SC2962-2022 (2018-00565-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC2962-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00565-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). (2020). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por V\u00edctor Manuel Prieto Barrera y Aminta Mora Pab\u00f3n frente a la sentencia del 3 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, en el proceso de esa especialidad promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Territorial Magdalena Medio (UAEGRTD), a nombre de Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La unidad administrativa arriba mencionada, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 82 de la ley 1448 de 2011, solicit\u00f3 se restituyera a Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz el predio rural \u00abLas Flores\u00bb, ubicado en la vereda Venecia del municipio de Rionegro, Santander, distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 300-136615 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa localidad. <\/p>\n
2. Al tr\u00e1mite judicial fueron vinculados los ahora recurrentes, en su condici\u00f3n de propietarios del bien, quienes se opusieron a la prosperidad de la reclamaci\u00f3n, en pro de lo cual negaron la calidad de v\u00edctima del reclamante, as\u00ed como el acto de despojo. <\/p>\n
Adicionalmente, propusieron las excepciones que denominaron \u00abfalta de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico\u00bb, \u00abventa realizada en el justo precio de la cosa\u00bb, \u00abbuena fe en la compraventa del predio Las Flores\u00bb y \u00abfalacias argumentativas del solicitante\u00bb. <\/p>\n
(I) Declar\u00f3 \u00abno probados los argumentos expuestos por la parte opositora\u00bb. <\/p>\n
(II) No accedi\u00f3 al pago de la compensaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 98 de la ley 1448 de 2011, \u00abtoda vez que los opositores no acreditaron haber actuado con buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
(III) Protegi\u00f3 \u00abel derecho fundamental a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material\u00bb del solicitante y su n\u00facleo familiar, \u00abpor ser v\u00edctima de abandono forzado y despojo, con ocasi\u00f3n del conflicto armado, respecto del inmueble identificado en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
(IV) Declar\u00f3 \u00abla nulidad del acto administrativo representado en la resoluci\u00f3n N\u00b0 1769 de 19 de septiembre de 1994 proferida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, en la que declar\u00f3 la p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria, y en consecuencia dej\u00f3 sin efectos, la resoluci\u00f3n N\u00b0 1971 del 30 de septiembre de 1992 proferida por el Gerente Regional del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-, por medio de la cual se adjudic\u00f3 a Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz el predio denominado \u2018Las Flores\u2019\u00bb. <\/p>\n
(V) Orden\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro inscribir la sentencia, la medida de protecci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 101 de la ley 1448 de 2011 y cancelar grav\u00e1menes y limitaciones de dominio. <\/p>\n
4. La UAEGRTD solicit\u00f3 la correcci\u00f3n del fallo, en lo tocante a la identificaci\u00f3n del predio objeto de la restituci\u00f3n, como quiera que con ese fin se se\u00f1alaron las coordenadas de los \u00abpuntos extremos\u00bb y no las de \u00abindividualizaci\u00f3n\u00bb del terreno. <\/p>\n
Petici\u00f3n denegada mediante providencia del 17 de febrero de 2016, en la cual, sobre la base de que el Tribunal conservaba competencia \u00aba fin de garantizar el goce efectivo el derecho amparado\u00bb, se asegur\u00f3 que \u00abdeber\u00e1 entenderse para todos los efectos del cumplimiento del fallo que las coordenadas geogr\u00e1ficas del inmueble a restituir corresponden a las vistas al respaldo del folio 520 del tomo 3 del cuaderno principal presentado ante el Juzgado instructor, esto es, del informe t\u00e9cnico de georreferenciaci\u00f3n del precio en campo\u00bb. <\/p>\n
RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. De acuerdo con los escritos de demanda y subsanaci\u00f3n, los se\u00f1ores V\u00edctor Manuel Prieto Barrera y Aminta Mora Pab\u00f3n invocaron nulidad originada en la sentencia de restituci\u00f3n de tierras, por las siguientes omisiones en la motivaci\u00f3n: <\/p>\n
(I) No confront\u00f3, con las presunciones de despojo previstas en el art\u00edculo 77 de la ley 1448 de 2011, que los opositores demostraron: ser los leg\u00edtimos propietarios del predio \u00abLas Flores\u00bb; no haber sido condenados por pertenecer, colaborar o financiar grupos armados al margen de la ley, o por narcotr\u00e1fico, o por delitos conexos; adquirir el predio sin aprovecharse de las condiciones de violencia; y tener la calidad de segundos ocupantes. <\/p>\n
(II) No se pronunci\u00f3, \u00abpara desestimar o dar cr\u00e9dito\u00bb, sobre la buena fe exenta de culpa de los opositores, lo que deb\u00eda hacer expresamente, en acatamiento del literal r) del art\u00edculo 91 de la precitada ley. <\/p>\n
(III) No defini\u00f3 si los hechos de violencia fueron determinantes para viciar la voluntad del reclamante del predio. <\/p>\n
(IV) Guard\u00f3 silencio sobre la forma c\u00f3mo se llev\u00f3 a cabo la negociaci\u00f3n del inmueble objeto del proceso de restituci\u00f3n, en particular, sobre su adjudicaci\u00f3n a los opositores por el Incoder. <\/p>\n
(V) No desvirtu\u00f3 apropiadamente la buena fe de los opositores, toda vez que ellos actuaron amparados en la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y como \u00absegundos ocupantes\u00bb, en la medida que fue el mismo Estado el que, mediante un procedimiento reglado por la ley y a trav\u00e9s de autoridad leg\u00edtima, los hizo propietarios del inmueble disputado. <\/p>\n
(VI) Pas\u00f3 por alto que el padre del reclamante en restituci\u00f3n fue quien ofreci\u00f3 a V\u00edctor Manuel Prieto vender la finca y se\u00f1al\u00f3 el precio de $6.500.000, el cual era un valor lucrativo en atenci\u00f3n a que pocos a\u00f1os antes lo hab\u00eda adquirido por $3.000.000. <\/p>\n
(VII) Incurri\u00f3 en incoherencia al sostener que el terreno en el a\u00f1o 1994 costaba $20.494.139 y que en 1991 el peticionario de la restituci\u00f3n lo adquiri\u00f3 por $3.000.000. <\/p>\n
(VIII) No valor\u00f3 acertadamente las pruebas, puesto que de haberlo hecho no habr\u00eda presumido la falta de consentimiento, ni desfigurado el concepto de \u00abdespojo\u00bb, ni culpado del mismo a quienes nada tuvieron que ver con el desplazamiento del solicitante. <\/p>\n
(IX) Finc\u00f3 la decisi\u00f3n en pruebas aisladas y en la presunci\u00f3n del literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 77 de la ley 1448 de 2011, dejando de lado elementos de juicio como \u00abla presentaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas, manifestaciones de los opositores y ac\u00e1 revisionistas y de otras personas en sus declaraciones\u00bb. <\/p>\n
(X) Desacert\u00f3 al fundamentar la decisi\u00f3n en que, pese a que los \u00abcompradores y adjudicatarios no tiene relaci\u00f3n alguna, directa o indirecta con los grupos ilegales causantes del conflicto interno que ocasion\u00f3 el desplazamiento forzado del se\u00f1or Joaqu\u00edn S\u00e1nchez y su n\u00facleo familiar, la buena fe simple con la que intervinieron en el negocio jur\u00eddico que se celebr\u00f3 sobre el predio \u2018Las Flores\u2019 no es suficiente para generar a favor de ellos la compensaci\u00f3n que el legislador \u00fanicamente estableci\u00f3 para los adquirentes de buena fe exenta de culpa, cualificada o creadora de derechos\u00bb. <\/p>\n
2. Luego de haberse solicitado y recibido el expediente contentivo del juicio de restituci\u00f3n de tierras, se admiti\u00f3 el libelo introductorio mediante auto del 16 de agosto de 2018, precis\u00e1ndose que tal determinaci\u00f3n \u00ab\u00fanicamente es por la causal octava de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 355 [del C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se orden\u00f3 notificar y correr traslado por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas a Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz; a las Unidades Administrativas Especiales de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Territorial Santander y Magdalena Medio y Direcci\u00f3n Nacional; al Procurador Delegado ante los Juzgados de Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta; a la entidad que represente al Incoder; a la Alcald\u00eda Municipal de Rionegro, Santander; a la gobernaci\u00f3n de Santander; al SENA; a las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios de energ\u00eda el\u00e9ctrica y acueducto y alcantarillado de lugar del inmueble materia de restituci\u00f3n; a los Comit\u00e9s Municipal de Justicia Transicional de Bucaramanga y Departamental de Justicia Transicional de Santander; y al Banco Agrario. <\/p>\n
Adicionalmente, se dispuso el emplazamiento de todas las personas indeterminadas convocadas al proceso de restituci\u00f3n y que pod\u00edan resultar afectadas. <\/p>\n
3. Despu\u00e9s de un aletargado proceso de notificaci\u00f3n, respondieron la demanda las subsiguientes personas: <\/p>\n
(I) La UAEGRTD – Direcci\u00f3n Nacional arguy\u00f3 que \u00abel recurrente erige sus cargos sin sustentos jur\u00eddicos ni argumentativos, no acredita que se haga presente alguna de las causales de nulidad establecidas en el art\u00edculo 113\u00bb del estatuto procesal civil, en tanto \u00ablas afirmaciones del recurso no tienen suficiente entidad para demostrar la existencia de vicios, limit\u00e1ndose a hacer vagas manifestaciones sobre las actuaciones adelantadas en el proceso restitutivo\u00bb. <\/p>\n
(II) La Secretar\u00eda T\u00e9cnica de Comit\u00e9 Territorial de Justicia Transaccional de Bucaramanga estim\u00f3 indebida su vinculaci\u00f3n al proceso y solicit\u00f3 su exclusi\u00f3n. <\/p>\n
(III) El Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restituci\u00f3n de Tierras se\u00f1al\u00f3 que el fallo censurado \u00abno carece de fundamentaci\u00f3n material y cumple las exigencias m\u00ednimas argumentativas\u00bb. Asimismo, puntualiz\u00f3 que \u00abal examinar el contenido de la sentencia, se evidencia que el fallo dio materialmente una respuesta al problema jur\u00eddico, espec\u00edficamente, examin\u00f3 si los opositores[,] hoy demandantes en revisi\u00f3n[,] demostraron o no la buena fe exenta de culpa respecto de las pretensiones de la acci\u00f3n transicional\u00bb. <\/p>\n
(IV) La Gobernaci\u00f3n de Santander, por intermedio de la Secretar\u00eda del Interior, manifest\u00f3 que \u00abno puede pronunciarse\u00bb y que \u00abla defensa\u00bb del se\u00f1or Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz corresponde con exclusividad a \u00abla Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas para el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
(V) La Empresa Municipal de Servicios P\u00fablicos de Rionegro – EMSERVIR E.S.P., expres\u00f3 que solamente presta el servicio a predios urbanos, raz\u00f3n por la cual no son aplicables las medidas que al respecto fueron adoptadas en la sentencia objeto del recurso extraordinario. <\/p>\n
4. Al proceso compareci\u00f3 la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensor\u00eda del Pueblo, quien luego de precisar el seguimiento que hizo a la sentencia dictada en el proceso de restituci\u00f3n de tierras en cuesti\u00f3n y, particularmente, a la situaci\u00f3n del opositor se\u00f1or V\u00edctor Manuel Prieto Barrera, solicit\u00f3 revisar su caso en procura de que se garanticen \u00absus derechos como campesino, habitante de zona de conflicto, adulto mayor y con discapacidad mental\u00bb. <\/p>\n
5. Mediante auto de 17 de noviembre de 2021, en consideraci\u00f3n a que no hab\u00eda pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, el Despacho sustanciador estim\u00f3 \u00abinnecesario desarrollar la audiencia prevista en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y concedi\u00f3 a las partes \u00abel t\u00e9rmino com\u00fan de cinco d\u00edas para que, si a bien lo tienen, presenten sus alegaciones\u00bb, sin que ninguna se pronunciara. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de la sentencia anticipada. <\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que, \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
Los sentenciadores, entonces, tienen el deber de proferir veredicto definitivo en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, sin tr\u00e1mites adicionales, siempre que exista claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
En este contexto, prevalecen los principios de celeridad y econom\u00eda procesal sobre el respeto a las formas propias de cada juicio, en aras de lograr decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total, las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n que desate el pedimento judicial. <\/p>\n
Lo contrario equivaldr\u00eda a una \u00abirrazonable prolongaci\u00f3n [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en \u00e9l\u00bb1. Ins\u00edstase, la administraci\u00f3n de justicia \u00abdebe ser pronta, cumplida y eficaz en la soluci\u00f3n de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento\u00bb (art\u00edculo 4 de la ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea \u00abeficiente\u00bb y que \u00ab[l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley\u00bb (art\u00edculo 7 ibidem). <\/p>\n
La Corte tiene decantado que \u00abes procedente el fallo anticipado\u00bb siempre que \u00abde acuerdo con las pruebas allegadas y la situaci\u00f3n de facto particular no son necesarios elementos de convicci\u00f3n adicionales\u00bb (SC1075, 22 ab. 2022, rad. n.\u00b0 2018-01513-00). <\/p>\n
1.2. En el sub lite debe emitirse sentencia inmediata pues, como se advirti\u00f3 en el auto del 17 de diciembre de la anualidad pasada, \u00abse ha surtido el traslado de la demanda a cada uno de los convocados y\u2026 no hay m\u00e1s pruebas que practicar\u00bb, siendo anodino agotar la etapa de la audiencia para instruir, alegar de conclusi\u00f3n y proferir sentencia oral, como lo manda el inciso final del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y es que, en el plenario, con ocasi\u00f3n del arribo del expediente de restituci\u00f3n de tierras abandonadas y despojadas, refulgen todos los medios suasorios requeridos para desatar la solicitud revisi\u00f3n. Por ende, debe emitirse un fallo inmediato, por escrito, sin agotar las dem\u00e1s etapas establecidas en las normas vigentes para el remedio extraordinario. <\/p>\n
2. An\u00e1lisis del recurso promovido. <\/p>\n
2.1. Finalidad. <\/p>\n
Es bien sabido que el remedio extraordinario de revisi\u00f3n propende por superar situaciones de extrema injusticia contenidas en un fallo judicial definitivo, por medio de la remoci\u00f3n de la cosa juzgada, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente se\u00f1aladas por el legislador. <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia tiene doctrinado: <\/p>\n
[S]i bien el principio de la cosa juzgada se erige como pilar esencial de la seguridad jur\u00eddica, el recurso de revisi\u00f3n fue concebido como un mecanismo excepcional para remover la inmutabilidad de las decisiones judiciales definitivas, en aras de preservar la supremac\u00eda de la justicia cuando se configure alguna de las circunstancias que el legislador estableci\u00f3 de manera taxativa en el canon 355 de la mentada codificaci\u00f3n, que permiten infirmar las sentencias que se hayan pronunciado sin contar con documentos que hubieran modificado el criterio del fallador y que por las razones all\u00ed consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, as\u00ed como, las obtenidas fraudulentamente o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hip\u00f3tesis del numeral 9\u00b0 ib\u00eddem, se tutela la seguridad jur\u00eddica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias (SC5052, 23 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2018-00486-00). <\/p>\n
En consecuencia, <\/p>\n
[C]omo medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que es, la revisi\u00f3n no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia enjuiciada, pues en s\u00ed mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo concebido para conjurar situaciones irregulares que en su momento distorsionaron la sana y recta administraci\u00f3n de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiar\u00eda la adopci\u00f3n de decisiones opuestas a dicho valor, en contrav\u00eda de principios fundamentales del Estado de Derecho (SC1298, 6 may. 2022, rad. n.\u00b0 2018-01057-00). <\/p>\n
Claro est\u00e1, para que pueda acometerse el estudio de fondo del remedio es imperativo que se satisfaga, entre otros requisitos, el de oportunidad, cuyo an\u00e1lisis deviene forzoso por parte de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Oportunidad. <\/p>\n
2.2.1. Como se dijo, por tratarse de un mecanismo que socava la seguridad jur\u00eddica, el legislador someti\u00f3 a la revisi\u00f3n a unos plazos perentorios para su formulaci\u00f3n, a cuyo vencimiento se cierra el acceso a este mecanismo de control. <\/p>\n
T\u00e9rminos que son de caducidad, por estar erigidos como una consecuencia forzosa de la desatenci\u00f3n de las cargas procesales impuestas al interesado, en garant\u00eda de la certidumbre que emana de la cosa juzgada del veredicto que pretende revisarse. La Sala explica que \u00ab[e]sos plazos fijados por el legislador son perentorios e improrrogables, y comportan preclusi\u00f3n de la oportunidad para formular esta excepcional impugnaci\u00f3n; es decir, sobreviene forzoso el decaimiento de la facultad legal que tiene la parte para incoar la revisi\u00f3n\u00bb (SC, 11 jul. 2013, rad. n.\u00b0 2011-01067-00). <\/p>\n
Por lo anterior, el desconocimiento de estos plazos debe declararse incluso oficiosamente, como ha sido reconocido por la jurisprudencia: <\/p>\n
Como est\u00e1 claro que la oportuna presentaci\u00f3n de la demanda contentiva del referido medio de impugnaci\u00f3n y el cumplimiento de las precisas cargas que en la materia exige el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es un requisito de procedibilidad en el campo extraordinario de que se trata, cumple examinar ab initio lo relacionado con la caducidad de las causales alegadas en el libelo, escrutinio que, bien se sabe, obliga a la Corte desplegarlo o llevarlo a cabo ex officio, esto es, al margen del comportamiento que en ese sentido hubieran asumido los integrantes del extremo procesal con los cuales corresponde adelantarse esta clase de controversias (SC3318, 18 mar. 2014, rad. n.\u00b0 2007-01159-00). <\/p>\n
2.2.2. El canon 356 del C\u00f3digo General del Proceso es el encargado de fijar los tiempos de caducidad de la revisi\u00f3n, a saber: <\/p>\n
El recurso podr\u00e1 interponerse dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del art\u00edculo precedente. <\/p>\n
Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado art\u00edculo, los dos (2) a\u00f1os comenzar\u00e1n a correr desde el d\u00eda en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco (5) a\u00f1os. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro p\u00fablico, los anteriores t\u00e9rminos s\u00f3lo comenzar\u00e1n a correr a partir de la fecha de la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
En los casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del mismo art\u00edculo deber\u00e1 interponerse el recurso dentro del t\u00e9rmino consagrado en el inciso 1\u00ba\u2026 (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Refulge que, dependiendo del motivo invocado, el c\u00f3mputo de la caducidad difiere. As\u00ed, trat\u00e1ndose de \u00abindebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento\u00bb, se cuenta con dos (2) a\u00f1os para izar la cr\u00edtica extraordinaria, contados desde que el afectado efectivamente conoci\u00f3 de la sentencia o se produjo la inscripci\u00f3n de \u00e9sta en un registro p\u00fablico, sin que en ning\u00fan caso pueda exceder de cinco (5) a\u00f1os. En las dem\u00e1s hip\u00f3tesis los dos (2) a\u00f1os se computan desde la ejecutoria del veredicto criticado, al margen de la eventual suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite por prejudicialidad penal. <\/p>\n
2.2.3. Para impedir la caducidad es menester de los interesados \u00abla presentaci\u00f3n en tiempo del correspondiente recurso y, en su caso, la vinculaci\u00f3n formal -tambi\u00e9n oportuna- de todas las personas que hicieron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia censurada\u00bb (SC, 20 may. 2011, rad. n.\u00b0 2005-00289-00). <\/p>\n
Total, seg\u00fan el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, la radicaci\u00f3n de la demanda hace inoperante la caducidad, siempre \u00abque se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n\u2026 [del] auto admisorio\u00bb, considerando que si \u00abel litisconsorcio fuere necesario ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan dichos efectos\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en la obligatoriedad de agotar los preanotados requisitos: <\/p>\n
[P]ara que sea inoperante la caducidad indispensable resulta la radicaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria antes del vencimiento del t\u00e9rmino de dos a\u00f1os, contado a partir de la ejecutoria de la providencia atacada, y notificar el auto admisorio a los convocados sin que transcurra el plazo de un a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 94 del C.G. del P., antes 90 del C. de P.C. Vencido este, la inoperancia s\u00f3lo tendr\u00e1 efecto si el acto de enteramiento a los convocados se produce dentro de aqu\u00e9l lapso de dos a\u00f1os\u2026 <\/p>\n
Por contera, para impedir la caducidad, de conformidad con el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, se requer\u00eda la notificaci\u00f3n a todos ellos [personas que fueron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia], lo cual significa que solo con el enteramiento al \u00faltimo de los convocados se generaba la inoperancia del fen\u00f3meno extintivo citado (SC2554, 11 oct. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00408-00). <\/p>\n
2.3. El caso concreto. <\/p>\n
Antic\u00edpese que, en el presente litigio, se configur\u00f3 la caducidad de la opugnaci\u00f3n promovida, por las razones que se dilucidan en lo sucesivo. <\/p>\n
2.3.1. Para comenzar es menester hacer un recuento de algunas actuaciones procesales: <\/p>\n
(I) El Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta resolvi\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, promovida en nombre de Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz, el 3 de febrero de 2016 (folios 137 y siguientes del cuaderno Tribunal T.1). <\/p>\n
(II) La sentencia se notific\u00f3 por correo electr\u00f3nico a todos los sujetos procesales el 8 de febrero del mismo a\u00f1o (folios 1 a 41 del cuaderno Tribunal notificaciones). <\/p>\n
(III) El d\u00eda 12 de igual mensualidad, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas solicit\u00f3 \u00abla correcci\u00f3n de la sentencia de fecha 03 de febrero de 2016\u00bb (negrilla fuera de texto), en punto a los linderos del predio cuya devoluci\u00f3n se orden\u00f3 (folios 203 y 204 del cuaderno Tribunal T.1). <\/p>\n
(IV) Por auto del 17 de febrero siguiente se deneg\u00f3 el pedimento de \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb (folios 207 a 211 ibidem), notificado de manera electr\u00f3nica el d\u00eda 25 de id\u00e9ntico mes (folios 49 a 79 del cuaderno Tribunal notificaciones). <\/p>\n
(V) El 1\u00b0 de marzo de 2018 se radic\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n contra la sentencia a que se hizo referencia (folio 77 del cuaderno Corte), la cual fue admitida el 16 de agosto de id\u00e9ntico a\u00f1o (folios 176 y 177 ejusdem), con la orden de que al tr\u00e1mite se vincularan \u00abLa Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Territorial Santander y Magdalena Medio\u2026; La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Direcci\u00f3n Nacional; el Procurador Delegado ante los Juzgados de Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta; la Defensor\u00eda Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras; la entidad que represente los derechos y obligaciones del anterior Instituto Colombiano de Desarrollo Incoder; la Alcald\u00eda Municipal de Rionegro (Santander); la Gobernaci\u00f3n de Santander; el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-; las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios de energ\u00eda el\u00e9ctrica y acueducto y alcantarillado que operan en el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble objeto del proceso situado en el municipio de Rionegro (Santander); el Comit\u00e9 Municipal de Justicia Transicional de Bucaramanga y el Comit\u00e9 Departamental de Justicia Transicional de Santander;\u2026 el Banco Agrario; [y] personas (indeterminadas), que tambi\u00e9n fueron convocadas al proceso de restituci\u00f3n y que pod\u00edan ser afectadas por el mismo\u00bb. <\/p>\n
(VI) Por prove\u00eddos del 15 de noviembre de 2019 (folios 460 y 461 ibidem) y 16 de diciembre de 2020 (folios 536 y 537) se requiri\u00f3 a los impugnantes para que agotaran el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n; empero, ante su abulia, por auto 26 de mayo de 2021 (folios 552 a 554) se adoptaron medidas para lograr el enteramiento oficiosamente. <\/p>\n
(VII) Finalmente, el 27 de octubre de 2021, el sustanciador tuvo por notificados a todos los sujetos procesales (archivo digital 02. AUTO TIENE POR NOTIFICADOS.pdf). <\/p>\n
2.3.2. El recorrido realizado, en el contexto de las normas en vigor, devela: <\/p>\n
(I) Como la sentencia que resolvi\u00f3 el pedimento de restituci\u00f3n de tierras data del 3 de febrero de 2016, notificada el d\u00eda 8 siguiente, se tiene que qued\u00f3 ejecutoriada al tercer d\u00eda posterior, esto es, el 11 de igual mes, por fuerza del inciso final del art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable al caso por analog\u00eda de los literales c) del numeral 1\u00b0 y b) del ordinal 2\u00b0 del precepto 625 del mismo cuerpo normativo. <\/p>\n
Y es que, las sentencias del linaje mencionado, como no admiten recursos diferentes a la revisi\u00f3n (art\u00edculo 92 de la ley 1448 de 2011), una vez proferidas, sin que se depreque su \u00abaclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n\u00bb por los sujetos procesales, \u00abquedan ejecutoriadas tres (3) d\u00edas despu\u00e9s de notificadas\u00bb. <\/p>\n
En el sub lite, como ninguno de los interesados pidi\u00f3 las mentadas clarificaci\u00f3n o adici\u00f3n, su ejecutoria devino forzosa por el paso del tiempo. <\/p>\n
En este punto conviene se\u00f1alar que el escrito del 12 de febrero de 2016 de la UAEGRTD no impidi\u00f3 la firmeza del veredicto, pues en el mismo se deprec\u00f3 \u00abla correcci\u00f3n de la sentencia de fecha 03 de febrero de 2016\u00bb (negrilla fuera de texto), al abrigo del art\u00edculo 310 del C\u00f3digo General del Proceso -correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos y otros- (folios 219 y 220 del cuaderno Tribunal T.1). Y, como el citado art\u00edculo 302 dispone que \u00abcuando se pida aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n de una providencia, solo quedar\u00e1 ejecutoriada una vez resuelta la solicitud\u00bb (negrilla fuera de texto), sin hacer una afirmaci\u00f3n equivalente para la correcci\u00f3n, es claro que el memorial en comentario carece de incidencia en el car\u00e1cter definitivo del prove\u00eddo judicial. <\/p>\n
Colof\u00f3n con asidero, no s\u00f3lo en el criterio de interpretaci\u00f3n gramatical, reconocido en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, sino en el car\u00e1cter restrictivo de las excepciones legales, condici\u00f3n que precisamente tiene el canon 302 de marras al consagrar los casos en que se difiere en el tiempo la ejecutoria. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, el criterio sistem\u00e1tico tambi\u00e9n soporta la conclusi\u00f3n antes expresada, en tanto la correcci\u00f3n puede ser realizada \u00aben cualquier tiempo\u00bb, esto es, \u00abaun con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia\u00bb2, directriz inaplicable a la aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n, por cuanto ambas deben realizarse antes de que la decisi\u00f3n alcance definitividad, precisamente para impedir su configuraci\u00f3n, en tanto \u00abuna vez en firme o ejecutoriada es intocable por el juez\u2026 ya que culmina la actividad jurisdiccional\u00bb3. <\/p>\n
No en vano, la Sala ha sido consistente en se\u00f1alar que, \u00abcuando el prove\u00eddo no es susceptible de impugnaci\u00f3n[,] el mero transcurso del tiempo logra su firmeza, independientemente de que se interpongan en su contra ataques ante el desacuerdo de las partes, salvo que se trate de solicitudes de aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto, AC, 19 jun. 2012; en el mismo sentido SC2776, 17 jul. 2018, rad. n.\u00b0 2016-01535-00). <\/p>\n
Es cierto que, en el proceso de restituci\u00f3n de tierras, el 2 de marzo de 2016 se emiti\u00f3 comunicaci\u00f3n secretarial en la que se certific\u00f3 \u00ab[q]ue la sentencia de tres (3) de febrero de dos mil diecis\u00e9is (2016)\u2026 cobr\u00f3 ejecutoria el d\u00eda primero (1\u00b0.) de marzo de dos mil diecis\u00e9is (2016), a las seis de la tarde (6:00 pm.), por cuanto mediante providencia de fecha diecisiete (17) de febrero del corriente a\u00f1o, se resolvi\u00f3 sobre la correcci\u00f3n de la sentencia, negando dicha pretensi\u00f3n\u00bb (folio 225 del cuaderno Tribunal T.1). <\/p>\n
Sin embargo, dado que la manifestaci\u00f3n de la Secretaria de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras se hizo de espaldas a las normas que regulan la materia, como ya se explic\u00f3, no puede conced\u00e9rsele valor alguno, am\u00e9n del car\u00e1cter imperativo de las normas procesales. <\/p>\n
Bien sabido es \u00abque las constancias secretariales de los funcionarios encargados de controlar t\u00e9rminos\u2026 no tienen car\u00e1cter vinculante, sino simplemente informativo, porque \u00e9stos no est\u00e1n facultados para modificar o sustituir las disposiciones legales que regulan la iniciaci\u00f3n o duraci\u00f3n de los t\u00e9rminos, de modo \u201cque es deber de los sujetos procesales verificar si la informaci\u00f3n consignada en ellas es correcta\u201d\u00bb (STC004, 14 en. 2020, rad. n.\u00b0 2019-02053-014). <\/p>\n
(II) La solicitud de revisi\u00f3n se radic\u00f3 el 1\u00b0 de marzo de 2018 ante la Secretar\u00eda de la Corte Suprema de Justicia, esto es, dos (2) a\u00f1os y trece (13) d\u00edas despu\u00e9s de la ejecutoria del fallo censurado. <\/p>\n
Como la causal de revisi\u00f3n invocada fue la octava, esto es, \u00abexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, para evitar la caducidad era indispensable que se radicara la demanda extraordinaria a m\u00e1s tardar el 12 de febrero de 2018, d\u00eda h\u00e1bil siguiente al \u00faltimo en que se venci\u00f3 el plazo de dos (2) a\u00f1os a que se refiere el art\u00edculo 356 del C.G.P. <\/p>\n
Por ende, la presentaci\u00f3n del libelo genitor el 1\u00b0 de marzo de 2018 se realiz\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino para enervar la caducidad, en concreto, trece (13) d\u00edas tarde. <\/p>\n
(III) Incluso, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la ejecutoria de la sentencia de restituci\u00f3n data del 1\u00b0 de marzo de 2016, ante la equivocaci\u00f3n del empleado secretarial, como la admisi\u00f3n de la revisi\u00f3n se hizo por auto del 16 de agosto de 2018, la notificaci\u00f3n a todos los interesados debi\u00f3 producirse a m\u00e1s tardar el 16 de agosto de 2019, para impedir la caducidad de la revisi\u00f3n. <\/p>\n
Empero, la foliatura da cuenta de que la notificaci\u00f3n se surti\u00f3 a todos los litisconsortes en el a\u00f1o 2021, momento en el que, por correo electr\u00f3nico, se inform\u00f3 a la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, Alcald\u00eda de Rionegro (Santander), Gobernaci\u00f3n de Santander, Comit\u00e9 Departamental de Justicia Transicional de Santander, Servicio Nacional de Aprendizaje, Banco Agrario, Emservir ESP y ESSA Grupo EPM, sobre la admisi\u00f3n del \u00abrecurso de revisi\u00f3n de Aminta Mora Pab\u00f3n y V\u00edctor Manuel Prieto Barrera\u00bb (folios 555 a 572 del cuaderno Corte). <\/p>\n
Luego, la inoperancia de la caducidad s\u00f3lo puede computarse a partir de \u00abla notificaci\u00f3n al demandado\u00bb (art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso), prec\u00edsese, el 9 de junio de 2021, correspondiente al segundo d\u00eda h\u00e1bil siguiente al env\u00edo de los mensajes de datos al \u00faltimo de los sujetos procesales que necesariamente deb\u00eda concurrir al proceso -remitidos por la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n el 4 de junio-, conforme al art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Significa que, como la notificaci\u00f3n a los convocados concluy\u00f3 casi dos (2) a\u00f1os m\u00e1s tarde del plazo se\u00f1alado en el C\u00f3digo General del Proceso, no tuvo la aptitud para impedir la caducidad. <\/p>\n
Dicho en breve, no s\u00f3lo para el momento en que se radic\u00f3 el libelo demandatorio, sino en que se agot\u00f3 la notificaci\u00f3n a todos los convocados, hab\u00eda operado la extinci\u00f3n del plazo para promover el remedio extraordinario, raz\u00f3n suficiente para rehusar los pedimentos de los opugnantes. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que debe adoptarse oficiosamente, como lo tiene decantado este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n
Como quiera que la interposici\u00f3n oportuna de la impugnaci\u00f3n extraordinaria es requisito de procedibilidad, delanteramente debe hacerse el examen del punto relacionado con la caducidad de las causales invocadas por la parte recurrente, escrutinio que procede inclusive de oficio y frente a todas las personas integrantes de la parte demandada, aunque hayan guardado silencio al respecto\u2019, agregando que \u2018(…) la demanda de revisi\u00f3n debe presentarse dentro del t\u00e9rmino de caducidad que consagra el art\u00edculo 381 del C. de P. C., pues si de entrada se advierte que la caducidad ya est\u00e1 consumada, el juzgador deber\u00e1 rechazar in l\u00edmine la impugnaci\u00f3n, seg\u00fan la clara preceptiva del inciso cuarto del art\u00edculo 383 \u00edd.\u2019 (CSJ, SC, 20 sep. 2005, rad. n.\u00b0 7814). <\/p>\n
En resumen, y a riesgo de hastiar, al haber fenecido la oportunidad para promover la censura excepcional contra el fallo de restituci\u00f3n de tierras, \u00e9ste deviene intangible y, por ende, se frustra su revisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
3.1. No obstante que los precedentes razonamientos bastan para declarar impr\u00f3spero el mecanismo impugnaticio, para abundar en razones, la Sala considera pertinente se\u00f1alar que la causal de revisi\u00f3n conjurada deviene abiertamente infundada. <\/p>\n
Y es que, al margen del desacuerdo existente sobre la nulidad originada en la sentencia por defectos graves de motivaci\u00f3n, como causal de revisi\u00f3n, lo cierto es que, en el veredicto del 3 de febrero de 2016, el Tribunal censurado explic\u00f3 las razones para rehusar la oposici\u00f3n deprecada en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, analizando cada uno de los argumentos que se esgrimieron en su apoyadura, como refulge de las siguientes transcripciones: <\/p>\n
De la excepci\u00f3n de \u201cventa realizada en el justo precio de la cosa\u201d y objeci\u00f3n al dictamen pericial realizado por perito adscrito al IGAC\u2026 <\/p>\n
[N]o es procedente atender la objeci\u00f3n por error grave formulada por los opositores, en raz\u00f3n a que no se verific\u00f3 una equivocaci\u00f3n en los t\u00e9rminos referidos en precedencia, en tanto revisado el informe rendido por el perito del IGAC se observa que en \u00e9ste se discrimin\u00f3 las caracter\u00edsticas constructivas del inmueble avaluado, aspecto de su dictamen que por dem\u00e1s aclar\u00f3 a trav\u00e9s de escrito mediante el cual descorri\u00f3 el traslado de la objeci\u00f3n. <\/p>\n
Corolario, el valor comercial fijado para el predio objeto de litigio, en el a\u00f1o de 1994 es de $20\u2019494.139, de lo cual resulta indiscutible que el precio de venta no fue ajustado al valor real del inmueble, pues como lo se\u00f1alan ambas partes apenas se pag\u00f3 al solicitante $6\u2019500.000, esto es menos del cincuenta por ciento (50%) del valor de la heredad\u2026 <\/p>\n
De la excepci\u00f3n \u201cfalacias argumentativas del solicitante\u201d\u2026 <\/p>\n
[D]e la integridad de las testimoniales se puede observar que todas coinciden en la existencia de grupos armados al margen de la Ley, tanto de guerrilla como de paramilitares, y de algunas muertes violentas en la zona donde se ubica la Finca Las Flores, como la del se\u00f1or Cesar S\u00e1nchez D\u00edaz, lo que denota que la motivaci\u00f3n del se\u00f1or Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz perfectamente puede coincidir con su afirmaci\u00f3n y es que su desplazamiento se debi\u00f3 a la violencia, y el temor de retornar a su heredad\u2026 <\/p>\n
De la excepci\u00f3n de \u201cbuena fe en la compraventa del predio las flores\u201d y de la Buena fe exenta de culpa\u2026 <\/p>\n
En punto del tema de la buena fe exenta de culpa en la conducta observada por los opositores, puede advertirse que las acciones previas a la adquisici\u00f3n efectuada por los propietarios actuales del inmueble resultan ser las que de manera normal y l\u00f3gica realizar\u00eda cualquier ciudadano en cualquier parte o regi\u00f3n del pa\u00eds para la celebraci\u00f3n de un negocio como el perfeccionado. <\/p>\n
En el sub judice, del an\u00e1lisis en conjunto del material probatorio no se advierte la presencia de elementos objetivos constitutivos de la buena fe exenta de culpa, esto es, tanto el estado mental de los contratantes en lo que respecta a su honestidad y rectitud en la celebraci\u00f3n del negocio, como las actuaciones o diligencia que desplegaron para establecer con certeza la realidad de la situaci\u00f3n de tal manera que les diera seguridad de que sus actuaciones estaban encaminadas a evitar conductas impropias o actos contrarios a los par\u00e1metros morales que existen en un conglomerado social. <\/p>\n
A la anterior conclusi\u00f3n se arrib\u00f3 teniendo en cuenta que se omiti\u00f3 por completo la situaci\u00f3n de conocimiento p\u00fablico y notorio de violencia generalizada que se vivi\u00f3 en el Municipio de Rionegro -que afect\u00f3 incluso tambi\u00e9n al se\u00f1or Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz, persona a la que ellos conoc\u00edan\u2026 <\/p>\n
Sumado a esto se tiene que el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria \u201cINCORA\u201d, revoc\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 1971 del 30 de septiembre de 199252 mediante la cual hab\u00eda adquirido el se\u00f1or Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz con fundamento en escrito debidamente presentado por \u00e9l, en el que renunci\u00f3 al derecho de adjudicaci\u00f3n, no obstante, en el plenario no obra tal documental (folios 171 a 181 del cuaderno Tribunal T.1). <\/p>\n
Luego, el esfuerzo argumentativo de los impugnantes, tendientes a criticar la valoraci\u00f3n probatoria, la coherencia de las premisas argumentativas y la insuficiencia en la motivaci\u00f3n, resulta vano y, en verdad, descubre la utilizaci\u00f3n del mecanismo de control extraordinario para abrir de nuevo la discusi\u00f3n sobre los supuestos f\u00e1cticos del caso, como si estuvieran frente a una instancia adicional, lo que no puede ser admitido desde ning\u00fan punto de vista. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese las palabras de este \u00f3rgano de cierre, al referirse a la finalidad de la revisi\u00f3n: <\/p>\n
A pesar de constituir una oportunidad adicional para quien estime lesionado su derecho al debido proceso, no consiste en una tercera instancia, por lo que es inviable el planteamiento de posiciones jur\u00eddicas o exposici\u00f3n de soluciones alternas al conflicto, por muy convincentes que sean. Tampoco habilita el reforzamiento de argumentos examinados por los juzgadores de instancia (SC2554, 11 oct. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00408-00). <\/p>\n
3.2. Por \u00faltimo, no est\u00e1 dem\u00e1s indicar que la censura por la ausencia de motivaci\u00f3n, respecto a la condici\u00f3n de segundos ocupantes de los revisionistas, resulta vacua, en aplicaci\u00f3n del principio \u00abad impossibilia nemo tenetur\u00bb -a lo imposible, nadie est\u00e1 obligado-, pues para la fecha del veredicto la mentada figura no hab\u00eda sido aceptada en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, en tanto su fuente se encuentra en la sentencia C-330 del 23 de junio de 2016. <\/p>\n
Significa que el sentenciador especializado no pudo equivocarse al omitir referirse a una materia extra\u00f1a, no s\u00f3lo al thema decidendum, sino al orden jur\u00eddico, pues la decisi\u00f3n de constitucionalidad que asinti\u00f3 en su reconocimiento es posterior. <\/p>\n
Empero de lo comentado, como el art\u00edculo 102 de la ley 1448 de 2011 establece que \u00abel Juez o Magistrado mantendr\u00e1 su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u00bb (negrilla fuera de texto), V\u00edctor Manuel Prieto Barrera y Aminta Mora Pab\u00f3n se encuentran facultados para acudir, en caso de que no lo hayan hecho, ante el juzgador especializado, con el fin de que eval\u00fae si cumplen los requisitos para tenerlos como segundos ocupantes y se les reconozcan los efectos a que haya lugar. <\/p>\n
As\u00ed lo asinti\u00f3 la Corte Constitucional para casos equivalentes al presente: <\/p>\n
[L]os jueces de restituci\u00f3n deber\u00e1n utilizar\u2026 todas aquellas herramientas del orden interno como del derecho internacional de los DDHH y del DIH, para establecer el respectivo est\u00e1ndar probatorio de buena fe o buena fe exenta de culpa exigible a los segundos ocupantes al momento de considerar su petici\u00f3n, sea que se tramite por la v\u00eda de la oposici\u00f3n o de una forma posterior a la sentencia, sin perder de vista que las medidas de atenci\u00f3n o las compensaciones econ\u00f3micas a ordenar tienen un impacto enorme frente a la soluci\u00f3n definitiva de la problem\u00e1tica rural y de la inequidad social (negrilla fuera de texto, T315\/20165). <\/p>\n
Con posterioridad asegur\u00f3: <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Ley 1448 de 2011, la Constituci\u00f3n y el Principio de Pinheiro n\u00famero 17 conduce a fijar la siguiente subregla constitucional: con posterioridad a la adopci\u00f3n de un fallo de restituci\u00f3n de tierras, en el cual se amparan los derechos de los reclamantes, con miras a proteger los derechos de quienes han probado ser segundos ocupantes, los Jueces y Magistrados preservan competencia para decretar ciertas medidas con miras a amparar a esta calidad de opositores (T-367\/2016). <\/p>\n
4. Condena en costas. <\/p>\n
4.1. Fueron parte en el proceso de restituci\u00f3n de tierras a que se ha hecho menci\u00f3n en esta providencia, Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz, en nombre de quien se adelant\u00f3 el mismo, y V\u00edctor Manuel Prieto Barrera y Aminta Mora Pab\u00f3n, citados como opositores por corresponder a los propietarios del predio materia de ese diligenciamiento, quienes en esta actuaci\u00f3n corresponden a los recurrentes en revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.2. Consiguientemente, el primero de los nombrados fue quien integr\u00f3 el contradictorio, persona que pese a haber sido notificada personalmente del auto admisorio de la demanda con la que se sustent\u00f3 la indicada impugnaci\u00f3n extraordinaria (folio 388 del cuaderno de la Corte), guard\u00f3 silencio durante el t\u00e9rmino del traslado, sin que posteriormente compareciera a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. De lo anterior se infiere que no se causaron costas para el resistente de la revisi\u00f3n intentada y que, por lo mismo, con sujeci\u00f3n al numeral 8\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, no hay lugar a su imposici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar que en el presente caso oper\u00f3 la caducidad del recurso extraordinario de revisi\u00f3n intentado por V\u00edctor Manuel Prieto Barrera y Aminta Mora Pab\u00f3n frente a la sentencia del 3 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, dentro del proceso de esa naturaleza promovido en nombre de Joaqu\u00edn S\u00e1nchez D\u00edaz respecto del predio \u201cLas Flores\u201d, ubicado en la vereda Venecia del municipio de Rionegro, Santander. <\/p>\n
Segundo. Negar, como consecuencia de lo anterior, la impugnaci\u00f3n extraordinaria referenciada. <\/p>\n
Tercero. Devolver el proceso de restituci\u00f3n de tierras mencionado al juzgado de origen, agregando copia de esta providencia. Of\u00edciese como corresponda. <\/p>\n
Cuarto. Ordenar que, en oportunidad, se archive el expediente que recoge la actuaci\u00f3n surtida ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Quinto. Sin costas, por no aparecer causadas. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 72. <\/p>\n
2\u0002 Jaime Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Temis, 1994, p. 210. <\/p>\n
3\u0002 Idem. <\/p>\n
4\u0002 En el mismo sentido: STC9537, 26 jul. 2018, rad. n.\u00b0 2018-01117-01; STC6079, 12 may. 2016, rad. n.\u00b0 2016-01146-00; STC15054, 4 nov. 2014, rad. n.\u00b0 2014-01701-01. <\/p>\n
5\u0002 En el mismo sentido T-367\/2016 <\/p>\n
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SC2962-2022 (2018-00565-00) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC2962-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00565-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). (2020). Se decide el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67758"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67758\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}