el sentenciador desenlaz\u00f3 la relaci\u00f3n sustancial entre la demandante, las demandadas y la llamada en garant\u00eda, en punto a la garant\u00eda sobre la edificaci\u00f3n realizada y el d\u00e9bito restaurativo de todos los que intervinieron en el proceso de construcci\u00f3n y comercializaci\u00f3n, sin hacer lo mismo respecto a las consecuencias legales del contrato de construcci\u00f3n y el deber de indemnidad que el encargante atribuy\u00f3 al art\u00edfice como parte de sus obligaciones. <\/p>\n
Y es que el sentenciador ninguna reflexi\u00f3n hizo sobre la convenci\u00f3n celebrada entre Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., con el fin de establecer las responsabilidades que emanan para cada una de ellas, en particular, frente a los consumidores. Menos a\u00fan se refiri\u00f3 a la procedencia de la indemnidad reclamada, o al reembolso de los gastos ante la prosperidad de las s\u00faplicas principales. <\/p>\n
De esta forma quedaron sin resolver aspectos nucleares del litigio, propuestos al abrigo del llamamiento en garant\u00eda, lo que conduce a la incongruencia del fallo recurrido, como acertadamente lo se\u00f1alaron las casacionistas. <\/p>\n
2.2.4. En este punto debe desecharse la afirmaci\u00f3n del ad quem, en el sentido de que el reconocimiento de solidaridad trasluce una decisi\u00f3n \u00abt\u00e1cita\u00bb sobre la reclamaci\u00f3n de reverso, pues aqu\u00e9lla \u00fanicamente concierne al v\u00ednculo entre la demandante y la parte accionada, en punto a la forma en que puede satisfacer su cr\u00e9dito (art\u00edculo 1571 del C\u00f3digo Civil), sin acontecer lo mismo frente a las relaciones \u00abinternas\u00bb entre las condenadas. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 1579 del estatuto civil consagra que \u00ab[e]l deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acci\u00f3n del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda\u00bb. Y a rengl\u00f3n seguido precisa: \u00ab[s]i el negocio para el cual ha sido contra\u00edda la obligaci\u00f3n solidaria, concern\u00eda solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, ser\u00e1n estos responsables entre s\u00ed, seg\u00fan las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores ser\u00e1n considerados como fiadores\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En consecuencia, por fuerza del mandato antes referido, el sentenciador de alzada estaba obligado a clarificar el inter\u00e9s que, en el deber de garant\u00eda, ten\u00eda la llamante y la llamada en garant\u00eda, con el prop\u00f3sito de especificar si exist\u00eda el deber de reembolso pretendido, en caso de que Edificio M\u00e1laga S.A.S. fuera obligada a realizar las reparaciones ordenadas por el ad quem, como en efecto lo fue v\u00eda solidaridad. <\/p>\n
Al no haber procedido de esta manera incurri\u00f3 en una determinaci\u00f3n citra petita, que debe dar lugar a la casaci\u00f3n parcial del veredicto, con el fin de que se emita un fallo sustitutivo que resuelva el punto concreto. <\/p>\n
2.3. Incongruencia por no resoluci\u00f3n de todas las excepciones. <\/p>\n
2.3.1. Para explicar conviene rememorar que Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S. se opusieron a la prosperidad de los reclamos formulados por la copropiedad, entre otras razones, porque \u00abel actor (sic) no acredita que radic\u00f3 las solicitudes de garant\u00eda o reclamaciones en forma oportuna, salvo lo relacionado con las comunicaciones de fecha 25 de septiembre y 5 de octubre de 2015\u00bb, de all\u00ed que \u00absalvo en el tema de las losas, teniendo en cuenta que las garant\u00edas de las \u00e1reas comunes esenciales vencieron en el mes de marzo de 2016, las acciones de protecci\u00f3n del consumidor con base en el art\u00edculo 58 de la ley 1469 de 2011, se encuentran caducas y los derechos prescritos; lo mismo que las garant\u00edas de las \u00e1reas comunes no esenciales que fueron entregadas en octubre de 2015\u00bb (folios 128 y 187 del archivo digital CDNO PPAL TM 2. Pdf). <\/p>\n
El a quo se adentr\u00f3 en esta defensa y la neg\u00f3 pues, en su criterio, las accionadas alegaron la falta de presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n ante el productor, m\u00e1s no la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, lo que niega la posibilidad de acceder a esta \u00faltima (minutos 3:50 a 07:01 de la audiencia del 20 de abril de 2018, archivo 17-133358 4.mp4). <\/p>\n
Sin embargo, como la decisi\u00f3n de primer grado result\u00f3 denegatoria de las pretensiones, por la ausencia de prueba del da\u00f1o reclamado, las demandantes se abstuvieron de acudir a la impugnaci\u00f3n vertical con el fin de criticar lo tocante a la citada excepci\u00f3n. <\/p>\n
El ad quem, al desatar la apelaci\u00f3n, se abstuvo de analizar nuevamente la defensa, a pesar de que las demandadas insistieran en su reconocimiento en caso de revocar el prove\u00eddo de primer grado, con el argumento de que este tema qued\u00f3 decantado por la falta de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.2. Lo dilucidado devela que la determinaci\u00f3n del Tribunal devino exigua, por dejar sin resolver una de las defensas planteadas tanto en la contestaci\u00f3n como al correr el traslado de la apelaci\u00f3n, en apartamiento del canon 282 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Efectivamente, el inciso 3\u00b0 de este precepto impone al superior, que revoca el veredicto de primera instancia en que se reconoci\u00f3 una excepci\u00f3n, \u00abresolver sobre las otras\u00bb, sin distingo de ninguna clase, \u00abaunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado la sentencia\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Regla que garantiza que, cuando en segundo grado se acceda a las pretensiones, el juzgador analice todos los elementos con incidencia en el reconocimiento del derecho reclamado, en especial, cuando la parte convocada los ha esgrimido como medios de defensa, con independencia de que fuera apelante. <\/p>\n
2.3.3. Directriz explicable por cuanto, el proferimiento de un veredicto que declara victoriosa a una parte, le cierra el camino de la impugnaci\u00f3n vertical, incluso si aqu\u00e9l incluye consideraciones que no son compartidas por el ganador. <\/p>\n
2.3.3.1. Pac\u00edfico resulta que el derecho subjetivo de impugnaci\u00f3n es una garant\u00eda, emanada del debido proceso, en virtud de la cual es posible que los sujetos procesales controviertan las decisiones judiciales, en los litigios en que han intervenido, para propender por su modificaci\u00f3n o revocatoria. <\/p>\n
Como todo derecho, para su ejercicio deben satisfacerse los requisitos legales, con el fin de evitar su utilizaci\u00f3n abusiva o torticera, dentro de los que se destacan la legitimaci\u00f3n, procedencia, oportunidad y adecuada sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.3.2. Respecto a la legitimaci\u00f3n, la Corte tiene una decantada l\u00ednea jurisprudencial en el sentido de exigir que la determinaci\u00f3n recurrida sea desfavorable al impugnante, so pena que no pueda abrirse paso su estudio. <\/p>\n
As\u00ed lo dijo a\u00f1os atr\u00e1s: <\/p>\n
Tesis sobre la cual ha insistido: <\/p>\n
Una de las condiciones de admisibilidad del recurso judicial, cualquiera sea su clase, es la legitimaci\u00f3n del impugnante, que adem\u00e1s del aspecto puramente formal, o sea que el acto procesal provenga de la parte o de un tercero interviniente, exige del inter\u00e9s, que no es otra cosa que el agravio o el perjuicio que irroga la providencia impugnada a quien funge como recurrente, de acuerdo con una mensura que no solamente involucra factores cuantitativos, sino tambi\u00e9n cualitativos y que como lo afirma Carnelutti, va ligado a la idea de vencimiento (negrilla fuera de texto, SC, 9 feb. 2001, exp. n.\u00b0 5549). <\/p>\n
Y recientemente ratific\u00f3: <\/p>\n
[D]entro de la teor\u00eda general de los recursos hay un postulado que inspira la filosof\u00eda de entregar a las partes la posibilidad de enjuiciar las decisiones jurisdiccionales, que es el de la legitimaci\u00f3n, uno de cuyos perfiles es el llamado inter\u00e9s para recurrir, que en trasunto se circunscribe al perjuicio, agravio o desmedro que la providencia criticada le irroga al impugnador. Traduce, m\u00e1s el\u00edpticamente, que sin perjuicio no hay recurso, desde luego que \u00e9ste no est\u00e1 instituido con un criterio antojadizo sino como remedio porque se propende obtener la enmienda de decisiones que han sido producidas con desviaci\u00f3n jur\u00eddica (AC, 20 en. 2014, rad. n.\u00b0 2013-02902-00, reiterada AC016, 18 en. 2021, rad. n.\u00b0 2020-01443-00). <\/p>\n
Trasluce que, no basta ser parte de un proceso para que sea procedente la impugnaci\u00f3n, sino que, adicionalmente, debe existir un menoscabo a los intereses o derechos del recurrente. Dicho de otro modo, cuando la providencia es favorable a un sujeto procesal, debe cerrarse de plano el camino impugnaticio, como forma de evitar discusiones innecesarias. <\/p>\n
Bien ha dicho la doctrina especializada que el recurso es un \u00abacto procesal de la parte o partes perjudicadas por una providencia judicial, por el cual solicitan su revocaci\u00f3n o reforma, total o parcial, ante el mismo juez que la dict\u00f3, o ante uno jer\u00e1rquicamente superior y a\u00fan ante la Corte Suprema de Justicia\u00bb2 (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
2.3.3.3. El actual estatuto procesal insisti\u00f3 en el requisito de marras, en concreto, frente a la alzada, pues el art\u00edculo 320 estableci\u00f3 que \u00ab[p]odr\u00e1 interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia\u00bb. <\/p>\n
La Sala, refiri\u00e9ndose a este precepto, clarific\u00f3: <\/p>\n
De la norma en cita emerge diamantino que la \u201clegitimaci\u00f3n para recurrir\u201d, cualquiera sea el mecanismo que se emplee, le asiste a quien resulte afectado negativamente por la postura definitoria acogida por el juzgador de instancia; en consecuencia, la parte accionada se habilita para activar la jurisdicci\u00f3n en pro de modificar tal determinaci\u00f3n, siempre que \u00e9sta le perjudique, a contrario sensu, si aqu\u00e9lla niega la integridad de las pretensiones formuladas en su contra, no surge el citado \u201cinter\u00e9s\u201d, aun cuando el extremo victorioso no comparta los raciocinios que conllevaron a ese prove\u00eddo (negrilla fuera de texto, STC10898, 15 ag. 2019, rad. n.\u00b0 2019-02540-00). <\/p>\n
Posici\u00f3n que encuentra eco en la jurisprudencia decantada de la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
[S]eg\u00fan los principios directrices del recurso de apelaci\u00f3n, a m\u00e1s de su interposici\u00f3n oportuna y debida sustentaci\u00f3n, es menester la legitimaci\u00f3n para recurrir, esto es, el inter\u00e9s o aptitud singular, espec\u00edfica y concreta para controvertir la decisi\u00f3n circunscrita a \u201cla parte a quien le haya sido desfavorable la providencia\u201d (art\u00edculo 350 C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y exigible tambi\u00e9n en la hip\u00f3tesis de adhesi\u00f3n al recurso de la otra parte, \u201cen lo que la providencia apelada le fuere desfavorable\u201d (art\u00edculo 353, ejusdem) o, lo que es igual, el inter\u00e9s para recurrir, comporta una espec\u00edfica y estricta legitimaci\u00f3n reservada \u00fanicamente al sujeto procesal a quien desfavorece la decisi\u00f3n, excluy\u00e9ndose a la parte favorecida con la decisi\u00f3n (negrilla fuera de texto, SC064, 9 jul. 2008, rad. n.\u00b0 2002-00017-01). <\/p>\n
2.3.3.4. En consecuencia, como Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S. obtuvieron un veredicto favorable a sus aspiraciones en primera instancia, ten\u00edan cerrada la posibilidad de acudir al remedio vertical, incluso frente a la decisi\u00f3n por la cual se rehus\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad\u00bb, por lo que imponerles esta carga deviene de imposible cumplimiento, como lo hizo el Tribunal, y es bien sabido que \u00abnadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u00bb (ad imposibilia nemo tenetur), principio reconocido ampliamente en la jurisprudencia nacional (cfr. SC5755, 9 may. 2014, rad. n.\u00b0 1990-00659-01; SC, 5 jul. 2007, rad. n.\u00b0 1989-09134-01; SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 5422; entre otras). <\/p>\n
2.3.4. Por tanto, el fallo del 14 de noviembre de 2018 devino incongruente, al faltar la resoluci\u00f3n de una de las excepciones enarboladas por las convocadas, motivo para acceder a su casaci\u00f3n parcial, como se reconocer\u00e1 en la parte resolutiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Las demandadas denunciaron la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 3 (numeral 2.2.), 4, 7, 10 (inciso 1\u00b0), 16 y 58 (numeral 10) de la ley 1480 de 2011, 2, 13 y 14 del decreto 735 de 2013, 1603, 1739 y 1883 del C\u00f3digo Civil, 871 del C\u00f3digo de Comercio y 8\u00b0 de la ley 153 de 1887, por errores de hecho y de derecho, como se explica. <\/p>\n
1. Ascensores. <\/p>\n
1.1. Error de derecho: Achac\u00f3 el desconocimiento de los c\u00e1nones 164 y 275 del C\u00f3digo General del Proceso por cuanto el Tribunal, al desestimar que el reporte del Icontec pudiera calificarse como un dictamen pericial, lo reput\u00f3 como un informe, en desconocimiento de que \u00e9ste \u00fanicamente es procedente a petici\u00f3n de parte o de oficio, \u00ablo que de plano descarta la posibilidad de tomar como prueba por informe un documento aportado directamente por el actor junto con la demanda\u00bb. M\u00e1xime por cuanto este documento fue adosado como prueba pericial y con dicha calidad fue incorporado al proceso. <\/p>\n
Estim\u00f3 que, como la \u00abprueba por informe\u00bb, fue irregularmente aportada al proceso, no pod\u00eda servir de fundamento de ning\u00fan fallo. <\/p>\n
Error que calific\u00f3 de trascendente, en tanto este medio demostrativo sirvi\u00f3 para concluir que los ascensores presentaban anomal\u00edas de ensamblaje. <\/p>\n
1.2. Errores de hecho: Estim\u00f3 preteridos los documentos \u00abRealizaci\u00f3n de trabajos t\u00e9cnicos en ascensores del edificio\u00bb del 12 de diciembre de 2015 (folio 164 del cuaderno 3) y \u00abCancelaci\u00f3n de realizaci\u00f3n de trabajos t\u00e9cnicos en ascensores por parte de la empresa INTERTRONICS S.A.S.\u00bb del 1\u00b0 de marzo de 2016 (folios 74 a 76 ibidem), los cuales acreditan la mora de la copropiedad, en su calidad de acreedor, y la ausencia de causalidad entre las acciones de Intertronics S.A. y las anomal\u00edas de los ascensores. <\/p>\n
Consider\u00f3 que la demandante falt\u00f3 al deber de cooperaci\u00f3n, fundado en el principio de buena fe y en los art\u00edculos 3\u00b0 de la ley 1480 y 2\u00b0 del decreto 735 de 2013; total, \u00abde los documentos ignorados por el Tribunal se concluye que el hecho de que la empresa Intertronics S.A. no haya continuado adelantando los trabajos de mantenimiento en los ascensores del edificio -finalmente por cuenta de las demandadas- es una situaci\u00f3n por completo imputable al Consejo de Administraci\u00f3n y a la Administraci\u00f3n de la Copropiedad\u00bb, quienes decidieron contratar a Asconor Ltda. <\/p>\n
Evidenci\u00f3 el cercenamiento de la comunicaci\u00f3n del 1\u00b0 de marzo de 2016, \u00abcancelaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n de trabajos t\u00e9cnicos en ascensores por parte de la empresa Intertronics S.A.S.\u00bb, por dejarse de lado \u00abla negativa de la Copropiedad de permitir a INTERTRONICS S.A. continuar adelantando los trabajos de mantenimiento de los ascensores del edificio\u00bb; luego, \u00abes claro que las manifestaciones del se\u00f1or Baquera Peironcelly relacionadas con el cese de la garant\u00eda legal de los ascensores encontraban sustento en el comportamiento imputable a la Copropiedad consistente en impedir a Intertronics S.A. dar cumplimiento a la garant\u00eda respectiva\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 la tergiversaci\u00f3n de los videos y fotos del 22 de agosto, 1\u00b0, 13 de septiembre, 18 y 21 de octubre de 2015, as\u00ed como el \u00abResultado de la inspecci\u00f3n de ascensores electromec\u00e1nicos e hidr\u00e1ulicos\u00bb (folios 141 a 156 del cuaderno 1) y los \u00abIncidentes en transporte vertical. RAD. EXT-QUILLA-17-013459 y RAD. EXT-QUILLA-17-013462\u00bb (folios 8 a 11 del cuaderno 2), por cuanto \u00abel com\u00fan denominador de las fotograf\u00edas aportadas en la demanda es la completa ambig\u00fcedad respecto de los lugares, la forma y el tiempo en que fueron capturadas, as\u00ed como la ausencia de certeza en relaci\u00f3n con la calidad o idoneidad de las personas comisionadas para tal fin. Falencias que pueden predicarse igualmente del material audiovisual\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan por cuanto son anteriores a la decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n de impedir que el constructor hiciera las reparaciones, haciendo inefectiva la garant\u00eda. Adem\u00e1s, la inspecci\u00f3n se limit\u00f3 al ascensor 1 y, por la fecha de realizaci\u00f3n, corresponde a una verificaci\u00f3n de las actividades de Asconor Ltda., sin comprometer la responsabilidad de las demandadas. Por \u00faltimo, \u00ablo reportado por la Oficina de Control del Riesgo de la Alcald\u00eda de Barranquilla corresponde realmente al estado de los ascensores luego de la intervenci\u00f3n de un contratista diferente del designado por PPI. Estado que, naturalmente, no resulta imputable a las demandadas ni sirve para atribuirles responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
2. Grietas de las losas del semis\u00f3tano y s\u00f3tano. <\/p>\n
2.1. Error de derecho. Encontr\u00f3 desatendidos los art\u00edculos 10 de la ley 1480 de 2011 y 167 del C.G.P., por haber tenido por demostrado el defecto en el producto, sin consideraci\u00f3n a las reparaciones sistem\u00e1ticas y coordinadas que realiz\u00f3 la demandada. \u00ab[E]n el sub-lite, la parte demandante no aport\u00f3 ni una sola prueba legalmente producida que permitiera establecer, cu\u00e1les ser\u00edan las reparaciones pendientes respecto de las losas\u2026 de forma que al dictarse sentencia el asunto pudiera quedar completamente definido en la condena\u00bb. <\/p>\n
Record\u00f3 que las reparaciones se hicieron de acuerdo a lo convenido con la administraci\u00f3n de la copropiedad y el protocolo elaborado por Indira Campillo, como se demuestra con el copioso intercambio de correos electr\u00f3nicos. <\/p>\n
Despu\u00e9s de hacer varias transcripciones estim\u00f3 que \u00ablas reparaciones en las losas de parqueaderos se llevaron a cabo y fueron terminadas, tal como lo acredita el acta de entrega de fecha 08\/11\/2016, la cual, dicho sea de paso, la contraparte nunca tach\u00f3 de falsa\u00bb, \u00abdichos trabajos fueron adelantados de conformidad con los estudios y el protocolo establecido para el efecto\u00bb y \u00ablas reparaciones mencionadas fueron aprobadas en cada una de sus fases por el comit\u00e9 t\u00e9cnico designado para tal fin por la Copropiedad y por el representante t\u00e9cnico o interventor designado por la demandante para supervisar los trabajos, esto es el Ingeniero Rodrigo Grass\u00bb, lo cual fue desconocido por el Tribunal, quien encontr\u00f3 que la reparaci\u00f3n no fue efectiva, ni total. <\/p>\n
Encontr\u00f3 tergiversado u omitido parcialmente el testimonio de la representante legal de la copropiedad, pues la demolici\u00f3n de algunas placas fue consecuencia de la reparaci\u00f3n acordada, mientras que a las dem\u00e1s se les aplic\u00f3 un endurecedor, seg\u00fan el protocolo acordado. \u00abIgualmente, debi\u00f3 concluir que se equivoca el representante legal al entender el \u2018l\u00edquido\u2019 utilizado para \u2018bajar la intensidad del polvo\u2019 como una soluci\u00f3n improvisada o no id\u00f3nea para conjurar los defectos denunciados, pues, se recuerda, su aplicaci\u00f3n proviene de un estudio t\u00e9cnico avalado por el comit\u00e9 t\u00e9cnico de supervisi\u00f3n, designado por la Copropiedad\u00bb. Adem\u00e1s, de existir las grietas, debi\u00f3 haberse solicitado una nueva reparaci\u00f3n como lo establecen las normas sobre garant\u00eda legal. <\/p>\n
Censur\u00f3 la interpretaci\u00f3n dispensada a la \u00faltima manifestaci\u00f3n contenida en el acta de entrega del 28 de octubre de 2016, pues la salvedad realizada no se predica frente a los arreglos que efectivamente se realizaron, como consta en el documento \u00abentrega de los trabajos realizados en los s\u00f3tanos\u00bb, aunque la administraci\u00f3n de la copropiedad de forma injustificada omiti\u00f3 firmar. <\/p>\n
Remarc\u00f3 que los videos y fotos son anteriores a las reparaciones efectuadas, de all\u00ed que no sirvan para soportar la supuesta desatenci\u00f3n del deber de garant\u00eda; rest\u00f3 m\u00e9rito de convicci\u00f3n a la salvedad contenida en el acta de entrega, ante la ausencia de demostraci\u00f3n de lo que se encontraba pendiente por reparar. \u00abDe esta suerte, es claro que el Tribunal -salvo que haya supuesto la existencia de una prueba obrante en el expediente y con fundamento en la cual pudiera concluir la presencia de defectos pendientes por reparar-, no pudo establecer de forma concreta y precisa, como en derecho corresponde, cu\u00e1les son los defectos que habr\u00edan quedado pendientes de ser reparados luego de la ejecuci\u00f3n de las obras\u00bb. <\/p>\n
3. Anomal\u00edas en el sistema de desag\u00fce y falencias de permeabilizaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Errores de hecho. Imput\u00f3 la preterici\u00f3n del \u00abActa de entrega por parte de Edificio M\u00e1laga S.A.S. a Administraci\u00f3n Edificio Torres de M\u00e1laga (ADINS PH)\u00bb (folio 294 del cuaderno 3), \u00abInforme trabajos realizados de garant\u00edas en \u00e1reas comunes. Escrito dic 26 de 2015\u00bb (folios 115 y 116 idem), misiva del 24 de abril de 2017 (folio 172) y \u00abActa de visita No. 1\u00bb (folio 173), pues el Tribunal se fund\u00f3 en el material audiovisual para establecer la desatenci\u00f3n de la garant\u00eda legal, sin tener en cuenta que los referidos documentos eran posteriores y develaban la entrega a entera satisfacci\u00f3n de escaleras y salones sociales, la reparaci\u00f3n de las filtraciones en el sal\u00f3n social y la falta de colaboraci\u00f3n del edificio para inspeccionar las instalaciones hidrosanitarias. \u00abDe esta forma, resulta evidente que mis prohijadas atendieron diligentemente las reclamaciones de la Copropiedad relacionadas con filtraciones\/inundaciones en el sistema hidrosanitario del edificio\u2026, siendo esta \u00faltima quien de manera injustificada impidi\u00f3 la visita de inspecci\u00f3n por parte del personal comisionado para tal fin, que hubiera podido establecer la completitud de las reparaciones y\/o proceder con alg\u00fan eventual pendiente, que la propiedad no ha probado hubiere subsistido a las reparaciones efectuadas\u00bb. <\/p>\n
Achac\u00f3 la distorsi\u00f3n de los documentos \u00abGarant\u00edas \u00e1reas comunes\u00bb (folio 285 del cuaderno 3), \u00abacta de entrega\u00bb (folio 282), videos y fotos del 29 de mayo, 7 de junio, 10, 23, 24 de julio, 26 de agosto, 11, 13, 23, 30 de septiembre, 2, 10, 19, 21 de octubre, 16 y 18 de diciembre de 2015 (folio 24 del cuaderno 2), por cuanto \u00abpese a que el administrador de la Copropiedad declar\u00f3 haber recibido a satisfacci\u00f3n los trabajos de garant\u00eda por medio de los cuales fueron reparadas las filtraciones\/inundaciones en el parque infantil y el \u00e1rea adyacente a la piscina, el Tribunal estim\u00f3 que dicha acta de entrega acreditaba simplemente la atenci\u00f3n de un requerimiento y no, como era el caso, la reparaci\u00f3n a cabalidad de los bienes mencionados\u00bb. <\/p>\n
De esta forma desestim\u00f3 que, con base en fotograf\u00edas y videos anteriores, pudiera concluirse que las filtraciones e inundaciones persist\u00edan. <\/p>\n
Se refiri\u00f3 nuevamente a la anotaci\u00f3n contenida en la parte final del \u00abacta de entrega\u00bb del 28 de octubre de 2016, para se\u00f1alar que \u00abel ad quem mutil\u00f3 su contenido al restar trascendencia al hecho de que la Administraci\u00f3n del edificio declar\u00f3 en dicho documento haber recibido a satisfacci\u00f3n los trabajos de reparaci\u00f3n en la piscina y su \u00e1rea adyacente, en los tanques ubicados en la azotea, y en las losas de los parqueaderos en los niveles 2 y 4\u00bb. Adem\u00e1s, \u00ablas eventuales reparaciones faltantes en los desag\u00fces (sistema hidrosanitario o de plomer\u00eda) -que a la demandante correspond\u00eda probar -como verdadero objeto que ser\u00edan de la obligaci\u00f3n de garant\u00eda-, fueron impedidas por orden de la Administraci\u00f3n, seg\u00fan se desprende de la ya citada Acta de visita No. 1 de fecha 25\/04\/2017\u00bb. <\/p>\n
Finalmente resalt\u00f3 que \u00abbuena parte de las filtraciones, como se desprende del t\u00edtulo asignado por la demandante a las fotograf\u00edas y videos que aportara\u2026 est\u00e1n asociadas al tema previamente tratado de las losas de los parqueaderos, y por esta v\u00eda a las \u00e1reas del s\u00f3tano y semis\u00f3tano, por lo que, en lo pertinente, lo expuesto en punto a la efectiva reparaci\u00f3n de tales losas en el ac\u00e1pite precedente de este cargo\u2026 se invoca igualmente respecto de las filtraciones\u00bb. <\/p>\n
4. Multa a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
Endilg\u00f3 los errores de hecho y de derecho antes relacionados, frente a la decisi\u00f3n del ad quem de imponer la multa prevista en el numeral 10 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, en tanto, al descartarse el incumplimiento de la garant\u00eda, no se configuran los requisitos para su procedencia. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que hubo entrega a entera satisfacci\u00f3n \u00abde las losas de los parqueaderos, las escaleras, el sal\u00f3n social, el gimnasio, el \u00e1rea adyacente a la piscina, la sala de juegos, los tanques de agua ubicados en la azotea y el parqueadero de visitantes del edificio\u00bb; as\u00ed mismo, que la copropiedad falt\u00f3 a su deber de colaboraci\u00f3n \u00abpara la realizaci\u00f3n de (i) los trabajos de reparaci\u00f3n en los ascensores, y (ii) la visita de inspecci\u00f3n a las instalaciones hidrosanitarias del edificio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la casaci\u00f3n es procedente en los casos en que el Tribunal incurra en \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb. <\/p>\n
Sobre la v\u00eda indirecta, la jurisprudencia tiene dicho: <\/p>\n
[L]a vulneraci\u00f3n de la ley sustancial por v\u00eda indirecta tiene dos vertientes, en la medida en que el juez puede incurrir en dicho quebrantamiento cometiendo errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n\u2026 ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n que comete el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, alterando su contenido de forma significativa\u2026 <\/p>\n
La otra modalidad de yerro, el de derecho, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, el m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto (SC4063, 26 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2011-00635-01). <\/p>\n
Para que este tipo de yerros puedan dar lugar a la anulaci\u00f3n del fallo de alzada, conforme al inciso tercero del literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 de la misma codificaci\u00f3n, es menester que el recurrente (I) lo demuestre, (II) sea trascendente en el sentido de la sentencia y, (III) trat\u00e1ndose del error de hecho, sea manifiesto. <\/p>\n
Respecto a los dos (2) primeros requisitos la Sala tiene dicho: \u00abSi la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta\u2026 se deber\u00e1 indicar\u2026 en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro [singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente en que incurri\u00f3 el sentenciador -AC1799, 6 may. 2022, rad. n.\u00b0 2017-00502-01] y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor\u00bb (AC1510, 6 may. 2022, rad. n.\u00b0 2019-00236-01). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la \u00faltima exigencia, la doctrina jurisprudencial ha decantado: \u00ab[E]l dislate f\u00e1ctico que conduce a la infracci\u00f3n de la ley material debe ser manifiesto, valga anotarlo, \u2018tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso. No es, por lo tanto, error de hecho que autorice la casaci\u00f3n de un fallo, aquel a cuya demostraci\u00f3n s\u00f3lo se llega mediante un esforzado razonamiento\u2019 G.J. LXXVIII, p\u00e1g. 972\u00bb (SC296, 15 feb. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00006-01). <\/p>\n
2. Precisado el anterior marco normativo, procede analizar cada uno de los yerros denunciados por las casacionistas en el sub examine, con el fin de evaluar si satisfacen los requisitos para su prosperidad, dentro del contexto de los argumentos blandidos por la sentencia impugnada, los cuales se agrupar\u00e1n seg\u00fan los defectos de calidad achacados a la edificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Ascensores. <\/p>\n
2.1.1. Remem\u00f3rese que el Tribunal sustent\u00f3 su decisi\u00f3n de condenar a la reparaci\u00f3n de estos dispositivos, soportado en las siguientes premisas: (I) corresponde al productor y proveedor demostrar que el defecto del producto es atribuible al consumidor, por fuerza del principio pro consumatore -art\u00edculos 10 y 16 de la ley 1480-; (II) las pruebas documentales muestran que los ascensores ten\u00edan anomal\u00edas de ensamblaje; (III) la Oficina de Gesti\u00f3n del Riesgo de la Alcald\u00eda de Barranquilla y el Instituto Colombiano de Normas T\u00e9cnicas ratifican los defectos -cables sueltos, empalmes sin aislamiento, canaletas sin tapas, cableado expuesto, vibraciones y ausencia de indicadores, interruptores finales y se\u00f1ales preventivas-, sin que las demandadas los rebatieran; (IV) el reporte del Icontec es un informe gobernado por el art\u00edculo 275 del C.G.P., distante de una pericia; (V) no se prob\u00f3 que los inconvenientes se superaran, pues el acta de entrega no lo dice y los certificados del fabricante son anteriores; y (VI) la intervenci\u00f3n de Asconor no exime a las demandadas, pues hay responsabilidad solidaria entre todos los part\u00edcipes de la cadena constructiva. <\/p>\n
En casaci\u00f3n se critic\u00f3 que: (I) el escrito de Icontec fuera reputado como un \u00abinforme\u00bb y no una prueba pericial, por la calidad con la que fue aportado e incorporado; (II) la demandante no cooper\u00f3 para realizar las reparaciones, al impedir que Intertronics adelantara los trabajos; (III) las fotograf\u00edas y videos son anteriores a la prohibici\u00f3n de que se hicieran las reparaciones; y (IV) los informes t\u00e9cnicos son posteriores a la actividad de Asconor, raz\u00f3n para excluir su imputaci\u00f3n a las convocadas. <\/p>\n
2.1.2. Antic\u00edpese que, dentro del c\u00famulo de reproches, est\u00e1 llamado a prosperar el relativo a la exoneraci\u00f3n de responsabilidad, como reluce de las pruebas obrantes en el plenario, haci\u00e9ndose innecesario referirse a los dem\u00e1s. <\/p>\n
2.1.2.1. Para dilucidar es preciso rememorar que, en la comunicaci\u00f3n del 25 de septiembre de 2015, Torres de M\u00e1laga P.H. reclam\u00f3 a Edificio M\u00e1laga S.A.S. los m\u00faltiples errores de montaje y funcionamiento de los ascensores, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Revisados los ascensores, se detalla que los mismos incumplen el Decreto 1538-2005, Art 10 y lo propio sucede con el decreto 26-2010. Reglamento NSR-10\u2026 <\/p>\n
Adem\u00e1s de los componentes t\u00e9cnicos, los ascensores incumplen el POT, Art 468, que lleva a K.3.2.7.1, donde dice que debe cumplir NTC4349. Medidas interiores de cabina 1.20 X 1.20 m\u00ednimo. <\/p>\n
La maquinaria de ascensores en cubierta est\u00e1 expuesta a cualquiera manipulaci\u00f3n por personas ajenas, adem\u00e1s de sufrir la intemperie e inundaci\u00f3n por lluvia con el riesgo de cortocircuito, aver\u00eda y deterioro. Es improbable que en estas condiciones se puede contratar p\u00f3liza de seguros por lo que es un tema urgente de solucionar (folio 313 del archivo digital CDNO PPAL TM 1.pdf). <\/p>\n
El 3 de octubre del mismo a\u00f1o, la interpelada asever\u00f3 que \u00ablas reclamaciones por garant\u00eda [ser\u00edan] atendidas de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor con posterioridad a la entrega de las \u00e1reas comunes\u00bb (folio 349 ibidem). En desarrollo, por misiva del d\u00eda 15 del mismo mes, fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n de \u00abvisita t\u00e9cnica para la verificaci\u00f3n de las situaciones objeto de reclamo por garant\u00eda por parte de la Administraci\u00f3n del Edificio M\u00e1laga S.A.S., en relaci\u00f3n con las \u00e1reas comunes del Edificio\u00bb (folio 529 idem). <\/p>\n
Por escrito del 27 de noviembre la accionada manifest\u00f3 que \u00ablos ascensores cuentan con las calidades y condiciones ofrecidas\u00bb, los cuales cumplen \u00abcon las especificaciones m\u00ednimas que se requieren para un edificio de estas caracter\u00edsticas\u2026 ambos ascensores permiten el ingreso de una silla de ruedas, incluso con acompa\u00f1ante, que es superior a lo exigido por la norma NSR-10 Cap\u00edtulo K\u00bb. Y especific\u00f3: \u00aben relaci\u00f3n con la supuesta cubierta de los ascensores, la misma \u00fanicamente estuvo sin cerramiento mientras se desarrollaba su instalaci\u00f3n\u00bb (folios 135 a 137 ejusdem). <\/p>\n
Sin embargo, y \u00abcon el fin de resolver de forma definitiva todas las situaciones presentadas\u00bb, Edificio M\u00e1laga S.A.S. el 12 de diciembre decidi\u00f3 \u00abrealizar una serie de trabajos t\u00e9cnicos en los ascensores, los cuales estar\u00e1n a cargo de la firma Intertronic Ascensores\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 9 del archivo CDNO PPAL TM 3.pdf). <\/p>\n
La empresa designada comenz\u00f3 las adecuaciones y mantenimientos hasta que, por comunicaci\u00f3n de 1\u00b0 de marzo de 2016, Torres de M\u00e1laga P.H. inform\u00f3: <\/p>\n
El consejo de administraci\u00f3n y la administraci\u00f3n del Edificio Torres de M\u00e1laga\u2026 en reuni\u00f3n extraordinaria\u2026 [d]el 28 de febrero de 2016, bas\u00e1ndonos en las evidencias presentadas resultados de la auditor\u00eda de inspecci\u00f3n que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda s\u00e1bado 27 de febrero de 2016 a los ascensores\u2026 [decidi\u00f3] contratar a la empresa Ascensores Costa Norte Ltda, los cuales son los fabricantes del equipo y no permitir que Intertronic S.A.S. siga adelantando trabajos de mantenimientos correctivos o preventivos en los ascensores (folio 466 del archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf). <\/p>\n
2.1.2.2. La revisi\u00f3n conjunta de los anteriores medios suasorios permite colegir que: (I) las convocadas, una vez fueron informadas de las reclamaciones de la copropiedad sobre los ascensores, estuvieron dispuestas a cumplir con la obligaci\u00f3n legal tendiente a su reparaci\u00f3n, para lo cual encargaron a un tercero los trabajos t\u00e9cnicos; (II) la empresa designada no pudo cumplir con su encargo pues, una vez principiaron sus labores, sorpresivamente se vieron truncadas por la decisi\u00f3n unilateral de la demandante; y (III) la copropiedad, no s\u00f3lo impidi\u00f3 el ingreso de los trabajadores designados para el cumplimiento de la garant\u00eda legal, sino que contrat\u00f3 un tercero para que asumiera el mantenimiento y la reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Trasluce que Torres de M\u00e1laga P.H., a pesar de ser informada sobre la forma en que materializar\u00eda la garant\u00eda legal, con amparo en los art\u00edculos 11 de la ley 1480 de 2011 y 3\u00b0 del decreto 735 de 2013, decidi\u00f3 a motu proprio impedir los ajustes programados y, por su cuenta y riesgo, asumir su realizaci\u00f3n con un tercero, sin contar con la autorizaci\u00f3n del responsable de la garant\u00eda legal. <\/p>\n
2.1.2.3. La anterior determinaci\u00f3n, en el contexto del canon 16 del estatuto del consumidor, constituye una forma de exoneraci\u00f3n de responsabilidad del productor y proveedor, como fue alegado por las demandadas e invocado en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, al impedirse que la demandante cumpliera el d\u00e9bito restaurativo a su cargo, esta obligaci\u00f3n deja de serle exigible, no s\u00f3lo porque nadie se encuentra obligado a lo imposible, sino por cuanto mal podr\u00eda responder de los actos realizados por un tercero. En este contexto, el comportamiento de la demandante constituye una causal eximente de responsabilidad, esto es, el hecho de un tercero. <\/p>\n
(I) Es bien sabido que para que \u00aba la intervenci\u00f3n de un tercero pueda imprim\u00edrsele los alcances plenamente liberatorios, es necesaria la concurrencia de las siguientes condiciones: a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una persona por cuyo obrar no sea responsable reflejo el agente presunto\u2026; b) Tambi\u00e9n es requisito indispensable que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por el demandado\u2026 c) Por \u00faltimo, el hecho del tercero tiene que ser causa exclusiva del da\u00f1o\u00bb (CSJ, SC, 8 oct. 1992, rad. n.\u00b0 3446; reiterada SC4204, 22 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2004-00273-02). <\/p>\n
Requisitos que se observan en el sub examine, por cuanto (a) la constructora no es responsable de los actos de la copropiedad o del tercero designado para el mantenimiento y reparaci\u00f3n de los ascensores, (b) le result\u00f3 irresistible la ausencia de autorizaci\u00f3n para satisfacer la garant\u00eda legal, y (c) ante la incapacidad de reparar los dispositivos electromec\u00e1nicos verticales o controlar la forma en que deb\u00eda hacerse, los da\u00f1os finales le resultan totalmente extra\u00f1os. <\/p>\n
(II) De otro lado, cuando el acreedor decide asumir, expresa o t\u00e1citamente, el cumplimiento de la prestaci\u00f3n, en rechazo del deudor, exonera de responsabilidad a \u00e9ste, en aplicaci\u00f3n de caros principios del derecho civil, como la buena fe y la imposibilidad como eximente de responsabilidad. <\/p>\n
Y es que, la configuraci\u00f3n de un impedimento absoluto para que el solvens satisfaga el inter\u00e9s negocial del acreedor, siempre que no le sea imputable, lo libera de la prestaci\u00f3n a su cargo, pues a lo imposible nadie se obliga. <\/p>\n
Afirma la doctrina que \u00abla responsabilidad puede ser excluida s\u00f3lo por una imposibilidad sobrevenida \u2018no imputable\u2019 al deudor\u2026 Por imposibilidad sobrevenida se entiende aquella situaci\u00f3n impeditiva del cumplimiento, que incide directamente sobre el contenido de la prestaci\u00f3n, intr\u00ednsecamente considerada, y que no resulta superable ni susceptible de ser vencida por las fuerzas humanas\u00bb3. <\/p>\n
N\u00f3tese que no basta la simple dificultad de cumplimiento, pues en este evento se impone al \u00abdeudor [que] realice un \u2018esfuerzo\u2019 para cumplir, inclusive superior al que se necesita normalmente seg\u00fan el tipo de relaci\u00f3n obligatoria de acuerdo con el grado de intensidad del deber accesorio de colaboraci\u00f3n\u00bb4. Se requiere de un escollo irresoluble, como cuando el acreedor, sin justificaci\u00f3n alguna, repulsa el cumplimiento del deudor. <\/p>\n
Esto es precisamente lo que sucedi\u00f3 en el sub lite puesto que, Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S., a pesar de su disposici\u00f3n a cumplir, sucumbieron ante una situaci\u00f3n infranqueable, consistente en que la copropiedad prohibi\u00f3 el ingreso a la edificaci\u00f3n y design\u00f3 a un tercero para realizar las reparaciones, sin que se haya vislumbrado una justificaci\u00f3n adecuada para este proceder. <\/p>\n
2.1.2.4. El ad quem pretendi\u00f3 enervar las anteriores conclusiones con fundamento en la solidaridad existente entre el productor y proveedor frente a los defectos de calidad, idoneidad y seguridad (art\u00edculo 20 de la ley 1480 de 2001), soportado en que Asconor fue el suministrador de los ascensores, de acuerdo con el contrato celebrado con Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. <\/p>\n
Sin embargo, encuentra esta Corporaci\u00f3n que la anterior conclusi\u00f3n no tuvo en consideraci\u00f3n que esta \u00faltima sociedad no fue convocada al proceso y, menos a\u00fan, condenada a la reparaci\u00f3n reclamada, de all\u00ed que su eventual responsabilidad deviene abiertamente extra\u00f1a al litigio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la argumentaci\u00f3n del sentenciador de segunda instancia trasluce una confusi\u00f3n entre la obligaci\u00f3n de garant\u00eda legal y las causales eximentes de responsabilidad, pues, en el caso, al margen de qui\u00e9nes eran los sujetos responsables del cumplimiento del d\u00e9bito legal, incluso de forma solidaria, lo cierto es que como la copropiedad impidi\u00f3 las reparaciones programadas por Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S., por lo que mal podr\u00edan condenarse a efectuarlas despu\u00e9s de la manipulaci\u00f3n efectuada por un tercero sin su supervisi\u00f3n. <\/p>\n
Dicho en breve, si bien es cierto que existe solidaridad respecto al cumplimiento de la garant\u00eda legal, tambi\u00e9n lo es que cuando la v\u00edctima decide que los arreglos sean realizados por alguien que no ha sido autorizado por el proveedor o productor, asume los riesgos de su actuar y elimina esta carga de los hombros del productor y comercializador. <\/p>\n
No en vano, el numeral 2.2. del art\u00edculo 3\u00b0 de la ley 1480 de 2001 obliga al consumidor a \u00abobrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las autoridades p\u00fablicas\u00bb, de lo cual emana un deber de colaboraci\u00f3n, \u00aben el sentido de que \u2018se orienta a la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s de su cocontratante, lo que espec\u00edficamente supone, seg\u00fan reconocida doctrina iusprivatista, una din\u00e1mica cooperaci\u00f3n en beneficio ajeno\u2019 (SC, 2 ag. 2001, exp. n.\u00b0 6146, reiterada en SC5327, 13 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00193-01)\u00bb (SC4670, 9 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00370-01). <\/p>\n
2.1.3. Lo expuesto deja en evidencia un yerro de juzgamiento trascendente, como bien fue afirmado por las impugnantes extraordinarias, haci\u00e9ndose imperativo casar parcialmente el veredicto para corregir este dislate. <\/p>\n
2.2. Losas de los parqueaderos. <\/p>\n
Las impugnantes recriminaron: (I) una inadecuada satisfacci\u00f3n de la carga de la prueba, pues no se demostraron los defectos que subsist\u00edan; (II) tergiversaci\u00f3n del informe del 9 de marzo de 2017, que demuestra la realizaci\u00f3n de las adecuaciones e (III) indebida interpretaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de la representante legal de la copropiedad y del acta de entrega. A rengl\u00f3n seguido explicaron que se hicieron las demoliciones, fundidas y correcciones pactadas, lo que desvirt\u00faa el contenido del acta de entrega y devela el cumplimiento de la garant\u00eda legal. <\/p>\n
2.2.2. A continuaci\u00f3n se har\u00e1 la revisi\u00f3n de las tres (3) acusaciones realizadas, en el mismo orden de realizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.2.1. Para desenmara\u00f1ar la alegaci\u00f3n relativa al error de derecho, preciso deviene transcribir el inciso segundo del art\u00edculo 10 de la ley 1480 de 2011, a saber: \u00abPara establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad, bastar\u00e1 con demostrar el defecto del producto\u2026\u00bb (negrilla fuera de texto). Coherentemente, el literal a) del canon 58 ordena que, junto a la demanda judicial, deben arrimarse \u00ablas pruebas del defecto\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, la directriz 12 del mismo estatuto prescribe que \u00abcuando el producto sea reparado\u2026 el garante o quien realice la reparaci\u00f3n en su nombre estar\u00e1 obligado a entregar al consumidor constancia de reparaci\u00f3n indicando lo siguiente: 1. Descripci\u00f3n de la reparaci\u00f3n efectuada. 2. Las piezas reemplazadas o reparadas. 3. La fecha en que el consumidor hizo entrega del producto, y 4. La fecha de devoluci\u00f3n del producto\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Por \u00faltimo, el precepto 16 dispone que \u00abel productor o expendedor que alegue la causal de exoneraci\u00f3n deber\u00e1 demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Estas normas, interpretadas en conjunto, regulan la carga de la prueba en materia de reclamaciones por garant\u00eda legal de la siguiente forma: (I) corresponde al consumidor demostrar el defecto o vicio que atenta contra la calidad, idoneidad y seguridad; (II) es deber del productor o proveedor demostrar la reparaci\u00f3n, para lo cual debe expedir una constancia sobre las actividades realizadas y los repuestos suministrados; y (III) cuando se invoque una causal de exoneraci\u00f3n, su demostraci\u00f3n est\u00e1 en cabeza del productor o proveedor. <\/p>\n
Reglas que constituyen una aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de los preceptos adjetivos generales, huelga recordarlos: \u00abIncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb (art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso), y \u00abla prueba del caso fortuito\u2026 incumbe\u2026 al que lo alega\u00bb (art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
En el presente caso como Edificio Torres de M\u00e1laga P.H., junto con el libelo genitor, arrim\u00f3 diferentes medios suasorios tendientes a acreditar que las placas de concreto del semis\u00f3tano y s\u00f3tano presentaban problemas de grosor, exposici\u00f3n de mallas met\u00e1licas y filtraciones, en concreto, fotograf\u00edas, videos y documentos (archivos jpg y mp4 obrantes en el archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf), por descontado se tiene que satisfizo el deber demostrativo que pesaba sobre sus hombros. <\/p>\n
Frente a lo anterior, como la estrategia defensiva de Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S. estuvo alrededor de demostrar que cumplieron con la totalidad de las reparaciones reclamadas, sobre ellos estaba el deber de comprobarlo, para lo cual deb\u00edan arrimar todos los medios persuasivos que establecieran las labores adelantadas, los materiales empleados y la fecha de realizaci\u00f3n. Sin embargo, como en criterio del sentenciador de segundo grado, los allegados no brindaban la claridad requerida para exonerarla de responsabilidad, encuentra justificaci\u00f3n que se fallara en contra de \u00e9sta, por fuerza de las reglas de la carga de la prueba antes referidas. <\/p>\n
Luego, contrario a lo indicado en el escrito casacional, el juzgador actu\u00f3 de conformidad con las reglas procesales que gobiernan el d\u00e9bito demostrativo, bajo la consideraci\u00f3n de que las probanzas aportadas para acreditar las reparaciones eran insuficientes para tener por satisfecho el deber legal de garant\u00eda, imponi\u00e9ndose un fallo en contra del productor y proveedor. <\/p>\n
Pretender una suerte de inversi\u00f3n de la carga de la prueba, por fuerza de que se arrimaron documentos tendientes a probar las adecuaciones por parte del constructor, aunque de forma insuficiente seg\u00fan el sentenciador, carece de soporte legal y atenta contra la protecci\u00f3n que debe dispensarse a los consumidores. <\/p>\n
2.2.2.2. Respecto al documento identificado como \u00abSolicitud firmada de aceptaci\u00f3n de trabajos realizados sobre las capas de compresi\u00f3n de los s\u00f3tanos del edificio Torres de M\u00e1laga\u00bb, del 9 de marzo de 2017, que seg\u00fan las opugnantes demuestra el total agotamiento de la garant\u00eda legal, su lectura desvela que este colof\u00f3n no es correcto. <\/p>\n
Total, de su literalidad lo \u00fanico que se extrae es que Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. hizo un pedimento a Edificio M\u00e1laga S.A.S., para que emitiera \u00abcertificaci\u00f3n de recepci\u00f3n de los trabajos\u2026 sobre las capas de comprensi\u00f3n de los s\u00f3tanos\u00bb (folio 55 del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf). <\/p>\n
Luego, por s\u00ed mismo, s\u00f3lo acredita que la constructora estim\u00f3 agotado su deber restaurativo, basada en que \u00aba [la] fecha de hoy no se ha notificado ninguna reclamaci\u00f3n o solicitud en garant\u00eda sobre los trabajos ejecutados\u00bb (ibidem), sin que igual afirmaci\u00f3n queda realizar respecto a la copropiedad, quien no hizo manifestaci\u00f3n alguna, salvo abstenerse de emitir la certificaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
Es cierto que Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. se bas\u00f3 en m\u00faltiples anexos para sustentar su pedimento; empero, este labor\u00edo no pas\u00f3 de ser una interpretaci\u00f3n unilateral de aqu\u00e9llos, que en el contexto del presente litigio deben ser evaluados dentro del conjunto probatorio, como lo ordena el art\u00edculo 176 del actual estatuto adjetivo, el cual desdice sobre el pretendido colof\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan Solicitud firmada de aceptaci\u00f3n de trabajos realizados sobre las capas de compresi\u00f3n de los s\u00f3tanos del edificio Torres de M\u00e1laga y sus anexos, las reparaciones se realizaron por fases, seg\u00fan el siguiente cronograma: \u00abs\u00f3tano 2. Fase 1 terminada el 13\/04\/2016 y en uso a partir del 28\/04\/2016, fase 2 terminada el 25\/04\/2016 y en uso a partir de 10\/05\/2016, fase 3 terminada el d\u00eda 04\/05\/2016 y en uso 18\/05\/2015. S\u00f3tano 1 fase \u00fanica terminada el 23\/09\/2016 y puesta en uso 10\/10\/2016\u00bb (idem). Refulge entonces que, seg\u00fan el constructor, para el 10 de octubre de 2016 las reparaciones estaban finiquitadas. <\/p>\n
No obstante, la pretendida claridad, en el acta de entrega firmada 18 d\u00edas despu\u00e9s -28 de octubre-, y en la cual se declar\u00f3 a Edificio M\u00e1laga S.A.S. a paz y salvo por varias zonas comunes, no se incluy\u00f3 ninguna menci\u00f3n a la sustituci\u00f3n, engruese o reforzamiento de las placas de concreto de los parqueaderos; por el contrario, en la misma se dej\u00f3 como salvedad lo tocante a \u00ablos arreglos pendientes de las losas de los parqueaderos\u00bb (folio 245 del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf). <\/p>\n
Luego, la revisi\u00f3n coordinada de los citados instrumentos ense\u00f1a, como razonablemente lo afirm\u00f3 el ad quem, que las convocadas no demostraron con certeza que efectuaron la completa restauraci\u00f3n de las piezas de concreto denunciadas. <\/p>\n
Visto lo anterior, la imputada tergiversaci\u00f3n deviene vac\u00eda. <\/p>\n
2.2.2.3. La reflexi\u00f3n anterior es ampliable al an\u00e1lisis de los informes y correos electr\u00f3nicos adjuntos a la comunicaci\u00f3n del 9 de marzo de 2017, en s\u00ed mismos considerados, en concreto los intitulados: \u00abEntrega de los trabajos realizados en los s\u00f3tanos\u00bb, \u00abEstudio para la reparaci\u00f3n de las capas de Compresi\u00f3n del edificio M\u00e1laga\u00bb, \u00abProtocolo de trabajos a realizar edificio Torres de M\u00e1laga\u00bb, \u00abconfirmaci\u00f3n\u00bb, \u00abconfirmaci\u00f3n de la fundida\u00bb, \u00abSegunda fundida edificio Torres de M\u00e1laga\u00bb, \u00abTercera fundida edificio Torres de M\u00e1laga\u00bb, \u00abSegunda fase\u00bb, \u00abActa de reinicio\u00bb y \u00abFundida losas s\u00f3tano 2 M\u00e1laga\u00bb (folios 57 a 243 ejusdem). <\/p>\n
Estos documentos s\u00f3lo dejan en evidencia que las partes en controversia alcanzaron un acuerdo sobre la forma en que se solucionar\u00edan los problemas relativos a las losas de concreto, en materias tan importantes como las placas que ser\u00edan demolidas, reforzadas y restauradas, los productos que se aplicar\u00edan y algunas reglas t\u00e9cnicas de ejecuci\u00f3n. Asimismo, prueban que en las anualidades de 2016 y 2017 se efectuaron reparaciones, con aquiescencia de la administraci\u00f3n de la copropiedad, con resultados satisfactorios. <\/p>\n
Empero, de su contenido no refulge que se arreglaran todas las baldosas defectuosas; tanto as\u00ed que, y a riesgo de hastiar, en el acta de entrega suscrita por el constructor y la demandante se dej\u00f3 una salvedad expresa para el futuro cumplimiento de esta garant\u00eda, de lo que razonablemente puede inferirse que exist\u00edan actividades pendientes, sin que la parte interesada arrimara pruebas que permitieran desvirtuar esta conclusi\u00f3n, a la que ciertamente arrib\u00f3 el juzgador de segundo grado. <\/p>\n
2.2.2.4. Lo mismo cabe decir respecto al documento con el asunto \u00abentrega de los trabajados realizados en los s\u00f3tanos\u00bb del 8 de noviembre de 2016, adelantado y suscrito por Indira Campillo, funcionaria de PPI (folios 57 a 59). <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, si bien contiene una relaci\u00f3n de las losas del s\u00f3tano 2 que fueron fundidas, as\u00ed como las reparadas en el subterr\u00e1neo 1, con la indicaci\u00f3n de que en los s\u00f3tanos 3 y 4 simplemente se hizo limpieza, lo cierto es que no permite determinar que \u00e9stas eran las \u00fanicas denunciadas dentro de la garant\u00eda legal, ni la satisfacci\u00f3n del procedimiento t\u00e9cnico para su arreglo, raz\u00f3n para que, a su abrigo, no pueda tenerse por satisfecho el deber del productor y proveedor. <\/p>\n
2.2.2.5. El entendimiento precedente encuentra abrevadero en el interrogatorio de Tania Goretty R\u00edos Montealegre, administradora de la copropiedad, como bien lo asegur\u00f3 la sentenciadora en sede de alzada, quien, al ser cuestionada sobre las deficiencias en las losas, afirm\u00f3: <\/p>\n
Y frente al pedimento para que individualizara las placas remendadas, sostuvo: <\/p>\n
Se intervino una parte de la placa del parqueadero de visitantes, no es su totalidad, donde se cay\u00f3 un fragmento\u2026 de esta placa\u2026 ellos la tumbaron en su totalidad\u2026 en la mitad\u2026 y otra entrando\u2026 y esas fueron reparadas, s\u00f3lo en esos pedazos, no en su totalidad\u2026 En los parqueaderos 3 y 2 aplicaron un l\u00edquido para bajar la intensidad del polvo\u2026 cuando se barre este polvillo aparecen estas grietas, que son de alta preocupaci\u00f3n\u2026 (minutos 24 y 25). <\/p>\n
Rem\u00e1rquese que la representante legal de la demandante fue contundente en aseverar que no se realizaron todos los trabajos necesarios en el marco de la garant\u00eda legal, lo que es arm\u00f3nico con un an\u00e1lisis ponderado de los diferentes documentos. <\/p>\n
2.2.3. Los argumentos expuestos desdicen sobre la configuraci\u00f3n de los yerros de valoraci\u00f3n probatoria denunciados en casaci\u00f3n, tanto por errores de derecho como por evidentes dislates de hecho. <\/p>\n
2.3. Grietas, fisuras y desag\u00fces. <\/p>\n
2.3.1. En la sentencia confutada se argument\u00f3, respecto a la materia del ep\u00edgrafe, que era procedente ordenar su reparaci\u00f3n puesto que: <\/p>\n
[E]l caudal probatorio evidencia numerosas y reiteradas deficiencias en las zonas comunes -esenciales y no esenciales- del Edificio Torres de M\u00e1laga, las cuales redundan en su falta de aptitud para satisfacer las necesidades que motivaron su construcci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
[L]as im\u00e1genes y videos adosados a la demanda tambi\u00e9n evidencian la aparici\u00f3n de grietas o fisuras en las losas o placas superiores del s\u00f3tano\u2026; de hecho, reportan que el l\u00edquido desciende tanto de las grietas como de los contornos o zonas aleda\u00f1as a las tuber\u00edas de agua\u2026 <\/p>\n
Tambi\u00e9n obran en el plenario otras piezas fotogr\u00e1ficas o audiovisuales\u2026 que reportan distintas falencias de permeabilidad\u2026 en zonas comunes del edificio como el s\u00f3tano, el semis\u00f3tano, las escaleras, el sal\u00f3n social, el gimnasio, el \u00e1rea adyacente a la piscina, la sala de juegos, el parqueadero de visitantes, la azotea\u2026 y los ventanales\u2026 <\/p>\n
Tanto Edificio M\u00e1laga S.A.S. como PPI, atendieron dichos requerimientos con la visita t\u00e9cnica llevada a cabo el 20 de octubre de 2015, y con las intervenciones efectuadas en las losas, la piscina y sus alrededores, el \u00e1rea de juegos y los ascensores, los d\u00edas 13 y 25 de abril, 4 de mayo, 12 y 29 de julio, 23 de agosto y 5 y 23 de septiembre de 2016, seg\u00fan emerge de las declaraciones de los representantes legales de ambas partes y de los documentos visibles a folios 170, 171, 187 a 280 y 283 a 286 del cuaderno 3\u2026 <\/p>\n
La Sala no puede pasar por alto que la m\u00e1s reciente acta de entrega de las intervenciones efectuadas en distintas \u00e1reas del Edificio (zona de juegos, piscina y su \u00e1rea contigua, tanques de agua, losas de los parqueaderos en los niveles 2 y 4), data de 28 de octubre de 2016 (fl. 282, cdno. 3), pero contiene la siguiente salvedad: \u2018sin perjuicio de las reparaciones por garant\u00edas que sean pertinentes y los arreglos pendientes de las losas de parqueaderos y los desag\u00fces, Edificio M\u00e1laga P.H. queda a paz y salvo con Edificio M\u00e1laga S.A.S. por el presente documento\u2019. <\/p>\n
Esa manifestaci\u00f3n de voluntad, apreciada en conjunto con los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n recaudados, dentro del contexto del r\u00e9gimen tuitivo del consumidor -quien en este caso acredit\u00f3 los defectos rese\u00f1ados a espacio en los p\u00e1rrafos que anteceden-, y a falta de prueba en contrario, permite colegir a la Sala que a\u00fan persisten defectos y adecuaciones inconclusas, tanto en las \u00e1reas en menci\u00f3n, como en los ascensores del Edificio, seg\u00fan fue explicitado en el numeral 4.3.1 de esta providencia (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En casaci\u00f3n se achacaron m\u00faltiples errores probatorios, en particular, la pretermisi\u00f3n de los documentos que demuestran que las escaleras y salones sociales se entregaron a satisfacci\u00f3n, as\u00ed como la tergiversaci\u00f3n de las probanzas que acreditan la reparaci\u00f3n a cabalidad de las filtraciones e inundaciones del parque infantil y el \u00e1rea adyacente a la piscina. Por \u00faltimo, con base en el acta de visita n.\u00b0 1, estim\u00f3 que las adecuaciones que quedaron inconclusas son imputables a la demandante. <\/p>\n
2.3.2. En lo sucesivo se analizar\u00e1n los dislates blandidos en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Justamente, en el veredicto del 14 de noviembre de 2018, el juzgador afirm\u00f3 que tuvo en consideraci\u00f3n todo el material suasorio que compone la foliatura, a partir de lo cual coligi\u00f3 que las reparaciones no se agotaron en su integridad; significa que el ad quem no se centr\u00f3 \u00fanicamente en las pruebas que mencion\u00f3 de forma expresa, sino que hizo una revisi\u00f3n integral de los instrumentos suasorios, sin exclusi\u00f3n de ning\u00fan tipo, lo que descarta la pretermisi\u00f3n alegada. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que se ratifica, en el caso concreto, por el hecho de que en el veredicto se analizaron las pruebas que pretend\u00edan demostrar el cumplimiento de la garant\u00eda legal, aunque se les rest\u00f3 poder demostrativo por el contenido del acta de entrega del 28 de octubre de 2016, en la cual expresamente se incluy\u00f3 la manifestaci\u00f3n de que exist\u00edan adecuaciones pendientes en materia de \u00abdesag\u00fces\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, frente al hecho de que el fallador hizo una revisi\u00f3n integral de las probanzas, se descarta que omitiera alguna de ellas, raz\u00f3n para desestimar el primero de los reparos planteados por las recurrentes extraordinarias. <\/p>\n
2.3.2.2. En cuanto se refiere a la recta interpretaci\u00f3n del acta de entrega del 28 de octubre de 2016, sea lo primero transcribirla en lo pertinente, para desentra\u00f1ar su contenido objetivo: <\/p>\n
En la ciudad de Barranquilla a los 28 d\u00edas del mes de octubre de 2016. Edificio M\u00e1laga S.A.S. hace entrega de las garant\u00edas a satisfacci\u00f3n realizadas en las zonas comunes del Edificio M\u00e1laga\u2026 Los trabajos realizados son\u2026 4\u2026 colocaci\u00f3n de poyo revestido en grama artificial\u2026 6. Reparaci\u00f3n de grietas en borde de piscinas\u2026 12. Reparaci\u00f3n de tanques con filtraci\u00f3n\u2026 Portante. Su (sic) perjuicio de las reparaciones por garant\u00edas que sean pertinentes y los arreglos pendientes de\u2026 los desag\u00fces… Edificio M\u00e1laga P.H. queda a paz y salvo con Edificio M\u00e1laga S.A.S. por el presente documento (folio 245 del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf). <\/p>\n
De su literalidad queda en evidencia que la propiedad horizontal dio cuenta de la realizaci\u00f3n de reparaciones, en desarrollo de la garant\u00eda legal, entre otros, de un \u00abpoyo\u00bb en el parque infantil y la eliminaci\u00f3n de \u00abgrietas en el borde de la piscina\u00bb y \u00abfugas del tanque de agua\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, de este documento no es posible concluir que las correcciones fueron integrales, pues dentro del listado de las realizadas no se incluyeron todas las que fueron materia de reclamaci\u00f3n o que quedaron en evidencia del material fotogr\u00e1fico o f\u00edlmico analizado por el ad quem, en particular, \u00ablas estructuras que soportan las piscinas\u2026 principalmente en los pasantes de las tuber\u00edas\u00bb, \u00abalgunos sitios donde perforaron las losas para pasar tuber\u00edas sanitarias no fueron resanados\u00bb, \u00abgrietas en las losas que permiten el flujo de agua cuando llueve e inunda el s\u00f3tano\u00bb (folio 407 del archivo digital CDNO PPAL TM 1.pdf), filtraciones en ventanas, escaleras, etc. <\/p>\n
Tanto es as\u00ed que, en la citada acta, se incorpor\u00f3 una salvedad, para remarcar que persist\u00edan da\u00f1os en materia de desag\u00fces, como un llamado de atenci\u00f3n para que la constructora cumpliera con las obligaciones que a la fecha estaban insatisfechas. <\/p>\n
Por ende, aunque ciertamente se avanz\u00f3 en la reparaci\u00f3n, del documento firmado por las partes no puede colegirse que se solucionaron todas las grietas y fisuras detectadas a partir de la entrega de las zonas comunes y dentro del t\u00e9rmino de vigencia de la garant\u00eda, lo que descarta la tergiversaci\u00f3n invocada por las casacionistas. <\/p>\n
2.3.2.3. Los documentos del 9 (folio 269 del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf), 27 de enero de 2016 (folio 548 a 550 del archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf), 24 y 25 de abril de 2017 (folios 25 y 27 del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf), en su orden, tampoco suministran la claridad pretendida por las casacionistas. <\/p>\n
Y es que, los escritos \u00fanicamente demuestran que la administraci\u00f3n de la propiedad horizontal recibi\u00f3 varios juegos de llaves, se repararon dos (2) filtraciones en los pisos 2\u00b0 y 12, se program\u00f3 una visita de inspecci\u00f3n en el a\u00f1o 2017 y las razones para su fracaso, sin develar la superaci\u00f3n de todos los defectos constructivos en materia de filtraciones o desag\u00fces, de suerte que las zonas comunes pudieran satisfacer la finalidad para la cual fueron dise\u00f1adas. <\/p>\n
Rem\u00e1rquese que los papeles ning\u00fan dato aportan sobre la estructura de la piscina, el resane de las perforaciones por paso de tubos, el taponamiento de grietas para impedir el tr\u00e1nsito de agua hacia el semis\u00f3tano o s\u00f3tano, entre otros, como fue reclamado por la copropiedad; menos a\u00fan, se prob\u00f3 la correcci\u00f3n de vanos de las ventanas o la adopci\u00f3n de medidas para evitar inundaciones de las escaleras comunales. <\/p>\n
Luego, con fundamento en estas pruebas, no es posible tener por probado el agotamiento de la garant\u00eda legal. <\/p>\n
2.3.2.4. La falta de colaboraci\u00f3n por parte de Edificio M\u00e1laga P.H., para la realizaci\u00f3n de una visita de inspecci\u00f3n programada por Abento S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. en el a\u00f1o 2017, carece de la virtualidad de exonerar la responsabilidad a estas \u00faltimas, por carecer de conexi\u00f3n causal con los defectos en materia de filtraciones y desag\u00fces. <\/p>\n
Total, demostrado que los da\u00f1os se detectaron en el a\u00f1o 2015, de lo cual se inform\u00f3 a las responsables, deviene claramente extempor\u00e1nea la realizaci\u00f3n de una visita de verificaci\u00f3n en el a\u00f1o 2017, m\u00e1xime por cuanto en el expediente no hay claridad sobre la realizaci\u00f3n de todas las reparaciones reclamadas en la oportunidad determinada por las normas de consumo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el canon 16 de la ley 1480 de 2011 exige que \u00ab[e]n todo caso el productor o expendedor que alegue la causal de exoneraci\u00f3n deber\u00e1 demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien\u00bb (negrilla fuera de texto); comprobaci\u00f3n que no se desprende del hecho de que la administraci\u00f3n de la copropiedad impidiera hacer una visita dos a\u00f1os (2) despu\u00e9s de la reclamaci\u00f3n, interregno suficiente para que se hubieran realizado las adecuaciones dentro del plazo se\u00f1alado en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 13 del decreto 735 de 2013, a saber: \u00abel productor o expendedor reparar\u00e1 el acabado o l\u00ednea vital objeto de reclamo, dentro de los treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la respuesta\u00bb. <\/p>\n
2.3.2.5. En punto a la tergiversaci\u00f3n de los medios suasorios tocantes a la reparaci\u00f3n de filtraciones en el parque infantil y piscina, la cr\u00edtica casacional s\u00ed est\u00e1 llamada a abrirse paso, pues en el expediente se demostr\u00f3 que la copropiedad certific\u00f3 su realizaci\u00f3n a satisfacci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed se advierte en el documento del 5 de septiembre de 2016, con el asunto \u00abgarant\u00eda \u00e1reas comunes\u00bb, en el cual la copropiedad manifest\u00f3 \u00absaldada la garant\u00eda en su totalidad\u00bb, en tanto \u00abse realizaron los trabajos correspondientes a satisfacci\u00f3n del administrador\u00bb, relativos a: (I) \u00abparque infantil. Se cambiaron rodamientos de columpios, se arregl\u00f3 soporte de los columpios. Se ancl\u00f3 con L met\u00e1licas con impermeabilizaci\u00f3n y grama\u00bb, y (II) \u00abpiscina: resane de grietas\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 251 del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf). <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan en tanto su contenido guarda correspondencia con el acta de entrega del 28 de octubre siguiente, que enumer\u00f3 como \u00abtrabajo realizado\u00bb la (I) \u00abreparaci\u00f3n de la estructura de los columpios, con refuerzo de la base de esta en L met\u00e1licas ancladas al piso y colocaci\u00f3n de poyo revestido en grama artificial\u00bb y (II) \u00abreparaci\u00f3n de grietas en borde de piscinas\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 245 idem). <\/p>\n
Frente al reconocimiento reiterado del administrador de la copropiedad, que asiente en que constructor realiz\u00f3 las adecuaciones tendientes a superar fisuras en la zona de juegos y piscina, sin que en el proceso se demostrara que nuevamente se presentaron dentro del t\u00e9rmino de vigencia de la garant\u00eda legal, deviene necesario declarar esta circunstancia y absolver a las convocadas en este punto concreto, lo que demuestra la evidencia y trascendencia del error endilgado en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Multa de la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
2.4.1. El Tribunal, establecida la responsabilidad de las convocadas, impuso la sanci\u00f3n a que se refiere el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, tasada en 75 s.m.l.m.v., en raz\u00f3n a \u00ablas circunstancias f\u00e1cticas acaecidas, as\u00ed como la reiteraci\u00f3n de los mentados defectos constructivos -muy a pesar de las adecuaciones realizadas, que quedaron inconclusas en las losas de los parqueaderos, desag\u00fces y los ascensores, como ya fue explicado precedentemente-\u00bb. <\/p>\n
2.4.2. Las impugnantes censuraron los errores de hecho y de derecho acusados en precedencia, al \u00abdesconocer tanto los trabajos de reparaci\u00f3n efectivamente realizados por la demandante, como la renuencia de la copropiedad a colaborar con las convocadas\u00bb. En concreto, mencionaron m\u00faltiples documentos que demuestran la entrega a satisfacci\u00f3n \u00abde las losas de los parqueaderos, las escaleras, el sal\u00f3n social, el gimnasio, el \u00e1rea adyacente a la piscina, la sala de juegos, los tanques de agua ubicados en la azotea y el parqueadero de visitantes del edificio\u00bb. Con base en otras piezas documentales endilg\u00f3 tergiversaci\u00f3n de las pruebas que demuestran la falta de colaboraci\u00f3n de la demandante en materia de ascensores e instalaciones hidrosanitarias. Estimaron que no se probaron las circunstancias de agravaci\u00f3n, esto es, gravedad del hecho, reiteraci\u00f3n de cumplimiento o renuencia. <\/p>\n
2.4.3. Encuentra la Sala que varios de los argumentos izados por las casacionistas, que ya fueron analizados a lo largo de este veredicto, tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto ciertamente las convocadas (I) cumplieron con algunas de las reparaciones reclamadas en materia de filtraciones, seg\u00fan la propia aceptaci\u00f3n de la demandante; y (II) frente a otras estaban imposibilitadas de realizar las adecuaciones. <\/p>\n
Significa que, trat\u00e1ndose de filtraciones provenientes de la piscina y del parque infantil, como estas inconformidades fueron superadas seg\u00fan las actas de entrega firmadas por las partes, se descarta una infracci\u00f3n a las normas de derecho de consumo que sirviera a la imposici\u00f3n de una multa. Algo similar sucede con la adecuaci\u00f3n de los ascensores, pues por configurarse una causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad, tampoco es posible fundar una sanci\u00f3n en este hecho. <\/p>\n
Por otro lado, las infracciones a la ley 1480 de 2011 originadas en defectos a las losas de los parqueaderos, filtraciones en placas y ventanas, y desag\u00fces, por cuanto no fueron objeto de casaci\u00f3n, se mantienen inc\u00f3lumes para soportar la imposici\u00f3n de la multa referida, sin que las censuras efectuadas por las opugnantes refuten la consideraci\u00f3n del Tribunal, en el sentido de que los defectos eran graves y se reiteraron en el tiempo. <\/p>\n
Deviene como consecuencia que la tasaci\u00f3n de la penalidad debe recalcularse, atendiendo a los hechos excluidos de infracci\u00f3n, punto el que se modificar\u00e1 el veredicto de alzada. <\/p>\n
3. Acotaci\u00f3n final de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Para resumen lo discurrido, se tiene que la sentencia del Tribunal se casar\u00e1 parcialmente, por incongruencia citra petita y por la configuraci\u00f3n de m\u00faltiples errores de juzgamiento, haci\u00e9ndose procedente que la Corte emita un fallo de reemplazo en el que se resolver\u00e1 \u00fanicamente lo correspondiente a las siguientes materias: (I) excepci\u00f3n denominada \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad\u00bb; (II) llamamiento en garant\u00eda; (III) desestimaci\u00f3n del reclamo de garant\u00eda legal en matera de ascensores e impermeabilizaci\u00f3n en el parque infantil y piscina; y (IV) se tasar\u00e1 nuevamente la sanci\u00f3n a que se refiere el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011. Las dem\u00e1s materias se mantendr\u00e1n inc\u00f3lumes, por seguir revestidas de las presunciones de acierto y legalidad que son connaturales a los fallos de instancia, incluyendo las \u00f3rdenes emitidas para hacer efectiva la garant\u00eda legal, en concreto, la labor asignada a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. <\/p>\n
Conforme al inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso no se condenar\u00e1 en costas a los recurrentes extraordinarios, ante la prosperidad de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Pretensiones. Conforme a la demanda y su subsanaci\u00f3n, la convocante reclam\u00f3 que Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S. sean condenadas a \u00abreparar, construir, adquirir, demoler, instalar, y desplegar\u2026 todos los actos necesarios de intervenci\u00f3n sobre los bienes comunes listados en el escrito de demanda y pruebas documentales\u2026 para garantizar la idoneidad, seguridad, calidad y buen funcionamiento\u00bb de estos. <\/p>\n
2. Contestaciones. Edificio M\u00e1laga S.A.S. clarific\u00f3 que no fue la constructora del inmueble, pues esta labor la realiz\u00f3 Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. As\u00ed mismo, despu\u00e9s de rehusar la existencia de los defectos, puso de presente que las demoras provinieron de los \u00f3rganos de administraci\u00f3n de la copropiedad. Como defensas propuso \u00abinexistencia del derecho por cumplimiento de la normatividad vigente\u00bb, \u00abvoluntad de cumplir por parte de mi poderdante\u00bb, \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb, \u00abresponsabilidad de otro\u00bb, \u00abresponsabilidad propia de la accionante\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad\u00bb, y la gen\u00e9rica. <\/p>\n
Abento S.A.S. manifest\u00f3 que: (I) no recibi\u00f3 ninguna reclamaci\u00f3n, (II) no particip\u00f3 directamente en la construcci\u00f3n, y (III) reiter\u00f3 los argumentos de la codemandada, aunque adicion\u00f3 la excepci\u00f3n rotulada \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en pasiva\u00bb. <\/p>\n
3. Llamamiento en garant\u00eda. Edificio M\u00e1laga S.A.S. llam\u00f3 en garant\u00eda a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., \u00abpara que previos los tr\u00e1mites legales pertinentes, y en caso de ser condenada\u2026 al pago de suma alguna de dinero, se ordene el pago de los valores objeto de la condena y\/o al reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer, como resultado de la sentencia, as\u00ed como al pago de la sanci\u00f3n si a ello hubiera lugar, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que llega a sufrir Edificio M\u00e1laga S.A.S., por esta mismo (sic) causa\u00bb. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia. El a quo desestim\u00f3 las pretensiones por considerar que: (I) las demandadas estuvieron prestas a cumplir; (II) la demandante fue renuente a recibir las zonas comunes y a permitir las reparaciones; y (III) no se arrimaron pruebas que demuestren los defectos reclamados. En consecuencia, accedi\u00f3 a la excepci\u00f3n intitulada \u00abinexistencia del derecho por cumplimiento de la normatividad vigente\u00bb. <\/p>\n
5. La alzada. La demandante sustent\u00f3 su apelaci\u00f3n en la: (I) falta de valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas demostrativas de los defectos de la edificaci\u00f3n; (II) existencia de una reclamaci\u00f3n para la fecha en que se tuvieron por recibidas las zonas comunes; (III) evasiva de las convocadas para cumplir con la garant\u00eda legal, al punto que desatendieron los t\u00e9rminos legales para responder la reclamaci\u00f3n; (IV) inexistencia de un deber de permitir las reparaciones en cualquier momento; (V) no valoraci\u00f3n de que el ingreso a la copropiedad finalmente se permiti\u00f3; y (VI) permanencia de los problemas constructivos en materia de ascensores, placas, fachada, impermeabilizaci\u00f3n de cubierta e instalaciones hidrosanitarias. <\/p>\n
Las convocadas, al descorrer el traslado, insistieron en que la edificaci\u00f3n cumpli\u00f3 con todas las normas aplicables. Reprocharon que la reclamaci\u00f3n de consumo no comprendiera la totalidad de los t\u00f3picos a que se refiere la demanda. Criticaron la negligencia de la copropiedad en realizar el mantenimiento. Por \u00faltimo, deprecaron que, en caso de que se revoque el fallo de primer grado, se resolvieran la totalidad de las excepciones. <\/p>\n
6. Consideraciones. Antes de emitir el fallo de reemplazo son necesarias las subsiguientes precisiones. <\/p>\n
6.1. En atenci\u00f3n a que la impugnaci\u00f3n extraordinaria prosper\u00f3 de manera parcial, como ya se explic\u00f3, en el presente veredicto \u00fanicamente se analizaran los temas que dieron lugar a la casaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia y siguiendo el orden l\u00f3gico de los temas, la resoluci\u00f3n se har\u00e1 de acuerdo con esta enumeraci\u00f3n: (I) excepci\u00f3n denominada \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad\u00bb, ya que de prosperar deben denegarse las pretensiones; (II) llamamiento en garant\u00eda; (III) modificaci\u00f3n de la condena, para excluir las reparaciones que ya fueron realizadas o sobre las que oper\u00f3 exoneraci\u00f3n de responsabilidad; y (IV) tasaci\u00f3n de la multa por infracci\u00f3n a las normas de consumo. <\/p>\n
6.2. Excepci\u00f3n intitulada \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad\u00bb. <\/p>\n
6.2.1. Las convocadas, en escritos diferentes pero con unidad de sentido, argumentaron para oponerse a la condena que: (I) la demandante no radic\u00f3 oportunamente la solicitud de garant\u00eda, pues los \u00fanicos escritos datan del 25 de septiembre y 5 de octubre de 2015, sin ser comunicados a Abento S.A.S.; (II) no se prob\u00f3 que, durante la vigencia de las licencias, se radicaron las reclamaciones; y (III) las garant\u00edas de \u00e1reas comunes esenciales vencieron en marzo de 2016, mientras que las relativas a las no esenciales en octubre del mismo a\u00f1o, salvo lo tocante a las losas (folios 128 y 187 del archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf). <\/p>\n
6.2.2. Para resolver se considera: <\/p>\n
6.2.2.1. El reconocimiento del consumidor en el sistema contractual tuvo como prop\u00f3sito consagrar medidas tendientes a su protecci\u00f3n, am\u00e9n de la situaci\u00f3n de desequilibrio en que fue puesto por la masificaci\u00f3n de los bienes y servicios, la despersonalizaci\u00f3n de los v\u00ednculos negociales, y las convenciones predispuestas. Y es que, el mayor poder econ\u00f3mico del fabricante o comercializador, as\u00ed como el desequilibrio informativo en que se encuentra el adquirente de bienes o servicios, lo sit\u00faa en una situaci\u00f3n de debilidad y, por ende, necesitado de acciones positivas para evitar su aprovechamiento. <\/p>\n
De esta forma se promovieron nuevas reglamentaciones, transversales al derecho de obligaciones y contratos, con reglas tuitivas para el acto de consumo. Regulaciones que \u00ab[t]ienen la nota imperativa propia de las regulaciones de orden p\u00fablico, en un doble sentido: en el tradicional, conforme al cual son inv\u00e1lidos los actos contrarios a sus preceptos, y en el moderno de orden p\u00fablico econ\u00f3mico, que agrega la exigencia de obrar ciertas conductas impuestas legalmente\u2026 \u2018imponer de manera positiva cierto contenido contractual\u2019, reemplazando el antiguo criterio que le asignaba una funci\u00f3n \u2018esencialmente negativa\u2019\u00bb5. <\/p>\n
La Corte describi\u00f3: <\/p>\n
El desarrollo y evoluci\u00f3n de la industria, la producci\u00f3n en serie, la masificaci\u00f3n de las relaciones jur\u00eddicas y econ\u00f3micas, el mercadeo y la distribuci\u00f3n comercial, entre otros factores, han sido determinantes para el surgimiento de una disciplina de orientaci\u00f3n tuitiva que se ha denominado Derecho del Consumidor o, para otros, del Consumo, esencialmente caracterizada por regular lo que concierne a los consumidores y a las relaciones de consumo. <\/p>\n
Se trata de una materia que traspasa las relaciones tradicionales propias del derecho privado, para extenderse a las que se ajustan entre el Estado y los diversos actores del mercado, en la medida en que tengan injerencia en los intereses de la colectividad (SC, 3 may. 2005, rad. n.\u00b0 1999-04421-01). <\/p>\n
El novel derecho, en esencia, propende por garantizar a los consumidores el ejercicio consciente de la libertad contractual, por medio de la proscripci\u00f3n del aprovechamiento de su situaci\u00f3n de debilidad, a trav\u00e9s de est\u00e1ndares m\u00e1s altos en materia de revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n, adecuada transparencia y satisfacci\u00f3n de su inter\u00e9s negocial concreto. <\/p>\n
Derechos tales como \u00aba) a la protecci\u00f3n de la salud y seguridad; b) a la calidad de los bienes y servicios; c) a la educaci\u00f3n e informaci\u00f3n; d) a la protecci\u00f3n de sus intereses econ\u00f3micos; e) a la organizaci\u00f3n y participaci\u00f3n; f) al acceso individual y colectivo a procedimiento eficaces para la prevenci\u00f3n y reparaci\u00f3n de da\u00f1os y la soluci\u00f3n de conflictos\u00bb6, aparecieron en el contexto global, modificando el sistema contractual cl\u00e1sico. <\/p>\n
Mem\u00f3rese el pensamiento de esta Sala: <\/p>\n
No debe asombrar, entonces, que ante la creciente e irreprimible aparici\u00f3n de estos m\u00e9todos de contrataci\u00f3n, as\u00ed como el surgimiento y fortalecimiento de novedosos fen\u00f3menos sociales como el de \u201clos consumidores\u201d, los \u201cempresarios y fabricantes\u201d, deban romperse rancios esquemas forjados en medio de un inflexible rigor, para dar paso, en cambio, a la elaboraci\u00f3n de respuestas \u00fatiles, justas y adecuadas; de ah\u00ed que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica colombiana promulgada en 1991, en un intento por conciliar la econom\u00eda de mercado con el Estado intervencionista, le apost\u00f3 a un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho, con sustento en un modelo econ\u00f3mico de libre competencia (art\u00edculos 1\u00b0, 333 y 334), en el que la oferta de bienes y servicios, al igual que la fijaci\u00f3n de precios, corresponde, por regla general, a imperceptibles pero evidentes fuerzas econ\u00f3micas, y en el que las relaciones jur\u00eddicas cumplen un papel definitorio en la legitimaci\u00f3n del intercambio de bienes, pues se convierten en el instrumento regulador de las transacciones econ\u00f3micas en \u00e9l realizadas (SC, 30 ab. 2009, rad. n.\u00b0 1999-00629-01). <\/p>\n
6.2.2.2. Colombia no ha sido extra\u00f1a a la protecci\u00f3n del consumidor por medio de normas especiales, para lo cual profiri\u00f3 diferentes reglamentos desde finales del siglo inmediatamente anterior. <\/p>\n
Uno de los antecedentes m\u00e1s pret\u00e9ritos es la ley 9\u00aa de 1979, \u00abPor la cual se dictan Medidas Sanitarias\u00bb, en la cual se incluyeron prescripciones sobre calidad del agua (art\u00edculos 2\u00b0, 6\u00b0 21, 60, 64 y 68) y del aire (art\u00edculos 41, 48). Asimismo, se regul\u00f3 el tema del saneamiento de edificaciones, con exigencias tales como adecuado drenaje (art\u00edculo 160), alejamiento de acequias, barrancos o terrenos pantanosos (art\u00edculo 162), prohibici\u00f3n de construir en zonas rellenadas con basura (art\u00edculo 163), entre otros (art\u00edculos 164 y siguientes), deleg\u00e1ndose en el Ministerio de Salud su reglamentaci\u00f3n. <\/p>\n
Tres (3) a\u00f1os m\u00e1s tarde se profiri\u00f3 el decreto 3466 de 1982, \u00abPor el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garant\u00edas, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijaci\u00f3n p\u00fablica de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones\u00bb, constituy\u00e9ndose en el primer estatuto del consumidor. <\/p>\n
Este marco regulatorio incluy\u00f3 reglas para la calidad de los productos (art\u00edculos 2 y siguientes), fiabilidad de la informaci\u00f3n divulgada a los consumidores (art\u00edculos 9\u00b0, 14 y siguientes), garant\u00eda m\u00ednima presunta (art\u00edculos 11, 13 y 23), garant\u00edas suplementarias (art\u00edculo 12), interpretaci\u00f3n contractual favorable al consumidor (art\u00edculo 21), r\u00e9gimen sancionatorio (art\u00edculos 28 y siguientes) y acci\u00f3n indemnizatoria especial en favor del consumidor (art\u00edculos 36 y 40). <\/p>\n
La Ley 45 de 1990, relativa a la intermediaci\u00f3n financiera y el ejercicio de la actividad aseguradora, previ\u00f3 diversas normas inclinadas a la protecci\u00f3n de los usuarios, en punto al sometimiento a las reglas de mercado (art\u00edculo 77), protecci\u00f3n de la libertad de contrataci\u00f3n (art\u00edculo 78), prohibici\u00f3n de abuso contractual (art\u00edculo 79), entre otras. <\/p>\n
La ley regular\u00e1 el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, as\u00ed como la informaci\u00f3n que debe suministrarse al p\u00fablico en su comercializaci\u00f3n. <\/p>\n
Ser\u00e1n responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producci\u00f3n y en la comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. <\/p>\n
El Estado garantizar\u00e1 la participaci\u00f3n de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democr\u00e1ticos internos. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, con la ley 142 de 1994, \u00abpor la cual se establece el r\u00e9gimen de los servicios p\u00fablicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones\u00bb, se incluyeron derechos especiales para los usuarios, por ejemplo, la libertad de elecci\u00f3n, obtener bienes y servicios de calidad, y acceso a informaci\u00f3n completa, precisa y oportuna (art\u00edculo 9\u00b0). <\/p>\n
Con el decreto 990 de 1998, contentivo del reglamento de usuarios del servicio de telefon\u00eda m\u00f3vil celular, se orden\u00f3 a los operadores \u00abprestar el servicio de Telefon\u00eda M\u00f3vil Celular en forma continua y eficiente\u2026 atendiendo los principios de igualdad y no discriminaci\u00f3n, de libre competencia y pr\u00e1cticas restrictivas y en todo evento respetando los derechos de los usuarios m\u00f3viles y de los suscriptores\u00bb (art\u00edculo 4\u00b0). <\/p>\n
A\u00f1os m\u00e1s tarde se expidi\u00f3 el r\u00e9gimen especial para el consumidor financiero, a trav\u00e9s de la ley 1328 de 2009, \u00abPor la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones\u00bb, en el cual se previeron como principios rectores la \u00abdebida diligencia\u00bb, \u00ablibertad de elecci\u00f3n\u00bb, \u00abtransparencia e informaci\u00f3n cierta, suficiente y oportuna\u00bb, \u00abresponsabilidad de las entidades vigiladas en el tr\u00e1mite de quejas\u00bb, \u00abmanejo adecuado de los conflictos de inter\u00e9s\u00bb y \u00abeducaci\u00f3n para el consumidor financiero\u00bb (art\u00edculo 3\u00b0). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente se profiri\u00f3 la ley 1480 de 2011, \u00abPor medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones\u00bb, comprensivo de un complejo de normas tendientes a \u00abproteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, as\u00ed como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses econ\u00f3micos\u00bb, especialmente frente a la \u00absalud y seguridad\u00bb, \u00abacceso\u2026 a una informaci\u00f3n adecuada\u00bb, \u00abeducaci\u00f3n\u00bb, \u00ablibertad de constituir organizaciones\u00bb y \u00abprotecci\u00f3n especial a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
Sus ejes nucleares se encuentran en la garant\u00eda legal por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos que se ofrezcan en el mercado (t\u00edtulo II y III), responsabilidad por productos defectuosos (t\u00edtulo IV), adecuada revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n (t\u00edtulo V), prohibici\u00f3n de publicidad falsa y enga\u00f1osa (t\u00edtulo VI), y protecci\u00f3n contractual (t\u00edtulo VII). <\/p>\n
A su vez, por medio del decreto 735 de 2013, \u00abse reglament[\u00f3] la efectividad de la garant\u00eda prevista en los art\u00edculos 7\u00b0 y siguientes de la Ley 1480 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Rem\u00e1rquese que estas normas consagraron nuevos deberes a cargo de los productos o proveedores, con el fin de salvaguardar a los consumidores, enfrentados a un volumen incalculable de ofertas de bienes y servicios, con sistemas de comercializaci\u00f3n que puede avasallar su libre determinaci\u00f3n de contratar. <\/p>\n
6.2.2.3. Por su relevancia en el presente caso conviene detenernos en la garant\u00eda legal, antes denominada m\u00ednima presunta, la cual constituye uno de los componentes nucleares del nuevo derecho del consumo. <\/p>\n
El numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 1480 de 2011 la define como la \u00ab[o]bligaci\u00f3n temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garant\u00eda legal no tendr\u00e1 contraprestaci\u00f3n adicional al precio del producto\u00bb. Regla reiterada en el canon 7\u00b0, a saber: \u00abEs la obligaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de esta ley, a cargo de todo productor y\/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos\u00bb. <\/p>\n
Consiste, en breves palabras, en una obligaci\u00f3n de car\u00e1cter restaurativa puesta sobre el productor o comercializador parar asegurar el correcto estado, calidad, idoneidad o seguridad de los bienes o servicios colocados en el mercado de consumo. <\/p>\n
Se cre\u00f3 \u00abuna \u2018responsabilidad especial\u2019 [del productor] frente a [los consumidores] -ex constitutione- (Sentencia de constitucionalidad C-973\/2002), que los habilita para accionar directamente contra el fabricante en orden a hacer efectivas las garant\u00edas a que hubiere lugar o a reclamar el resarcimiento de los da\u00f1os que les fueran irrogados\u00bb (SC, 7 feb. 2007, rad. n.\u00b0 199-00097-01). <\/p>\n
De las enunciaciones legales se extraen los siguientes rasgos de este d\u00e9bito: <\/p>\n
(I) Es un tipo de garant\u00eda, esto es, una \u00ab[s]eguridad o protecci\u00f3n frente a un peligro o contra un riesgo\u00bb7, consistente en un vicio que pueda afectar un bien o servicio; <\/p>\n
(II) Est\u00e1 sometido al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n definido por el productor o por la ley (art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 1480 de 2011), vencido el cual se extingue la garant\u00eda; <\/p>\n
(III) Es exigible de toda persona que intervenga en el proceso de creaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n -quien dise\u00f1e, produzca, fabrique, ensamble, importe, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos-; <\/p>\n
(IV) Los deudores se obligan solidariamente (art\u00edculo 10 de la ley 1480 de 2011), por ende \u00abpuede exigirse [a] cada uno de los deudores\u2026 el total de la deuda\u00bb (art\u00edculo 1568 del C\u00f3digo Civil); <\/p>\n
(V) Es una obligaci\u00f3n condicional, pues su nacimiento depende \u00abde un acontecimiento futuro, que puede suceder o no\u00bb (art\u00edculo 1530 del C\u00f3digo Civil), como es que el producto presente un vicio; <\/p>\n
(VI) Por s\u00ed mismo no genera un deber indemnizatorio, pues se agota con la restauraci\u00f3n del producto, su sustituci\u00f3n o la devoluci\u00f3n de lo pagado (art\u00edculo 11 de la ley 1480 de 2011, en concordancia con el decreto 735 de 2013); <\/p>\n
(VII) Su existencia y satisfacci\u00f3n no puede generar cargas o erogaciones para el consumidor, pues la \u00abreparaci\u00f3n [es] totalmente gratuita de los defectos del bien, as\u00ed como su transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos\u00bb (art\u00edculo 11 de la ley 1480 de 2011); <\/p>\n
(IX) La garant\u00eda es de orden p\u00fablico, por lo que no es susceptible de ser renunciada sino en los casos se\u00f1alados en la ley, como sucede con productos usados (art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 1480 de 2011, en concordancia con el art\u00edculo 12 del decreto 735 de 2013), o con imperfectos o deterioros (art\u00edculo 15 de la ley 1480 de 2011). <\/p>\n
6.2.2.4. La garant\u00eda legal, como ya se dijo, es pro tempore, en el sentido de que el paso del tiempo agota su vigencia, por lo que una vez finiquitada, sin que se hubiera manifestado alg\u00fan vicio o reclamado por su aparici\u00f3n, cesa el deber restaurativo. <\/p>\n
(I) El art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 1480 de 2011 prescribe: <\/p>\n
El t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal ser\u00e1 el dispuesto por la ley o por la autoridad competente. A falta de disposici\u00f3n de obligatorio cumplimiento, ser\u00e1 el anunciado por el productor y\/o proveedor. El t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal empezar\u00e1 a correr a partir de la entrega del producto al consumidor. <\/p>\n
De no indicarse el t\u00e9rmino de garant\u00eda, el t\u00e9rmino ser\u00e1 de un a\u00f1o para productos nuevos. Trat\u00e1ndose de productos perecederos, el t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal ser\u00e1 el de la fecha de vencimiento o expiraci\u00f3n. <\/p>\n
Los productos usados en los que haya expirado el t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal podr\u00e1n ser vendidos sin garant\u00eda, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entender\u00e1 que el producto tiene garant\u00eda de tres (3) meses. <\/p>\n
La prestaci\u00f3n de servicios que suponen la entrega del bien para la reparaci\u00f3n del mismo podr\u00e1 ser prestada sin garant\u00eda, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entender\u00e1 que el servicio tiene garant\u00eda de tres (3) meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicit\u00f3 el servicio. <\/p>\n
Para los bienes inmuebles la garant\u00eda legal comprende la estabilidad de la obra por diez (10) a\u00f1os, y para los acabados un (1) a\u00f1o. <\/p>\n
Descuella que el legislador estableci\u00f3 una vigencia m\u00ednima de la garant\u00eda legal, diferenciada seg\u00fan el tipo de activo, cuya aplicaci\u00f3n deviene supletoria por cuanto prevalecen los plazos dispuestos por normas especiales o convencionalmente, siempre que \u00e9stos excedan los legales por fuerza del canon 4\u00b0 ibidem. <\/p>\n
De forma resumida, los siguientes son los plazos de la garant\u00eda: en materia de bienes, los consumibles se someten al plazo se\u00f1alado en el empaque como de vencimiento o expiraci\u00f3n. Para los bienes no consumibles se diferencia entre usados y nuevos, siendo de tres (3) meses la garant\u00eda de aqu\u00e9llos; para los \u00faltimos se distingue entre muebles, un (1) a\u00f1o, e inmuebles, un a\u00f1o (1) para acabados, un (1) a\u00f1o para l\u00edneas vitales -infraestructura b\u00e1sica de redes, tuber\u00edas o elementos conectados o continuos, que permiten la movilizaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, agua y combustible seg\u00fan el art\u00edculo 13 del decreto 735 de 2013- y diez (10) a\u00f1os para estructura. En materia de servicios, el t\u00e9rmino es de tres (3) meses. <\/p>\n
Estos t\u00e9rminos dejar\u00e1n de correr \u00abmientras el consumidor est\u00e9 privado del uso del producto con ocasi\u00f3n de la efectividad de la garant\u00eda\u00bb, y correr\u00e1 de nuevo \u00absi se produce el cambio total del producto por otro\u00bb (art\u00edculo 9\u00b0 de la ley 1480 de 2011). <\/p>\n
(II) Para que se configure el d\u00e9bito restaurativo a cargo del productor y\/o proveedor, no basta que el defecto aparezca durante la vigencia de la garant\u00eda, sino que el consumidor debe satisfacer tres (3) cargas especiales, a saber: a) requerir a aqu\u00e9l para que subsane los vicios, b) poner a su disposici\u00f3n el producto y c) informar la data de celebraci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
As\u00ed lo prescribe el canon 2\u00b0 del decreto 735 de 2013: <\/p>\n
Solicitud de la efectividad de la garant\u00eda legal. Para solicitar la efectividad de la garant\u00eda legal, el consumidor estar\u00e1 obligado a informar el da\u00f1o que tiene el producto, ponerlo a disposici\u00f3n del expendedor en el mismo sitio en el que le fue entregado al adquirirlo o en los puntos de atenci\u00f3n dispuestos para el efecto, a elecci\u00f3n del consumidor, y a indicar la fecha de la compra o de la celebraci\u00f3n del contrato correspondiente. <\/p>\n
En caso de que desee hacer efectiva la garant\u00eda legal directamente ante el productor, el consumidor deber\u00e1 entregar el producto en las instalaciones de aquel\u2026 <\/p>\n
Luego, presentado un defecto de calidad, idoneidad y seguridad en el t\u00e9rmino de la garant\u00eda, es indispensable que el adquirente informe de la situaci\u00f3n al proveedor o productor, por medio de una reclamaci\u00f3n, con indicaci\u00f3n del d\u00eda en que se perfeccion\u00f3 la relaci\u00f3n de consumo. Este requerimiento puede ser verbal o escrito, y para su comunicaci\u00f3n basta acudir a cualquier mecanismo id\u00f3neo, en tanto el legislador no estableci\u00f3 ninguna formalidad o ritualidad para que produzca efectos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como es apenas obvio, el bien deber\u00e1 dejarse a disposici\u00f3n del interpelado, con el fin de que \u00e9ste puede inspeccionarlo, establecer el procedimiento a seguir y, de ser procedente, realizar su reparaci\u00f3n. Para estos fines, al momento de la recepci\u00f3n, \u00abdeber\u00e1 expedir[se] una constancia de recibo\u00bb, con la indicaci\u00f3n de \u00ablos motivos de la reclamaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 12 de la ley 1480 de 2011). <\/p>\n
(III) Trat\u00e1ndose de bienes inmuebles el procedimiento de reclamaci\u00f3n tiene ciertas particularidades, seg\u00fan el art\u00edculo 13 del decreto 735 de 2013: <\/p>\n
Garant\u00eda legal de bienes inmuebles. En el caso de bienes inmuebles, para solicitar la efectividad de la garant\u00eda legal sobre acabados, l\u00edneas vitales del inmueble (infraestructura b\u00e1sica de redes, tuber\u00edas o elementos conectados o continuos, que permiten la movilizaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, agua y combustible) y la afectaci\u00f3n de la estabilidad de la estructura, definidos en la Ley 400 de 1997, el consumidor informar\u00e1 por escrito dentro del t\u00e9rmino legal de la garant\u00eda, al productor o expendedor del inmueble el defecto presentado. <\/p>\n
El productor o expendedor, entregar\u00e1 una constancia de recibo de la reclamaci\u00f3n y realizar\u00e1, dentro de los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes, una visita de verificaci\u00f3n al inmueble para constatar el objeto de reclamo. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1\u00b0. Cuando la solicitud de la garant\u00eda legal sea sobre los acabados y las l\u00edneas vitales, el productor o expendedor deber\u00e1 responder por escrito al consumidor, dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la visita de verificaci\u00f3n del objeto del reclamo. Este t\u00e9rmino podr\u00e1 prorrogarse por un periodo igual al inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo as\u00ed lo requiera, situaci\u00f3n que deber\u00e1 ser informada por escrito al consumidor\u2026 <\/p>\n
Par\u00e1grafo 2\u00b0. Frente a la reclamaci\u00f3n por la afectaci\u00f3n de la estabilidad de la estruc\u00adtura del inmueble, el productor o expendedor deber\u00e1 responder por escrito al consumidor, dentro de los treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la realizaci\u00f3n de la visita de verificaci\u00f3n se\u00f1alada en el presente art\u00edculo. Este t\u00e9rmino podr\u00e1 ser prorrogado por un periodo igual al inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo as\u00ed lo requiera. En todo caso, deber\u00e1 ser informado por escrito al consumidor\u2026 <\/p>\n
Significa que, en materia de bienes ra\u00edces, tambi\u00e9n es imperativa la formulaci\u00f3n de una reclamaci\u00f3n al productor y\/o proveedor, la cual debe presentarse por escrito, con indicaci\u00f3n del defecto, constituy\u00e9ndose en un requisito para el nacimiento de la obligaci\u00f3n legal. <\/p>\n
Una vez realizado el requerimiento queda en manos del constructor o comercializador realizar una visita de inspecci\u00f3n, con el fin de evaluar la procedencia del reclamo y establecer el curso de acci\u00f3n a seguir. <\/p>\n
(IV) Trasluce que la ausencia de reclamaci\u00f3n, en la oportunidad debida, impide que el d\u00e9bito resarcitorio se configure, lo cual encuentra explicaci\u00f3n en el hecho de que nadie puede estar obligado a cumplir una carga de la cual no tiene noticia y que no tuvo oportunidad de consentir u oponerse. <\/p>\n
De all\u00ed que la presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n directa sea una condici\u00f3n de la garant\u00eda legal, que \u00abmientras no se cumpl[a], suspende la adquisici\u00f3n de un derecho\u00bb (art\u00edculo 1536 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Regla similar se encuentra contenida en el art\u00edculo 932 del C\u00f3digo de Comercio, que regula la garant\u00eda de buen funcionamiento en las ventas comerciales, aunque con la precisi\u00f3n de que el t\u00e9rmino para hacer la reclamaci\u00f3n es de treinta (30) d\u00edas, vencido el cual \u00abcaduca\u00bb el derecho del comprador. Por tanto, \u00abel comprador puede demandar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, siempre y cuando la se\u00f1alada garant\u00eda la haya reclamado en la oportunidad legalmente establecida y durante la vigencia de la misma\u00bb (negrilla fuera de texto, CSJ, SC2142, 18 jun. 2019, rad. n.\u00b0 2014-00472-01). <\/p>\n
En este \u00faltimo evento el derecho se somete a caducidad, lo que trasluce que su \u00abconsumaci\u00f3n sin ejercerlo, como es l\u00f3gico, comporta per se su extinci\u00f3n definitiva y comprende el de las acciones respectivas. Es decir, la extinci\u00f3n del derecho por caducidad, extingue todas las acciones para hacerlo valer\u00bb (SC4958, 28 ab. 2015, rad. n.\u00b0 2002-00912-01). <\/p>\n
Caducidad que tambi\u00e9n se configura, por citar un ejemplo adicional, cuando el adquirente de un inmueble omite realizar la reclamaci\u00f3n al constructor por defectos estructurales de la edificaci\u00f3n, a la luz del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
6.2.2.5. Radicada la reclamaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de la garant\u00eda legal, corresponde al productor o proveedor efectuar la reparaci\u00f3n gratuita del producto, en caso de ser posible (numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 11 de la ley 1480 de 2011, en concordancia con par\u00e1grafo del art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 735 de 2013). De no ser procedente, o si se repite la misma falla, el bien deber\u00e1 ser sustituido o procederse a la devoluci\u00f3n del precio, a elecci\u00f3n del consumidor (numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 11 de la ley 1480 de 2011, en concordancia con el art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 735 de 2013). <\/p>\n
La reposici\u00f3n consiste en el cambio total o parcial \u00abdel bien por otro de la misma especie, similares caracter\u00edsticas o especificaciones t\u00e9cnicas, las cuales en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garant\u00eda\u00bb (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 11 de la ley 1480 de 2011). <\/p>\n
La devoluci\u00f3n del precio consiste en la restituci\u00f3n del valor nominal de la venta, \u00abprevia entrega del bien objeto de garant\u00eda libre de grav\u00e1menes. En caso [de] que el bien est\u00e9 sujeto a registro para la transferencia del derecho de dominio, los costos del registro ser\u00e1n asumidos por el productor o expendedor\u00bb (art\u00edculo 6\u00b0 del decreto 735 de 2013). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de inmuebles <\/p>\n
\u2026y en caso de existir cr\u00e9dito financiero, reintegrar\u00e1 al consumidor tanto el valor cancelado por concepto de cuota inicial as\u00ed como la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de cr\u00e9dito a la entidad financiera correspondiente, debidamente indexado con base en la variaci\u00f3n del IPC. As\u00ed mismo, deber\u00e1 cancelar a la entidad financiera, el saldo total pendiente del cr\u00e9dito suscrito por el consumidor. Una vez realizada la devoluci\u00f3n del dinero al consumidor y a la entidad financiera, se producir\u00e1 la entrega material y la transferencia del derecho dominio del inmueble al productor o expendedor\u2026 En caso de no existir cr\u00e9dito financiero, el productor o expendedor deber\u00e1n reintegrar el valor total cancelado por concepto del bien, debidamente indexado con base en la va\u00adriaci\u00f3n del IPC (par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 13 ejusdem). <\/p>\n
6.2.2.6. Las controversias respecto a la satisfacci\u00f3n de la garant\u00eda legal, en caso de que no puedan solucionarse de forma directa o por m\u00e9todos alternativos de resoluci\u00f3n (art\u00edculo 7\u00b0 del decreto 735 de 2013), podr\u00e1n desatarse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n judicial respectiva (art\u00edculo 56 de la ley 1480 de 2011). <\/p>\n
En este \u00faltimo evento, seg\u00fan el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 58 ibidem, \u00ab[l]as demandas\u2026 deber\u00e1n presentarse a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la expiraci\u00f3n de la garant\u00eda y las controversias netamente contractuales, a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la terminaci\u00f3n del contrato. En los dem\u00e1s casos, deber\u00e1n presentarse a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamaci\u00f3n. En cualquier caso deber\u00e1 aportarse prueba de que la reclamaci\u00f3n fue efectuada durante la vigencia de la garant\u00eda\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Se impuso de esta forma un t\u00e9rmino para la proposici\u00f3n de la reclamaci\u00f3n jurisdiccional, so pena de que se extinga la posibilidad de acudir al aparato judicial para lograr la satisfacci\u00f3n de la garant\u00eda legal. Plazo que fue estimado por el legislador como de prescripci\u00f3n, seg\u00fan el inciso segundo del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 20118. <\/p>\n
Ante la calificaci\u00f3n normativa expl\u00edcita deviene indiscutible que, la falta de proposici\u00f3n oportuna de la demanda judicial, sumada a la incuria de la parte interesada, prescribe extintivamente la posibilidad de accionar para obtener la efectividad de la garant\u00eda legal. <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan el art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 1480 de 2011, \u00ab[l]as normas de esta ley deber\u00e1n interpretarse en la forma m\u00e1s favorable al consumidor\u00bb y que \u00ab[e]n caso de duda se resolver\u00e1 en favor del consumidor\u00bb (negrilla fuera de texto). Por tanto, los vac\u00edos, ambig\u00fcedades, anomias o antinomias legislativas deber\u00e1n definirse de acuerdo con el entendimiento que resulte m\u00e1s favorable para el consumidor, en garant\u00eda de la m\u00e1xima protecci\u00f3n posible de sus derechos frente al contexto de debilidad en que se encuentra. <\/p>\n
La doctrina especializada, refiri\u00e9ndose a los principios ing\u00e9nitos del derecho de consumo, reconoce el denominado favor consommatoris en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Se trata, en definitiva, de proteger y tutelar al d\u00e9bil jur\u00eddico en las relaciones contractuales, formulando un Standard jur\u00eddico de racionalidad que comprende tres aspectos del indubio pro o pro damnato: 1) en la apreciaci\u00f3n de los hechos que comprende la valoraci\u00f3n de todo el iter contractual desde las tratativas, la formaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del contrato; 2) en la aplicaci\u00f3n del derecho puesto que ante la ausencia de certeza debe formularse el encuadre normativo m\u00e1s favorable al m\u00e1s vulnerable; 3) en el marco del proceso la aplicaci\u00f3n del principio favor debilis, se cristaliza en la doctrina de las cargas probatorias din\u00e1micas que determina que la carga de la prueba recae en quien se encuentra en mejores condiciones de aportarla, poniendo la prueba en cabeza de quien le resulta m\u00e1s f\u00e1cil (negrilla fuera de texto)9. <\/p>\n
Esta regla hermen\u00e9utica se explica porque \u00ab[l]os consumidores se encuentran en una posici\u00f3n de inferioridad\u2026 dispersos y dotados de escasos conocimientos y potencialidades, [que] enfrentan a las fuerzas de la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, necesarios en orden a la satisfacci\u00f3n de sus necesidades materiales\u2026 Por ello, se requiere de su especial protecci\u00f3n con el objetivo de garantizar la igualdad sustancial inherente al Estado Social de Derecho\u00bb (AC1528, 21 jul. 2020, rad. n.\u00b0 2020-01331-00). <\/p>\n
Como consecuencia, cuando existan normas que consagren t\u00e9rminos para accionar diferentes a los se\u00f1alados en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, bien de prescripci\u00f3n o de caducidad, deber\u00e1 aplicarse el que resulte m\u00e1s ben\u00e9volo para los consumidores, sin que sea dable acudir a criterios como la especialidad o temporalidad para arribar a una conclusi\u00f3n diferente, por el car\u00e1cter imperativo y de orden p\u00fablico del est\u00e1ndar favor consumitoris. <\/p>\n
Bien se ha dicho que \u00abel sistema jur\u00eddico presupone una cierta coherencia, el derecho debe evitar la contradicci\u00f3n. El juez, en presencia de dos fuentes, con valores contrastantes, debe buscar coordinar las fuentes, en un di\u00e1logo de fuentes, que significa una aplicaci\u00f3n simult\u00e1nea, coherente y coordinada de m\u00faltiples fuentes\u2026 que tienen campos de aplicaci\u00f3n convergentes, pero no totalmente coincidentes o iguales\u00bb10. <\/p>\n
Vista la finalidad del derecho de consumo se tiene que, cuando el estatuto especial sobre la materia se traduzca en la merma de las garant\u00edas reconocidas a los consumidores en otras codificaciones, como suceder\u00eda con la reducci\u00f3n de los plazos para demandar, deber\u00e1 acudirse a un entendimiento que privilegie la regla m\u00e1s favorable, dejando rezagada la aplicaci\u00f3n de aqu\u00e9l para los casos en que exista un vac\u00edo o comporte un beneficio para el sujeto d\u00e9bil de la relaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo ha reconocido la Sala en sede de tutela: <\/p>\n
Dicho principio llamado \u201cpro consumatore\u201d o en favor del consumidor, se cimenta, b\u00e1sicamente, en la situaci\u00f3n de debilidad de \u00e9ste frente al mercado y se encamina a lograr un equilibrio en las relaciones entre aqu\u00e9l y los actores comerciales o empresariales con car\u00e1cter dominante. Por tanto, ante normas contrapuestas o, eventualmente, perjudiciales para el consumidor, deber\u00e1 efectuarse una interpretaci\u00f3n favorable a este \u00faltimo en procura de no lesionar sus garant\u00edas y permitirle superar las desigualdades con los dem\u00e1s agentes mercantiles (STC11884, 14 sep. 2018, rad. n.\u00b0 2018-00982-01). <\/p>\n
6.2.2.7. Decantado el anterior estado del arte conviene volver la mirada sobre la argumentaci\u00f3n esgrimida por las demandadas como fundamento de la excepci\u00f3n que intitularon \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad\u00bb, pues de su contenido se extrae que, en verdad y m\u00e1s all\u00e1 del t\u00edtulo empleado, se critic\u00f3 la falta de agotamiento de la reclamaci\u00f3n directa ante productor o proveedor y, como consecuencia de esta omisi\u00f3n, la extinci\u00f3n del derecho para exigir la garant\u00eda legal. <\/p>\n
Luego, el punto en discusi\u00f3n no es la oportunidad con la cual se promovi\u00f3 la reclamaci\u00f3n judicial despu\u00e9s de desvelados los vicios en la copropiedad y su comunicaci\u00f3n a las demandadas, sino la existencia del requerimiento por escrito para comunicar los problemas constructivos a Torres de M\u00e1laga S.A.S. <\/p>\n
(I) En el expediente reposan las comunicaciones del 25 de septiembre y 5 de octubre de 2015 (folios 319 y 403 del archivo digital CDNO PPAL TM 1.pdf), realizadas por Torres de M\u00e1laga P.H. y dirigidas al propietario del terreno, en las cuales se listaron los siguientes defectos al abrigo de la garant\u00eda legal: <\/p>\n
<\/p>\n
* Mayor cantidad de \u00e1reas construidas en comparaci\u00f3n con la licencia de construcci\u00f3n;<\/p>\n
* Menor tama\u00f1o de las zonas comunes;<\/p>\n
* Ausencia de baranda en jardineras externas;<\/p>\n
* Falta de jardineras en el segundo puso;<\/p>\n
* Carencia de reja de cerramiento;<\/p>\n
* Falta de dos (2) parqueaderos para visitantes y personas con discapacidad;<\/p>\n
* Ausencia de shut en la torre 1;<\/p>\n
* M\u00faltiples defectos en las escaleras;<\/p>\n
* Maquinaria expuesta y tama\u00f1o indebido de los ascensores;<\/p>\n
* Falta de acceso a los tanques de agua superiores;<\/p>\n
* Limpieza de fachada;<\/p>\n
* Incorrecci\u00f3n sobre el \u00e1ngulo de apertura de las ventanas;<\/p>\n
* Incorrecciones en el polo a tierra;<\/p>\n
* Hormigueo en las vigas;<\/p>\n
* Filtraciones en la estructura de la piscina; y<\/p>\n
* Vicios en las placas de los parqueaderos -espesor, desgaste prematuro, empalmes, resane pasos tubos, fisuras y filtraciones-. <\/p>\n
Significa que, en relaci\u00f3n con los anteriores defectos, se satisfizo la exigencia contenida en el art\u00edculo 2\u00b0 del decreto 735 de 2013, pues el administrador designado de la copropiedad, de forma escrita, se\u00f1al\u00f3 los aspectos que, en su criterio, desatend\u00edan las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad en materia de edificaciones. <\/p>\n
Las dem\u00e1s deficiencias, por no haberse satisfecho la condici\u00f3n legal de su reclamaci\u00f3n en tiempo, no permiten que surja el d\u00e9bito restaurativo en cabeza de las demandadas, lo que excluye su reconocimiento judicial. <\/p>\n
(II) Ahora bien, como las \u00fanicas materias que se encuentran en discusi\u00f3n son las contenidas en la sentencia de segunda instancia del 14 de noviembre de 2018, en cuanto no hayan sido objeto de casaci\u00f3n, conviene recordarlas para determinar si frente a ellas se hizo la reclamaci\u00f3n: \u00abgrietas en las losas o placas del semis\u00f3tano y el s\u00f3tano; las anomal\u00edas en los sistemas de ascensores y desag\u00fce, y las falencias de permeabilizaci\u00f3n (filtraciones, inundaciones, aguas apozadas y fallas en bajantes de aguas lluvias) del s\u00f3tano, el semis\u00f3tano, las escaleras, el sal\u00f3n social, el gimnasio, el \u00e1rea adyacente a la piscina, la sala de juegos, el parqueadero de visitantes, la azotea y los ventanales\u00bb (folio 100 del archivo digital APELACI\u00d3N SENTENCIA.pdf). <\/p>\n
(III) El parang\u00f3n entre unas y otras muestra que la reclamaci\u00f3n prejudicial s\u00f3lo se satisfizo parcialmente, siendo procedente acceder a la excepci\u00f3n formulada por las demandadas. <\/p>\n
Para claridad, y a t\u00edtulo de reiteraci\u00f3n, se incluye una comparaci\u00f3n entre ellas, recordando su enunciaci\u00f3n literal: <\/p>\n
<\/p>\n
Vicio reconocido en la sentencia de segundo grado <\/p>\n
Reclamaci\u00f3n efectuada por Torres de M\u00e1laga P.H. a Edificio M\u00e1laga S.A.S. <\/p>\n
* S\u00f3tano y semis\u00f3tano: <\/p>\n
\u00abGrietas en las losas o placas\u2026 y falencias de permeabilizaci\u00f3n (filtraciones, inundaciones, aguas apozadas y fallas en bajantes de aguas lluvias)\u00bb. <\/p>\n
* Comunicaci\u00f3n del 5 de octubre de 2015: <\/p>\n
\u00ab1. Se evidencian losas con incumplimientos de espesores, los cuales oscilan entre 2 y 9,5 cent\u00edmetros. <\/p>\n
2. Se observan algunas viguetas con desalineamiento horizontal, diferentes espesores los cuales oscilan entre 5 y 12 cent\u00edmetros, as\u00ed como tambi\u00e9n algunas con acero al descubierto. <\/p>\n
3. Algunas vigas y viguetas se resanaron con mortero normal, las cuales ya presentan de nuevo fisuramientos\u2026 <\/p>\n
12. Todas las losas del nivel N-1,9 especialmente en la zona de circulaci\u00f3n vehicular evidencian malos acabados y fisuras, lo que aceleran el deterioro de estas y por ende el acortamiento de su vida \u00fatil\u2026 <\/p>\n
17. Hay grietas en las losas que permiten el flujo de agua cuando llueve e inunda el s\u00f3tano. La invasi\u00f3n de esta agua por el interior de las losas atraves\u00e1ndolas, ocasiona la corrosi\u00f3n de la armadura de refuerzo interior con el consiguiente da\u00f1o estructural\u00bb. <\/p>\n
* Sistema de desag\u00fce: <\/p>\n
\u00abAnomal\u00edas en los sistemas\u00bb. <\/p>\n
* Comunicaci\u00f3n del 5 de octubre de 2015: <\/p>\n
\u00ab15. Algunos sitios donde perforaron las losas para pasar tuber\u00edas sanitarias no fueron resanados, dejando al descubierto el acero de refuerzo\u00bb. <\/p>\n
*Impermeabilizaci\u00f3n: <\/p>\n
* Comunicaci\u00f3n de 25 de septiembre de 2015: <\/p>\n
\u00abLas escaleras\u2026 deber\u00e1n ser de construcci\u00f3n fija debidamente cerrada y protegida al fuego y humo. <\/p>\n
Huellas y descansos [escaleras] deben acabarse con material r\u00edgido antideslizante. <\/p>\n
El aspecto general de los pelda\u00f1os y descansos [escaleras] presentan muy mal acabado, muy defectuosa e irregular construcci\u00f3n con un evidente deterioro prematuro. <\/p>\n
Fachadas. Las ventanas instaladas no cumplen con lo ofrecido en la Memoria de Calidades. <\/p>\n
Limpieza de todas las fachadas: el edificio en sus cuatro caras, tiene a\u00fan residuos de la obra, lo que evidencia que no fue limpiado para proceder a la entrega a los copropietarios. <\/p>\n
Humedad en zona de parqueaderos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
* Comunicaci\u00f3n de 5 de octubre de 2015: <\/p>\n
\u00ab16. Las losas del parqueadero de visitantes\u2026 evidencian muchas fisuras superficiales\u00bb. <\/p>\n
Este coteja deja al descubierto que el requerimiento al productor o proveedor no se agot\u00f3 trat\u00e1ndose de la impermeabilizaci\u00f3n en el sal\u00f3n social, gimnasio, \u00e1rea adyacente a la piscina, sala de juegos y azotea, impidi\u00e9ndose el nacimiento del deber resarcitorio frente a ellos; en los dem\u00e1s s\u00ed hubo una adecuada reclamaci\u00f3n. Por lo anterior, al momento de emitir el veredicto de segundo grado, los primeros ser\u00e1n excluidos de la condena, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00b0 del decreto 735 de 2013, confirm\u00e1ndose respecto a los restantes. <\/p>\n
(IV) Por \u00faltimo conviene clarificar que la ausencia de requerimiento directo a Abento S.A.S. carece de trascendencia, am\u00e9n de la solidaridad existente en el productor y el comercializador en punto a la satisfacci\u00f3n de la garant\u00eda legal, como se explic\u00f3 anteladamente. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese el canon 10 de la ley 1480 de 2011, a saber: \u00abAnte los consumidores, la responsabilidad por la garant\u00eda legal recae solidariamente en los productores y proveedores respectivos\u00bb (negrita fuera de texto). Por ende, una vez interpelado cualquiera de ellos, se entender\u00e1 que lo fueron todos, sin requisitos adicionales. <\/p>\n
6.2.2.8. El argumento del a quo para denegar la excepci\u00f3n en an\u00e1lisis, de ninguna manera pueda compartirse por este Colegiado, pues muestra una falta al deber de interpretaci\u00f3n de las excepciones, en sacrificio del derecho sustancial de las convocadas. <\/p>\n
Y es que los operadores judiciales, al momento de resolver un litigio, tienen la carga de establecer la verdadera intenci\u00f3n de los sujetos procesales al formular la demandada o su contestaci\u00f3n, para lo cual deber\u00e1n acudirse a las diversas reglas hermen\u00e9uticas aceptadas en nuestro derecho para interpretar sus manifestaciones. <\/p>\n
No en vano el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso establece que, el yerro de hecho en casaci\u00f3n, puede emanar de un dislate \u00abmanifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de\u2026 [la] contestaci\u00f3n [de la demanda]\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia en vigor tiene se\u00f1alado que cuando un escrito \u00abes ininteligible\u2026 procede desentra\u00f1ar su verdadero sentido y alcance, mediante una interpretaci\u00f3n seria, razonada, fundada e integral\u00bb, por tanto, \u00abcompete al juez superar los equ\u00edvocos en la formulaci\u00f3n\u2026 y buscar lo realmente querido por las partes. En cualquier evento, escrut\u00e1ndolo desde lo f\u00e1ctico, al margen de nomenclaturas o de fallas estrictamente nominativas. En la hora de ahora, la tarea del juez constitucional no es la de atarse a formulismos, muchas veces vacuos, ni prescindir de auscultar cuanto realmente se halla ventilado y probado\u00bb (SC5193, 18 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2012-00057-01). <\/p>\n
Por consiguiente, rehusar una excepci\u00f3n porque el t\u00edtulo asignado por el demandado no guarda coherencia con su contenido, como lo hizo el sentenciador de primer grado, equivale a subordinar el derecho material a una mera formalidad, cuando lo correcto es acudir a las reglas de interpretaci\u00f3n y desentra\u00f1ar su alcance a partir de su contenido y extensi\u00f3n, que en el caso refleja una censura por no agotamiento de la reclamaci\u00f3n directa, como fue analizada en los numerales precedentes. <\/p>\n
6.3. Llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
6.3.1. De forma concreta y para hacer memoria, Edificio M\u00e1laga S.A.S. pretendi\u00f3 que Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. se mantenga indemne de las condenas impuestas en su contra, por ser la encargada de la construcci\u00f3n. <\/p>\n
La llamada en garant\u00eda, despu\u00e9s de notificada en el curso de la segunda instancia, \u00fanicamente solicit\u00f3 que \u00abse contin\u00fae el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de la sentencia que fue proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio\u00bb (folio 23 del archivo digital APELACI\u00d3N SENTENCIA.pdf), sin oponerse al llamamiento. <\/p>\n
6.3.2. Para resolver se considera: <\/p>\n
6.3.2.1. El contrato de construcci\u00f3n, especie del arrendamiento de obra, es una convenci\u00f3n por la cual un sujeto, encargante o contratante, encomienda a otro, art\u00edfice o contratista, la realizaci\u00f3n de una edificaci\u00f3n o parte de la misma, a cambio de un precio o remuneraci\u00f3n. <\/p>\n
Edificaci\u00f3n que, seg\u00fan el numeral 14 del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 400 de 1997, \u00ab[e]s una construcci\u00f3n cuyo uso primordial es la habitaci\u00f3n u ocupaci\u00f3n por seres humanos\u00bb; a su vez, construcci\u00f3n es una obra estructuralmente organizada, esto es, \u00abun ensamblaje de elementos, dise\u00f1ado para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales\u00bb (numeral 18 ibidem). <\/p>\n
Resulta de lo expuesto que la obligaci\u00f3n esencial del art\u00edfice consiste en \u00abmaterializar la construcci\u00f3n de todo tipo de proyecto civil o arquitect\u00f3nico, tales como construcci\u00f3n de edificaciones, viviendas, v\u00edas, pavimentos, puentes, aeropuertos, acueductos, alcantarillados, oleoductos, gasoductos, poliductos, etc., que hayan sido previamente dise\u00f1ados o calculados por arquitectos o ingenieros respectivamente\u00bb (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 400 de 1997, adicionado por el canon 4\u00b0 de la ley 1229 de 2008). <\/p>\n
6.3.2.2. El constructor es, entonces, \u00abel profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e ingenier\u00eda, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcci\u00f3n de una edificaci\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto, seg\u00fan el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 400 de 1997, subrogado por el canon 1\u00b0 de la ley 1229 de 2008). <\/p>\n
Entra\u00f1a que, por mandato legal, el \u00abresponsable\u00bb de la edificaci\u00f3n es el constructor, por lo que es el llamado a asumir las consecuencias de la actividad constructiva, incluyendo los efectos negativos por la transgresi\u00f3n de los dise\u00f1os y planos arquitect\u00f3nicos y estructurales, y las normas sobre sismo-resistencia u ordenamiento territorial. <\/p>\n
Sin embargo, el precepto 5\u00b0 de la ley 400 de 1997 establece: \u00abPara efectos de la asignaci\u00f3n de las responsabilidades correspondientes, deben consultarse las definiciones de constructor, dise\u00f1ador, arquitect\u00f3nico, dise\u00f1ador estructural, dise\u00f1ador de los elementos no estructurales, ingeniero geotecnista, revisor de los dise\u00f1os, propietario, interventor y supervisor t\u00e9cnico, establecidas en el T\u00edtulo II de esta ley\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Trasluce que el constructor exclusivamente responde por la fabricaci\u00f3n, no as\u00ed por las secuelas que emanen causalmente de problemas de dise\u00f1o (en materias arquitect\u00f3nicas, estructurales y no estructurales) o estudios geot\u00e9cnicos o de suelos, pues estos \u00faltimos son competencia de otros profesionales. <\/p>\n
Regla que encuentra apoyo en la naturaleza personal de la responsabilidad, seg\u00fan la cual s\u00f3lo podr\u00e1 condenarse a la reparaci\u00f3n al sujeto que haya intervenido de forma directa en el hecho da\u00f1oso, salvo los casos de excepci\u00f3n en que se admite la responsabilidad por el acto de un tercero. <\/p>\n
6.3.2.3. Precisado lo anterior, se tiene que en el sub examine se encuentran demostrados los siguientes hechos: <\/p>\n
(I) Edificio M\u00e1laga S.A.S. -contratante o propietario- y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. -art\u00edfice o contrata-, el 8 de abril de 2014, suscribieron el negocio denominado \u00abcontrato de ejecuci\u00f3n de obra, con suministro de materiales, bajo el sistema de precio cerrado\u00bb (folios 297 y siguientes del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf). <\/p>\n
Esta convenci\u00f3n tuvo por objeto \u00abla ejecuci\u00f3n de las obras de edificaci\u00f3n del proyecto\u2026, as\u00ed como el cumplimiento del resto de documentos\u2026 por parte de la Contrata\u2026 Las obras se contratan en conjunto y como un todo por el sistema de precio cerrado o llave en mano\u00bb (folio 297 ibidem). <\/p>\n
Al referirse al deber de garant\u00eda del constructor, en el contrato se previ\u00f3 que \u00abla Contrata responder\u00e1 por la buena ejecuci\u00f3n de las obras\u00bb, para lo cual se oblig\u00f3 a constituir una p\u00f3liza por un valor del 10% del contrato, con una vigencia determinada (folio 307 ejusdem). <\/p>\n
Adem\u00e1s, se pact\u00f3 expresamente que \u00ab[l]a Contrata se har\u00e1 responsable de la urbanizaci\u00f3n propia\u2026 comprometi\u00e9ndose a reparar a su cargo, en el menor plazo posible, cualquier desperfecto que pudiera producirse a la misma\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 329 ibidem). <\/p>\n
(II) Las cl\u00e1usulas copiadas, revisadas en conjunto, ense\u00f1an que las partes celebraron un contrato de construcci\u00f3n, en desarrollo del cual Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. se oblig\u00f3 a edificar la propiedad horizontal, comprometi\u00e9ndose de forma expresa a asumir sus resultas y a reparar todos los desperfectos detectados. <\/p>\n
Previsiones \u00faltimas que guardan armon\u00eda, tanto con la finalidad socioecon\u00f3mica del contrato de construcci\u00f3n, como con el r\u00e9gimen contenido en la ley 400 de 1997, seg\u00fan se rese\u00f1\u00f3 previamente. <\/p>\n
6.3.2.4. La plataforma f\u00e1ctica decantada, dentro del contexto normativo descrito, descubre que Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. se oblig\u00f3, entre otras, a solventar con su peculio los da\u00f1os que, como consecuencia de la construcci\u00f3n, se irrogaran, as\u00ed como hacer las reparaciones fruto de la garant\u00eda legal. <\/p>\n
De hecho, el mismo constructor, en comunicaci\u00f3n del 6 de enero de 2016, asinti\u00f3 en el colof\u00f3n precedente: <\/p>\n
En mi calidad de\u2026 contratista de las obras realizadas en el edificio Torres de M\u00e1laga- seg\u00fan contrato debidamente suscrito entre las partes, a usted\u2026 2. Las obras contratadas se encuentran debidamente terminadas, no obstante algunas deben ser objeto de garant\u00edas\u2026 4. De acuerdo a inventario realizado, se acord\u00f3 por parte de nuestra compa\u00f1\u00eda llevar a cabo las reparaciones del caso\u2026 nuestra empresa seguir\u00e1 con el compromiso de adelantar las reparaciones, con las debidas garant\u00edas (negrilla fuera de texto, folios 540 a 542 del archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf). <\/p>\n
6.3.2.5. Los razonamientos anteriores abren el paso a la pretensi\u00f3n rev\u00e9rsica enarbolada por Edificio M\u00e1laga S.A.S. pues, al margen de la solidaridad existente entre el productor y proveedor frente al consumidor, esto no impide que aqu\u00e9lla pueda repetir frente al directamente obligado, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1579 y 1668 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a estos preceptos, in extenso, la jurisprudencia tiene definido: <\/p>\n
La solidaridad es aquella caracter\u00edstica de la obligaci\u00f3n en la cual uno o varios de los extremos del negocio est\u00e1 conformado por diversas personas y que impide el fraccionamiento de la prestaci\u00f3n, a pesar de ser viable (art. 1568 C\u00f3digo Civil), en raz\u00f3n a que su principal prop\u00f3sito es conminar a cualquiera de los integrantes de esa parte plural a cumplir la totalidad de la prestaci\u00f3n, desde el punto de vista del deudor (art. 1571), o exigirla, si del acreedor se trata (art. 1570). <\/p>\n
Tal peculiaridad, entre otras connotaciones, culmina por renuncia del acreedor (art. 1574 ib\u00eddem); por causa de muerte de un deudor pero s\u00f3lo en relaci\u00f3n con este, no respecto de todos los deudores (art. 1580); y por el pago del d\u00e9bito (arts. 1626 y 1627). <\/p>\n
Cuando el pago lo consuma uno de los deudores solidarios su principal secuela es la extinci\u00f3n de la deuda y, por contera, la aniquilaci\u00f3n de la solidaridad pasiva, en tanto s\u00f3lo ten\u00eda repercusi\u00f3n en relaci\u00f3n con el accipiens, no respecto de los deudores entre s\u00ed. <\/p>\n
Es decir, el cumplimiento total de la prestaci\u00f3n a favor del acreedor por uno de los deudores solidarios disipa tal solidaridad, radicada hasta entonces en hombros de todos los deudores, en raz\u00f3n a que a estos ya nada los ligar\u00e1 con aquel. <\/p>\n
No obstante, tal cual se desprende del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1668 ejusdem, a favor \u00abdel que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente\u00bb opera la subrogaci\u00f3n legal, aun contra la voluntad del acreedor\u2026 <\/p>\n
De all\u00ed que, en concordancia con el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1668 mencionado, el inciso inicial de la regla 1579 de la compilaci\u00f3n legal en cita prev\u00e9 que \u00ab[e]l deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acci\u00f3n del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.\u00bb (Resaltado impropio). <\/p>\n
Traduce lo expuesto que el pago realizado por uno de los deudores solidarios a favor del acreedor inicial trae consigo una nueva obligaci\u00f3n, pero s\u00f3lo entre quienes conformaban el extremo pasivo de la primera prestaci\u00f3n, esta vez conjunta, es decir la que tiene por objeto una cosa divisible y existe a cargo de dos o m\u00e1s deudores o a favor de dos o m\u00e1s acreedores, en forma tal que cada deudor sea solamente obligado a su cuota o parte en la deuda y que cada acreedor apenas pueda pedir su parte o cuota en el cr\u00e9dito (art. 1568 y 1583) (SC5107, 15 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00707-01) <\/p>\n
Por ende, como Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. es la obligada a solucionar las garant\u00edas legales formuladas por la copropiedad, las cuales se comprometi\u00f3 a realizar de forma expresa, descuella que su inter\u00e9s frente a la obligaci\u00f3n solidaria equivale a un 100%, por lo que cualquier pago que realice Edificio M\u00e1laga S.A.S., en raz\u00f3n de aqu\u00e9llas, le permitir\u00e1 subrogarse para reclamar su satisfacci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
M\u00e1xime por cuanto en el plenario no reposan pruebas que permitan colegir que los defectos constructivos son fruto de problemas de dise\u00f1o o deficiencias de los estudios t\u00e9cnicos, que permitan atribuir la responsabilidad a un tercero. <\/p>\n
6.3.2.6. En resumen, Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. deber\u00e1 mantener indemne a Edificio M\u00e1laga S.A.S., como consecuencia de la garant\u00eda legal de la construcci\u00f3n Torres de M\u00e1laga P.H., para lo cual \u00e9sta se subrogar\u00e1 en el cobro de cualquier valor que deba efectuar en cumplimiento de \u00e9sta. <\/p>\n
6.4. Determinaci\u00f3n de la condena a imponer. <\/p>\n
6.4.1. Recu\u00e9rdese que, en la sentencia del Tribunal, se impusieron las siguientes condenas: <\/p>\n
Segundo.- Declarar que Abento S.A.S., Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., incumplieron la obligaci\u00f3n de garantizar la calidad e idoneidad de los bienes comunes (esenciales y no esenciales) del Edificio Torres de M\u00e1laga P.H. y, por lo tanto, son solidariamente responsables por la efectividad de la garant\u00eda de dichos bienes. <\/p>\n
Tercero.- En consecuencia, disponer que a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda, Abento S.A.S., Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, realicen de manera arm\u00f3nica y coordinada las gestiones de intervenci\u00f3n de los bienes comunes del Edificio Torres de M\u00e1laga P.H., para conjurar las grietas en las losas o placas del semis\u00f3tano y el s\u00f3tano; las anomal\u00edas en los sistemas de ascensores y desag\u00fce, y las falencias de permeabilizaci\u00f3n (filtraciones, inundaciones, aguas apozadas y fallas en bajantes de aguas lluvias) del s\u00f3tano, el semis\u00f3tano, las escaleras, el sal\u00f3n social, el gimnasio, el \u00e1rea adyacente a la piscina, la sala de juegos, el parqueadero de visitantes, la azotea y los ventanales. <\/p>\n
6.4.2. Sin embargo, por fuerza de la casaci\u00f3n parcial del veredicto y de las consideraciones realizadas en la presente sentencia sustitutiva, las demandadas no podr\u00e1n ser condenadas a la garant\u00eda legal en materia de ascensores -por fuerza de la culpa de un tercero-, estructura y bordes de la piscina -por cumplimiento-, impermeabilizaci\u00f3n de parque infantil y piscina -por cumplimiento-, y fallas de impermeabilizaci\u00f3n en el sal\u00f3n social, gimnasio, \u00e1rea adyacente a la piscina, sala de juegos y azotea -por ausencia de agotamiento del requerimiento directo-. <\/p>\n
As\u00ed se reconocer\u00e1 en el ac\u00e1pite resolutivo de esta providencia. <\/p>\n
6.5. Tasaci\u00f3n de la multa consagrada en el numeral 10 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011. <\/p>\n
6.5.1. Como se se\u00f1al\u00f3 al momento de la casaci\u00f3n, la multa impuesta por el ad quem se fund\u00f3 en la sumatoria de conductas que transgredieron el derecho de consumo, por lo que ante la revocatoria de varias de ellas se impone su nueva cuantificaci\u00f3n. <\/p>\n
6.5.2. Para estos fines se tendr\u00e1 en consideraci\u00f3n que los defectos en materia de calidad de las losas de concreto de los parqueaderos, as\u00ed como las filtraciones y defectos de desag\u00fces, persistieron por un elongado tiempo, circunstancia que demuestra la existencia del factor de agravaci\u00f3n. <\/p>\n
Deviene inexorable la imposici\u00f3n de una multa por treinta y siete punto cinco (37.5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a las demandadas, que corresponde a la mitad del valor que en el fallo criticado se se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n
7. Acotaci\u00f3n final de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
7.1. La sentencia de reemplazo, con un alcance eminentemente parcial, modificar\u00e1 las determinaciones del Tribunal, en los asuntos tocantes al contenido de la garant\u00eda legal y a la multa prevista en el numeral 10 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, as\u00ed como para resolver el llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
En todo lo dem\u00e1s la providencia se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, por permanecer intangible ante la ausencia de prosperidad de la casaci\u00f3n en otras materias. <\/p>\n
Las costas de primera instancia ser\u00e1n sufragadas por Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Abento S.A.S., y las de segunda por \u00e9stas en conjunto con Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., en aplicaci\u00f3n del numeral 6\u00b0 ejusdem, por cuanto la llamada en garant\u00eda concurri\u00f3 al proceso en segunda instancia. <\/p>\n
Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 366 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia del 14 de noviembre de 2018 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso que en su contra promovi\u00f3 Edificio Torres de M\u00e1laga P.H., y al cual se llam\u00f3 en garant\u00eda a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., y en sede de instancia, resuelve: <\/p>\n
Primero. Modificar el resuelve primero del ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, en el siguiente sentido: <\/p>\n
Primero.- Declarar probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por las demandadas intituladas \u00abinexistencia del derecho por cumplimiento de la norma vigente\u00bb, \u00abresponsabilidad de otro\u00bb, y \u00abprescripci\u00f3n y\/o caducidad\u00bb. Las dem\u00e1s son denegadas. <\/p>\n
Segundo. Modificar el resuelve tercero del ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, en el siguiente sentido: <\/p>\n
Tercero.- En consecuencia, disponer que a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda, Abento S.A.S., Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, realicen de manera arm\u00f3nica y coordinada las gestiones de intervenci\u00f3n de los bienes comunes del Edificio Torres de M\u00e1laga P.H., para conjurar las grietas en las losas o placas del semis\u00f3tano y el s\u00f3tano; las anomal\u00edas en el sistema de desag\u00fce, y las falencias de permeabilizaci\u00f3n (filtraciones, inundaciones, aguas apozadas y fallas en bajantes de aguas lluvias) del s\u00f3tano, el semis\u00f3tano, las escaleras, el parqueadero de visitantes y los ventanales. <\/p>\n
Tercero. Modificar el resuelve quinto del ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, en el siguiente sentido: <\/p>\n
Quinto.- Condenar solidariamente a Abento S.A.S., Edificio M\u00e1laga S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., a pagar a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma equivalente a 37.5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por concepto de la multa prevista en el numeral 10 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Cuarto. Modificar el resuelve sexto del ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, en el siguiente sentido: <\/p>\n
Sexto.- Costas de primera instancia a cargo de las demandadas en un 60% en favor de la demandante. Costas de segunda instancia a cargo de las demandadas y de la llamada en garant\u00eda en un 60% en favor de la demandante. Liqu\u00eddense de conformidad con el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, incluyendo como agencias en derecho de segundo grado la suma de $6’000.000, las cuales son fijadas por el magistrado ponente. <\/p>\n
Quinto. Adicionar el ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, con los siguientes resuelves: <\/p>\n
Octavo.- Declarar que Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. es obligado a mantener indemne a Edificio M\u00e1laga S.A.S. por las erogaciones en que deba incurrir en raz\u00f3n de la satisfacci\u00f3n de la garant\u00eda legal en favor de Edificio Torres de M\u00e1laga P.H. <\/p>\n
Noveno.- En caso de que Edificio M\u00e1laga S.A.S. deba realizar alguna erogaci\u00f3n por el cumplimiento de la garant\u00eda legal en favor de Edificio Torres de M\u00e1laga P.H., se subrogar\u00e1 como acreedor por este valor frente a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. <\/p>\n
Sexto. Sin costas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
En comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2017-33358-01 <\/p>\n
ACLARACION DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Sala, respetuosamente me permito ACLARAR mi voto, con el prop\u00f3sito de separarme de la pauta que se insert\u00f3 en el numeral 6.2.2.6. del fallo, y que reza: <\/p>\n
\u00abCuando existan normas que consagren t\u00e9rminos para accionar diferentes a los se\u00f1alados en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, bien de prescripci\u00f3n o de caducidad, deber\u00e1 aplicarse el que resulte m\u00e1s ben\u00e9volo para los consumidores, sin que sea dable acudir a criterios como la especialidad o temporalidad para arribar a una conclusi\u00f3n diferente, por el car\u00e1cter imperativo y de orden p\u00fablico del est\u00e1ndar favor consumitoris\u00bb. <\/p>\n
Preliminarmente, debo se\u00f1alar que ese criterio interpretativo no reporta utilidad para resolver el caso sub lite, porque \u2013como lo reconoci\u00f3 la propia Sala\u2013 \u00abel punto en discusi\u00f3n no es la oportunidad con la cual se promovi\u00f3 la reclamaci\u00f3n judicial despu\u00e9s de desvelados los vicios en la copropiedad y su comunicaci\u00f3n a las demandadas, sino la existencia del requerimiento por escrito para comunicar los problemas constructivos a Torres de M\u00e1laga S.A.S.\u00bb. En ese orden, como la controversia no ten\u00eda relaci\u00f3n alguna con la prescripci\u00f3n, no parece existir justificaci\u00f3n para que se hubiera incluido en esta providencia \u2013a manera de subregla jurisprudencial\u2013 la propuesta hermen\u00e9utica de la que me aparto. <\/p>\n
A lo anterior cabe a\u00f1adir que, en mi respetuosa opini\u00f3n, la referida soluci\u00f3n dista mucho de ser conducente; por el contrario, le resta efectos a la elecci\u00f3n, por parte del convocante, del canal procesal institucional por el que desea encauzar sus pretensiones, y lo que es m\u00e1s grave, vac\u00eda de contenido el art\u00edculo 58-3 de la Ley 1480 de 2010, generando con ello gran inseguridad jur\u00eddica. En sustento de este planteamiento, t\u00e9ngase en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
(i) En el pasado, particularmente en el per\u00edodo cl\u00e1sico del derecho romano, la idea de acci\u00f3n subsum\u00eda varios elementos propios de la noci\u00f3n moderna de derecho sustancial. Actualmente, existe amplio consenso sobre la necesidad de reconocer a la acci\u00f3n como un derecho p\u00fablico, subjetivo, anterior al proceso, indeterminado pero determinable, abstracto, de orden constitucional, y aut\u00f3nomo del proceso, la pretensi\u00f3n, la sentencia y el derecho sustancial cuya protecci\u00f3n o reparaci\u00f3n reclama el demandante de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
No obstante, es com\u00fan que se emplee la expresi\u00f3n acci\u00f3n como elemento de m\u00faltiples clasificaciones formales. Para ejemplificar esa situaci\u00f3n, pi\u00e9nsese en el caso del comprador, que habiendo satisfecho las obligaciones a su cargo, no recibe el bien que adquiri\u00f3 en el lugar y tiempo convenidos; en ese caso, el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil instituye en su favor, como contratante cumplido, una acci\u00f3n resolutoria, para deshacer el negocio, y una acci\u00f3n de cumplimiento, para que su contraparte lleve a cabo la entrega pendiente, en ambos casos con indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
(ii) Aunque la polisemia de la palabra acci\u00f3n ha sido \u00fatil para establecer distintos tipos de pretensiones y procedimientos, lo cierto es que, en la pr\u00e1ctica, su uso indiscriminado genera m\u00faltiples dificultades y retos. Uno de esos retos, precisamente, tiene que ver con los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y caducidad, que suelen estar atados a una acci\u00f3n en concreto, a pesar de que la vulneraci\u00f3n de un derecho sustancial puede dar lugar al ejercicio de m\u00faltiples acciones, que a su vez pueden tener t\u00e9rminos prescriptivos o de caducidad diversos. <\/p>\n
A modo de ejemplo, pi\u00e9nsese en la situaci\u00f3n del contratante referido en el ordinal precedente, pero caracterizado ahora como un consumidor, que adquiri\u00f3 un veh\u00edculo para su uso personal en el distribuidor de una marca reconocida. La falta de entrega oportuna del rodante que adquiri\u00f3 \u2013y pag\u00f3\u2013 el consumidor, lo habilita para ejercer contra el distribuidor la acci\u00f3n resolutoria y la de cumplimiento, previstas ambas el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, pero tambi\u00e9n la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, por incumplimiento de la garant\u00eda legal de entrega oportuna. <\/p>\n
(iii) Ocurre, sin embargo, que las acciones ordinarias, como la resolutoria, prescriben en diez a\u00f1os, conforme la regla general del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. Y como este t\u00e9rmino es m\u00e1s amplio, o \u00abm\u00e1s ben\u00e9volo para el consumidor\u00bb, en palabras de la Corte, que el que prev\u00e9 el art\u00edculo 58-3 de Ley 1480 de 2010, fuerza colegir que la tesis de la favorabilidad de la que me aparto implica hacer prevalecer el lapso de prescripci\u00f3n decenal por sobre el anual especial, aun a pesar de que el actor hubiera elegido encauzar sus reclamos de justicia a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
Ese mismo resultado puede ocurrir con todas \u2013o, por lo menos, casi todas\u2013 las controversias a las que se refiere aquella norma (el art\u00edculo 58-3), es decir, \u00ablas demandas para efectividad de garant\u00eda (…) y las controversias netamente contractuales\u00bb, pues siempre ser\u00e1 viable teorizar que el derecho sustancial del consumidor pudo reconducirse a trav\u00e9s de una acci\u00f3n distinta a la de protecci\u00f3n al consumidor (la ordinaria, la ejecutiva, las acciones derivadas del contrato de seguro, etc.), y estas, por regla, tienen plazos de prescripci\u00f3n superiores a un a\u00f1o. <\/p>\n
Y teniendo que preferirse el plazo m\u00e1s amplio, es forzoso concluir que la postura que se defiende en el fallo objeto de estas l\u00edneas conlleva la derogatoria t\u00e1cita de una norma de orden p\u00fablico, efecto que no comparto, y que no parece haber sido considerado al momento de proponer la soluci\u00f3n que se explica en el numeral 6.2.2.6. de esta sentencia. <\/p>\n
Las razones expuestas fundamentan mi aclaraci\u00f3n de voto, con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-001-2017-33358-01 <\/p>\n
En el asunto de la referencia, aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n tomada y con privilegiar el contenido de una excepci\u00f3n frente a su titulaci\u00f3n, con el respeto debido por las decisiones de la mayor\u00eda considero mi deber aclarar mi voto en tanto no comparto algunas de las afirmaciones contenidas en su parte motiva. <\/p>\n
Son aquellas las relacionadas con que el lapso consagrado en el numeral 3 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011 para la presentaci\u00f3n de las demandas en acciones de protecci\u00f3n al consumidor hubiera sido \u201cestimado por el legislador como de prescripci\u00f3n, seg\u00fan el inciso segundo del numeral 6 del art. 58\u201d de la ley citada ni tampoco que \u201cla posibilidad de accionar para obtener la efectividad de la garant\u00eda legal…prescribe extintivamente\u201d por la \u201cfalta de proposici\u00f3n oportuna de la demanda judicial\u201d. <\/p>\n
Lo anterior porque conforme al marco normativo que regula presente acci\u00f3n – Ley 1480 de 2011-, indudable resulta que, \u201cel derecho a la reclamaci\u00f3n\u201d establecido por la Ley en favor de los consumidores, que les permite \u201ctener acceso a las autoridades judiciales o administrativas (\u2026)\u201d con el prop\u00f3sito frente al proveedor, productor o prestador, o prestador, de \u201cobtener reparaci\u00f3n integral oportuna y adecuada de todos los da\u00f1os sufridos\u201d debe ser ejercido en los t\u00e9rminos que la Ley 1480 de 2011 prev\u00e9. <\/p>\n
La normatividad citada en el T\u00edt. VIII contempla los \u201cAspectos procedimentales e Institucionalidad\u201d ante \u201clas autoridades judiciales\u201d mediante el ejercicio de las \u201cacciones jurisdiccionales\u201d. Una de estas corresponde a la de \u201cprotecci\u00f3n al consumidor mediante la cual se decidir\u00e1n los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor por la violaci\u00f3n directa de las normas sobre protecci\u00f3n (\u2026); los orientados a que se haga efectiva una garant\u00eda;(\u2026)\u201d – art. 56.3 ib.-, para la cual conforme al procedimiento regulado para estas acciones por el art. 58.3, la demanda \u201cpara efectividad de la garant\u00eda\u201d deber\u00e1 presentarse \u201ca m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la expiraci\u00f3n de la garant\u00eda\u201d, sin identificar esta norma ese lapso como de prescripci\u00f3n o de caducidad, lo que impone el an\u00e1lisis pertinente, en orden a lo cual encuentro que: <\/p>\n
a) Seg\u00fan la doctrina el t\u00e9rmino acci\u00f3n puede ser entendido en sentido material o en sentido procesal. En el primero se usa \u201cpara identificar el derecho material que se quiere proteger, seguido a veces del nombre de ese derecho y otros calificativos que en el derecho civil o comercial tienen su significado consagrado; as\u00ed, se habla de acci\u00f3n de estado civil, de filiaci\u00f3n natural, de perjuicios contractuales o extracontractuales, de resoluci\u00f3n o rescisi\u00f3n de contratos, (\u2026) de simulaci\u00f3n, etc., y de acci\u00f3n reivindicatoria, posesoria (\u2026) restitutoria, (\u2026) etc.; pero se trata de calificar los respectivos derechos sustanciales. Se usa igualmente para distinguir la clase de bien o derecho subjetivo material, cuando se habla de acci\u00f3n real o personal o mixta, o mueble o inmueble (\u2026) pero es el bien o el derecho sustancial lo que tiene esa calidad jur\u00eddica (\u2026)\u201d11 <\/p>\n
b) Partiendo de los dos sentidos expuestos, entiendo que el t\u00e9rmino de acciones jurisdiccionales contenido en el T\u00edt. VIII, C p. I arts. 56 a 58 de la Ley 1480 de 2011 corresponde al de noci\u00f3n procesal de acci\u00f3n, cuyo ejercicio se realiza mediante la demanda, sentido conforme al cual \u201ces un derecho subjetivo p\u00fablico y c\u00edvico a la obtenci\u00f3n de una sentencia mediante un proceso (\u2026) se contempla solo el objeto y fin de la acci\u00f3n como acto jur\u00eddico procesal; la actividad jurisdiccional que se pone en movimiento para obtener la sentencia (\u2026)\u201d12 <\/p>\n
c) La demanda es el medio para ejercitar la acci\u00f3n sin que pueda confundirse esta con aquella. No porque como acto de introducci\u00f3n procesal contiene la pretensi\u00f3n que a su vez se diferencia de la acci\u00f3n para cuyo ejercicio v\u00e1lido de este derecho subjetivo por el actor, uno de los requisitos o \u201ccondiciones para que el Juez oiga la petici\u00f3n que se le formule para iniciar un proceso\u201d13 lo constituye la no caducidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
d) Jurisprudencialmente se tiene establecido que \u201c(\u2026) la prescripci\u00f3n, extingue derechos sustanciales en s\u00ed mismos considerados (\u2026) la caducidad (\u2026) claustra la oportunidad de reconocimiento de dichos derechos en juicio…\u201d14 lo que significa que prescribe el derecho material y, caduca la acci\u00f3n cuando su ejercicio en proceso especial est\u00e1 sujeto a un t\u00e9rmino. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al factor tiempo, en la primera operan razones de \u00edndole subjetiva, mientras que en la segunda \u201cel no ejercicio del derecho en un tiempo preestablecido indica sin m\u00e1s, su extinci\u00f3n\u201d15; es decir, \u201cla caducidad extingue el derecho y, por ende, la acci\u00f3n por el simple paso del tiempo, al no hacerse valer dentro del plazo legal perentorio, esto es, basta el dato objetivo del transcurso del \u00faltimo d\u00eda del t\u00e9rmino para generar el efecto jur\u00eddico consecuencial de la p\u00e9rdida ex tunc. O, en otras palabras, la extinci\u00f3n del derecho por el transcurso del plazo para su ejercicio implica la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d16. <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n ha considerado la jurisprudencia nacional, de vieja data, pero vigente a\u00fan, que <\/p>\n
\u201cla instituci\u00f3n de esta clase de t\u00e9rminos en la ley ha sido abundantemente estudiada por los cient\u00edficos como un sistema particular de extinci\u00f3n de las acciones y derechos independientemente de las regulaciones que el derecho com\u00fan consagra por medio de la figura jur\u00eddica de la prescripci\u00f3n extintiva (\u2026) Como la prescripci\u00f3n es un modo de extinguir las acciones civiles por el transcurso del tiempo \u2013seg\u00fan las palabras del c\u00f3digo- ha sido frecuente entender que toda extinci\u00f3n de acciones por esa causa se considera un fen\u00f3meno de prescripci\u00f3n y le sean aplicables las reglas que a esta gobiernan. Pero es obvio que existe aqu\u00ed una confusi\u00f3n entre dos \u00f3rdenes de instituciones jur\u00eddicas de caracter\u00edsticas esenciales bien diferenciadas (\u2026) En efecto, al lado de la prescripci\u00f3n liberatoria, como medio de extinguir las acciones en juicio se admite desde hace alg\u00fan tiempo y con mayores o menores reservas por los tribunales de justicia el de la caducidad o t\u00e9rmino perentorio, el cual puede producir \u2013es verdad- los mismos efectos, pero cuyos fundamentos esenciales as\u00ed como su r\u00e9gimen en la actuaci\u00f3n positiva del derecho son muy distintos de los que integran aquella figura jur\u00eddica (\u2026) si la caducidad es la extinci\u00f3n del derecho o la acci\u00f3n por cualquier causa \u2013como el transcurso del tiempo- muy clara resulta su diferencia con la prescripci\u00f3n extintiva (\u2026) se comprende bien la diferencia te\u00f3rica que media entre las dos instituciones si se observa el fundamento filos\u00f3fico \u2013 jur\u00eddico que explica la prescripci\u00f3n, o sea el abandono, la negligencia en el titular del derecho o la acci\u00f3n, en una palabra el \u00e1nimo real o presunto de no ejercerlos; en tanto que en la caducidad esa raz\u00f3n de \u00edndole subjetiva no se tiene en cuenta, pues basta para que el fen\u00f3meno se produzca el hecho objetivo de que en la ley o en un negocio jur\u00eddico se prefije un plazo \u2013realizaci\u00f3n de un acto o ejercicio de la acci\u00f3n judicial para que el interesado no pueda obrar \u00faltimamente si deja que transcurra sin haber hecho uso de \u00e9l\u201d17. <\/p>\n
e) Si la demanda es el instrumento para ejercitar la acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n al consumidor, acci\u00f3n en sentido procesal y adem\u00e1s especial que debe ser ejercida por disposici\u00f3n legal imperativa, como se infiere de la locuci\u00f3n \u201cdeber\u00e1n presentarse\u201d, \u201ca m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos (\u2026)\u201d o cuando se trate de asuntos netamente contractuales \u201ca m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la terminaci\u00f3n del contrato\u201d, ha de entenderse que aquel corresponde a caducidad por tratarse de acci\u00f3n cuya desatenci\u00f3n de este plazo legal conlleva a la decadencia del referido \u201cderecho a la reclamaci\u00f3n\u201d establecido por la ley en favor de los consumidores por el art. 3.15 Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Al efecto, considera la jurisprudencia que <\/p>\n
\u201c(\u2026) las incontestables razones de orden p\u00fablico en las cuales se funda la caducidad ata\u00f1en a la seguridad, certeza, regularidad o firmeza de las relaciones jur\u00eddicas, as\u00ed como a pr\u00edstinos deberes imperantes en el tr\u00e1fico jur\u00eddico de lealtad, correcci\u00f3n, probidad, claridad y sagacidad exigibles a los sujetos en el ejercicio de sus derechos. Por esta inteligencia, la caducidad puede y debe declararse exoficio por el juzgador o, a solicitud de parte, pero en todo caso, su efecto se produce por disposici\u00f3n legal sin requerir declaraci\u00f3n alguna (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
f) Por todo lo precedente, no trat\u00e1ndose de la extinci\u00f3n de un derecho material, sino del ejercicio de la acci\u00f3n que conlleva igualmente la del derecho, sin que pueda confundirse \u00e9ste con aquella, identifico como de caducidad y no de prescripci\u00f3n, el plazo consagrado en el n\u00fam. 3 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011 para presentar la demanda en acciones jurisdiccionales de protecci\u00f3n al consumidor, lo que impone su reconocimiento oficioso o a solicitud de parte como se deriva igualmente de lo dispuesto por los arts. 90, 280 inc. 2\u00ba, 281 inc. 1\u00ba y 282 del C.G.P., aplicables en la forma que se\u00f1ala el art. 40 de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n anterior no se altera bajo los supuestos de la referencia a la prescripci\u00f3n contenida en el numeral 6\u00ba del art. 58 de la Ley 1480 de 2011, ni al de interpretaci\u00f3n favorable al consumidor establecido por el art. 4\u00ba de la ley citada. No porque (i) la naturaleza de estas dos instituciones y el inter\u00e9s que las diferencia – p\u00fablico de certeza jur\u00eddica para la caducidad y sentido privado para la prescripci\u00f3n19- impide, bajo la circunstancia de su dif\u00edcil diferenciaci\u00f3n en un caso concreto cuando la ley solo se\u00f1ala el t\u00e9rmino extintivo sin calificar si se trata de una u otra, traslapar la consagrada expresamente a la que no lo est\u00e1; y, (ii) no se trata de normas contrapuestas, ni perjudiciales para el consumidor o usuario sino de preceptos procesales tambi\u00e9n de orden p\u00fablico establecidos en igualdad de condiciones y de obligatorio cumplimiento para particulares y funcionarios -arts. 4, 7, 11, 13 CGP y 40 ley 153 de 1887-. <\/p>\n
Se adiciona que mientras la prescripci\u00f3n se justifica en inter\u00e9s particular, la caducidad lo es en el general. Al respecto considera la doctrina que \u201c(\u2026) \u2018la justificaci\u00f3n m\u00e1s plausible de la disciplina en materia de prescripci\u00f3n no radica, a diferencia de la caducidad, en la exigencia de \u2018certeza\u2019 jur\u00eddica p\u00fablica o privada en el ejercicio del derecho ajeno, sino en la necesidad de evitar que el patrimonio de un particular se encuentre sometido indefinidamente a las pretensiones del titular de un derecho\u2019 -P. Trimarchi. Prescrizione e decadenza-, pese a que se ha desentendido prolongadamente de \u00e9l\u201d20. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: <\/p>\n
Conforme con lo antes expuesto, creo que el lapso consagrado en el n\u00fam. 3 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011 para presentar la demanda en acciones jurisdiccionales de protecci\u00f3n al consumidor, como la del presente caso, es de caducidad y no de prescripci\u00f3n. Entendimiento que, como lo expres\u00e9 al inicio, me lleva a aclarar mi voto en el asunto objeto de estudio. <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., 14 de octubre de 2022 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2017-33358-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto me permito aclarar mi voto, espec\u00edficamente en lo que concierne con el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, toda vez que en el numeral 6.2.2.6. de la sentencia objeto de aclaraci\u00f3n se indic\u00f3 que las controversias atinentes a la satisfacci\u00f3n de la garant\u00eda legal, pueden ventilarse a trav\u00e9s de una acci\u00f3n judicial que, bajo los apremios del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 58 ejusdem, debe promoverse, a m\u00e1s tardar, dentro del a\u00f1o siguiente a la expiraci\u00f3n de la garant\u00eda. <\/p>\n
Siguiendo tal derrotero, se concluy\u00f3 que, si bien \u00abse impuso de esta forma un t\u00e9rmino para la proposici\u00f3n de la reclamaci\u00f3n jurisdiccional, so pena de que se extinga la posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional para lograr la satisfacci\u00f3n de la garant\u00eda legal\u00bb, el plazo al que all\u00ed se hizo referencia corresponde al de prescripci\u00f3n; tesis que se pretendi\u00f3 afianzar con lo dispuesto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 58 \u00eddem que, en lo pertinente, consagra: \u00abLa Superintendencia de Industria y Comercio adelantar\u00e1 las gestiones pertinentes para individualizar y vincular al proveedor o productor. Si transcurridos dos meses desde la interposici\u00f3n de la demanda, y habi\u00e9ndose realizado las gestiones pertinentes, no es posible su individualizaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n, se archivar\u00e1 el proceso, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar, antes de que opere la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, una nueva demanda con los requisitos establecidos en la presente ley y adem\u00e1s deber\u00e1 contener informaci\u00f3n nueva sobre la identidad del productor y\/o expendedor\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
Estimo que la limitante temporal que all\u00ed se impone para la interposici\u00f3n de la respectiva acci\u00f3n, no tiene connotaci\u00f3n diferente a la de una t\u00edpica caducidad, pues fue el mismo legislador quien expresamente imposibilit\u00f3 su ejercicio con posterioridad al a\u00f1o siguiente a la expiraci\u00f3n de la garant\u00eda, al utilizar la expresi\u00f3n \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb como imperativo categ\u00f3rico. <\/p>\n
Aunque el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, estableci\u00f3 un t\u00e9rmino definido para instaurar la respectiva demanda con el objetivo de satisfacer la garant\u00eda legal, n\u00f3tese que en ning\u00fan momento lo calific\u00f3 como prescripci\u00f3n o caducidad; por lo tanto, como su adecuaci\u00f3n a una u otra figura qued\u00f3 sujeta a la interpretaci\u00f3n de cada fallador, no existe un criterio uniforme sobre la materia. Sin embargo, para superar ese escollo, es necesario indagar sobre el origen y los principios de derecho que pueden orientar el estudio y final discernimiento de tal ambivalencia. <\/p>\n
Uno de esos principios que se erige como fundamental [por su respaldo constitucional21], es el de la seguridad jur\u00eddica, cuya aplicaci\u00f3n y protecci\u00f3n implican un acatamiento estricto para mantener el orden social y la estabilidad tanto de las relaciones como de las obligaciones que contraen los ciudadanos dentro de un Estado Social de Derecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cabe recordar que, de un lado, la prescripci\u00f3n es una instituci\u00f3n en virtud de la cual, por el transcurso del tiempo, se consolidan situaciones de hecho, se extinguen derechos o se adquieran cosas ajenas, y del otro, la caducidad consiste en limitar en el tiempo el derecho que tiene una persona para acudir ante la jurisdicci\u00f3n a elevar un reclamo; por ende, \u00abla caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protecci\u00f3n de un inter\u00e9s general (\u2026) impide el ejercicio de la acci\u00f3n, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse v\u00e1lidamente el proceso. Esta es una figura de orden p\u00fablico lo que explica su car\u00e1cter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia\u00bb22. <\/p>\n
Entonces, en lo pertinente, la finalidad de la prescripci\u00f3n es la extinci\u00f3n de un derecho, al presumirse que su titular lo ha abandonado, en tanto que la de la caducidad es preestablecer, a trav\u00e9s de la ley, el tiempo dentro del cual el derecho puede exigirse. <\/p>\n
En la prescripci\u00f3n se tiene en cuenta una raz\u00f3n subjetiva, que es la presunta negligencia o desinter\u00e9s por parte del titular del derecho, mientras que en la caducidad se verifica \u00fanicamente un hecho objetivo como lo es el no ejercicio. <\/p>\n
En ese orden, ambas instituciones distan sustancialmente entre ellas, debiendo a\u00f1adirse otro aspecto de vital importancia, cual es que, para el caso de la prescripci\u00f3n, como el interesado es quien debe alegarla [al ser subjetiva] puede operar su interrupci\u00f3n o renuncia; a contrario sensu, la caducidad no contempla ninguno de esos atributos, ya que su plazo extintivo es perentorio e improrrogable; por lo tanto, una vez sobreviene el lapso requerido, su efecto es autom\u00e1tico frente a propios y extra\u00f1os. <\/p>\n
Establecida la naturaleza y finalidad de cada figura se concluye, sin lugar a duda, que si el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, contiene la expresi\u00f3n \u00abLas demandas para efectividad de garant\u00eda, deber\u00e1n presentarse a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la expiraci\u00f3n de la garant\u00eda y las controversias netamente contractuales, a m\u00e1s tardar dentro del a\u00f1o siguiente a la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb (resaltado ajeno), su esp\u00edritu claramente alude a la instituci\u00f3n de la caducidad, al fijar un plazo extintivo para que el consumidor acuda ante la jurisdicci\u00f3n con el objetivo de hacer valer la garant\u00eda a su favor. <\/p>\n
Ese l\u00edmite, contemplado en la ley, no busca extinguir los derechos del consumidor sino, \u00fanicamente, evitar que ejerza acciones ulteriores, en caso de no haber impetrado la demanda dentro de la anualidad siguiente al vencimiento de la garant\u00eda. <\/p>\n
Es m\u00e1s, basta con citar como ejemplo el art\u00edculo 1954 del C\u00f3digo Civil para entender que, a pesar de que se omiti\u00f3 calificar la expiraci\u00f3n de la acci\u00f3n rescisoria como una caducidad, al revisar su contenido emerge di\u00e1fano que se contrae a esa instituci\u00f3n en la forma en que se redact\u00f3: \u00abLa acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme expira en cuatro a\u00f1os, contados desde la fecha de contrato\u00bb; por ende, la lectura del int\u00e9rprete debe consultar siempre el esp\u00edritu de la norma para conocer el verdadero significado que se le quiso atribuir ab initio. <\/p>\n
El an\u00e1lisis que acaba de rese\u00f1arse lo efectu\u00f3 esta misma Corte, al se\u00f1alar: <\/p>\n
Se ha entendido que dicho t\u00e9rmino extintivo es de caducidad no de prescripci\u00f3n, como lo ha se\u00f1alado la Sala en sentencia SC, 23 sep. 2002, exp. 6054, en la que puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abExaminado al tamiz de las consideraciones precedentes el art\u00edculo 1954 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual \u2018[l]a acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme expira en cuatro a\u00f1os, contados desde la fecha del contrato\u2019, se tiene, en primer lugar, que el legislador se abstuvo de calificar expresamente la naturaleza de ese plazo, omisi\u00f3n que adem\u00e1s de generar cierto desconcierto, torna imperioso para el int\u00e9rprete determinarla; en segundo lugar, que del mismo se ha predicado inveterada y uniformemente, que comporta una de las condiciones de prosperidad de la pretensi\u00f3n rescisoria derivada de la lesi\u00f3n enorme, o sea, que uno de los requisitos esenciales de dicha acci\u00f3n estriba, justamente, en que la misma debe ejercitarse en el anotado lapso (XCV, p\u00e1g. 771; sentencias del 16 de julio de 1993, y del 29 de noviembre de 1999, entre otras); igualmente, como m\u00e1s adelante se ver\u00e1, que ese lapso obedece a la necesidad de dotar de certidumbre y firmeza los negocios jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. SC1681-2019) (resaltado intencional). <\/p>\n
En ese orden, despu\u00e9s de analizar lo expuesto en dicha providencia y contrastarla con este caso, se llega a dos conclusiones fundamentales, de un lado, que el apelativo de caducidad de una norma no necesariamente debe estar plasmado en el cuerpo del texto, por lo que resulta necesario examinarlo \u00edntegramente para entender el alcance que se pretendi\u00f3 dar desde su g\u00e9nesis, y del otro, que la caducidad impone la obligaci\u00f3n de accionar dentro de un lapso determinado, so pena de cercenarle esa oportunidad al interesado. <\/p>\n
Como los dos requisitos que se acaban de mencionar convergen a plenitud en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, se puede afirmar que, de la manera en que se consagr\u00f3, dicho canon obedece a la caducidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Con ese panorama, aunque es cierto que en el numeral 6\u00ba ejusdem pareciera entenderse que el asunto versara acerca de una prescripci\u00f3n, no lo es menos que la utilizaci\u00f3n de tal figura corresponde a una imprecisi\u00f3n legislativa al momento de redactar el Estatuto del Consumidor, ya que no escapa a la realidad que se trata de una caducidad. <\/p>\n
N\u00f3tese que en el citado numeral 6\u00ba se indica que: \u00ab(\u2026) Si transcurridos dos meses desde la interposici\u00f3n de la demanda, y habi\u00e9ndose realizado las gestiones pertinentes, no es posible su individualizaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n, se archivar\u00e1 el proceso, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar, antes de que opere la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, una nueva demanda con los requisitos establecidos en la presente ley y adem\u00e1s deber\u00e1 contener informaci\u00f3n nueva sobre la identidad del productor y\/o expendedor\u00bb (negrilla ajena); por ende, a pesar de que es incontestable el hecho de que all\u00ed se emple\u00f3 ese t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, el estudio arm\u00f3nico y sistem\u00e1tico del art\u00edculo 58 in extenso, impide que se asuma que esa fue la aut\u00e9ntica voluntad de su redactor, pues lo que se estableci\u00f3 fue un l\u00edmite temporal para ejercer una acci\u00f3n; es decir, un plazo de caducidad. <\/p>\n
Todo lo contrario, amparar y afianzar dichas normas procesales permite la consolidaci\u00f3n de los fines generales del Estado, al darle consistencia a c\u00e1nones que son orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, no puede olvidarse que ese principio de favorabilidad en la aplicaci\u00f3n de las normas no es absoluto, ya que el labor\u00edo del juez no puede escapar a la \u00f3rbita de elecci\u00f3n de quien eleva la respectiva solicitud; por ende, resulta inviable aplicar los efectos de una acci\u00f3n distinta de la que se hizo uso ab initio, so pretexto de beneficiar a la parte \u00abm\u00e1s vulnerable\u00bb, cuando el nuevo canon que se pretenda introducir corresponda a una materia distinta de la que emple\u00f3 el quejoso. <\/p>\n
De suerte que, verbi gratia, si dentro de una relaci\u00f3n de consumo el interesado presenta una demanda con el objetivo de buscar la satisfacci\u00f3n de la garant\u00eda legal, bajo el amparo de las normativas propias del Estatuto del Consumidor, el juez de conocimiento debe someterse a ese marco jur\u00eddico y no extenderse a otro diferente, pues tendr\u00eda vedada la aplicaci\u00f3n de disposiciones contempladas en otros ordenamientos, como suceder\u00eda, por ejemplo, frente a las acciones resolutorias o de cumplimiento con indemnizaci\u00f3n de perjuicios previstas en el C\u00f3digo Civil, las cuales regulan finalidades similares a las de garant\u00eda. <\/p>\n
Esa distinci\u00f3n reviste a\u00fan mayor importancia al tener en cuenta que, para casos espec\u00edficos, los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y caducidad de las acciones consagradas en el mencionado Estatuto son dis\u00edmiles de las contenidas en la referida codificaci\u00f3n sustancial; por ende, no pueden confundirse entre ellas, ni siquiera con el pretexto de la favorabilidad. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Editorial ABC, 1991, p. 259. <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem, pp. 599 y 600. <\/p>\n
3\u0002 Eric Palacios Mart\u00ednez e Ysmael Nu\u00f1ez S\u00e1enz, Teor\u00eda General de las Obligaciones, Jurista Editores, Lima, 2004, pp. 205 y 206. <\/p>\n
4\u0002 \u00cddem, p. 215. <\/p>\n
5\u0002 Alterini, Atilio A., El estatuto del consumidor. En Trigo Represas, F\u00e9lix y Stiglitz, Rub\u00e9n S., Contratos, Argentina, Ed. La Rocca, 2001, p. 421. <\/p>\n
6\u0002 L\u00f3pez Cabana, Roberto M., Los Contratos de Consumo en el Derecho Argentino-Peruano. En Alterini, Atilio An\u00edbal y otros, Contrataci\u00f3n Contempor\u00e1nea, Tomo II, Ed. Palestra – Temis, Lima – Bogot\u00e1, 2001, p. 498. <\/p>\n
7\u0002 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jur\u00eddico Elemental, Editorial Heliastra S.R.L., 1993, p. 144. <\/p>\n
8\u0002 La Superintendencia de Industria y Comercio adelantar\u00e1 las gestiones pertinentes para individualizar y vincular al proveedor o productor. Si transcurridos dos meses desde la interposici\u00f3n de la demanda, y habi\u00e9ndose realizado las gestiones pertinentes, no es posible su individualizaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n, se archivar\u00e1 el proceso, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar, antes de que opere la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, una nueva demanda con los requisitos establecidos en la presente ley y adem\u00e1s deber\u00e1 contener informaci\u00f3n nueva sobre la identidad del productor y\/o expendedor (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
9\u0002 Carlos Gustavo Vallespinos, El Derecho de las Obligaciones y la Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Consumidor. Introducci\u00f3n al Derecho del Consumo. Lineamientos Centrales de las Leyes 24.240 y 26.361. En Obligaciones y Contratos en el Derecho Contempor\u00e1neo, Ed. Universidad de La Sabana y Dik\u00e9, Bogot\u00e1, 2010, p. 171. <\/p>\n
10\u0002 Sergio Sebasti\u00e1n Barocelli, Los Principios del Derecho de Consumo como Orientadores de la Interpretaci\u00f3n y Aplicaci\u00f3n en el Di\u00e1logo de Fuentes. En Impactos del nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial en el Derecho del Consumidor. Di\u00e1logos y Perspectivas a la luz de sus Principios, Facultad de Derecho de la UBA, Buenos Aires, 2016, p. 14. <\/p>\n
11\u0002 Devis Echand\u00eda, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I: Teor\u00eda General del Proceso, Edit. ABC Bogot\u00e1, 1972, p\u00e1g. 160. <\/p>\n
12\u0002Devis Echand\u00eda, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I: Teor\u00eda General del Proceso, Edit. ABC Bogot\u00e1, 1972, p\u00e1g. 160. <\/p>\n
13\u0002 Ob. Cit. P\u00e1g. 230 <\/p>\n
14\u0002 C.S.J. Sent. 29 de octubre de 1979 (exp. 731). Ob. Cit. P\u00e1g. 230 <\/p>\n
15\u0002 Hinestrosa, Fernando. La prescripci\u00f3n extintiva. Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1, agosto de 2000, p\u00e1g. 235 <\/p>\n
16\u0002 C.S.J. Cas. Civ. 28 de abril de 2011, exp. 0042005-00054 M.P. William Nam\u00e9n. <\/p>\n
17\u0002SNG, 1\u00ba de octubre de 1946, LXI. P\u00e1g. 588 y s.s. Cita en Hinestrosa Fernando. La prescripci\u00f3n extintiva ya citada <\/p>\n
18\u0002 CSJ. Cas. Civ. Sent. 28 de abril de 2011 ya citada <\/p>\n
19\u0002 Hinestrosa Fernando. La prescripci\u00f3n extintiva. P\u00e1g. 242 ob. Citada <\/p>\n
20\u0002 Cita en Hinestrosa Fernando, La prescripci\u00f3n extintiva, p\u00e1g. 243. Ob. Citada. <\/p>\n
21\u0002 Corte Constitucional. SU072-18. \u00abLa Corte ha explicado que la seguridad jur\u00eddica implica que \u201cen la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho es una condici\u00f3n necesaria de la realizaci\u00f3n de un orden justo y de la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garant\u00eda podr\u00e1n identificar aquello que el ordenamiento jur\u00eddico ordena, proh\u00edbe o permite\u201d. <\/p>\n
22\u0002 Corte Constitucional. C832-01. <\/p>\n
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SC2850-2022 (2017-33358-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC2850-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2017-33358-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Edificio M\u00e1laga S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67757","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67757"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67757\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}