SC3280-2022 (2016-00222-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC3280-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-005-2016-00222-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n formulado por la parte demandante frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 21 de mayo de 2019, dentro del proceso verbal de Impugnaci\u00f3n de Actas de Asamblea promovido por Carlos Jorge Jaller Raad e Ivonne Acosta Acero, contra la Universidad Metropolitana de Barranquilla. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En su demanda1, los accionantes solicitaron, de manera principal: <\/p>\n
1.1.- Declarar que las decisiones tomadas en la reuni\u00f3n de Junta Directiva de la Universidad Metropolitana realizada el 1\u00b0 de julio de 2016, consignadas en el Acta Nro. 112 de la misma fecha, \u00abson absolutamente nulas por haber excedido los l\u00edmites de los estatutos sociales en cuanto al lugar de la reuni\u00f3n, clase de reuni\u00f3n celebrada y por haberse efectuado sin convocatoria previa, infringiendo el art. 22 de los estatutos de la Universidad\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Declarar que tales decisiones son \u00ababsolutamente nulas porque se adoptaron sin reunir el m\u00ednimo quorum deliberatorio del art. 21 de los estatutos de la Universidad\u00bb, ello en virtud de que el se\u00f1or Alfonso Acosta Bendek en condici\u00f3n de mandatario, no fue designado por el arzobispo de Barranquilla en representaci\u00f3n de la Arquidi\u00f3cesis, afectando el quorum de la reuni\u00f3n en su n\u00famero m\u00ednimo para sesionar. <\/p>\n
1.3.- Declarar que dichas decisiones son absolutamente nulas por cuanto su causa y su objeto \u00abson il\u00edcitas por parte de los asamble\u00edstas quienes votaron en inter\u00e9s y beneficio propio, lesionando intereses de la comunidad universitaria, no teniendo sus decisiones un car\u00e1cter de generales, contrariando el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Cada una de esas pretensiones se acompa\u00f1\u00f3 de una id\u00e9ntica consecuencial, consiste en que, por virtud de la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta, \u00abdeber\u00e1n dejarse sin ning\u00fan efecto jur\u00eddico\u00bb la totalidad de las decisiones adoptadas en la reuni\u00f3n censurada y ordenar al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional \u00abque cancele la inscripci\u00f3n del nombramiento del nuevo rector de la Universidad Metropolitana del se\u00f1or Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez (\u2026) en el Registro Nacional de Rectores y Representantes Legales de Instituciones de Educaci\u00f3n Superior que para efectos de publicidad lleva esta entidad, de conformidad con la funci\u00f3n asignada por el Decreto 5012 de 2009, de forma tal que quede restablecido el orden interno de la Universidad Metropolitana volviendo las cosas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiesen existido las decisiones nulas\u00bb2. <\/p>\n
1.4.- En forma subsidiaria, se pidi\u00f3: i) declarar que las decisiones tomadas en la reuni\u00f3n de Junta Directiva de la Universidad Metropolitana realizada el 1\u00b0 de julio de 2016, consignadas en el Acta Nro. 112 de la misma fecha, son ineficaces, por cuanto la reuni\u00f3n se celebr\u00f3 \u00abpor fuera del domicilio de la Universidad Metropolitana, sin convocatoria previa y sin quorum deliberatorio en clara lesi\u00f3n de los art\u00edculos 21 y 22 y normas concordantes de los estatutos de la Universidad\u00bb, y ii) Declarar que las decisiones tomadas en el punto 7\u00b0 del orden del d\u00eda de dicha reuni\u00f3n, cont\u00f3 con votos nulos afectando el quorum decisorio, por ende, sus efectos son absolutamente nulos por lo que deben dejarse sin valor y ordenar al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del nombramiento de Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez, como rector. <\/p>\n
2.- En sustento de sus aspiraciones, en s\u00edntesis, expusieron los convocantes. <\/p>\n
2.1.- La Fundaci\u00f3n Acosta Bendek constituida por Gabriel Acosta Bendek y Sof\u00eda Acero de Acosta, obtuvo personer\u00eda jur\u00eddica por Resoluci\u00f3n 1004 del 17 de noviembre de 1973; mediante Acta 02 del 25 de agosto de 2008, se reformaron sus estatutos en especial, se incluy\u00f3 el art\u00edculo 14 para crear los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y secretaria, los 3 primeros de manera vitalicia; adem\u00e1s, se modific\u00f3 el art\u00edculo 8\u00b0, que consagr\u00f3: \u00abse reemplaza el cargo de suplente por el de vicepresidente. (\u2026) ser\u00e1n funciones del vicepresidente de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendek las mismas que realiza el presidente y por consiguiente contar\u00e1 con las mismas facultades por ausencia temporal o definitiva del presidente\u00bb. De acuerdo con sus estatutos, la administraci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n no radica en un \u00f3rgano colegiado sino en su presidente y vicepresidente. <\/p>\n
Posteriormente, Eduardo Francisco, Jacobo y Alfonso Acosta Bendek, hermanos del fallecido Gabriel Acosta Bendek, llevaron a cabo una \u00abtoma hostil\u00bb de la Fundaci\u00f3n, tendiente a remover a su vicepresidenta Ivonne Acosta, adem\u00e1s, la reformaron para asegurar su control y destituir al rector de la Universidad Metropolitana, Carlos Jorge Jaller Raad. El 5 de mayo de 2016 se reunieron por fuera de la sede social, sin convocatoria ni legitimaci\u00f3n, aduciendo la calidad de \u00abmiembros fundadores\u00bb; lo all\u00ed acontecido qued\u00f3 plasmado en el Acta de Asamblea Extraordinaria 001 de la misma fecha, incluyendo una reforma estatutaria mediante el art\u00edculo 15 de los estatutos, por el cual, se asignaron funciones a la Junta Directiva de la Fundaci\u00f3n, entre ellas, \u00abnombrar los miembros que conformar\u00e1n la representaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendek en la Universidad Metropolitana\u00bb, y designaron los miembros de la Junta Directiva, entre ellos, a Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez, como presidente. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la presidencia de la Junta Directiva de dicha fundaci\u00f3n, nomin\u00f3 a Gina Eugenia D\u00edaz Buelvas, Luis Fernando Acosta Osio y Mar\u00eda Cecilia Acosta Moreno para que ingresaran como parte del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana. <\/p>\n
2.2.- La Universidad Metropolitana es una instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior de car\u00e1cter privado; sus estatutos contemplan que su m\u00e1ximo \u00f3rgano de direcci\u00f3n es el Consejo Directivo, compuesto por seis (6) miembros principales con sus respectivos suplentes, tres de los cuales son designados por el representante legal de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendek y, conforme al art\u00edculo 21, \u00abconstituye quorum el Consejo Directivo de la Universidad, con la mitad m\u00e1s uno de sus miembros y las decisiones se deber\u00e1n tomar por la mayor\u00eda de los asistentes\u00bb. <\/p>\n
El 1\u00b0 de julio de 2016, a las 5.00 p.m., a fin de sesionar como Consejo Directivo \u00abpor derecho propio\u00bb y sin previa convocatoria, los fundadores de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Eduardo y Alfonso Acosta Bendek, se reunieron en la residencia del primero, con la asistencia de Gina Eugenia D\u00edaz Buelvas, Mar\u00eda Cecilia Acosta Moreno, Luis Fernando Acosta Osio y en representaci\u00f3n del padre Luis Vargas Ripoll, quien fung\u00eda como miembro designado por la Arquidi\u00f3cesis de Barranquilla, actu\u00f3 Alfonso Acosta Bendek. Los estatutos no contemplan ese tipo de reuniones, solo estipulan que el Consejo Directivo sesiona en reuniones ordinarias y extraordinarias, previa convocatoria, de manera que, al no mediar \u00e9sta, no nac\u00edan a la vida jur\u00eddica las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
Por falta de convocatoria, no participaron en dicha reuni\u00f3n el rector ni los representantes del sector financiero y de los gremios econ\u00f3micos. Pese a tales ausencias, el cuerpo colegiado sesion\u00f3 y desarroll\u00f3 el orden del d\u00eda propuesto; en el punto 7\u00b0, procedi\u00f3 a la elecci\u00f3n y reemplazo del rector, aduciendo que Carlos Jorge Jaller Raad fue elegido sin el cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias, y adem\u00e1s, le neg\u00f3 el acceso a la instituci\u00f3n a los miembros fundadores y no quiso rendir cuentas. <\/p>\n
Como nuevo rector se nombr\u00f3 a Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez, para que en forma inmediata iniciara su periodo que ir\u00eda hasta el 2 de junio de 2018, conforme al art\u00edculo 31 de los estatutos. Tal designaci\u00f3n se tom\u00f3 \u00aben inter\u00e9s exclusivo de los asistentes a la citada reuni\u00f3n\u00bb y en ausencia de la primera autoridad administrativa de la instituci\u00f3n quien tambi\u00e9n hac\u00eda parte de ese \u00f3rgano colegiado, por lo que se efectu\u00f3 en contrav\u00eda del art\u00edculo 95 de los estatutos, que impone a los miembros de los diferentes organismos \u00abactuar en funci\u00f3n de la entidad, y en funci\u00f3n exclusiva del bienestar y progreso de la misma\u00bb. Tambi\u00e9n existi\u00f3 un evidente conflicto de intereses, dado que el se\u00f1or Acosta P\u00e9rez es presidente de la junta directiva de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendek y particip\u00f3 en la elecci\u00f3n de los miembros de \u00e9sta que entrar\u00edan a hacer parte del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana, e integraron el quorum deliberatorio y decisorio en su designaci\u00f3n como nuevo rector, todo ello en contravenci\u00f3n del art\u00edculo 83 estatutario, conforme al cual, \u00abel rector no podr\u00e1 participar en la elecci\u00f3n o designaci\u00f3n de los integrantes del organismo que estatutariamente lo deba elegir\u00bb. <\/p>\n
El 6 de julio de 2016 Carlos Jorge Jaller se enter\u00f3 de su remoci\u00f3n, y en compa\u00f1\u00eda de Ivonne Acosta como presidenta del Consejo Directivo de la Universidad y Adalgisa Franco como secretaria, remitieron al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional escrito de \u00aboposici\u00f3n a la inscripci\u00f3n del nuevo rector\u00bb, denunciando las irregularidades, tal entidad mediante oficio 2016-ER-121077 les respondi\u00f3 que \u00abla legalidad de los actos emanados por el ente universitario en desarrollo de sus procesos se debe ventilar dentro de la instituci\u00f3n conforme a sus normas internas y en su defecto ante la justicia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
3.- La convocada se opuso al \u00e9xito de las pretensiones y como medios defensivos aleg\u00f33: \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb; \u00abimposibilidad de aplicaci\u00f3n por analog\u00eda de sanciones del r\u00e9gimen comercial\u00bb; \u00abvalidez de acta y reuni\u00f3n\u00bb; \u00abobjeto y causa l\u00edcita, no configuraci\u00f3n de requisitos de nulidad absoluta\u00bb y \u00abcualquier otra que se encontrase probada dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
4.- El Juzgado 16 Civil del Circuito de Barranquilla, en sentencia del 7 de mayo de 2018, resolvi\u00f3: i) declarar no probadas las excepciones de fondo invocadas por la accionada; ii) declarar \u00abnulas de nulidad absoluta sin valor ni efecto\u00bb todas y cada una de las decisiones tomadas en el acta 112 del 1\u00b0 de julio de 2016 del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana; iii) En consecuencia, ordenar al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional que cancele la inscripci\u00f3n del nombramiento del rector Alberto Acosta P\u00e9rez, del Registro Nacional de Representantes Legales de Instituciones de Educaci\u00f3n Superior4. <\/p>\n
5.- Ambas partes apelaron el fallo de primera instancia, recursos resueltos por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 21 de mayo de 20195. <\/p>\n
6.- El Tribunal modific\u00f3 la sentencia recurrida, y en su lugar dispuso: i) Declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito; ii) \u00abDeclarar nula y sin efectos la decisi\u00f3n de remover al rector Carlos Jorge Jaller Raad y reemplazarlo por el se\u00f1or Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez tomada en la Reuni\u00f3n del Consejo Directivo del 1\u00b0 de Julio de 2016, y reflejada en el Acta 112 de dicho \u00f3rgano, quedando a salvo los derechos de los terceros que no fueron vinculados al presente litigio, derivados de las actuaciones surtidas por el se\u00f1or Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez mientras dur\u00f3 su estancia en la Rector\u00eda\u00bb, y, iii) \u00abNegar la orden de cancelar y suprimir del Registro del Ministerio de Educaci\u00f3n la Inscripci\u00f3n de dicha persona como Rector de la Universidad Metropolitana y de las personas que posteriormente hubieran sido designadas en ese cargo\u00bb. <\/p>\n
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Para resolver en la forma indicada, en s\u00edntesis, expuso el Tribunal: <\/p>\n
1.- Est\u00e1 acreditado que Carlos Jorge Jaller Raad tiene inter\u00e9s para demandar la nulidad de la decisi\u00f3n que lo reemplaz\u00f3 en su cargo de rector de la Universidad Metropolitana, por lo que resulta innecesario corroborar si la otra accionante est\u00e1 legitimada por activa. <\/p>\n
2.- En la demanda se formularon tres pretensiones destinadas a la declaratoria de nulidad absoluta de la decisi\u00f3n referida, \u00abtodas ellas como principales, cada una de las cuales ten\u00eda sus propios soportes f\u00e1cticos y sus respectivas peticiones consecuenciales\u00bb y dos subsidiarias de ineficacia, sin que en el auto inadmisorio se hubiera hecho observaci\u00f3n al respecto, ni se present\u00f3 excepci\u00f3n previa para cuestionarlas. En las consideraciones del su fallo, el a quo tuvo en cuenta los supuestos de la primera y la segunda pretensi\u00f3n principales para soportar la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta, frente a lo cual la parte demandada no formul\u00f3 ning\u00fan reparo; por lo tanto, desde el punto de vista procesal, considera la sala que debe respetarse \u00abel orden y distinci\u00f3n\u00bb de la demandante al formular las pretensiones, \u00abpor lo cual las estudiar\u00e1 en el orden redactado en el memorial de demanda como una principal y cuatro subsidiarias y solo en el caso que no prospere una de ellas se pasar\u00e1 a estudiar los supuestos de la siguiente\u00bb. <\/p>\n
3.- La sentencia de primera instancia se soport\u00f3 en que las personas que se reunieron el 1\u00b0 de julio del 2016 incumplieron los estatutos de la Universidad en tres aspectos: falta de una convocatoria previa a esa reuni\u00f3n; fue realizada por fuera de la sede de la instituci\u00f3n y el Padre Luis Vargas, designado de la Arquidi\u00f3cesis de Barranquilla, no ten\u00eda facultades para permitir que Alfonso Acosta actuara en nombre de la Arquidi\u00f3cesis. <\/p>\n
Probado uno de los supuestos f\u00e1cticos de la \u00abllamada primera pretensi\u00f3n de la demanda\u00bb, fundada en que las decisiones tomadas el 1\u00b0 de julio de 2016 \u00abcon referencia a los temas ah\u00ed tratados son absolutamente nulas por haber excedido los l\u00edmites de los estatutos sociales en cuanto al lugar, clase de reuni\u00f3n celebrada y por haberse efectuado sin la convocatoria previa, infringiendo el art\u00edculo 22 de los estatutos de la Universidad Metropolitana\u00bb, ello es suficiente para mantener la nulidad de la decisi\u00f3n de reemplazar al rector adoptada por el a quo, sin necesidad de entrar a estudiar los otros elementos utilizados para concederla, por lo que, en lo pertinente, no prosperan los reproches de la demandada. <\/p>\n
4.- Como petici\u00f3n consecuencial a la que se accedi\u00f3 en el numeral 3\u00b0 de la sentencia impugnada, se reclam\u00f3 dejar \u00absin ning\u00fan efecto jur\u00eddico la totalidad de las decisiones efectuadas en la reuni\u00f3n del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana y ordenarse al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional que cancele el nombramiento del nuevo rector, el se\u00f1or Alberto en el Registro Nacional de Rectores y Representantes Legales de Instituciones de Educaci\u00f3n Superior que para efectos de la publicidad lleva esa entidad de conformidad de la funci\u00f3n asignada por el Decreto 5012 de 2009, de tal forma que quede restablecido el orden interno de la Universidad Metropolitana, volviendo las cosas al estado en que se hallar\u00edan si no hubieren existido decisiones nulas\u00bb. No obstante, los accionantes alegan que debe ordenarse la cancelaci\u00f3n del registro de todos los nombramientos de rector efectuados despu\u00e9s del 1\u00b0 de julio del 2016, como \u00fanica forma de garantizar que Carlos Jaller retome el cargo. <\/p>\n
En la teor\u00eda del derecho es muy sencillo indicar que \u00abdeclarado nulo un acto, este desaparece de la vida jur\u00eddica y las cosas autom\u00e1ticamente regresan al estado en el que se encontraban antes, como si este acto nunca hubiera existido\u00bb, sin embargo, ello no es cierto en la vida real, por cuanto el hecho declarado nulo sigue existiendo y produciendo sus efectos a pesar de tal declaraci\u00f3n, \u00abnada se puede hacer para llegar a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de que ese hecho nunca hubiera existido ni producido sus efectos y nada realmente regresa al estado exacto anterior a la ocurrencia del mismo\u00bb, por ello se cre\u00f3 la teor\u00eda de las restituciones mutuas, para que se cree en el presente o tal vez hacia futuro, una nueva situaci\u00f3n f\u00e1ctica lo m\u00e1s parecida posible a la existente antes del acto, o a la que se hubiere producido normalmente si ese acto anulado no hubiera desviado el desarrollo de tales eventos, pero el mismo ordenamiento impone l\u00edmites como son los derechos de los terceros y unas restricciones f\u00e1cticas, \u00abdado que algunas cosas de la vida real son imposibles de deshacer o de rehacer de otra forma\u00bb. <\/p>\n
En los contratos en los que las partes intercambian cosas materiales o dineros, en la mayor\u00eda de los casos es posible devolver esos bienes a sus due\u00f1os anteriores y compensar sus deterioros o valorizaciones, \u00abpero cuando se trata de anular los efectos de meras conductas humanas es imposible deshacer lo hecho y acontecido\u00bb. <\/p>\n
Frente a la orden al Ministerio de Educaci\u00f3n para que proceda a la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del rector de una universidad hay que tener en cuenta: en primer lugar, esa inscripci\u00f3n no es un acto principal constitutivo, sino dependiente pues tal registro \u00abno le confiere a una persona la calidad de rector, solamente reconoce que ya la tiene concedida por un acto voluntario de la universidad respectiva\u00bb; en segundo lugar, su finalidad en el aspecto de publicidad tiene dos aristas \u00abvigencia actual\u00bb y \u00abciclo hist\u00f3rico\u00bb, para que esa informaci\u00f3n sirva de respaldo a los diferentes t\u00edtulos acad\u00e9micos otorgados. En cuanto al primer aspecto, el registro ya no tiene esa connotaci\u00f3n, porque Juan Jos\u00e9 Acosta es quien actualmente est\u00e1 registrado en esa calidad, siendo innecesaria una orden que se profiera en ese sentido; y frente al segundo aspecto \u00abno es posible ordenar al Ministerio que borre el registro de este se\u00f1or como si \u00e9l nunca hubiera sido rector de la universidad puesto que no se puede desconocer que realmente ejerci\u00f3 ese cargo durante casi 6 meses y as\u00ed dejar sin valor todos los registros acad\u00e9micos correspondientes, dado que ello implicar\u00eda la afectaci\u00f3n de los derechos de todos los estudiantes que formaron parte de esa instituci\u00f3n durante ese periodo\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas se modular\u00e1 lo ordenado por el a quo en el numeral segundo de la sentencia y se revocar\u00e1 el numeral 3\u00b0. <\/p>\n
5.- La adici\u00f3n del fallo solicitada por la parte demandante, en el sentido de ordenar la cancelaci\u00f3n de todos los registros de las designaciones de rector posteriores al 1\u00b0 de julio del 2016, no es posible sin antes haber dejado sin efectos tanto los nombramientos posteriores como las correspondientes decisiones del consejo directivo, pues seg\u00fan se indic\u00f3, lo que genera la condici\u00f3n de rector no es el acto de registro del Ministerio, sino la decisi\u00f3n correspondiente del ente cualificado para ello. <\/p>\n
La nulidad de la decisi\u00f3n de la reuni\u00f3n del 1\u00b0 de julio de 2016 por s\u00ed sola no genera la ineficacia de las posteriores que v\u00e1lidamente hubiere tomado el consejo con respecto a los nombramientos subsiguientes de rector. De conformidad con los art\u00edculos 28 y 31 de los estatutos, entre las funciones del consejo directivo est\u00e1 \u00abdesignar o remover al rector de la universidad\u201d, y \u201cel rector es de libre nombramiento o remoci\u00f3n del consejo directivo y es elegido por un periodo de 2 a\u00f1os pudiendo ser reelegido\u00bb. La designaci\u00f3n y remoci\u00f3n de dicho cargo, es una atribuci\u00f3n propia y exclusiva del consejo directivo que puede ejercer en cualquier momento. <\/p>\n
En este caso solo se ha resuelto acerca de la forma en la que fue removido un rector y designado otro en la reuni\u00f3n del 1\u00b0 de julio del 2016, por lo que, en principio, la existencia de este proceso y su desenlace no pueden considerarse un impedimento para que esa misma directiva tome decisiones similares, \u00abes decir, ninguna persona tiene un derecho sustancial para mantenerse en el cargo de rector de la universidad en forma permanente o indefinida en contra de la voluntad del consejo directivo de removerlo del cargo o de designar a otra persona para ese ejercicio. En ese orden de ideas, ninguna eventual decisi\u00f3n judicial al respecto de ordenar el reintegro del aqu\u00ed demandante producir\u00eda sus efectos frente a otra ulterior decisi\u00f3n del Consejo Directivo de designar a una persona diferente a \u00e9l para ejercer ese cargo\u00bb. <\/p>\n
El Consejo Directivo en reuni\u00f3n del 5 de diciembre de 2016 design\u00f3 como rector a Juan Jos\u00e9 Acosta quien, en esa calidad y como representante legal, fue reconocido en el presente litigio desde la contestaci\u00f3n de la demanda, y no se ha acreditado \u00abque tal designaci\u00f3n haya sido cuestionada o demandada por lo que debe considerarse v\u00e1lida con respecto a las facultades del Consejo Directivo para designar o remover rectores a su arbitrio\u00bb. Es m\u00e1s, en su declaraci\u00f3n de parte el rector acot\u00f3 que \u00absu designaci\u00f3n no estaba siendo cuestionada en este proceso y que por ende no deb\u00eda ser afectado por las decisiones del mismo\u00bb, por lo que tal situaci\u00f3n debe encuadrarse en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ello, cualquier derecho que hubiera tenido el demandante a ser reintegrado como rector, \u00abse extingui\u00f3 ese 5 de diciembre de 2016 cuando el consejo directivo procedi\u00f3 a designar para ese cargo al se\u00f1or Juan Jos\u00e9 Acosta Ossio y para tal reconocimiento ser\u00eda indiferente el entrar a considerar si dicho se\u00f1or es o no un tercero de buena fe, puesto que lo que se est\u00e1 respetando por esta decisi\u00f3n es la autonom\u00eda del consejo directivo de la universidad de reemplazar y designar a los rectores a su libre arbitrio y no las condiciones particulares espec\u00edficas de las personas que se design\u00f3 como rector en dicha oportunidad\u00bb, por lo cual se mantendr\u00e1 la negativa de adicionar el fallo. <\/p>\n
III.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos cargos con soporte en las causales 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Por ser su orden l\u00f3gico y de conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, se analizar\u00e1, en primer t\u00e9rmino, la causal tercera, porque ata\u00f1e a un vicio in procedendo. <\/p>\n
IV.- SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se cuestiona el fallo del ad quem por incongruencia, en la modalidad de m\u00ednima petita, toda vez que en su parte resolutiva se pronunci\u00f3 exclusivamente sobre los supuestos de la pretensi\u00f3n primera principal y sus consecuenciales, y dej\u00f3 de pronunciarse, estando en el deber de hacerlo, sobre la totalidad de lo pedido en las segunda y tercera principales, as\u00ed como de sus correspondientes consecuenciales. <\/p>\n
Si al examinar los argumentos de la pretensi\u00f3n primera principal el Tribunal estim\u00f3 que la 1.1. consecuencial era impr\u00f3spera, debi\u00f3 estudiar el fundamento de las dem\u00e1s s\u00faplicas principales (segunda y tercera), a fin de verificar si era viable acceder a las que las acompa\u00f1aban; m\u00e1xime cuando todas ellas, aunque fundadas en motivos distintos, apuntaban en el mismo sentido de la 1.1., en lo que tiene que ver \u00abcon el restablecimiento del orden interno de la Universidad Metropolitana volviendo las cosas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiesen existido las decisiones nulas\u00bb, espec\u00edficamente, debi\u00f3 pronunciarse acerca de si \u00abse abr\u00eda, o no, la posibilidad de hacer surtir a cabalidad los efectos retroactivos de la declaraci\u00f3n de nulidad que se reclamaba en las pretensiones 2.2. consecuencial a la pretensi\u00f3n segunda principal y 3.1 consecuencial a la pretensi\u00f3n tercera principal\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, el ad quem debi\u00f3 estudiar la nulidad del Acta 112 desde la perspectiva de la pretensi\u00f3n segunda principal, a fin de averiguar si las decisiones se tomaron con la presencia de todos los sujetos requeridos para reunir el m\u00ednimo de quorum deliberatorio indicado en el art\u00edculo 21 de los Estatutos de la Universidad, y una vez verificado ello, si la 2.2. consecuencial, era viable. Si hallara infundadas esas aspiraciones, debi\u00f3 estudiar la tercera principal y, eventualmente, la 3.1. consecuencial, esto es, analizar la nulidad de dicha acta verificando si se encontraban probados la causa y el objeto il\u00edcitos alegados, con miras a definir \u00abque se desplegaran los efectos retroactivos de la declaraci\u00f3n de nulidad para los fines de ordenar lo correspondiente al Ministerio de Educaci\u00f3n para el restablecimiento del orden interno de la Universidad Metropolitana volviendo las cosas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido las decisiones nulas\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se solicita casar la sentencia impugnada, para que la Corte actuando como tribunal de instancia, decida sobre todas las pretensiones rese\u00f1adas en la sustentaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la acumulaci\u00f3n de pretensiones en el proceso civil. <\/p>\n
La acumulaci\u00f3n de pretensiones, entendida como la posibilidad de promover varias s\u00faplicas que, en principio dar\u00edan lugar a distintos procesos, para que sean decididas en uno solo, en su modalidad objetiva, est\u00e1 consagrada en la primera parte del art\u00edculo 88 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9 la facultad que tiene el demandante para acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los requisitos previstos en la misma disposici\u00f3n, que, en suma, se concretan a que el juez sea competente para conocer de todas ellas, puedan tramitarse por el mismo procedimiento y no se contradigan, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. <\/p>\n
Autorizada doctrina nacional ha se\u00f1alado que el fundamento de esta figura descansa en el inter\u00e9s de los litigantes y en el inter\u00e9s p\u00fablico, pues \u00ab\u00e9stos lo tienen en que no se formen diferentes procesos para ventilar simult\u00e1neamente cuestiones que est\u00e9n ligadas entre s\u00ed; se aminoren las molestias y se reduzcan los gastos\u00bb y a su turno, \u00ab[l]a sociedad tiene inter\u00e9s en que no se desprestigie la administraci\u00f3n de justicia por la diversidad de fallos a que dar\u00eda lugar la duplicaci\u00f3n de procesos, en que se conserve el respeto a la cosa juzgada y en que no se consuma el dinero de los litigantes por la multiplicidad de procesos\u00bb6. <\/p>\n
En cuanto a las clases de acumulaci\u00f3n, \u00e9sta pude ser simple o condicional7 \u00abes simple cuando el demandante pide la estimaci\u00f3n al tiempo de todas las pretensiones acumuladas, por lo cual \u00e9stas conservan plena autonom\u00eda entre s\u00ed, y condicional cuando pide la estimaci\u00f3n de una sola subordinada a la estimaci\u00f3n o a la desestimaci\u00f3n de la otra, seg\u00fan el caso\u00bb. A su vez, la pretensi\u00f3n condicional puede ser sucesiva o consecuencial, subsidiaria o eventual y alternativa. En el primer caso, \u00abse propone una pretensi\u00f3n bajo la condici\u00f3n de que antes sea acogida otra de la cual tomar\u00e1 vida\u00bb; en el segundo, \u00abuna pretensi\u00f3n se propone para el caso de que otra sea desestimada\u00bb, y la relaci\u00f3n de principal a subsidiaria da cuenta de \u00abla graduaci\u00f3n de los intereses del demandante, o sea que la principal corresponde a un mayor inter\u00e9s y la subsidiaria a uno menor\u00bb; y en el tercero, \u00abvarias pretensiones son propuestas para que solo una sea estimada\u00bb. <\/p>\n
Naturalmente, el orden en que el juez debe decidir acerca de las pretensiones condicionales acumuladas depende de la clase de aquellas, respetando la modalidad y graduaci\u00f3n elegida por el demandante al momento de formularlas. <\/p>\n
2.- Congruencia de los fallos judiciales. <\/p>\n
Por principio la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades se\u00f1aladas en las normas procedimentales, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. En esa medida, por imperativo legal, no puede condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente, esto es, no pueden emitirse fallos ultra petita y extra petita salvo que la ley expresamente lo autorice, como acontece en los procesos de familia y agrarios en los eventos indicados en los par\u00e1grafos 1\u00b0 y 2\u00b0 del canon 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En lo concerniente a la incongruencia como motivo de casaci\u00f3n por error de procedimiento, en sentencia CSJ SC1806-2015, exp. 2000-00108-01, reiterada en SC17723-2016, se memor\u00f3: <\/p>\n
A la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los l\u00edmites o contornos que las partes le definen a trav\u00e9s de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos f\u00e1cticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez. <\/p>\n
A eso se contrae la congruencia de la sentencia, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dirigido no s\u00f3lo a disciplinar que esa respuesta de la jurisdicci\u00f3n corresponda con lo que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de anta\u00f1o inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga m\u00e1s de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (m\u00ednima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita). <\/p>\n
3.- En el caso sometido a estudio, los promotores de la litis, vali\u00e9ndose de la prerrogativa legal de acumulaci\u00f3n de pretensiones, que, como se indic\u00f3, atiende al principio de econom\u00eda procesal, formularon de manera principal tres pretensiones, todas ellas orientadas a la declaratoria de nulidad absoluta de las decisiones tomadas en la Reuni\u00f3n de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Barranquilla el 1\u00b0 de julio de 2016, al tamiz de irregularidades diferentes, como son: i) haber excedido los l\u00edmites de los estatutos sociales en cuanto al lugar y clase de la reuni\u00f3n celebrada y por la falta de convocatoria previa, infringiendo as\u00ed el art\u00edculo 22 de los estatutos universitarios (1.1.); ii) por deficiencia del quorum m\u00ednimo para sesionar, toda vez que Alfonso Acosta Bendek quien actu\u00f3 tambi\u00e9n en representaci\u00f3n de la Arquidi\u00f3cesis, no fue designado por el Arzobispo de Barranquilla (2.1), y iii) por causa y objeto il\u00edcito en la toma de las decisiones, por cuanto quienes votaron lo hicieron \u00aben inter\u00e9s y beneficio propio\u00bb, lesionando los de la comunidad universitaria y contrariando el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil. Aunado a cada una de las rese\u00f1adas aspiraciones, reclamaron los accionantes: <\/p>\n
Que como consecuencia de la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta, deber\u00e1n dejarse sin ning\u00fan efecto jur\u00eddico la totalidad de las decisiones adoptadas en la reuni\u00f3n del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana realizada el d\u00eda 1\u00b0 de julio de 2016 y deber\u00e1 ordenarse al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional (MEN) para que cancele la inscripci\u00f3n del nombramiento del nuevo rector de la Universidad Metropolitana del se\u00f1or Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez (\u2026) en el Registro Nacional de Rectores y Representantes Legales de Instituciones de Educaci\u00f3n Superior que para efectos de publicidad lleva esta entidad, de conformidad con la funci\u00f3n asignada por el Decreto 5012 de 2009, de forma tal que quede restablecido el orden interno de la Universidad Metropolitana volviendo las cosas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiesen existido las decisiones nulas8. <\/p>\n
En el fallo de segundo grado, al reparar en la forma c\u00f3mo quedaron redactadas las pretensiones, el juzgador acot\u00f39: <\/p>\n
La parte demandante incluy\u00f3 en su demanda tres pretensiones destinadas a la declaratoria de nulidad absoluta de la decisi\u00f3n antes referida, llamando a todas ellas como principales, cada una de las cuales ten\u00eda sus propios soportes f\u00e1cticos y sus respectivas peticiones consecuenciales y luego redact\u00f3 dos subsidiarias solicitando la declaraci\u00f3n de ineficacia y que tal decisi\u00f3n fue proferida con votos nulos, sin que en el auto de inadmisi\u00f3n del 3 de octubre del 2016 se hiciera ninguna observaci\u00f3n al respecto y tampoco se aprecia en el expediente que la parte demandada hubiera formulado una excepci\u00f3n previa para cuestionarlo. <\/p>\n
Al momento de expresar las consideraciones soporte de la decisi\u00f3n de fondo de la sentencia la a quo utiliz\u00f3 los supuestos de la primera y la segunda pretensi\u00f3n principal para soportar su decisi\u00f3n de declarar la nulidad absoluta de las decisiones de la reuni\u00f3n del 1\u00b0 de julio del 2016, sin que la parte demandada en sus argumentos expuestos hubiera formulado reparos concretos sobre esa metodolog\u00eda. <\/p>\n
Sin embargo, considera esta Sala de Decisi\u00f3n que procesalmente debe respetarse el orden y distinci\u00f3n que la parte demandante efect\u00faa al redactar sus pretensiones, por lo cual las estudiar\u00e1 en el orden redactado en el memorial de demanda; una principal y cuatro subsidiarias y solo en el caso que no prospere una de ellas se pasar\u00e1 a estudiar los supuestos de la siguiente. <\/p>\n
Como puede apreciarse, el Tribunal de manera expl\u00edcita determin\u00f3 la necesidad de interpretar la demanda para efectos de establecer el orden en que apreciar\u00eda las pretensiones al entrar a resolver los recursos de apelaci\u00f3n formulados por ambas partes. En esa direcci\u00f3n, opt\u00f3 por considerar principal \u00fanicamente la primera y las dem\u00e1s como subsidiarias, de manera que su estudio se supeditar\u00eda al fracaso de cada una de las precedentes. <\/p>\n
Tomando en consideraci\u00f3n que fue ese el derrotero propuesto por el ad quem para acometer su labor\u00edo, emerge con nitidez que ning\u00fan yerro puede endilg\u00e1rsele por la v\u00eda de la incongruencia, por el hecho de no haber abordado un an\u00e1lisis de las pretensiones en la forma que extra\u00f1a el recurrente, es decir, estudiando por separado la segunda y tercera \u00abprincipales\u00bb, con sus correspondientes sucesivas; comoquiera que si desde el comienzo anunci\u00f3 que, a parte de la primera, tratar\u00eda las dem\u00e1s s\u00faplicas como subsidiarias, al haber salido avante la \u00fanica que consider\u00f3 principal era apenas l\u00f3gico que se ocupara a continuaci\u00f3n de la accesoria de aquella como en efecto lo hizo. De all\u00ed, lo innecesario de analizar las dem\u00e1s, pues tal y como lo anunci\u00f3 en su momento, solo ser\u00eda menester examinar las subsidiarias y sus respectivas consecuenciales, en el evento de que llegara a desestimar la primera. <\/p>\n
Por otra parte, resulta contraevidente la censura en cuanto a que el ad quem dej\u00f3 de pronunciarse sobre las pretensiones consecuenciales a la segunda y tercera \u00abprincipales\u00bb, por cuanto, si como se indic\u00f3 en precedencia, \u00e9stas eran id\u00e9nticas a la de la primera, y el tribunal de manera concreta y razonada abord\u00f3 el estudio de la numerada como 1.1. que derivaba de aquella y la consider\u00f3 infundada, ese pronunciamiento era comprensivo de las dem\u00e1s similares que depend\u00edan de las restantes, pues con independencia de que la causal de nulidad acogida hubiese sido la concerniente a la desatenci\u00f3n de los estatutos en cuanto a lugar, clase de reuni\u00f3n y ausencia de convocatoria, y no las relacionadas con la falta de integraci\u00f3n del quorum y la posible incursi\u00f3n en causa u objeto il\u00edcito, lo cierto es que las razones para resolver en la forma en que lo hizo en ese particular aspecto no habr\u00edan sufrido ninguna alteraci\u00f3n. <\/p>\n
Bastan las anteriores apreciaciones para deducir la inexistencia de un yerro in procedendo en la modalidad de incongruencia por m\u00ednima petita, y de haberse presentado alg\u00fan desafuero en la interpretaci\u00f3n de la demanda, su ataque es ajeno a este escenario y ser\u00eda propio de un error de juzgamiento censurable por la v\u00eda de la causal segunda, pues como lo reiter\u00f3 la Sala en CSJ SC, 3 nov. 2010, rad. 2000-03315, si el sentenciador se pronuncia en un determinado sentido \u00abcomo consecuencia de haber apreciado e interpretado la demanda, a ra\u00edz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocaci\u00f3n consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petici\u00f3n que no le ha sido formulada, deviene la ocurrencia de un error de juicio -error injudicando-, como que en tal caso el fallador no ha obrado de manera impensada, para cuya enmienda se halla establecida la causal primera de casaci\u00f3n\u201d10. <\/p>\n
Lo discurrido es suficiente para deducir el fracaso del cargo examinado. <\/p>\n
V.- PRIMER CARGO <\/p>\n
1.- Se acusa parcialmente la sentencia de segunda instancia de violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 6, 1740, 1741, 1742 y 1746 del C\u00f3digo Civil; 88 de la Ley 1437 de 2011; 24 de la Ley 30 de 1993; 62, 63 y 65 del Decreto Ley 2150 de 1995; 2.5.3.2.5,3, 2.5.3.6.1, 2.5.3.6.3, 2.5.3.6.4, 2.5.3.8.1, 2.5.3.8.2, 2.5.3.8.3, 2.5.3.8.6, 2.5.3.8.7 y 2.5.3.8.9 del Decreto 1075 de 2015; as\u00ed como de los principios generales del derecho denominados fraus omnia corrumpit -el fraude todo lo corrompe-, nemo auditur propriam turpitudinem allegans -nadie puede sacar provecho de su propio dolo- y buena fe, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y de ciertos medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
El ataque se dirige solo contra algunas de las decisiones del fallo, porque pese a que se declar\u00f3 nula y sin efecto la decisi\u00f3n de remover del cargo de rector a Carlos Jaller Raad y reemplazarlo por Alberto Acosta P\u00e9rez, se modul\u00f3 lo resuelto en el numeral segundo de la sentencia de primer grado, indicando que tal decisi\u00f3n se tomaba \u00abquedando a salvo los derechos de los terceros que no fueron vinculados al presente litigio derivados de las actuaciones surtidas por el se\u00f1or Enrique Acosta P\u00e9rez\u00bb, y se revoc\u00f3 el numeral 3\u00b0. <\/p>\n
De no haberse presentado el yerro, el Tribunal habr\u00eda deducido la procedencia de devolver las cosas al estado inicial, y que, en aras del restablecimiento del orden interno de la Universidad, era necesario conminar al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional para \u00abla eliminaci\u00f3n del registro de los nombramientos de Alberto Acosta P\u00e9rez y de Juan Jos\u00e9 Acosta Ossio como rectores y representantes legales de la Universidad Metropolitana, de forma que recuperara tal car\u00e1cter el demandante Carlos Jorge Jaller Raad\u00bb. <\/p>\n
2.- Para la censura, el error de hecho que edifica el cargo, se evidencia en los siguientes aspectos: <\/p>\n
2.1.- En relaci\u00f3n con la eliminaci\u00f3n del registro de Alberto Acosta P\u00e9rez. <\/p>\n
Para negar la s\u00faplica consecuencial numerada 1.1. de la primera pretensi\u00f3n principal que s\u00ed fue acogida, el juzgador incurri\u00f3 en una palmaria tergiversaci\u00f3n del sentido y alcance de los documentos que obran a folios 100, 130 y 131 del cuaderno 1, aducidos como fundamento de su decisi\u00f3n, por medio de los cuales el Ministerio de Educaci\u00f3n dio respuesta al escrito de oposici\u00f3n al registro del referido nombramiento formulado en sede administrativa por los aqu\u00ed demandantes y Adalgisa Franco de Charris y se pronunci\u00f3 sobre la solicitud elevada en el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n interpuesto por Carlos Jaller Raad contra el mismo acto de inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Se tergivers\u00f3 el sentido natural de dichos documentos, al concluir que la informaci\u00f3n que obra en el SNIES, en lo concerniente al registro de rectores y representantes legales de instituciones de educaci\u00f3n superior, \u00abexiste para dar respaldo a los diferentes t\u00edtulos acad\u00e9micos otorgados por el respectivo ente educativo -lo cual no es cierto-. De manera tal que, si se ordenara al Ministerio de Educaci\u00f3n la eliminaci\u00f3n de uno de esos registros, se ver\u00edan comprometidos los derechos de los estudiantes que obtuvieron su grado durante el periodo correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Tal entendimiento es desacertado, pues con la mencionada documental solo se establece que esa entidad \u00abno tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad de una elecci\u00f3n efectuada al interior del Consejo Directivo de la Universidad; que el registro que lleva el Ministerio solo tiene efectos de publicidad ante terceros y que para su tramitaci\u00f3n el Ministerio solo efect\u00faa una verificaci\u00f3n formal de los requisitos para la inscripci\u00f3n del Rector\u00bb; por lo que le compete a la jurisdicci\u00f3n ordinaria pronunciarse sobre la validez del acto que da origen al registro. En su respuesta el Ministerio no alude a que la finalidad de dicha anotaci\u00f3n sea servir de respaldo y dotar de validez a los t\u00edtulos universitarios que se profieran durante el periodo en que oficie la persona designada como rector, por el contrario, a la luz del art\u00edculo 24 de la Ley 30 de 1993, el reconocimiento de un t\u00edtulo es competencia exclusiva de las instituciones de educaci\u00f3n superior que, de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015 \u00danico Reglamentario del Sector Educaci\u00f3n, son las responsables de \u00abllevar el registro de los t\u00edtulos profesionales expedidos dejando constancia del n\u00famero de registro en el diploma y en el acta de grado\u00bb. <\/p>\n
Es claro, entonces, que el registro del nombramiento del rector y representante legal de una instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior del SNIES no respalda el t\u00edtulo universitario, por lo tanto, su eliminaci\u00f3n no tiene ninguna incidencia frente a la validez de los otorgados. Si en gracia de discusi\u00f3n se considerara lo contrario, en todo caso debe tenerse en cuenta que \u00aben tanto se trata de un acto de la administraci\u00f3n, el registro de ese nombramiento se presumir\u00eda legal y producir\u00eda sus efectos hasta el d\u00eda en que el Ministerio registre un nuevo nombramiento\u00bb, por virtud del principio de legalidad del acto administrativo consagrado en el art\u00edculo 88 del C\u00f3digo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. En esa medida, los t\u00edtulos ya otorgados no sufren ninguna mengua por las afectaciones del registro relativas a las autoridades universitarias. <\/p>\n
El manifiesto error de apreciaci\u00f3n del Tribunal es trascedente, habida cuenta que el \u00fanico argumento en que se fund\u00f3 la decisi\u00f3n de revocar la orden de dejar sin efecto la inscripci\u00f3n como rector del se\u00f1or Acosta P\u00e9rez, fue la supuesta necesidad de defender la integridad de los t\u00edtulos de los estudiantes graduados mientras estuvo registrado el nombramiento del mencionado rector, elucidaci\u00f3n que vulnera el correcto entendimiento de la sanci\u00f3n de nulidad absoluta, en afrenta de los art\u00edculos 6, 1740, 1741, 1742 y 1746 del C\u00f3digo Civil, en conjunto con las dem\u00e1s disposiciones que se indicaron al inicio del cargo. <\/p>\n
Se equivoca el Tribunal al creer que la unilateralidad del acto jur\u00eddico impugnado trae aparejada la imposibilidad de retrotraer sus efectos y pensar que en este caso es imposible materialmente devolver las cosas a su estado inicial ordenando la eliminaci\u00f3n del registro del nombramiento del rector, so pretexto de que ello implicar\u00eda un desmedro para los derechos de los estudiantes. No existe ning\u00fan inconveniente f\u00e1ctico ni jur\u00eddico para que hubiere ordenado la cancelaci\u00f3n del registro de este y el restablecimiento de la inscripci\u00f3n del demandante que fue removido como consecuencia directa del acto anulado. <\/p>\n
2.2.- En relaci\u00f3n con la eliminaci\u00f3n del registro de Juan Jos\u00e9 Acosta Osio <\/p>\n
El fallo del ad quem es producto de una lectura simplista de los hechos y pretensiones, lo que se traduce en una tergiversaci\u00f3n del texto del libelo y preterici\u00f3n de algunos medios de prueba. <\/p>\n
Vista la demanda, el fallador de segunda instancia centr\u00f3 su atenci\u00f3n en los ac\u00e1pites de los hechos referidos a la organizaci\u00f3n de la Universidad Metropolitana y a la reuni\u00f3n celebrada el d\u00eda 1\u00b0 de julio de 2016 (num. III y IV), efectuando \u00abuna lectura sesgada de la pretensi\u00f3n consecuencial que acompa\u00f1\u00f3 a la pretensi\u00f3n primera principal, y en general a las dem\u00e1s pretensiones consecuenciales formuladas en el libelo\u00bb. De ese modo, de antemano descart\u00f3 que fuera posible extender los efectos de la nulidad a la eliminaci\u00f3n de los registros de nombramientos efectuados luego de que Alberto Acosta abandonara la rector\u00eda, sobre la base de que ello no fue solicitado en la demanda; as\u00ed, dej\u00f3 de tener en cuenta la real significaci\u00f3n y alcance de lo pedido y las pruebas que demostraban que era procedente ordenar la eliminaci\u00f3n de todos los registros posteriores al 1\u00b0 de julio de 2016 dispuestos por un Consejo Directivo conformado de manera fraudulenta. <\/p>\n
En particular, se estiman omitidos 2 grupos de los hechos narrados en el libelo, en los que se trat\u00f3 de \u00abla organizaci\u00f3n y estructura interna de Fundaci\u00f3n Acosta Bendek y la definici\u00f3n de su administraci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como de \u00ablas situaciones antecedentes a los actos y decisiones impugnadas que permiten comprender la actual situaci\u00f3n legal de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendek y su incidencia en la administraci\u00f3n de la Universidad Metropolitana\u00bb. El fallo le resta importancia a las graves situaciones que se relatan en esos hechos; esa limitaci\u00f3n del asunto controversial, result\u00f3 determinante para que dijera que su decisi\u00f3n \u00absolo pod\u00eda circunscribirse a lo que el Consejo Directivo decidi\u00f3 espec\u00edficamente el d\u00eda 1 de julio de 2016 y que qued\u00f3 consignado en el acta No. 112 de esa fecha, cercenado injustificadamente la consideraci\u00f3n de la verdadera etiolog\u00eda de lo decidido\u00bb; aspecto que intent\u00f3 justificar aduciendo que, \u00abcomo no se pidi\u00f3 espec\u00edficamente retirar los registros de los otros nombramientos de rectores, no era viable ordenar al Ministerio su cancelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, tergivers\u00f3 el sentido de la pretensi\u00f3n, pues lo esencial era el restablecimiento del orden interno de la Universidad volviendo las cosas al estado en que se hallar\u00edan si no hubiesen existido las decisiones nulas; la eliminaci\u00f3n del registro como rector de un sujeto era un medio de menor trascendencia, pues si los actos del Consejo Directivo, se entienden referidos al ente moral, \u00abera mandatorio entender que el restablecimiento del status quo al momento claramente especificado en la pretensi\u00f3n (\u2026), supon\u00eda la afectaci\u00f3n de cualquier nombramiento posterior al de Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez\u00bb. <\/p>\n
Los hechos listados en los ac\u00e1pites I y II de la demanda, ten\u00edan el prop\u00f3sito de hacer expl\u00edcito que la toma de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendek, se encamin\u00f3 a apropiarse tambi\u00e9n de la Universidad Metropolitana, controlada por la primera, y que, debido a las irregularidades cometidas en esa Fundaci\u00f3n, el Consejo Directivo que empez\u00f3 a operar desde el 1\u00b0 de julio de 2016, resultaba espurio y todas sus decisiones deb\u00edan considerarse contrarias a la ley. El referido entendimiento, derivado de conceder efecto \u00fatil a todos los apartes de la demanda, permit\u00eda al fallador establecer el verdadero significado de lo pretendido, en particular, en la expresi\u00f3n orientada a provocar que se \u00abdispusiera lo pertinente de tal forma que quede restablecido el orden interno de la Universidad Metropolitana, volviendo las cosas (sic) en que se hallar\u00edan si no hubiese (sic) existido las decisiones nulas\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia ha reconocido la facultad del juez para interpretar el contenido de la demanda, para as\u00ed encauzarla a la verdadera voluntad del actor, que debe ser empleada sin menoscabo del principio del derecho seg\u00fan el cual, las reglas adjetivas se supeditan en su entendimiento y aplicaci\u00f3n a la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. En este caso era posible darle tr\u00e1mite a la solicitud de restablecimiento del orden interno de la Universidad, con el alcance que se desprende de la consideraci\u00f3n conjunta de los hechos y de la forma en que fue postulado lo pretendido, y que adem\u00e1s se especific\u00f3 en el escrito de apelaci\u00f3n -entendiendo que para ello no bastaba con eliminar solo el registro de Acosta P\u00e9rez-; para lo cual era suficiente que el juez interpretara correctamente la demanda, de una manera sana, para corregir lo que se habr\u00eda dejado de especificar en la pretensi\u00f3n, pero que a todas luces estaba comprendido en ella cuando se pidi\u00f3 el restablecimiento del orden interno de la Universidad Metropolitana, y en el expediente obraban suficientes elementos de prueba que, de haber sido apreciados, vistos en su materialidad, habr\u00edan llevado al Tribunal a concluir que para restablecer el orden interno de la entidad, era posible y necesario eliminar todos los registros efectuados por el Ministerio. <\/p>\n
Las pretensiones principales de la demanda se refieren a la nulidad absoluta del Acta 112 y la nulidad es una sola, aunque para dar lugar a la misma confluyan distintas razones. En este caso el ad quem consider\u00f3 \u00fanicamente la falta de convocatoria, sin realizar un an\u00e1lisis integral de los dem\u00e1s motivos de nulidad invocados; con independencia de esa metodolog\u00eda de estudio, lo cierto es que \u00abuna vez declarada la nulidad, el efecto es siempre el mismo: se impone a la administraci\u00f3n de justicia disponer lo requerido para hacer retornar las cosas a su estado inicial\u00bb; y en ese sentido, el yerro se evidencia no solo en lo relativo a la eliminaci\u00f3n del registro del nombramiento de Alberto Acosta P\u00e9rez, sino tambi\u00e9n de la designaci\u00f3n de Juan Jos\u00e9 Acosta, puesto que era posible y necesario ordenar su retiro del sistema SNIES, sobre todo cuando el Acta 118 de 6 de diciembre de 2016, claramente demuestra que fue nombrado por el mismo Consejo Directivo espurio que design\u00f3 a Alberto Acosta P\u00e9rez como Rector y, luego, como miembro activo del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana. <\/p>\n
El tribunal desconoci\u00f3 que el Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana ha estado compuesto de manera espuria desde antes de que determinara destituir a Carlos Jaller, por lo que err\u00f3 al presumir que son v\u00e1lidas las decisiones que dicho \u00f3rgano ha tomado desde esa fecha, aduciendo que con ello se respeta el derecho a la autonom\u00eda universitaria, lo que equivale a reconocerle efectos jur\u00eddicos a una situaci\u00f3n fraudulenta, impidiendo que la nulidad declarada produzca sus efectos. <\/p>\n
Las pruebas pretermitidas por el ad quem, serv\u00edan para ratificar los hechos que pas\u00f3 por alto, a saber: el acta de constituci\u00f3n y los estatutos de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendek; el certificado aclaratorio 009 de 19 de agosto de 2014 expedido por el Subsecretario de Participaci\u00f3n Comunitaria y Convivencia Departamental de la Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico; las Actas 2 y 3 de 2008, Actas 001, 002, 003 y 004 de 2014 y el acta de la asamblea extraordinaria 001 de 5 de mayo de 2016, de la misma persona jur\u00eddica, en la que algunos asistentes adujeron la calidad de miembros fundadores y excluyendo a Ivonne Acosta de Jaller, entraron a reformar los estatutos para preparar por esa v\u00eda la apropiaci\u00f3n de la Universidad Metropolitana el 1\u00b0 de julio de 2016. Tampoco se valor\u00f3 la aceptaci\u00f3n remitida a la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla por los nombrados en la reuni\u00f3n del 5 de mayo de 2016, ni el informe de la visita del Ministerio de Educaci\u00f3n el 28 de noviembre de 2016 que demuestra que Ivonne Acosta era miembro del Consejo Directivo hasta el 30 de junio de 2016. <\/p>\n
Los documentos rese\u00f1ados demuestran que, para los efectos de tomar las decisiones que se consignaron en el Acta 112 del Consejo Directivo, fue necesario que los hermanos del difundo Gabriel Acosta Bendek se hicieran con el control de la Fundaci\u00f3n; que la reformaran para encubrir su usurpaci\u00f3n; adem\u00e1s, demuestran que todo ello era conocido por las personas que fueron nombradas como miembros de la Junta Directiva, entre ellos, Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez y Juan Jos\u00e9 Acosta Osio, quienes han actuado como rectores tras la destituci\u00f3n de Carlos Jaller. <\/p>\n
En consecuencia, se solicita casar la sentencia, accediendo en su totalidad a lo pedido en la demanda, \u00abbajo el entendido de que para hacer retornar las cosas a su estado inicial, debe ordenarse al Ministerio de Educaci\u00f3n la cancelaci\u00f3n de todos y cada uno de los registros que fueron inscritos en el SNIES tras la destituci\u00f3n del se\u00f1or Jaller Raad el 1 de julio de 2016\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la interpretaci\u00f3n de la demanda <\/p>\n
La demanda constituye el instrumento que, en el procedimiento civil colombiano, materializa el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia que en su parte primigenia propende por hacer uso de la facultad que tienen las personas de acudir al \u00f3rgano jurisdiccional del Estado en procura de una soluci\u00f3n hetero compositiva a sus conflictos jur\u00eddicos. <\/p>\n
No obstante, por expresa disposici\u00f3n legal, en su formulaci\u00f3n la demanda debe satisfacer algunos requisitos de orden formal previstos en los art\u00edculos 82, 83 y 84 del C\u00f3digo General del Proceso, entre los cuales est\u00e1, indicar \u00ablo que se pretenda, expresado con precisi\u00f3n y claridad\u00bb y \u00ablos hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados\u00bb (num. 4 y 5, art. 82). Esas dos exigencias est\u00e1n arraigadas en la categor\u00eda de la causa petendi cuya finalidad ata\u00f1e a que desde la g\u00e9nesis del proceso se le suministre al juez toda la informaci\u00f3n relevante en torno a lo que se debatir\u00e1, en especial, a partir de los fundamentos f\u00e1cticos que le dieron origen al reclamo de tutela judicial y las peticiones concretas que constituyen su objeto. <\/p>\n
Es el demandante qui\u00e9n desde el inicio est\u00e1 obligado a acatar esos lineamientos formales como principal interesado es que su demanda halle v\u00eda libre en su tramitaci\u00f3n, sin embargo, las deficiencias que pudiera presentar su escrito introductorio, de ser advertidas en el control de admisibilidad, pueden ser subsanadas en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 90 ejusdem; adicionalmente, el convocado, en su debido momento, tambi\u00e9n puede cuestionar la satisfacci\u00f3n de dichas exigencias mediante la formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa de ineptitud de la demanda (art. 100, un. 5. ib.). <\/p>\n
Con todo, es posible que solo al momento de proferir el fallo que decida la instancia, el sentenciador encuentre en la falta de claridad de la demanda un escollo para proveer, lo que no puede convertirse en un obst\u00e1culo insalvable para cumplir su deber de resolver en derecho la litis; es precisamente en esos eventos donde cobra importancia el deber de interpretar la demanda, con miras a desentra\u00f1ar su sentido m\u00e1s genuino al advertir la presencia de palabras, frases o expresiones ininteligibles, oscuras o ambiguas y a la luz del principio seg\u00fan el cual, la efectividad de los derechos subjetivos constituye el fin que a trav\u00e9s de la demanda se busca satisfacer. <\/p>\n
Sobre la facultad de interpretar la demanda que le asiste al juzgador, esta Sala en SC 27 ago. 2008, exp. 1997-14171-01, memor\u00f3: <\/p>\n
La demanda, ostenta una singular connotaci\u00f3n en la concreci\u00f3n de los extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal, delimita las aspiraciones del actor, sus soportes de hecho y de derecho, la defensa o contradicci\u00f3n de la demandada y la actividad del juzgador. <\/p>\n
Por esto, la aptitud e idoneidad de la demanda se erige en uno de los presupuestos procesales. <\/p>\n
No obstante, en veces, esta pieza de vital importancia, puede presentar deficiencias, oscuridad, ambig\u00fcedad, vaguedad, anfibolog\u00eda o imprecisi\u00f3n, en cuyo caso, para \u201cno sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal\u201d (CCXXXIV, 234), el juzgador est\u00e1 obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la soluci\u00f3n real de los conflictos. (subraya intencional). <\/p>\n
2.- La transgresi\u00f3n indirecta de normas sustantivas por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, supone un desv\u00edo protuberante del juzgador al ejercer su labor hermen\u00e9utica respecto de esa importante pieza procesal, al punto que con tal ejercicio llegue a contrariar la l\u00f3gica de la controversia, a alterar el sentido y alcance del petitum o porque sus inferencias resulten incompatibles con el texto general del libelo por tergiversar o modificar su contenido material. <\/p>\n
En cuanto a la naturaleza del error por indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, en la citada en SC 27 ago. 2008, exp. 1997-14171-01, se indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) y \u201cpara que se configure el error en la interpretaci\u00f3n de la demanda, es necesario como lo exige la ley, que \u2018sea manifiesto\u2019, ostensible o protuberante, es decir que salte a la vista de la simple lectura de la demanda, pues la actividad de interpretaci\u00f3n solamente es atacable en casaci\u00f3n \u2018cuando fuere notoria y evidentemente err\u00f3nea, lo que no se dar\u00eda cuando entre varias interpretaciones razonables y l\u00f3gicamente posibles, el Tribunal ha elegido alguna de ellas, pues es el resultado del ejercicio adecuado de su funci\u00f3n jurisdiccional\u2019 (sentencias del 7 de abril de 1989 y del 28 de febrero de 1992, sin publicar)\u201d (CCXXV, 2\u00aa parte, p. 185). <\/p>\n
(\u2026) Igualmente es menester la naturaleza inobjetable e indudable del yerro, o sea, no debe prestarse a duda, de tal manera que la \u00fanica interpretaci\u00f3n admisible sea la del censor, en tanto, \u201cdonde hay duda no puede haber error manifiesto\u201d (LXVIII, 561, CCXII, p. 113 y CCXXXI, p. 704) y no basta con \u201censayar simplemente (…) un an\u00e1lisis diverso del que hizo el Tribunal para contraponerlo al de \u00e9ste. Porque no es suficiente hacer un examen m\u00e1s profundo o sutil, para que se pueda lograr la modificaci\u00f3n de las apreciaciones que el ad quem haya hecho en su sentencia\u201d (CCXVI, p. 520) y \u201ccuando uno de los hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya sea que se le considere aisladamente o ya en conjunto con otro u otros para su definici\u00f3n jur\u00eddica, ofrece dos o m\u00e1s interpretaciones l\u00f3gicas, ninguna de las cuales desborda el objetivo de dicho libelo, puede el sentenciador elegir una u otra, sin que su conducta implique error de hecho manifiesto porque tal proceder no entra\u00f1a arbitrariedad, ni contradice la evidencia que ese escrito ostenta\u201d (CLII, 205), prevaleciendo \u201cel amplio poder de interpretaci\u00f3n que en este \u00e1mbito el ordenamiento positivo les reconoce a los juzgadores (…), no solamente para que desentra\u00f1en la verdadera intenci\u00f3n del demandante en guarda del principio seg\u00fan el cual es la efectividad de los derechos subjetivos el fin que a trav\u00e9s de aqu\u00e9l escrito [demanda] se busca, sino tambi\u00e9n para que libremente determinen y declaren las normas aplicables a los hechos integrantes del objeto demandado cuya certeza de antemano ha sido verificada en el fallo\u201d (CCXXXI, p. 704). <\/p>\n
Y en CSJ SC, 19 sep. 2009, rad. 2003-00318-01, se enfatiz\u00f3 que, \u00abDe no estar viciada la decisi\u00f3n por un desacierto de tal magnitud, o \u201csi para advertirlo se requiere de previos y m\u00e1s o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendr\u00e1 incidencia en el recurso extraordinario\u201d (CXLII, 242), como tampoco la tendr\u00e1 al ser \u2013la pifia denunciada- s\u00f3lo una posibilidad, dejando espacio para la dubitaci\u00f3n e impidiendo as\u00ed la verificaci\u00f3n de su calidad de inobjetable y la certeza de su ocurrencia, pues \u201cdonde hay duda no puede haber error manifiesto\u201d (LXVIII, 561, CCXII, p. 113 y CCXXXI, p. 704)\u00bb. <\/p>\n
3.- En el caso sometido a estudio la censura tiene alcance parcial, toda vez que el desacuerdo se centra en la negativa del Tribunal de acceder a la pretensi\u00f3n consecuencial propuesta frente a la primera principal, y en el criterio del inconforme, el yerro, se produjo tanto por indebida apreciaci\u00f3n de la demanda como por tergiversaci\u00f3n y preterici\u00f3n de algunas pruebas, de lo contrario, el Tribunal habr\u00eda concluido que para restablecer el orden interno de la Universidad era necesario conminar al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional para \u00abla eliminaci\u00f3n del registro de los nombramientos de Alberto Acosta P\u00e9rez y de Juan Jos\u00e9 Acosta Ossio como rectores y representantes legales de la Universidad Metropolitana, de forma que recuperara tal car\u00e1cter el demandante Carlos Jorge Jaller Raad\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan qued\u00f3 rese\u00f1ado, la necesidad de interpretar la demanda supone que la misma no haga gala de claridad sino de ambig\u00fcedad, oscuridad o ambivalencia; por el contrario, si los hechos y pretensiones son claros, no hay raz\u00f3n que justifique una intervenci\u00f3n del fallador en ese sentido. En el sub judice, revisada la redacci\u00f3n de la s\u00faplica consecuencial al decreto de nulidad absoluta de las decisiones cuestionadas, en principio, no se advierte confusa o contradictoria, al punto de ameritar la labor hermen\u00e9utica que se echa de menos, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
En su demanda pidieron los promotores: <\/p>\n
1.1. Consecuencial: Que como consecuencia de la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta deprecada, deber\u00e1n dejarse sin ning\u00fan efecto jur\u00eddico la totalidad de las decisiones adoptadas en la reuni\u00f3n del Consejo Directivo de la de la Universidad Metropolitana realizada el 1\u00b0 de julio de 2016 y ordenarse al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional (MEN) que cancele la inscripci\u00f3n del nombramiento del nuevo rector de la Universidad Metropolitana del se\u00f1or Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez (\u2026) en el Registro Nacional de Rectores y Representantes Legales de Instituciones de Educaci\u00f3n Superior que para efectos de publicidad lleva esta entidad, de conformidad con la funci\u00f3n asignada por el Decreto 5012 de 2009, de forma tal que quede restablecido el orden interno de la Universidad Metropolitana volviendo las cosas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiesen existido las decisiones nulas\u00bb. <\/p>\n
Como puede apreciarse, a m\u00e1s de pedir la nulidad, se reclam\u00f3: i) dejar sin efecto jur\u00eddico todas las decisiones adoptadas en la reuni\u00f3n del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana realizada el 1\u00b0 de julio de 2016, y ii) ordenar al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del nombramiento como rector de Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez en el Registro Nacional de Rectores y Representantes Legales de Instituciones de Educaci\u00f3n Superior, \u00abde forma tal que quede restablecido el orden interno de la Universidad Metropolitana volviendo las cosas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiesen existido las decisiones nulas\u00bb. La expresi\u00f3n subrayada, que en el criterio del casacionista debi\u00f3 ser interpretada por el ad quem para extender los efectos de la nulidad a actos posteriores de nombramiento de rector, es en realidad muy clara en el sentido que la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n como rector de la persona designada en la reuni\u00f3n irregularmente celebrada, desde el punto de vista de los promotores, era el mecanismo de restablecimiento del orden interno de la Universidad. <\/p>\n
En esas condiciones, no es factible deducir ning\u00fan error de juzgamiento derivado de lo que el recurrente estima una grave omisi\u00f3n del deber de interpretar el escrito inaugural, pues si las pretensiones fueron planteadas de manera di\u00e1fana, nada hab\u00eda que interpretar. De all\u00ed que, ante la claridad de lo pretendido por los demandantes y su correspondencia con los argumentos esgrimidos por el Tribunal para denegar las peticiones consecuenciales, queda desvirtuada la aducida equivocaci\u00f3n del sentenciador por falta de interpretaci\u00f3n de la demanda, que pudiera calificarse como un error de hecho evidente y trascendente. <\/p>\n
En ese sentido, conviene memorar lo sostenido en CSJ SC 19 Oct. 1994, Rad. 397211, en punto a que, el triunfo de la causal alegada, supone <\/p>\n
(\u2026) la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que adem\u00e1s de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resoluci\u00f3n judicial por esta v\u00eda impugnada, ha de consistir en la desfiguraci\u00f3n mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observaci\u00f3n, capaz de producir por lo tanto una desviaci\u00f3n ideol\u00f3gica del juez en relaci\u00f3n con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribuci\u00f3n para suplir a las partes. <\/p>\n
En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los fines se\u00f1alados, la falencia de juzgamiento de la que se viene haciendo m\u00e9rito debe tener origen en un yerro objetivo que surgiendo de una desfiguraci\u00f3n evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda raz\u00f3n en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda ‘…le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido’ (G.J. t. CXXXIX, p\u00e1g. 136) en lo que ata\u00f1e a la causa pretend\u00ed hecha valer por el actor, el petitum por \u00e9l formulado o la naturaleza jur\u00eddica de la pretensi\u00f3n concreta entablada. <\/p>\n
Adicionalmente, no puede perderse de vista que el tema referente a la extensi\u00f3n de la cancelaci\u00f3n del registro como rector del se\u00f1or Juan Jos\u00e9 Acosta Osio, solo vino a plantearse por los demandantes a manera de solicitud de adici\u00f3n del fallo de primera instancia, aduciendo que siendo \u00e9l el actual rector de la instituci\u00f3n, la cancelaci\u00f3n deb\u00eda dirigirse frente a su registro12. El a quo hall\u00f3 improcedente la solicitud de complementaci\u00f3n por cuanto ante lo \u00abextremadamente claras\u00bb que fueron las pretensiones, acceder a lo pedido por esa v\u00eda atentar\u00eda contra el principio de congruencia; de ah\u00ed que el descontento contra esa negativa se haya erigido en uno de los reproches esgrimidos por los gestores a trav\u00e9s del recurso de alzada. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, se impone recordar los motivos por los cuales el ad quem no le dio raz\u00f3n a la censura sobre ese t\u00f3pico13, al indicar que la adici\u00f3n solicitada por la parte demandante en el sentido de ordenar la cancelaci\u00f3n de todos los registros de las designaciones de rector efectuadas por el Consejo Directivo posteriores al 1\u00b0 de julio del 2016, no era posible, sin primero haber dejado sin efectos los nombramientos posteriores o sin valor las correspondientes decisiones del consejo directivo, y record\u00f3 que la calidad de rector no la genera el acto de registro ante el Ministerio, sino la decisi\u00f3n del ente cualificado para ello, de modo que, la declaraci\u00f3n de la nulidad de la decisi\u00f3n de la reuni\u00f3n del 1\u00b0 de julio de 2016 por s\u00ed sola no genera la ineficacia de las decisiones que v\u00e1lidamente hubiere tomado el consejo con respecto a los nombramientos subsiguientes al rector, y precis\u00f3: <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que en este proceso no se cuestiona y est\u00e1 expresamente aceptado en el proceso el hecho de que la designaci\u00f3n y remoci\u00f3n de una persona en el cargo de rector es una atribuci\u00f3n propia y exclusiva del consejo directivo que puede ejercer en cualquier momento por lo que todas las designaciones efectuadas por el son transitorias y temporales por la calidad de libre nombramiento y remoci\u00f3n de tal cargo. Art\u00edculo 28 literal i y 31 de los estatutos (\u2026) <\/p>\n
\u00danicamente se ha resuelto en este proceso sobre la forma y manera en la que fue tomada exclusivamente una decisi\u00f3n de remover un rector y designar a otro en la reuni\u00f3n del d\u00eda 1\u00b0 de julio del 2016, por lo que en principio la existencia del presente litigio y la decisi\u00f3n que en el mismo se ha de tomar no puede considerarse un obst\u00e1culo o un impedimento para que ese mismo consejo directivo no pueda tomar otras decisiones similares o designar un rector para dicha universidad. Es decir, ninguna persona tiene un derecho sustancial para mantenerse en el cargo de rector de la universidad en forma permanente o indefinida en contra de la voluntad del consejo directivo de removerlo del cargo o de designar a otra persona para ese ejercicio. En ese orden de ideas, ninguna eventual decisi\u00f3n judicial al respecto de ordenar el reintegro del aqu\u00ed demandante producir\u00eda sus efectos frente a otra ulterior decisi\u00f3n del consejo directivo de designar a una persona diferente a \u00e9l para ejercer ese cargo. <\/p>\n
Durante su declaraci\u00f3n de parte rendida por dicho rector en la audiencia de instrucci\u00f3n y fallo, este indic\u00f3 al respecto que su designaci\u00f3n no estaba siendo cuestionada en este proceso y que, por ende, no deb\u00eda ser afectado por las decisiones del mismo. Se considera que tal situaci\u00f3n procesal debe encuadrarse en lo establecido en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). <\/p>\n
Por ello, cualquier derecho que hubiera tenido el se\u00f1or Carlos Enrique Jaller a ser reintegrado al cargo de rector en lugar del se\u00f1or Alberto Enrique Acosta, mientras el consejo directivo no produjera otra designaci\u00f3n a otra persona diferente se extingui\u00f3 ese 5 de diciembre de 2016 cuando el Consejo Directivo procedi\u00f3 a designar para ese cargo al se\u00f1or Juan Jos\u00e9 Acosta Ossio y para tal reconocimiento seria indiferente el entrar a considerar si dicho se\u00f1or es o no un tercero de buena fe, puesto lo que se est\u00e1 respetando por esta decisi\u00f3n es la autonom\u00eda del Consejo Directivo de la universidad de reemplazar y designar a los rectores a su libre arbitrio y no las condiciones particulares espec\u00edficas de las personas que se design\u00f3 como rector en dicha oportunidad. Por lo cual se mantendr\u00e1 la negativa del a quo de adicionar la sentencia en primera instancia. <\/p>\n
El casacionista al centrar sus reproches en la indebida apreciaci\u00f3n de la demanda por no haberse deducido la esencia de sus aspiraciones consecuenciales y desatendido la lectura conjunta y arm\u00f3nica de los bloques en que estructur\u00f3 los fundamentos f\u00e1cticos de la demanda, soslay\u00f3 formular cr\u00edticas puntuales contra el razonamiento que condujo al tribunal a confirmar la negativa de complementaci\u00f3n del fallo de primera instancia. <\/p>\n
De esa manera, cualquier posible error en la apreciaci\u00f3n de la demanda o de las pruebas resultar\u00eda intrascendente, dada la asimetr\u00eda del reproche formulado, por cuanto, al no ser derruidos y ni siquiera cuestionados frontalmente, permanecen enhiestos los argumentos del fallo que sustentan esa decisi\u00f3n, esto es, la imposibilidad de acceder a lo reclamado, sin que antes se hubieran dejado sin efectos los nombramientos posteriores o sin valor las correspondientes decisiones del consejo directivo y, muy especialmente, el raciocinio que ata\u00f1e al reconocimiento de la autonom\u00eda del Consejo Directivo de la universidad para reemplazar y designar a los rectores a su libre arbitrio, y a que: i) la existencia de este litigio y la decisi\u00f3n que llegara a adoptarse no constitu\u00eda un obst\u00e1culo para que cumpliera sus funciones de nombramiento y remoci\u00f3n; ii) ninguna persona tiene un derecho sustancial para mantenerse en el cargo de rector de la universidad en forma permanente o indefinida en contra de la voluntad del Consejo Directivo de removerlo o de designar a otra persona para ese ejercicio; iii) ninguna eventual decisi\u00f3n judicial de ordenar el reintegro del demandante producir\u00eda sus efectos frente a otra ulterior decisi\u00f3n del Consejo Directivo de designar a una persona diferente a \u00e9l para ejercerlo; iv) el 5 de diciembre de 2016 se nombr\u00f3 como rector a Juan Jos\u00e9 Acosta Osio, y no se acredit\u00f3 que tal designaci\u00f3n haya sido demandada, por lo que debe considerarse v\u00e1lida y constituye una situaci\u00f3n procesal que debe considerarse a la luz del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso respecto a la congruencia de las decisiones judiciales; v) cualquier derecho de Carlos Enrique Jaller a ser reintegrado como rector, se extingui\u00f3 ese 5 de diciembre de 2016 cuando el Consejo Directivo procedi\u00f3 a designar para el cargo a Juan Jos\u00e9 Acosta Osio. <\/p>\n
4.- Error de hecho por indebida apreciaci\u00f3n probatoria <\/p>\n
Una de las vertientes de la afrenta indirecta de la ley, ata\u00f1e al error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n. Sobre este motivo, la Sala ha precisado que solo se configura cuando el vicio emerge abrupto y ostensible, de manera que analizado el contenido material de las pruebas, en contraste con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador por efecto de su valoraci\u00f3n, salte de bulto la disconformidad. <\/p>\n
En el sub lite, en relaci\u00f3n con la eliminaci\u00f3n del registro de Alberto Acosta P\u00e9rez como rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, el desacuerdo del casacionista se enfil\u00f3 a demostrar el yerro de facto que condujo al ad quem a negar lo pretendido, por tergiversaci\u00f3n del sentido y alcance de los documentos que obran a folios 100, 130 y 131 del cuaderno 1 aducidos como sustento de la decisi\u00f3n para concluir que \u00abla informaci\u00f3n que obra en el SNIES, en lo concerniente al registro de rectores y representantes legales de instituciones de educaci\u00f3n superior, existe para dar respaldo a los diferentes t\u00edtulos acad\u00e9micos otorgados por el respectivo ente educativo -lo cual no es cierto-\u00bb. <\/p>\n
Los documentos referidos por el censor y tenidos en cuenta por el tribunal, corresponden a la respuesta ofrecida por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional a Raul Rafael Romero del R\u00edos, Carlos Jaller Raad, Ivonne Acosta Acero y Adalgisa Franco de Charris, frente a su escrito de oposici\u00f3n al tr\u00e1mite de registro e inscripci\u00f3n del nuevo rector de dicha Universidad (fl. 100) y la contestaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n que, en el mismo sentido, present\u00f3 ante esa entidad el doctor Vladimir Monsalve Caballero (fls. 130-131). <\/p>\n
Al efecto, conviene rese\u00f1ar el argumento expuesto por el juzgador para \u00abmodular\u00bb lo ordenado por el a quo en el numeral segundo del fallo recurrido y revocar el tercero14: <\/p>\n
Frente a la orden de que el Ministerio de Educaci\u00f3n proceda a la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de una persona como rector de una universidad hay que tener en cuenta tres circunstancias. V\u00e9anse al respecto las dos respuestas del Ministerio obrantes a folios 100, 130 y 131 del primer cuaderno. <\/p>\n
En primer lugar, esa inscripci\u00f3n no es un acto principal constitutivo, sino sencillamente dependiente, tal registro por parte del ministerio no le confiere a una persona la calidad de rector, solamente reconoce que ya la tiene concedida por un acto voluntario de la universidad respectiva. En segundo lugar, su finalidad en el aspecto de publicidad tiene dos aristas \u201cvigencia actual\u201d y \u201cciclo hist\u00f3rico\u201d, es decir, no solo se publicita quien es el actual rector, sino quienes han tenido tal calidad en el transcurso del tiempo de existencia de la universidad para que esa informaci\u00f3n sirva de respaldo para los diferentes t\u00edtulos acad\u00e9micos otorgados por ese \u00f3rgano educativo. <\/p>\n
En el primer aspecto y tal como est\u00e1 reconocido en el expediente, tal registro ya no tiene la primera connotaci\u00f3n, ya que el se\u00f1or Juan Jos\u00e9 Acosta es quien est\u00e1 actualmente registrado en esa calidad, siendo entonces inocua e innecesaria una orden que se profiera en ese sentido. En el segundo aspecto no es posible ordenar al ministerio que borre el registro de este se\u00f1or como si \u00e9l nunca hubiera sido rector de la universidad puesto que no se puede desconocer que realmente ejerci\u00f3 ese cargo durante casi 6 meses y as\u00ed dejar sin valor todos los registros acad\u00e9micos correspondientes, dado que ello implicar\u00eda la afectaci\u00f3n de los derechos de todos los estudiantes que formaron parte de esa instituci\u00f3n durante ese periodo. <\/p>\n
De ese fragmento del fallo, emerge que el tribunal \u00fanicamente tuvo en cuenta la referida prueba documental para establecer dos aspectos: i) que esa inscripci\u00f3n no es un acto principal constitutivo, sino dependiente, por lo que no le confiere a una persona la calidad de rector y solo reconoce que ya la tiene concedida por un acto voluntario de la universidad respectiva; y ii) que la finalidad de dicha inscripci\u00f3n es ofrecer publicidad respecto a terceros. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, es claro que, aun cuando al inicio de la disertaci\u00f3n se mencionaron las respuestas del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional a sus destinatarios, aquellas no fueron el sustento de los argumentos posteriores aducidos por el sentenciador para denegar la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del nombramiento de Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez como rector de la Universidad Metropolitana, referidos a su imposibilidad material dadas \u00ablas implicaciones de ese registro frente a la comunidad acad\u00e9mica y educativa dependiente de las actividades de la universidad\u00bb, y por cuanto tal eliminaci\u00f3n tendr\u00eda como efecto \u00abdejar sin valor todos los registros acad\u00e9micos correspondientes, dado que ello implicar\u00eda la afectaci\u00f3n de los derechos de todos los estudiantes que formaron parte de esa instituci\u00f3n durante ese periodo\u00bb. <\/p>\n
Tales inferencias, en realidad, lejos de emanar de la alteraci\u00f3n del contenido material de aquellas pruebas -a las que en este segmento el Tribunal no hizo ninguna alusi\u00f3n-, dan cuenta del producto de sus cavilaciones, las cuales, al no estar soportadas de manera concreta en espec\u00edficos elementos de convicci\u00f3n, impl\u00edcitamente, han debido tener sustento en un medio suasorio no mencionado, o en un referente normativo que tampoco se precis\u00f3, pues no de otra manera puede entenderse que con esa negativa el juez colegiado propendiera por proteger los derechos de los estudiantes que formaron parte de la instituci\u00f3n durante el periodo que el se\u00f1or Acosta P\u00e9rez fungi\u00f3 como rector, evitando \u00abdejar sin valor todos los registros acad\u00e9micos correspondientes\u00bb. <\/p>\n
En tales circunstancias, que el fallador haya hecho referencia a los citados documentos, no significa que la decisi\u00f3n combatida se haya edificado completamente en esas probanzas, de all\u00ed que la tergiversaci\u00f3n endilgada por la censura no resulte admisible, pues si ni siquiera resulta claro que la determinaci\u00f3n est\u00e9 sustentada en el convencimiento que arrojaron esos medios, mal podr\u00eda inferirse que un eventual yerro en su apreciaci\u00f3n sea manifiesto, es decir, ostensible y protuberante, con trascendencia en la decisi\u00f3n de la litis. Conforme a lo expuesto, a lo sumo, de haberse presentado un desafuero de hecho habr\u00eda podido ser por suposici\u00f3n de la prueba, pero en forma alguna por tergiversaci\u00f3n de las aducidas por el recurrente. <\/p>\n
Es m\u00e1s, llama la atenci\u00f3n que los argumentos del casacionista est\u00e9n dirigidos a cuestionar que en la definici\u00f3n de esa tem\u00e1tica no se hayan aplicado las disposiciones del Decreto Ley 2150 de 1995. Ley 30 de 1993 y Decreto 1075 de 2015, todo lo cual denota que un posible yerro en esa direcci\u00f3n ser\u00eda de iure por indebida selecci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de las normas llamadas a disciplinar el caso, m\u00e1s no f\u00e1ctico por tergiversaci\u00f3n de medios que no le sirvieron de apoyatura a las inferencias del fallador en el preciso aspecto cuestionado. <\/p>\n
Por lo expuesto, este cargo tampoco se abre paso. <\/p>\n
5.- Como la decisi\u00f3n es adversa al recurrente, se le condenar\u00e1 en costas, de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, y se tendr\u00e1 en cuenta que oportunamente el opositor formul\u00f3 r\u00e9plica. <\/p>\n
VI.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: No casar la sentencia proferida el 21 de mayo de 2019 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas a la parte impugnante. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de seis millones de pesos ($6.000.000). <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Folios 5 \u2013 25 y 133-136, cuaderno 1. <\/p>\n
2\u0002 Las pretensiones consecuenciales transcritas se numeraron: 1.1., 2.2. y 3.1, frente a las principales 1, 2 y 3. Respectivamente. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Folios 216 \u2013 233, cuaderno 1. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Folios 607-608. C. 2 <\/p>\n
5\u0002 Cfr. 281 \u2013 284, cuaderno 3. <\/p>\n
6\u0002 Morales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. 9\u00b0 ed. ABC. Bogot\u00e1. 1985. P\u00e1g. 365 <\/p>\n
7\u0002 Cfr. Ib\u00eddem. P\u00e1g. 371 – 373 <\/p>\n
8\u0002 Las pretensiones consecuenciales transcritas se numeraron: 1.1., 2.2. y 3.1, frente a las principales 1, 2 y 3. Respectivamente. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. Audiencia segunda instancia. Parte sentencia: minuto 5.00 <\/p>\n
10\u0002 Sentencia 046 de 8 de abril de 2003, expediente 7844 <\/p>\n
11\u0002 Reiterada en CSJ SC10298-2014 y en SC5474-2017. <\/p>\n
12\u0002 Cfr. Min. 57.50 <\/p>\n
13\u0002 Cfr. Min. 20.50 audiencia de fallo segunda instancia <\/p>\n
14\u0002 Cfr. Audiencia segmento 8, minuto 18.00 y ss. <\/p>\n
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SC3280-2022 (2016-00222-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente SC3280-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-005-2016-00222-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n formulado por la parte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67763","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67763"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67763\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}