STC13151-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13151-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03200-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se desata la acci\u00f3n de tutela que Cristian Ar\u00e9valo Palomino y Meissner Ar\u00e9valo Garc\u00eda le formularon a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en los procesos 13001-31-03-008-2010-00449-00 y 13001-31-03-001-2010-00415-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante, actuando en nombre propio y en el de su hijo menor de edad, Meissner Ar\u00e9valo Garc\u00eda, solicit\u00f3 que se \u201crevoque la sentencia del 27 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, dentro del proceso (\u2026) de reivindicaci\u00f3n de dominio instaurado por (\u2026) Kelly Puello Garc\u00eda contra [\u00e9l] (\u2026), confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, mediante providencia judicial adiada 12 de mayo de 2015. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que se deje sin vigor la providencia de 27 de noviembre de 2018, mediante la cual la agencia judicial de Cartagena orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n que Kelly Puello Garc\u00eda promovi\u00f3 para obtener el cumplimiento del veredicto emitido en el reivindicatorio. <\/p>\n
Los hechos que soportan las pretensiones admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
Kelly Puello Garc\u00eda demand\u00f3, en 2010, a Cristian Ar\u00e9valo, aqu\u00ed accionante, con el fin de reivindicar el apartamento d\u00faplex n.\u00b0 102 del Edificio Deuwis, ubicado en la Urbanizaci\u00f3n Santa Clara Luc\u00eda de la ciudad de Cartagena, e identificado con el folio de matr\u00edcula n.\u00b0 060-211898 de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de dicha localidad. Como t\u00edtulo de dominio aport\u00f3 la escritura p\u00fablica de compraventa n.\u00b0 0688 de 19 de mayo de 2005, suscrita entre ella, como compradora y Dennys Emilce Recuerdo Duarte y Francisco May G\u00f3mez, en su calidad de vendedores. <\/p>\n
Una vez notificado del libelo, Cristian se opuso e inst\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, argumentando que \u00e9l y su descendiente demandaron la simulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico que legitimaba a Kelly para reivindicar el predio (rad. 13001-31-03-001-2010-00415-00). La solicitud fue desestimada por la unidad convocada mediante auto de 13 de abril de 2011, bajo el argumento de que no exist\u00eda proceso respecto del cual predicar la prejudicialidad, al no haberse trabado, a\u00fan, la litis en el juicio de simulaci\u00f3n. Contra lo resuelto, no se formularon recursos. <\/p>\n
Meses despu\u00e9s, el 28 de julio de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena declar\u00f3 relativamente simulado el t\u00edtulo invocado por Kelly en la reivindicaci\u00f3n, indicando que la verdadera compradora de la venta contenida en el instrumento n.\u00b0 0688 de 19 de mayo de 2005 hab\u00eda sido Andrea Garc\u00eda Loaiza, c\u00f3nyuge y progenitora de los aqu\u00ed gestores. El veredicto fue ratificado por la Corporaci\u00f3n de Cartagena el 3 de marzo de 2016. <\/p>\n
Con base en dicha resoluci\u00f3n, la cual fue inscrita en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria el 27 de julio de 2018, bajo la anotaci\u00f3n n.\u00b0 8, Cristian y Meissner adelantaron, ante notario, la sucesi\u00f3n de Andrea Garc\u00eda Loaiza. Y a trav\u00e9s de la escritura n.\u00b0 2586 de 5 de julio de 2019, suscrita ante el Notario Segundo del C\u00edrculo de Cartagena, se les adjudic\u00f3 en com\u00fan y proindiviso el bien ra\u00edz en cuesti\u00f3n, por lo que ahora, detentan su dominio. <\/p>\n
Por su parte, Kelly, el 1\u00b0 de abril de 2016, pidi\u00f3 en el reivindicatorio, la entrega del inmueble. Cristian inst\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia, advirtiendo al juzgado lo decidido en la simulaci\u00f3n. La rogativa fue resuelta el 5 de octubre de ese a\u00f1o, en el sentido de negar la petici\u00f3n del censor, y comisionar para la entrega dispuesta en la sentencia; el despacho precis\u00f3, entre otros aspectos, que dicho mandato se encontraba ejecutoriado, y que si el interesado quer\u00eda aniquilarlo deb\u00eda acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. Esa decisi\u00f3n tampoco fue impugnada. El 23 de octubre de 2017, la agencia judicial reiter\u00f3 la comisi\u00f3n para efectuar la entrega. <\/p>\n
De acuerdo con los informes rendidos en esta instancia por el accionante y la Alcald\u00eda de la Localidad 3 Industrial y de la Bah\u00eda de Cartagena, a quien fue delegada la entrega, la actuaci\u00f3n, hasta el momento, no se ha materializado1. <\/p>\n
De otro lado, Kelly Puello, en enero 29 de 2018, formul\u00f3 demanda ejecutiva para que Cristian le pagara los frutos y las costas reconocidas en la sentencia emitida a su favor. Este, replic\u00f3 la orden de apremio mediante las excepciones que denomin\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligaci\u00f3n. Todas, edificadas en lo decidido en el proceso de simulaci\u00f3n. El juzgado, inicialmente, mediante interlocutorio de 27 de noviembre de 2018 consider\u00f3 que la r\u00e9plica hab\u00eda sido extempor\u00e1nea, por lo que dict\u00f3 orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n. Luego, el 28 de junio de 2019 revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n, en el sentido de advertir que, si bien la defensa fue oportuna, las excepciones eran improcedentes, al tratarse de la ejecuci\u00f3n de una sentencia judicial. <\/p>\n
Cristian apel\u00f3 el prove\u00eddo de 27 de noviembre de 2018, mediante el cual se predic\u00f3 la extemporaneidad de las excepciones-, pero el Tribunal declar\u00f3 inadmisible alzada (23 sep. 2019), tras considerar que la decisi\u00f3n fue revocada al tenerlas presentadas en tiempo, pero improcedentes. A\u00f1adi\u00f3, que no pod\u00eda pronunciarse sobre la \u00faltima determinaci\u00f3n, porque el quejoso no la impugn\u00f3, pese a que era susceptible de ser recurrida al tratarse de un punto nuevo. <\/p>\n
El ejecutivo cuenta con liquidaciones de cr\u00e9dito y costas aprobadas (16 dic. 2021), y medidas cautelares. <\/p>\n
2.- En ese contexto, Cristian aduce que existe imposibilidad jur\u00eddica de cumplir con la sentencia dictada en el proceso reivindicatorio. Al ser simulado el t\u00edtulo que origin\u00f3 dicho litigio, y tener \u00e9l y su menor hijo el derecho de dominio sobre el predio materia de la controversia, no es viable su entrega a Kelly Puello, ni la ejecuci\u00f3n de los dem\u00e1s derechos reconocidos en el veredicto. <\/p>\n
Adicionalmente, protesta porque fue condenado a pagar costas en ambas instancias, pese a que le fue concedido amparo de pobreza, y no se desat\u00f3 la solicitud de tacha del testimonio de Kelly Ibarra Negrete. <\/p>\n
Precis\u00f3, por \u00faltimo, que el asunto planteado reviste relevancia constitucional, al estar de por medio las garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derechos de los ni\u00f1os, vivienda digna y m\u00ednimo vital. Adem\u00e1s, cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; el \u00faltimo, porque \u201cla decisi\u00f3n cuestionada se encuentra vigente a trav\u00e9s de proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n de ordinario, en el que se encuentran materializadas medidas cautelares\u201d. <\/p>\n
3.- El Juzgado Octavo Civil del Circuito y el Tribunal de Cartagena defendieron sus actuaciones. El Juzgado Primero Civil del Circuito de dicha localidad pidi\u00f3 ser desvinculado de la acci\u00f3n, por tener injerencia en el resultado materia de disputa. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la Alcald\u00eda de la Localidad 3 Industrial y de la Bah\u00eda de Cartagena, al no haber entregado el inmueble objeto del reivindicatorio. No hubo m\u00e1s pronunciamientos en el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como cuesti\u00f3n preliminar, se advierte que el ruego se estudiar\u00e1 de forma independiente frente a los accionantes. Esto, pues pese a que los libelistas son un padre y su hijo menor de edad2, son personas diferentes, sumado a que su situaci\u00f3n, respecto de los hechos denunciados, es tambi\u00e9n distinta. Al respecto, basta ver que Cristian fungi\u00f3 como parte en el reivindicatorio acusado, y tiene tal calidad en el ejecutivo adelantado a continuaci\u00f3n. Mientras que Meissner, frente a dichos litigios, ostenta la calidad de tercero. <\/p>\n
2.- Pues bien, la acci\u00f3n de tutela, trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, es procedente para conjurar las acciones u omisiones, lesivas de derechos fundamentales, que se hayan cometido en el marco de ellas. De suerte que, si no hay vulneraci\u00f3n de las referidas garant\u00edas, o la misma es intrascendente, la injerencia constitucional no puede suscitarse. <\/p>\n
Su viabilidad, dado su car\u00e1cter residual y excepcional, am\u00e9n de la seguridad jur\u00eddica que debe predicarse de los actos judiciales, est\u00e1 condicionada a los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad. El primero exige que el interesado acuda a este sendero en un t\u00e9rmino de seis (6) meses, contados a partir del momento de la vulneraci\u00f3n. El segundo, condiciona su procedencia que el impulsor carezca de medios ordinarios de defensa en el proceso de que se trate, o que habi\u00e9ndolos tenido no los hubiese desaprovechado. <\/p>\n
De no cumplirse alguno de dichos requisitos o ambos, el juez constitucional deber\u00e1 desestimar el amparo, sin desatar el fondo de la protesta planteada. Lo anterior, sin perjuicio de que las particularidades del caso impongan una soluci\u00f3n distinta, ante la naturaleza de los intereses comprometidos. <\/p>\n
3.- En el caso, la protecci\u00f3n implorada es improcedente. Frente a Meissner Ar\u00e9valo, porque la intromisi\u00f3n supralegal no se justifica. Y respecto a Cristian Ar\u00e9valo, porque el auxilio carece de inmediatez y subsidiariedad, adem\u00e1s de que no existen razones para superar la ausencia de dichos presupuestos. <\/p>\n
3.1.- La situaci\u00f3n del menor Meissner Ar\u00e9valo Garc\u00eda. <\/p>\n
En cuanto al adolescente accionante, se afirma no hay vulneraci\u00f3n que deba ser conjurada a trav\u00e9s de este sendero, porque la sentencia emitida en el reivindicatorio criticado, como las medidas tendientes a materializarlas, le son inoponibles, al no haber sido parte en el proceso correspondiente. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, como lo ha dicho la Sala, las sentencias judiciales, en principio, tienen efectos relativos, es decir, solo est\u00e1n llamadas a producirlos en las causas en las que fueron emitidas y respecto de quienes intervinieron como partes. De suerte que sus secuelas no pueden alcanzar a los terceros for\u00e1neos a la controversia, quienes no han sido previamente o\u00eddos y vencidos en juicio. Sobre el particular, se ha puntualizado: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Sabido es que los fallos judiciales constituyen en el derecho positivo normas particulares, dotadas del imperio que es propio de toda ordenaci\u00f3n jur\u00eddica, pero modalizado este por la incidencia que en tal imperio tiene el postulado de la relatividad, caracter\u00edstico de esas normas particulares en cuanto est\u00e1n llamadas a regir en un \u00e1mbito personal restringido. <\/p>\n
Reza el art\u00edculo 473 del C. J. que \u00abLa sentencia firme dada en materia contenciosa tiene la fuerza de cosa juzgada y hace absolutamente nula cualquier decisi\u00f3n posterior que le sea contraria, pronunciada en el mismo asunto y entre las mismas partes…\u00bb. Enuncia este texto legal en primer t\u00e9rmino, la imperatividad de los fallos judiciales traducida por la cl\u00e1sica f\u00f3rmula lapidaria, seg\u00fan la cual la cosa juzgada es verdad inconcusa (res judicata pro veritate tenetur), como tambi\u00e9n enuncia el efecto principal de esa imperatividad, que consiste en quitarle toda validez a cualquier pronunciamiento posterior en contrario, asegurando as\u00ed, al decir de los jurisconsultos romanos, la estabilidad del orden social (status reipublicae). Y, en segundo t\u00e9rmino, el propio texto legal consagra el principio de la relatividad de los fallos, propia de su particularidad, y que consiste en reducir el imperio de dichos fallos al c\u00edrculo determinado de las partes entre las que se generan y cuya situaci\u00f3n definen. Parodiando la m\u00e1xima latina que traduce la relatividad de los actos jur\u00eddicos, de los fallos judiciales se dice que estos tampoco aprovechan ni perjudican a los terceros (res inter alios judicata aliis neque nocere neque prodesse potest), que es lo significado por el texto que se comenta al referir la ineficacia de los fallos posteriores al asunto o materia del primeramente dictado y a quienes fueron partes en el juicio por este definido. <\/p>\n
Pero, el aspecto \u00faltimamente tratado, o sea el de la relatividad de la cosa juzgada, merece mayores precisiones tambi\u00e9n contempladas por nuestra ley. La f\u00f3rmula que expresa dicha relatividad no puede ser tomada literalmente para hacerle decir, con criterio simplista, que el imperio de la cosa juzgada s\u00f3lo puede afectar a las personas que directamente o por procuraci\u00f3n hayan intervenido en el juicio. De un lado hay que recordar que ciertas sentencias, como las que definen las cuestiones de paternidad o maternidad, cuando han sido pronunciadas entre leg\u00edtimos contradictores, calificativo este que se predica exclusivamente respecto del padre o la madre frente al hijo, o de este frente a aquellos, producen efectos erga omnes en lo tocante con todas las consecuencias que dicha paternidad o maternidad, o su impugnaci\u00f3n, acarrean, seg\u00fan lo preceptuado por los arts. 401 y ss. del C. C. Y, de otro lado, el estatuto procesal civil tambi\u00e9n se encarga de definir el r\u00e9gimen general del vigor normativo y de la relatividad de los fallos judiciales. El art. 474 del mencionado estatuto declara: \u00abPara que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, se requiere que la nueva demanda tenga el mismo objeto y se funde en las mismas causas que la primera, y que haya identidad jur\u00eddica entre las personas de los litigantes. Se entiende que hay identidad jur\u00eddica de personas siempre que las partes en el segundo pleito sean causahabientes a t\u00edtulo universal de las que figuran en el primero, o a t\u00edtulo singular por legado o por enajenaci\u00f3n efectuada con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de inmuebles, o a la notificaci\u00f3n de esta, si de muebles. Hay tambi\u00e9n identidad de personas en los casos de obligaciones solidarias o indivisibles\u00bb. <\/p>\n
De esta suerte queda legalmente definido, entre otros puntos, que la cosa juzgada s\u00ed puede proyectar su fuerza vinculatoria sobre quienes no han intervenido en el juicio y hasta pueden ignorar su existencia, como los causahabientes de las partes as\u00ed identificados jur\u00eddicamente con \u00e9stas. <\/p>\n
En este punto importa aclarar que la identificaci\u00f3n jur\u00eddica que hace la ley entre las partes en un juicio y sus causahabientes singulares, condicionada a que el t\u00edtulo adquisitivo de \u00e9stos sea posterior al registro o a la notificaci\u00f3n de la demanda, seg\u00fan el caso, s\u00f3lo tiene el alcance de extender la eficacia de la cosa juzgada, en toda su plenitud, a dichos causahabientes, quienes as\u00ed sufren o aprovechan todas las consecuencias derivadas del fallo… (CSJ SC, 5 nov. 1969) (CSJ STC9810-2019, se enfatiza). <\/p>\n
De otro lado, de las evidencias allegadas al tr\u00e1mite, no se advierte que se hubiese emprendido alguna actuaci\u00f3n tendiente a desconocer su calidad de tercero. La entrega no se ha concretado, y en caso de que esa diligencia se provoque puede oponerse en los t\u00e9rminos del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 309 del C.G.P., seg\u00fan el cual: \u00ab[p]odr\u00e1 oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesi\u00f3n y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, no se ha emitido, en el ejecutivo, decisi\u00f3n alguna que lo afecte directamente. Y si considera, que lo hiere sus garant\u00edas son las cautelas practicadas en el ejecutivo, mem\u00f3rese que puede, a trav\u00e9s de sus representante legal, pedir al juez natural la adopci\u00f3n de medidas que permitan el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria. Al respecto, ha dicho la Sala: <\/p>\n
(\u2026) existen sujetos de especial protecci\u00f3n que, aunque no hubieran sido convocados al tr\u00e1mite coercitivo o, en principio, no puedan participar en \u00e9l, s\u00ed tienen un inter\u00e9s transitorio en las consecuencias derivadas de la ejecuci\u00f3n de las cautelas, por lo que es innegable que en casos como el presente deba (\u2026) permit\u00edrsele su participaci\u00f3n en la discusi\u00f3n sobre la debida extensi\u00f3n de estas. Lo anterior se ejemplifica con la situaci\u00f3n descrita por la aqu\u00ed accionante, quien a pesar de no ser acreedora o deudora en el proceso ejecutivo de alimentos (\u2026), el embargo all\u00ed ordenado ha impedido que pueda recibir los alimentos (\u2026) (STC5006-2021, reiterada en STC5082-2022) <\/p>\n
En suma, como lo resuelto en el proceso reivindicatorio le es inoponible al menor Meissner Ar\u00e9valo Garc\u00eda, y hasta el momento lo all\u00ed definido no ha comprometido sus intereses, la injerencia constitucional a su favor no se justifica. <\/p>\n
Ahora, es cierto que en casos donde intervienen menores, la Sala, por regla general, adopta medidas de fondo a favor de ellos. No obstante, en el caso, como las acciones y omisiones denunciadas no tienen la virtualidad de quebrantar sus prerrogativas, o al menos no de momento, es innecesario adoptar decisi\u00f3n alguna para protegerlo. <\/p>\n
3.2.- El caso de Cristian Ar\u00e9valo Palomino: ausencia de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
a) De la falta de inmediatez. <\/p>\n
Cristian pretende a trav\u00e9s de este remedio, la invalidez de la condena emitida en el juicio reivindicatorio 13001-31-03-008-2010-00449-00, as\u00ed como la p\u00e9rdida de vigor de la providencia que orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n formulada por Kelly Puello con el fin de hacerla efectiva. Todo, con el fin de evitar la entrega del inmueble que, ahora, es de su propiedad, y lograr la terminaci\u00f3n del coercitivo. <\/p>\n
Ahora, entre el instante en que surgi\u00f3 para el quejoso el inter\u00e9s para impugnar dichas actuaciones y la promoci\u00f3n del auxilio, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre que esta Corporaci\u00f3n- <\/p>\n
Respecto del juicio reivindicatorio, el referido inter\u00e9s se concret\u00f3 cuando el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, al resolver la solicitud de suspensi\u00f3n de la entrega del inmueble decretada a favor de Kelly, determin\u00f3 que lo decidido en el juicio de simulaci\u00f3n no imped\u00eda el cumplimiento de lo all\u00ed decidido (5 oct. 2016), Lo anterior, comoquiera que desde ese instante el interesado supo que la autoridad judicial materializar\u00eda las directrices que hab\u00eda impartido, no obstante, la aludida resoluci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el inter\u00e9s se produjo cuando la referida agencia declar\u00f3 improcedentes las excepciones de m\u00e9rito planteadas por el gestor (28 jun. 2019). Esto, porque en ese momento la judicatura determin\u00f3 que los hechos asociados a la declaratoria de simulaci\u00f3n no imped\u00edan la ejecuci\u00f3n de la sentencia reivindicatoria. <\/p>\n
Sin embargo, el gestor compareci\u00f3 a este sendero hasta el 13 de septiembre de 2022, es decir, despu\u00e9s de pasados m\u00e1s de tres a\u00f1os desde la materializaci\u00f3n del perjuicio que pretende conjurar. <\/p>\n
Ahora, no es cierto, como lo pregona el precursor, que el cumplimiento del presupuesto comentado se verifique porque la ejecuci\u00f3n de la sentencia reivindicatoria se encuentre vigente. La satisfacci\u00f3n del requisito se determina, como lo ha dicho la Corte, cuando la lesi\u00f3n que anhela remediarse por este sendero se concreta, y en el caso, como se vio, esa circunstancia ocurri\u00f3 cuando la agencia de Cartagena neg\u00f3 la incidencia de la declaratoria de simulaci\u00f3n en el reivindicatorio, y proclam\u00f3, en el ejecutivo, la improcedencia de las defensas alegadas por el censor. Sobre el particular, ha dicho la Corte: <\/p>\n
(\u2026) el plazo y el despliegue de los remedios pertinentes se miran respecto del escenario que efectiva y primariamente gener\u00f3 la aparente infracci\u00f3n, sin que sea de recibo admitir su reviviscencia por las peticiones que en igual sentido se presenten despu\u00e9s y el ataque que se eleve contra las providencias que las resuelvan (\u2026), pues en tal caso semejantes interpelaciones resultar\u00edan desdibujadas totalmente en la medida que siempre ser\u00e1 posible que el perjudicado radique memoriales con la intenci\u00f3n de reactivar actuaciones agotadas (CSJ STC6369-2020). <\/p>\n
Todo porque, <\/p>\n
(\u2026) el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez (\u2026) no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) (CSJ STC1691-2021). <\/p>\n
Significa, entonces, que el promotor no defendi\u00f3 oportunamente sus derechos frente a las resoluciones cuya validez cuestiona. <\/p>\n
b) De la ausencia de subsidiariedad. <\/p>\n
Adicionalmente, se advierte que el libelista no agot\u00f3 las herramientas que tuvo a su alcance para evitar el resultado que hoy disputa. <\/p>\n
Primero, no discuti\u00f3 la negativa a suspender el proceso, no obstante que pudo recurrirla mediante reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, <\/p>\n
Segundo, una vez trabada la litis en el proceso de simulaci\u00f3n, no invoc\u00f3 nuevamente la prejudicialidad, lo que pod\u00eda hacer, si en cuenta se tiene que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena desestim\u00f3 la rogativa porque dicha circunstancia no hab\u00eda acaecido para el momento en que se aleg\u00f3 la suspensi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero, no intent\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n frente a la sentencia del reivindicatorio, no obstante que el despacho de conocimiento mediante interlocutorio de 5 de octubre de 2016, le advirti\u00f3 que deb\u00eda acudir a ella para destruir la cosa juzgada de la estaba revestido el veredicto. <\/p>\n
Cuarto, no impugn\u00f3, a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, la directriz de 5 de octubre de 2016, mediante la cual la agencia de Cartagena decidi\u00f3 que cumplir\u00eda la entrega decretada en el reivindicatorio, no obstante, la declaratoria de simulaci\u00f3n del t\u00edtulo que legitim\u00f3 a Kelly Puello. <\/p>\n
Quinto, tampoco critic\u00f3 el rechazo, por improcedentes, de las excepciones de m\u00e9rito que plante\u00f3 (28 jun. 2019), pese a que era susceptible de los remedios horizontal y vertical (arts. 318 y 321, numeral 4\u00b0 del C.G.P.). <\/p>\n
En fin, desaprovech\u00f3 las oportunidades que tuvo para enjuiciar las consecuencias disputadas. <\/p>\n
c) De la imposibilidad de superar las omisiones del querellante, ante la ausencia de motivos que justifiquen la tardanza, y la naturaleza de la afectaci\u00f3n. <\/p>\n
Como pudo verse, Cristian no procur\u00f3, oportunamente, la defensa de sus garant\u00edas fundamentales, ni hizo uso de las herramientas de defensa que ten\u00eda a su alcance en el proceso. <\/p>\n
Por otro lado, no hay razones para superar dichas omisiones, y descender al fondo de la situaci\u00f3n sometida a escrutinio. <\/p>\n
Como se dijo en l\u00edneas anteriores, las actuaciones objetadas no lesionan las garant\u00edas del menor involucrado, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, el quejoso no exculp\u00f3 la tardanza en promover la defensa de sus garant\u00edas. Y si bien esta Corporaci\u00f3n ha superado el presupuesto de inmediatez, advi\u00e9rtase, no se ha hecho en todos los casos, solo en aquellos en los que est\u00e9 debidamente justificada la demora en acudir a este remedio, y la existencia de particulares circunstancias que impongan la intromisi\u00f3n supralegal. As\u00ed, en CSJ STC1212-2021, se dijo <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y lo cierto es, que las directrices acusadas no generan un perjuicio serio y grave al libelista, que deba ser, inexorablemente, conjurado a trav\u00e9s de este medio. N\u00f3tese que las secuelas del reivindicatorio se reducen a dos: la entrega del inmueble, y el pago de los frutos y las costas all\u00ed reconocidos. <\/p>\n
Ahora, la primera consecuencia a\u00fan no se ha concretado, y nada obsta para que, de realizarse, el actor invoque la nueva calidad que ostenta respecto del predio, as\u00ed como los derechos que su menor hijo detenta sobre el bien. <\/p>\n
Por tanto, no es factible que la Corte supere los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n, y desate el fondo de las protestas enfiladas por Cristian Ar\u00e9valo Palomino. <\/p>\n
4.- Entonces, como no existen razones que habiliten la intromisi\u00f3n constitucional implorada, el ruego invocado se declarar\u00e1 improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Cristian Ar\u00e9valo Palomino y Meissner Ar\u00e9valo Garc\u00eda. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Debido a que en el expediente del reivindicatorio, la \u00faltima actuaci\u00f3n correspond\u00eda al retiro del despacho comisorio dirigido a la Alcald\u00eda Alcald\u00eda de la Localidad 3 Industrial y de la Bah\u00eda de Cartagena con el fin de que materializara la entrega, en el curso del tr\u00e1mite de la tutela, se solicit\u00f3 al juzgado accionado y al actor rendir las aclaraciones pertinentes; asimismo se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de dicha autoridad. El despacho querellado indic\u00f3 que se aten\u00eda a las actuaciones del proceso, el demandante se\u00f1al\u00f3 que la diligencia no se hab\u00eda realizado, sin saber las razones, y la Alcald\u00eda indic\u00f3 que no hab\u00eda gestionado comisi\u00f3n alguna al respecto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el Registro Civil de Nacimiento aportado con el escrito de tutela, el menor tiene a la fecha 16 a\u00f1os. Naci\u00f3 el 9 de agosto de 2006. <\/p>\n
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STC13151-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13151-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03200-00 (Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67770","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67770","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67770"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67770\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67770"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}