SC3383-2022 (2020-01452-00)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC3383-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2020-01452-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Procede la Corte a dictar sentencia dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por la se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda contra la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO <\/p>\n
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1. PRETENSIONES. <\/p>\n
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1. Declarar la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, respecto del inmueble ubicado en la carrera 37 No. 52-75 de la ciudad de Bucaramanga (Santander), con fundamento en la causal denominada mora en el pago de los c\u00e1nones. <\/p>\n
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2. En consecuencia, ordenar a la parte demandada que restituya inmediatamente el predio o dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en la sentencia. <\/p>\n
En el evento en que no se materialice la entrega voluntaria deber\u00e1 realizarla el despacho, directamente o mediante comisi\u00f3n delegada a un juzgado civil municipal de la ciudad en que se ubica el bien. <\/p>\n
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3. Condenar a la convocada al pago de las costas procesales. <\/p>\n
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2. FUNDAMENTOS F\u00c1CTICOS. <\/p>\n
En sustento de tales pedimentos, se plantearon los hechos que pasan a sintetizarse: <\/p>\n
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1. La se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda suscribi\u00f3 el mencionado contrato con David Josu\u00e9 Quintana La Riva, en su calidad de c\u00f3nsul de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, en virtud del cual entreg\u00f3 a t\u00edtulo de arrendamiento el predio ubicado en la carrera 37 No. 52-75, barrio Cabecera del Llano de la ciudad de Bucaramanga (Santander), identificado con los siguientes linderos: \u00abPor el [NORTE], en extensi\u00f3n de veinticinco metros (25.oo mts) con propiedad de [Armando Maccormick Nava]; por el SUR, en extensi\u00f3n de veinticinco metros (25.oo mts) con propiedad de Jairo Gandur; por el ORIENTE, en extensi\u00f3n de diez metros (10.oo mts) con propiedad de Antonio J Reyes; y por el OCCIDENTE, en extensi\u00f3n de diez metros (10.oo mts) con la carrera treinta y siete (37)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En la cl\u00e1usula primera se indic\u00f3 que la destinaci\u00f3n del bien ser\u00eda para el funcionamiento de las oficinas del Consulado de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela durante un per\u00edodo de doce (12) meses, contado a partir del 1\u00ba de enero de 2015; empero, se ha venido prorrogando autom\u00e1ticamente hasta la fecha. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por concepto de canon mensual durante la primera anualidad se pact\u00f3 la suma de $4\u00b4300.000.oo, la que se ha incrementado sucesivamente \u00aben una proporci\u00f3n igual al cien por ciento (100%) del \u00edndice de precios al consumidor del a\u00f1o calendario inmediatamente anterior\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Seg\u00fan lo informado por la Polic\u00eda Metropolitana de Bucaramanga, el 23 de febrero de 2019 se rompieron las relaciones diplom\u00e1ticas entre el Estado colombiano y el venezolano. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Desde el mes de febrero de 2019 la parte demandada se sustrajo de pagar los c\u00e1nones de arrendamiento causados y a la fecha no ha realizado ning\u00fan abono; por lo tanto, incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n contenida en las cl\u00e1usulas d\u00e9cima y und\u00e9cima del contrato. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El 7 de marzo de 2020, los se\u00f1ores Luis Alejandro Hern\u00e1ndez Pe\u00f1a y Olivo Cruz C\u00e1rdenas presentaron declaraci\u00f3n juramentada ante notario, en la que dieron fe de que \u00abel consulado de Venezuela est\u00e1 cerrado desde el 24 de febrero de 2019, pero con permanencia 24 horas de vigilancia por la Polic\u00eda Nacional, sin atenci\u00f3n al p\u00fablico, y adicionalmente, que la casa se encuentra en deterioro por la falta de mantenimiento y de aseo (sic)\u00bb. <\/p>\n
7. En respuesta a una petici\u00f3n elevada ante la Canciller\u00eda Colombiana, se afirm\u00f3 que [a la hora actual] la ciudad de Bucaramanga no cuenta con Consulado Venezolano dentro del territorio y, adem\u00e1s, que el se\u00f1or David Josu\u00e9 Quintana estuvo acreditado como c\u00f3nsul del pa\u00eds vecino entre el 2 de noviembre de 2012 y el 7 de julio de 2018. <\/p>\n
<\/p>\n
8. El 10 de septiembre de 2018 radic\u00f3 una misiva ante el Consulado General de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, informando que ante el incumplimiento presentado dio por terminado el contrato, lo que abre la senda a su declaraci\u00f3n judicial. <\/p>\n
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3. ACTUACIONES PROCESALES. <\/p>\n
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1. Mediante prove\u00eddo calendado el 5 de mayo de 2021 se admiti\u00f3 la demanda y, en consecuencia, se orden\u00f3 correr traslado a la parte convocada por el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas. <\/p>\n
De otro lado, se neg\u00f3 la solicitud de entrega provisional elevada por la parte actora ante el presunto abandono en que se encuentra el inmueble, tras argumentar que \u00ab(\u2026) por tratarse de una sede consular, la Convenci\u00f3n de Viena de 1961 y 1963, sobre relaciones consulares, la condicionan. La ruptura de relaciones diplom\u00e1ticas entre la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y el Estado Colombiano, a partir de 23 de febrero de 2019, como lo informa la actuaci\u00f3n, am\u00e9n de ser un hecho p\u00fablico, exige adoptar medidas especiales de protecci\u00f3n con respecto a los objetos, muebles y archivos que se encuentren al interior del inmueble\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Oficina del Procurador Especial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela otorg\u00f3 poder a un abogado para que ejerciera la defensa del Estado dentro del presente asunto, por lo que procedi\u00f3 a radicar los documentos correspondientes para su reconocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En prove\u00eddo del 28 de julio de 2021 se tuvo por notificada a la convocada por conducta concluyente, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual, se le indic\u00f3 que contaba con el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas para solicitar la remisi\u00f3n de la demanda junto con sus anexos y que, vencido este, comenzar\u00eda a correr el traslado respectivo para contestar. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En el informe secretarial fechado el 1\u00ba de octubre de 2021, se asegur\u00f3 que el t\u00e9rmino con el que contaba la parte demandada para pronunciarse venci\u00f3 el 30 de septiembre de esa anualidad; sin embargo, dentro del interregno de traslado mantuvo una actitud silente. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. ASPECTOS GENERALES. <\/p>\n
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1. El numeral 8\u00ba del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra que una de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia es la de \u00ab[c]onocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la naci\u00f3n, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo de tal norma, el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que, entre las competencias asignadas a la Corporaci\u00f3n, se encuentran \u00ab(\u2026) los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el contrato allegado como base de la acci\u00f3n, se observa que el se\u00f1or David Josu\u00e9 Quintana La Riva, quien lo suscribi\u00f3 en calidad de arrendatario, se identific\u00f3 como c\u00f3nsul de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. <\/p>\n
Ahora, como en la cl\u00e1usula segunda se estipul\u00f3 que los efectos contractuales iniciaron el 1\u00ba de enero de 2015 por un t\u00e9rmino de doce (12) meses, resulta f\u00e1cil constatar que el se\u00f1or Quintana La Riva s\u00ed ostentaba la calidad de c\u00f3nsul para esa data, pues as\u00ed lo confirm\u00f3 la canciller\u00eda colombiana mediante oficio del 3 de marzo de 2020, en el que manifest\u00f3 que revisado el Portal de Acreditaciones de la Direcci\u00f3n de Protocolo encontr\u00f3 que tal dignidad le fue reconocida por el Estado patrio entre el 2 de noviembre de 2012 y el 7 de julio de 2018. <\/p>\n
Lo anterior significa que para el momento en que se origin\u00f3 la relaci\u00f3n contractual ventilada en este asunto, quien all\u00ed fungi\u00f3 como arrendatario ten\u00eda el estatus de c\u00f3nsul, siendo acreditado como tal por el Estado colombiano, lo que permite entender que la g\u00e9nesis del v\u00ednculo jur\u00eddico que ahora se pretende terminar devino de un acuerdo de voluntades entre una ciudadana nacional y un Estado for\u00e1neo representado por su c\u00f3nsul. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al examinar la literalidad del contrato se observa que en la cl\u00e1usula vig\u00e9sima primera titulada \u00abIncumplimiento\u00bb, las partes acordaron que cualquier omisi\u00f3n a los deberes adquiridos pod\u00eda resolverse mediante una composici\u00f3n \u00abamistosa\u00bb o, de ser el caso, a trav\u00e9s de los medios judiciales establecidos en Colombia: <\/p>\n
La anterior estipulaci\u00f3n interpretada a la luz de lo dispuesto en los art\u00edculos 1618 y s.s. del C.C., resulta di\u00e1fana de su redacci\u00f3n que la voluntad de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, a trav\u00e9s de su c\u00f3nsul, fue la de renunciar a la inmunidad a su favor atendiendo que obraba como un particular y en esa condici\u00f3n celebraba el contrato de arrendamiento objeto del proceso, o en otras palabras, la declaraci\u00f3n plasmada en el contrato lleva a colegir, sin lugar a dudas, que de manera voluntaria el Estado Venezolano consinti\u00f3 en someterse, para este caso espec\u00edfico, a las reglas propias del derecho civil colombiano, exteriorizando esa intenci\u00f3n de forma expresa, lo que se traduce en la renuncia al beneficio de inmunidad del que se encuentra investido. <\/p>\n
Igualmente si se atiende como criterio interpretativo la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes1, en su art\u00edculo 7 prev\u00e9 que: <\/p>\n
Ning\u00fan Estado podr\u00e1 hacer valer la inmunidad de jurisdicci\u00f3n en un proceso ante un tribunal de otro Estado en relaci\u00f3n con una cuesti\u00f3n o un asunto si ha consentido expresamente en que ese tribunal ejerza jurisdicci\u00f3n en relaci\u00f3n con esa cuesti\u00f3n o ese asunto: <\/p>\n
<\/p>\n
a. por acuerdo internacional; <\/p>\n
<\/p>\n
b. en un contrato escrito; o <\/p>\n
c) por una declaraci\u00f3n ante el tribunal o por una comunicaci\u00f3n escrita en un proceso determinado. <\/p>\n
Por lo que resulta di\u00e1fano que la voluntad de las partes expresada a trav\u00e9s de un contrato escrito es un medio id\u00f3neo para renunciar a la inmunidad, a lo que se suma que cuando ese contrato se alleg\u00f3 al diligenciamiento para integrar el acervo probatorio, dej\u00f3 de ser un documento aportado por la parte actora para convertirse en un elemento de prueba del proceso, el cual debe ser valorado por el juez en conjunto con los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n, con independencia de cu\u00e1l fue la parte que lo aport\u00f3 o a qui\u00e9n beneficia. <\/p>\n
Por ende, los efectos emanados del contrato no se limitan al momento de su suscripci\u00f3n o durante la etapa de su desarrollo, sino que trascienden evidentemente a este juicio, al hacer parte de la unidad probatoria que se estudiar\u00e1 para definir el litigio. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, n\u00f3tese que cuando el Estado Venezolano qued\u00f3 notificado de la demanda por conducta concluyente, tuvo la oportunidad de pronunciarse no solo frente a las pretensiones, sino tambi\u00e9n sobre las pruebas. Por ende, como opt\u00f3 por mantener una actitud silente dentro del t\u00e9rmino de traslado, la conclusi\u00f3n a la que se arriba es que no utiliz\u00f3 los mecanismos procesales para oponerse al contenido del contrato, aval\u00e1ndolo en su integridad. <\/p>\n
Con ese panorama, el sometimiento a la legislaci\u00f3n nacional y la renuncia expresa a la inmunidad jurisdiccional por parte de dicho Estado frente las discusiones derivadas de la ejecuci\u00f3n del contrato de arrendamiento, definitivamente se extendieron a este proceso, al ser una de las piezas de la litis que se puso en conocimiento del demandado para que ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No obstante, m\u00e1s all\u00e1 de la declaraci\u00f3n expresada por las partes en el contrato y de la conducta procesal asumida por el Estado vecino, se verificar\u00e1 si el presente tr\u00e1mite puede culminar con una decisi\u00f3n de fondo, atendiendo a la naturaleza especial de quien funge como arrendataria. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las Convenciones de Viena de 1961 y 1963, aprobadas por Colombia mediante las Leyes 6\u00aa de 1972 y 17 de 1971, contienen declaraciones de reconocimiento igualitario frente a la soberan\u00eda de cada Estado y, por ende, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional, propenden por garantizar las inmunidades y privilegios que se conceden a las misiones diplom\u00e1ticas y consulares. <\/p>\n
Dichas inmunidades se traducen en una protecci\u00f3n especial de la que no solo gozan los delegados, sino tambi\u00e9n los propios Estados for\u00e1neos, para no ser sometidos a la jurisdicci\u00f3n de otros pa\u00edses, toda vez que, en principio, contin\u00faan rigi\u00e9ndose por la de origen2. <\/p>\n
Sin embargo, tales inmunidades no siempre son absolutas, ya que pueden presentarse circunstancias o eventos excepcionales que obligan a los representantes de los Estados extranjeros a observar y acatar ciertas normas del pa\u00eds que los acoge, como lo ha precisado la Corte Constitucional al anotar: <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se ha referido a los l\u00edmites de la inmunidad de jurisdicci\u00f3n en el marco del derecho internacional. De esta forma, la Corte explic\u00f3 que en la Convenci\u00f3n de Viena de 1961 se codific\u00f3 este desarrollo, y se\u00f1al\u00f3, puntualmente, que los Estados acreditantes deben atender las normas locales en materia comercial y laboral. As\u00ed, la Sentencia T-462 de 2015 dijo: <\/p>\n
\u201cLa Corte advierte entonces que la inmunidad de jurisdicci\u00f3n es una garant\u00eda que originalmente corresponde a una costumbre internacional, que viene siendo reconocida como derecho internacional consuetudinario desde comienzos del Siglo XIX, y que fue objeto de codificaci\u00f3n y desarrollo progresivo en la Convenci\u00f3n de Viena de 1961. Esta inmunidad surge del reconocimiento del principio de igualdad soberana de los Estados, y que por lo tanto est\u00e1 encaminada a proteger la actuaci\u00f3n soberana de todos los Estados. Sin embargo, en virtud de dicho prop\u00f3sito, la garant\u00eda de inmunidad sobre personas y bienes tiene unos l\u00edmites los cuales han ido cambiando con el tiempo. En el mencionado instrumento internacional se incluyen ciertos l\u00edmites, relacionados por ejemplo, con las obligaciones que los Estados acreditantes deben observar en materia de actos de comercio o del respeto por las normas sobre seguridad social del Estado receptor\u00bb3. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, debe recordarse que los miembros de los cuerpos diplom\u00e1ticos pueden realizar dos tipos de actos, \u00ab(…) i) a t\u00edtulo privado y no en nombre del Estado acreditante (\u2026)\u201d; y ii) los actos que aqu\u00e9llos realizan \u201c(\u2026) por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misi\u00f3n (\u2026)\u00bb4, categor\u00eda esta \u00faltima de la que a su vez se desprenden dos actos diferentes para el cumplimiento del encargo misional, de un lado, los \u00abiure imperii\u00bb que se entienden como los puramente pol\u00edticos, y del otro, los \u00abiure gestionis\u00bb, atinentes a los accesorios que se requieren para el cumplimiento de los fines delegados, en los que puede existir una aut\u00e9ntica \u00abrenuncia\u00bb a la inmunidad o, por lo menos, una inmunidad restringida como sucede, \u00abpor ejemplo, cuando se desarrollan actividades propias del derecho privado, como contratar bienes y servicios\u00bb5, pues no de otra manera podr\u00edan participar de aquellos actos que no se circunscriben estrictamente a las funciones oficiales. <\/p>\n
En lo relacionado con los \u00abiure gestionis\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha resaltado: <\/p>\n
Frente a los actos \u00abiure gestionis\u00bb, la costumbre internacional propende por reconocer una inmunidad relativa, al punto que tales actos, en principio, podr\u00edan ser juzgados por las autoridades del Estado receptor. <\/p>\n
(\u2026) si la inmunidad de jurisdicci\u00f3n se torna relativa en trat\u00e1ndose de actos \u00abiure gestionis\u00bb, por no obedecer al cumplimiento de funciones de car\u00e1cter estrictamente oficial, debe entenderse que, en trat\u00e1ndose del juzgamiento de ese tipo de actos es posible la renuncia de la inmunidad, pues el sometimiento de los miembros del cuerpo diplom\u00e1tico a los jueces nacionales, por efectos pr\u00e1cticos y para materializar el principio de eficacia de los derechos, no entra\u00f1ar\u00eda un irrespeto a la soberan\u00eda extranjera, ni podr\u00eda generar un conflicto pol\u00edtico entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Por el contrario, con tal medida se abona terreno para lograr la realizaci\u00f3n del derecho sustancial, de manera pronta y con respeto a las formalidades adjetivas internas, cuesti\u00f3n que, por dem\u00e1s, garantiza de mejor manera las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa para el demandado\u00bb6 (resaltado intencional). <\/p>\n
Incluso, los art\u00edculos 32 de la Convenci\u00f3n de Viena de 1961 y 45 de la Convenci\u00f3n de Viena de 19637, contemplan la posibilidad de renunciar a la inmunidad jurisdiccional de los agentes diplom\u00e1ticos y consulares para determinados casos en particular, especialmente cuando se trata de asuntos de contenido civil o administrativo, como acontece precisamente en el sub examine, en el que se exige la terminaci\u00f3n de un contrato de arrendamiento que, en \u00faltimas, constituye un acto exclusivo del derecho privado y debe regirse por la reglamentaci\u00f3n interna. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Con ese panorama, para saber si el v\u00ednculo jur\u00eddico estudiado es de aquellos que se denomina como \u00abiure gestionis\u00bb, basta con revisar el documento allegado para observar que s\u00ed lo es, dada su finalidad y las obligaciones adquiridas por las partes durante su ejecuci\u00f3n; adem\u00e1s, porque en la cl\u00e1usula vig\u00e9sima primera se autoriz\u00f3 expresamente a la se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda para que, ante un eventual incumplimiento del arrendatario, pudiera iniciar las acciones correspondientes \u00abde acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico del [E]stado receptor\u00bb que, para el caso concreto, es el verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, lo que se traduce en un franco y voluntario sometimiento del c\u00f3nsul firmante [en representaci\u00f3n de su Estado] a la legislaci\u00f3n patria. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Decantado lo anterior, resulta imperioso advertir que, como lo ha reiterado esta Sala en m\u00faltiples ocasiones, no toda controversia suscitada con otro Estado puede ventilarse ante esta Corporaci\u00f3n, pues existen algunos requisitos de estricta observancia que se imponen para abrir paso a su estudio, veamos: <\/p>\n
Corolario de lo expuesto es que, por regla general, este \u00f3rgano de cierre no podr\u00e1 adelantar causas en que se vinculen a estados o agentes diplom\u00e1ticos, salvo que: <\/p>\n
(a) en los procesos los aforados hayan renunciado de forma expresa a su inmunidad, a trav\u00e9s de instrumentos internacionales, contratos o manifestaciones de voluntad realizadas en los respectivos procesos; <\/p>\n
(b) las actuaciones sean impulsadas por los estados o agentes diplom\u00e1ticos, en calidad de demandantes o intervinientes, al evidenciarse de dicho comportamiento una renuncia t\u00e1cita a su exenci\u00f3n; o <\/p>\n
(c) los asuntos en litigio est\u00e9n vinculados a derechos reales, aspectos sucesorales o controversias en desarrollo de actividades comerciales o profesionales. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Entonces, si la convocatoria de otros Estados para la disputa de un proceso contencioso solo puede realizarse ante la convergencia de cualquiera de estas hip\u00f3tesis, al examinar el dossier se colige que el an\u00e1lisis de la relaci\u00f3n contractual por esta v\u00eda se torna pertinente, toda vez que, como se explic\u00f3 en precedencia, la renuncia a la inmunidad jurisdiccional por cuenta del Estado Venezolano se plasm\u00f3 expresamente en el cuerpo del contrato y su alcance trascendi\u00f3 a este juicio. <\/p>\n
Es que al haberse incorporado el contrato como prueba del arrendamiento y someterse a contradicci\u00f3n en la etapa correspondiente, dicho elemento de convicci\u00f3n dej\u00f3 de ser de la parte actora para erigirse como una prueba a disposici\u00f3n del proceso, por lo que su contenido y efectos redundan en beneficio o en contra de los intervinientes procesales, en virtud de la comunidad de la prueba. <\/p>\n
De suerte que, si el contrato se dej\u00f3 a disposici\u00f3n de la demandada y esta mantuvo una actitud silente, no queda un camino diferente al de concluir que no se opuso a lo plasmado en el documento [en el que acept\u00f3 su acatamiento a las leyes patrias] y, por contera, que su renuncia a la inmunidad jurisdiccional se extendi\u00f3 durante este juicio. <\/p>\n
No en vano, para este tipo de procesos en particular, la consecuencia jur\u00eddica que se impone frente a la ausencia de contestaci\u00f3n, es la de proferir inmediatamente sentencia de restituci\u00f3n (num. 3\u00ba, art. 384 del C.G.P.). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Aunado a ello, el v\u00ednculo que sujeta a las partes se contrae a una relaci\u00f3n de \u00edndole comercial por tratarse de un contrato de arrendamiento, del que se desprendieron obligaciones rec\u00edprocas para ambos, la de entregar el inmueble para su uso y la de pagar los c\u00e1nones mensuales pactados, \u00faltima que fue incumplida. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Ahora, aunque es cierto que esta Corporaci\u00f3n \u00fanicamente ha admitido la excepci\u00f3n a la inmunidad en acciones y demandas en las que el Estado for\u00e1neo es quien las emprende, m\u00e1s ninguna en las que se convoque como demandado, lo cierto es que al revisar cada caso en particular se observa que distan ampliamente de la que ata\u00f1e a este litigio, como pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el expediente No. 11001-02-03-000-2020-02594-00, ejecutivo singular promovido por el Edificio Porvenir P.H., en contra de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, mediante providencia AC3349 de 2020 se rechaz\u00f3 la demanda por carecer de jurisdicci\u00f3n y competencia, tras aducir que, de un lado, no se acredit\u00f3 la renuncia a la inmunidad de la que goza el Estado extranjero, y del otro, la controversia no gravit\u00f3 sobre alguna de las excepciones aceptadas para este tipo de eventos \u00abasuntos sucesorales, ejercicio de derechos reales o actividades comerciales o profesionales ajenas a la misi\u00f3n internacional\u00bb. <\/p>\n
A diferencia de ese asunto, en este se dej\u00f3 en evidencia no solo la renuncia expresa a la inmunidad jurisdiccional derivada del contrato de arrendamiento, con su efecto postrimero dentro de este juicio, sino adem\u00e1s que se trata de una relaci\u00f3n de car\u00e1cter comercial, catalogada como un acto \u00abiure gestionis\u00bb; aspectos ambos que se echaron de menos en el mencionado ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el expediente No. 11001-02-03-000-2019-03830-00, restituci\u00f3n de inmueble arrendado incoado por Jorge Alberto V\u00e9lez Berr\u00edo contra la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, en auto AC2340 de 2020 se rechaz\u00f3 por falta de jurisdicci\u00f3n y competencia, argumentando que, en primer lugar, no se demostr\u00f3 la renuncia a la inmunidad del Estado for\u00e1neo, en segundo, el se\u00f1or V\u00e9lez no actu\u00f3 como suscriptor de los contratos que sirvieron de base a la demanda, y en tercero, la pretensi\u00f3n no vers\u00f3 sobre un derecho real, sino personal. <\/p>\n
Al contrastar dicho tr\u00e1mite con el asunto sub examine, resulta palmario que no existe identidad entre ellos, al ser diametralmente opuestos en la calidad en que act\u00faan los sujetos convocantes y en el contenido de los contratos de arrendamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En los expedientes Nos. 11001-02-03-000-2016-02866-00 y 11001-02-03-000-2009-01781-00, se instauraron demandas de responsabilidad civil extracontractual, derivadas de accidentes de tr\u00e1nsito en los que estuvieron involucradas las Embajadas de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y de la Rep\u00fablica Federal de Alemania en Colombia, respectivamente. Mediante providencias fechadas el 25 de octubre de 2016 y 26 de octubre de 2009, esta Corporaci\u00f3n las rechaz\u00f3 por no corresponder a alguna de las hip\u00f3tesis excepcionales a las que se hizo referencia con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin duda, los sustentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que cimentaron aquellos pedimentos, lejos est\u00e1n de asemejarse a los que fundamentan este asunto, al gravitar exclusivamente frente a controversias de \u00edndole extracontractual en las que, adem\u00e1s, no existi\u00f3 renuncia previa de los Estados extranjeros a la protecci\u00f3n de inmunidad reconocida dentro de nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Por lo tanto, en lo que concierne a este asunto, se puede afirmar que contiene particularidades especiales que permiten dictar la sentencia correspondiente, siguiendo el mandato previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. DEL ARRENDAMIENTO. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El art\u00edculo 1973 del C\u00f3digo Civil define al arrendamiento como un contrato en virtud del cual dos partes se obligan rec\u00edprocamente, la una a conceder el uso de una cosa, y la otra a pagar por ese servicio en contraprestaci\u00f3n. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el arrendatario es quien recibe el bien para su beneficio y goce, ejerciendo sobre este las facultades que se imponen por ministerio de la ley y las asignadas expresamente por el arrendador, una de sus obligaciones esenciales consiste, precisamente, en pagar el precio o la renta pactada (art\u00edculo 2000 del C.C.). <\/p>\n
Cuando se trata de inmuebles entregados para el arrendamiento, atendiendo a su naturaleza deber\u00e1 acudirse a las reglas fijadas en el C\u00f3digo Civil, en la Ley 820 de 2003 o en el estatuto mercantil. Para el caso en estudio deber\u00e1 acudirse a lo reglado en el art\u00edculo 2000 del C\u00f3digo Civil, que prev\u00e9 entre las obligaciones del arrendatario la de pagar el precio o renta pactada. <\/p>\n
Por lo tanto, la omisi\u00f3n de pagar los c\u00e1nones pactados en las fechas estipuladas por las partes, faculta autom\u00e1ticamente al arrendador para solicitar la terminaci\u00f3n unilateral del contrato por la senda prevista en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En lo relacionado con el clausulado relativo a los c\u00e1nones se establecieron los siguientes: <\/p>\n
TERCERA \u2013 PRECIO: El precio mensual del arrendamiento es de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M\/CTE ($4\u00b4300.000 M\/CTE) el cual deber\u00e1 ser pagado por el ARRENDATARIO en forma anticipada los primeros cinco (5) d\u00edas de cada mes calendario, mediante consignaci\u00f3n o transferencia a la [c]uenta [c]orriente (\u2026). El precio mensual del arrendamiento referido anteriormente tendr\u00e1 vigencia del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. <\/p>\n
(\u2026) D\u00c9CIMA PRIMERA \u2013 REAJUSTE: El precio mensual del canon de arrendamiento para la pr\u00f3rroga o renovaci\u00f3n del contrato en la vigencia fiscal del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2015, si el ARRENDATARIO decide dar continuidad al presente contrato se incrementar\u00e1 anualmente en una proporci\u00f3n igual al cien por ciento (100%) del \u00edndice de precios al consumidor del a\u00f1o calendario inmediatamente anterior. Si el tope m\u00e1ximo de reajuste se\u00f1alado por el art\u00edculo 20 de la Ley 820 de 2003, llegare a variar por alguna ulterior disposici\u00f3n Estatal, es entendido que el porcentaje de reajuste que debe pagar EL ARRENDATARIO es equivalente al m\u00e1ximo permitido por la norma que a ese respecto se encuentre vigente en el momento que tenga ocurrencia cada pr\u00f3rroga anual del contrato (resaltado intencional). <\/p>\n
En ese orden, aunque en principio se fij\u00f3 como t\u00e9rmino de vigencia del contrato el lapso de un (1) a\u00f1o, en la cl\u00e1usula d\u00e9cima primera se acord\u00f3 la posibilidad de someterlo a pr\u00f3rrogas, caso en el cual, los c\u00e1nones mensuales se reajustar\u00edan cada doce (12) meses, con base en el \u00edndice de precios al consumidor del a\u00f1o inmediatamente anterior. <\/p>\n
Entonces, como lo pretendido por esta v\u00eda es la declaratoria de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, se colige que se ha venido prorrogando anualmente, lo que conlleva inherentemente el aumento paulatino de las rentas mensuales. <\/p>\n
En tal sentido, en el escrito de demanda se explic\u00f3 que, habi\u00e9ndose ampliado el contrato ante la ausencia de preaviso proveniente de cualquiera de las partes para darlo por terminado, sus efectos se han extendido hasta la fecha y, consecuentemente, las obligaciones del Consulado de asumir el pago de los c\u00e1nones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Siendo as\u00ed, aunque no se desconoci\u00f3 que aquellos se sufragaron ininterrumpidamente hasta el mes de febrero de 2019, con ocasi\u00f3n de la ruptura de las relaciones diplom\u00e1ticas entre el Estado Colombiano y el Venezolano, el inmueble fue abandonado por sus ocupantes, se cerraron sus puertas al p\u00fablico y ces\u00f3 el pago de la renta, misma que para dicha anualidad ya ascend\u00eda a $5\u00b4053.672.oo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, al incurrir la arrendataria en mora de los emolumentos pactados con la se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda, qued\u00f3 habilitada para solicitar la terminaci\u00f3n del contrato, tal como se plasm\u00f3 en el numeral 2\u00ba de la cl\u00e1usula d\u00e9cima cuarta, al decir: \u00abD\u00c9CIMA CUARTA \u2013 OTRAS CAUSALES DE TERMINACI\u00d3N: EL ARRENDADOR adem\u00e1s podr\u00e1 dar por terminado el contrato por los siguientes motivos: (\u2026) 2) En caso de que la parte arrendataria no pague los incrementos pactados en los eventos de pr\u00f3rroga o de renovaci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DEL PROCESO DE RESTITUCI\u00d3N. <\/p>\n
1. El art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso consagra las reglas especiales que deben seguirse para los procesos de restituci\u00f3n, entre las que se exige, como requisito sine qua non para su tr\u00e1mite, acompa\u00f1ar a la demanda la \u00abprueba documental del contrato de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
En cumplimiento de esa exigencia, la parte actora alleg\u00f3 con la demanda el documento titulado \u00abCONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE\u00bb, suscrito entre la se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda como arrendadora y el c\u00f3nsul de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, David Josu\u00e9 Quintana La Riva, como arrendatario, con fecha de iniciaci\u00f3n el 1\u00ba de enero de 2015, a trav\u00e9s del cual se entreg\u00f3 la tenencia del inmueble ubicado en la carrera 37 No. 52 \u2013 75, barrio Cabecera del Llano de la ciudad de Bucaramanga (Santander), destinado \u00ab\u00fanica y exclusivamente para MISI\u00d3N CONSULAR\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Admitida la demanda en prove\u00eddo del 5 de mayo de 2021 se orden\u00f3 correr traslado a la parte convocada para que, una vez notificada, pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
El Procurador Especial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela otorg\u00f3 poder al abogado Ram\u00f3n Alfredo Aguilar Camero para actuar dentro del presente litigio, a quien se le reconoci\u00f3 personer\u00eda en auto del 28 de julio de 2021, decisi\u00f3n en la que tambi\u00e9n se precis\u00f3 que la conducta desplegada acarre\u00f3 la notificaci\u00f3n de la Rep\u00fablica demandada por conducta concluyente bajo los preceptos rectores del art\u00edculo 301 del C.G.P. y, por lo tanto, luego de que venciera el plazo para solicitar la entrega de copias, contaba con diez (10) d\u00edas para contestar. <\/p>\n
T\u00e9rmino que transcurri\u00f3 sin que se pronunciara, como milita en la constancia secretarial adiada el 1\u00ba de octubre de 2021. <\/p>\n
Esa actitud silente conlleva la aplicaci\u00f3n directa de la consecuencia procesal establecida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 384 del C.G.P., seg\u00fan la cual, ante la ausencia de oposici\u00f3n debe proferirse sentencia en la que se ordene la restituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Resulta imperioso aclarar que la causal invocada por la se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda para solicitar la restituci\u00f3n por esta v\u00eda fue la mora en el pago de los c\u00e1nones causados; por lo tanto, al tenor de lo dispuesto en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 384 ejusdem, este asunto se tramita en \u00fanica instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora bien, como la consecuencia natural de la orden de restituci\u00f3n implica la entrega del predio a la arrendadora, no puede obviarse el hecho de que la convocada tiene una naturaleza cualificada, pues se trata de un Estado extranjero, el cual, seg\u00fan la Convenci\u00f3n de Viena de 1961, se denomina como \u00abEstado acreditante\u00bb y goza de amplios privilegios dentro del \u00abEstado receptor\u00bb, entre los que se destaca, la inviolabilidad del lugar en que se sit\u00faa la misi\u00f3n diplom\u00e1tica, la protecci\u00f3n de su mobiliario, archivos documentos y dem\u00e1s bienes que all\u00ed se encuentren (art\u00edculos 22 y 24); por tal raz\u00f3n, \u00ab[e]l Estado receptor tiene la obligaci\u00f3n especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misi\u00f3n contra toda intrusi\u00f3n o da\u00f1o y evitar que se turbe la tranquilidad de la misi\u00f3n o se atente contra su dignidad\u00bb. <\/p>\n
En similar sentido, la Convenci\u00f3n de Viena sobre relaciones consulares de 1963, aprobada por Colombia mediante la Ley 17 de 1971, contempla en los art\u00edculos 31 y 33 que \u00ab[l]os locales consulares gozar\u00e1n de la inviolabilidad que les concede este art\u00edculo (\u2026) [l]os archivos y documentos consulares son siempre inviolables donde quiera que se encuentren\u00bb. <\/p>\n
De hecho, cuando se genera la ruptura de las relaciones consulares entre los Estados, como sucedi\u00f3 en este evento, dicho conjunto de bienes no puede quedar desamparado por cuenta del \u00abreceptor\u00bb, quien tiene la obligaci\u00f3n de protegerlos y, de ser el caso, confi\u00e1rselos a un tercer Estado para que cumpla esa tarea, conforme lo dispone el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 27 \u00eddem: <\/p>\n
1. En caso de ruptura de las relaciones consulares entre dos Estados: <\/p>\n
a) el Estado receptor estar\u00e1 obligado a respetar y a proteger, incluso en caso de conflicto armado, los locales consulares, los bienes de la oficina consular y sus archivos; <\/p>\n
b) el Estado que env\u00eda podr\u00e1 confiar la custodia de los locales consulares, de los bienes que en ellos se hallen y de los archivos, a un tercer Estado que sea aceptable para el Estado receptor; <\/p>\n
c) el Estado que env\u00eda podr\u00e1 confiar la protecci\u00f3n de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado, que sea aceptable para el Estado receptor\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se realice la diligencia de entrega del inmueble, no bastar\u00e1 con que la autoridad comisionada para el efecto requiera el apoyo de las diferentes autoridades como la Polic\u00eda Nacional y el ICBF [entre otras], sino que, adem\u00e1s, deber\u00e1 convocar a un representante de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela para que reciba directamente los bienes que pudieran encontrarse en el bien, junto con uno del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que a su vez se cerciore del proceso de entrega, brinde la ayuda necesaria para el reintegro de los bienes hallados y colabore con su traslado al territorio extranjero. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Teniendo en cuenta que el art\u00edculo 38 del C.G.P. autoriza a esta Corporaci\u00f3n para \u00abcomisionar a las dem\u00e1s autoridades judiciales\u00bb, con el fin de materializar la orden de entrega en caso de que no se realice voluntariamente, se delegar\u00e1 a los jueces civiles municipales de Bucaramanga (Santander) \u2013 Reparto, por ser dicha ciudad el lugar de ubicaci\u00f3n del bien. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Siguiendo las anteriores premisas, se acceder\u00e1 a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento allegado como base de la acci\u00f3n y, consecuentemente, se dispondr\u00e1 la restituci\u00f3n del inmueble objeto del litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Finalmente, resulta necesario aclarar que, a pesar de que se condenar\u00e1 al pago de las costas procesales a la parte convocada, pues as\u00ed lo impone el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C.G.P., su ejecuci\u00f3n no puede ventilarse dentro de la oportunidad y tr\u00e1mite se\u00f1alados en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 384 ejusdem, toda vez que, al tratarse del cobro de sumas dinerarias, esa facultad no se encuadra dentro de ninguna de las hip\u00f3tesis atinentes a las controversias sobre derechos reales, aspectos sucesorales o actividades comerciales o profesionales, imposibilitando el ejercicio de la acci\u00f3n compulsiva ante esta Corporaci\u00f3n; mucho menos cuando sobre ese aspecto tampoco se advierte la renuncia a la inmunidad jurisdiccional para impulsar el cobro compulsivo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Declarar terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre la se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda y el Consulado General de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, respecto del inmueble ubicado en la carrera 37 No. 52 \u2013 75, barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga (Santander). <\/p>\n
Segundo: Ordenar a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela que restituya el inmueble a la se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. <\/p>\n
Tercero: En caso de que no se lleve a cabo la entrega voluntaria, se comisiona con amplias facultades a los jueces civiles municipales de Bucaramanga (Santander) \u2013 Reparto. <\/p>\n
La secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n deber\u00e1 librar y remitir el despacho comisorio con los insertos correspondientes. <\/p>\n
Cuarto: Condenar en costas a la parte demandada. Para tal fin la Magistrada Ponente fija como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente, de conformidad con lo normado en el literal b), numeral 1\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que no ha entrado en rigor por no haber obtenido las 30 ratificaciones, ni ha sido ratificado por Colombia. <\/p>\n
2\u0002 Convenci\u00f3n de Viena de 1961. Art\u00edculo 31. Numeral 4\u00ba: \u00abLa inmunidad de jurisdicci\u00f3n de un agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor no le exime de la jurisdicci\u00f3n del Estado acreditante\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencia SU 443 de 2016. <\/p>\n
4\u0002 Citado en la CSJ sentencia STC004 de 2016. <\/p>\n
5\u0002 CSJ sentencia STC004 de 2016. <\/p>\n
6\u0002 CSJ auto 28 de julio de 2011. Exp. No. 11001-02-03-000-2011-00521-00. <\/p>\n
7\u0002 Art\u00edculo 45 de la Convenci\u00f3n de Viena de 1963: \u00abRENUNCIA A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES. 1. El Estado que env\u00eda podr\u00e1 renunciar, respecto de un miembro de la oficina consular, a cualquiera de los privilegios e inmunidades establecidos en los art\u00edculos 41, 43 y 44. 2. La renuncia habr\u00e1 de ser siempre expresa, excepto en el caso previsto en el p\u00e1rrafo 3 de este art\u00edculo, y habr\u00e1 de comunicarse por escrito al Estado receptor\u00bb. <\/p>\n
Art\u00edculo 43 ejusdem: \u00abINMUNIDAD DE JURISDICCION. 1. Los funcionarios y los empleados consulares no estar\u00e1n sometidos a la jurisdicci\u00f3n de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 CSJ auto AC3349 de 2020. <\/p>\n
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SC3383-2022 (2020-01452-00) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente SC3383-2022 Radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2020-01452-00 (Aprobado en Sala de veintiuno de julio de dos mil veintid\u00f3s) Procede la Corte a dictar sentencia dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por la se\u00f1ora Flor Alba S\u00e1nchez de Rueda contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67764","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67764\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}