SC3256-2022 (2022-00142-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3256-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-0203-000-2022-00142-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur presentada por Wilfredo Calle Mu\u00f1oz. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Calle Mu\u00f1oz solicit\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo que el 3 de diciembre de 2020 dict\u00f3 el Tribunal de Busto Arsizio, Provincia de Varese, Regi\u00f3n de Lombard\u00eda (Rep\u00fablica Italiana), en el juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico que promovieron conjuntamente el memorialista y la se\u00f1ora Janeth Garz\u00f3n Mart\u00ednez. <\/p>\n
2. A trav\u00e9s de dicho procedimiento se dispuso la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial y se aprob\u00f3 el convenio regulador de los derechos y obligaciones frente a las hijas comunes menores de edad, el cual incluy\u00f3 disposiciones relacionadas con la custodia, visitas y obligaciones alimentarias a cargo de cada progenitor. <\/p>\n
4. El Ministerio P\u00fablico afirm\u00f3 que estaban cumplidos los requisitos del exequatur, haciendo especial \u00e9nfasis en la conformidad de la sentencia extranjera con las disposiciones nacionales, y la prolijidad del acuerdo de custodia, alimentos y visitas. Adicionalmente, manifest\u00f3 la delegada que \u00abLa causal invocada para implorar la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso entre los se\u00f1ores WILFREDO CALLE MU\u00d1OZ y JANETH GARZ\u00d3N MART\u00cdNEZ estriba en el mutuo consentimiento entre las partes. Sobre este aspecto, el citado tribunal extranjero aplic\u00f3 el literal b), numeral 2, del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley italiana No. 898 de 1970, que reconoce el derecho a la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso cuando las partes lo soliciten o consientan de mutuo acuerdo. Es preciso se\u00f1alar que en el sistema jur\u00eddico colombiano subyace esta misma v\u00eda, en los t\u00e9rminos contenidos en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta preciso definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido incluso a trav\u00e9s del uso leg\u00edtimo de la fuerza, tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales fuera del espacio nacional en el que fueron proferidas2. Sin embargo, esa soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda estatal, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que surgen constantes v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en pa\u00edses diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, los Estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre ellos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), a condici\u00f3n de que se cumplan ciertos requisitos previstos en las leyes procedimentales. Es decir, como punto de partida, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. <\/p>\n
En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, adem\u00e1s de la reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, para conceder efectos de una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia es necesaria la concurrencia de cuatro supuestos adicionales, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
(iii) Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; y <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
Conforme lo certific\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores a trav\u00e9s de oficio S-GTAJI-21-014384 del 23 de junio de 2021 (fl. 48 \u2013 52), a la fecha no existe tratado internacional vigente entre Colombia e Italia sobre ejecuci\u00f3n rec\u00edproca de sentencias. <\/p>\n
No obstante, se incorpor\u00f3 al expediente evidencia sobre la reciprocidad legislativa existente entre ambos pa\u00edses, recaudada en anteriores tr\u00e1mites de exequ\u00e1tur adelantados ante esta misma Corporaci\u00f3n con n\u00fameros de radicaci\u00f3n 11001-0203-000-2013-02919-01 y 11001-02-03-000-2018-03171-00. <\/p>\n
En tal virtud, se encuentra acreditada la reciprocidad legislativa en virtud de la Ley 218 de 1995, que consagra expresamente la posibilidad del reconocimiento de sentencias extranjeras en la Rep\u00fablica Italiana. Encuentra la Sala que la denominada \u00abLey Italiana de Derecho Internacional Privado Ley No. 218 del 31 de mayo de 1995\u00bb, regula en su t\u00edtulo IV lo concerniente a la eficacia de las sentencias y actos extranjeros, se\u00f1alando en su art\u00edculo 64 los requisitos para que la sentencia for\u00e1nea sea reconocida en Italia sin necesidad de recurrir a otro procedimiento, y estableciendo en el art\u00edculo 65: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 65. Reconocimiento de las decisiones extranjeras relativas a la capacidad, a las relaciones familiares y a los derechos de la personalidad: <\/p>\n
1. Tienen efecto en Italia las decisiones extranjeras relativas a la capacidad de las personas, as\u00ed como a la existencia de relaciones familiares o de los derechos de la personalidad, cuando \u00e9stas han sido pronunciadas por la autoridad de aquel Estado cuya ley es indicada por las disposiciones de la presente Ley, o cuando produzcan efectos en el ordenamiento jur\u00eddico de ese Estado, aunque sean pronunciadas por las autoridades de un tercer Estado, siempre que no sean contrarios al orden p\u00fablico y que se hayan respetado los derechos esenciales a la defensa\u00bb (fls. 32 -35). <\/p>\n
En ese sentido, la exigencia por la que se averigua debe entenderse satisfecha, conclusi\u00f3n que armoniza con el precedente inalterado de la Sala, que sobre esta tem\u00e1tica ha reconocido lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl caso que se analiza involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en Italia, pa\u00eds frente al cual inform\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores que \u201cno se encontr\u00f3 instrumento sobre reciprocidad en el reconocimiento de sentencias de los que la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica Italiana sean Estados Parte\u201d (folio 43, cdno. Corte), lo que quiere decir, que no existe evidencia de reciprocidad diplom\u00e1tica entre estas dos naciones frente a la homologaci\u00f3n de sentencias en temas civiles; empero s\u00ed, de orden legislativo. As\u00ed lo evidencian las probanzas recaudadas y los precedentes de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese del compendio normativo adosado al plenario que la Ley italiana n.\u00b0 218 de 1995 (Reforma del Derecho Internacional Privado), la cual \u201cregula la eficacia de las sentencias y de los actos extranjeros\u201d, prescribe para el cumplimiento de ese prop\u00f3sito las siguientes exigencias: \u201c(\u2026) a) el juez que la profiri\u00f3, pod\u00eda conocer de la causa de acuerdo con los principios de competencia jurisdiccional propia del ordenamiento italiano; b) el auto de apertura del proceso, fue puesto en conocimiento del demandado de acuerdo con lo dispuesto por la ley del lugar donde se desarroll\u00f3 el proceso sin violaci\u00f3n de los derechos esenciales de la defensa; c) las partes constituyeron en juicio de acuerdo con las leyes del lugar donde se desarroll\u00f3 el proceso, o la contumacia haya sido declarada de conformidad con la ley; d) la misma queda ejecutoriada de acuerdo con la ley del lugar donde se pronunci\u00f3; e) que la misma no sea contraria a otra sentencia ejecutoriada y pronunciada por un juez italiano; f) que no est\u00e9 pendiente un proceso ante un juez italiano por el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes del proceso extranjero; [y] g) que sus disposiciones no produzcan efectos contrarios al orden p\u00fablico\u201d (art. 64). <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n, guarda estrecha armon\u00eda con las reglas que regulan la materia en nuestro pa\u00eds que, a m\u00e1s de avalar el reconocimiento judicial de la eficacia de las decisiones adoptadas en el extranjero, lo condiciona al cumplimiento de algunas exigencias contempladas en el canon 606 ya citado. En cuanto toca con la clase de asunto a homologar, igualmente se advierte similitud entre las pautas establecidas por los dos pa\u00edses, tanto as\u00ed que el art\u00edculo 65 de la Ley 218 antes referida, establece que \u201c[t]tienen efecto en Italia, las sentencias extranjeras relativas a la capacidad de las personas, y las relativas a la existencia de relaciones familiares o de derechos de la personalidad, cuando hayan sido pronunciadas por las autoridades del Estado cuya Ley se refiere a las normas de la presente Ley, o produzcan efectos en el ordenamiento de ese Estado, aun cuando hayan sido pronunciadas por las autoridades de otro Estado, siempre que no sean contrarias al orden p\u00fablico y los derechos esenciales de la defensa\u201d\u00bb (CSJ SC4107-2021, 16 sep.). <\/p>\n
3.2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la acreditaci\u00f3n de la reciprocidad previamente analizada, como la satisfacci\u00f3n de los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, an\u00e1lisis que emprender\u00e1 la Sala seguidamente: <\/p>\n
Est\u00e1 acreditado que la decisi\u00f3n judicial no versa sobre derechos reales ni sobre asuntos de competencia exclusiva de los jueces colombianos, tampoco se evidenci\u00f3 que existiera en Colombia proceso en curso ni sentencia ejecutoriada sobre el mismo asunto. Adem\u00e1s, la sentencia de 3 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal de Busto Arsizio, obra en copia debidamente compulsada, legalizada y apostillada (fl. 13 \u2013 30). <\/p>\n
La solicitud fue acompa\u00f1ada de la constancia de firmeza de la sentencia extranjera, emitida el 23 de junio de 2021 por los cancilleres del Tribunal de Busto Arsizio, documento que se encuentra debidamente apostillado y traducido (fl. 29). <\/p>\n
As\u00ed mismo, est\u00e1 demostrado que la sentencia cuya homologaci\u00f3n se pretende se profiri\u00f3 en un proceso judicial al que comparecieron los c\u00f3nyuges, quienes ratificaron en audiencia su mutuo consentimiento en el asunto, renunciando expresamente al recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia. <\/p>\n
Finalmente, se observa que lo decidido por la autoridad judicial extranjera en el fallo sometido a exequatur no est\u00e1 en contra de las disposiciones internas de orden p\u00fablico que rigen en Colombia, como se expondr\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Causales de divorcio que soportan la sentencia extranjera y conformidad con las normas colombianas. <\/p>\n
La sentencia italiana cuya homologaci\u00f3n se pretende decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso con fundamento en la causal se\u00f1alada en el art\u00edculo 3, numeral 2, literal b de la Ley 898 del 1\u00b0 de diciembre de 1970, que permite la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial cuando existe previamente una separaci\u00f3n de cuerpos de mutuo acuerdo y aprobada judicialmente. <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n contempla expresamente la posibilidad de disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial una vez el \u00f3rgano judicial haya aprobado la separaci\u00f3n, misma que, de mantenerse en forma ininterrumpida por seis meses, habilita a los c\u00f3nyuges a solicitar la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial a trav\u00e9s del divorcio o la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso. <\/p>\n
Situaci\u00f3n distinta, aunque tambi\u00e9n contemplada en la norma, es la separaci\u00f3n de hecho, que debe prolongarse por cinco a\u00f1os para poder tener la virtualidad de dar por terminado el v\u00ednculo; o la separaci\u00f3n judicial contenciosa, que debe perdurar por al menos 12 meses antes de la solicitud de divorcio, eventos que corresponder\u00edan con la causal de divorcio establecida en el numeral 8 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil Colombiano. <\/p>\n
En ese sentido, la sentencia extranjera se\u00f1ala con claridad que la separaci\u00f3n de los se\u00f1ores Calle y Garz\u00f3n fue consensuada, y que en estos t\u00e9rminos fue homologada por el mismo Tribunal el 11 de enero de 2020. As\u00ed mismo, indica que las partes estuvieron de acuerdo en solicitar la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial y que de mutuo acuerdo acogieron los t\u00e9rminos del convenio regulador de derechos de sus menores hijas, y que en los mismos t\u00e9rminos comparecieron los c\u00f3nyuges al Tribunal para ratificar su consentimiento con el proceso y con las pretensiones de disoluci\u00f3n del v\u00ednculo. <\/p>\n
En tal virtud, para la Sala, la sentencia extranjera encuentra correspondencia con la causal 9 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, referida al mutuo acuerdo. La diferencia con la norma italiana, que exige que la separaci\u00f3n consensuada haya perdurado por seis meses sin reconciliaci\u00f3n, es simplemente un requisito adicional de la legislaci\u00f3n for\u00e1nea, que no est\u00e1 en contradicci\u00f3n con la norma nacional, y por lo mismo, no contrar\u00eda el orden interno colombiano. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Como se advierten reunidos los presupuestos para acceder a lo pretendido y dado que el fallo extranjero armoniza con las disposiciones internas de orden p\u00fablico en materia de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, se conceder\u00e1 la homologaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia que el 3 de diciembre de 2020 profiri\u00f3 el Tribunal de Busto Arsizio, Provincia de Varese, Regi\u00f3n de Lombard\u00eda de la Rep\u00fablica Italiana, dentro del juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico promovido por los se\u00f1ores Wilfredo Calle Mu\u00f1oz y Janeth Garz\u00f3n Mart\u00ednez. <\/p>\n
SEGUNDO. INSCRIBIR la presente decisi\u00f3n, junto con la providencia homologada, en el registro civil de matrimonio sentado bajo el n\u00famero serial 4095181, as\u00ed como en los registros civiles de nacimiento de las partes. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las reproducciones y comunicaciones a que haya lugar. <\/p>\n
TERCERO. Sin costas, por no aparecer causadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
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SC3256-2022 (2022-00142-00) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente SC3256-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-0203-000-2022-00142-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67760","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67760","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67760"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67760\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67760"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67760"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67760"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}