STC13157-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13157-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2022-03309-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la salvaguarda de Julio Enrique Acosta Bernal instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio P\u00fablico, al Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-02-04-000-2014-00354-00\/02 (Rad. Corte 42263 y 58337 respectivamente). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pidi\u00f3 se \u00abanule[n] los Autos SP18532 – 2017 Radicaci\u00f3n: 43263 del 8 de noviembre de 2017 en sede de primera instancia y la decisi\u00f3n SP1463 \u2013 2022 Radicado: 58337 del 4 de mayo de 2022 en sede de doble conformidad (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, se profiera \u00abel fallo que en derecho corresponda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En respaldo se\u00f1al\u00f3, en suma, que fue condenado \u00abcomo autor responsable del delito de contrato sin requisitos legales y como coautor del punible de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, cometidos en concurso heterog\u00e9neo sucesivo\u00bb a la pena de 80 meses de prisi\u00f3n, multa por valor de $884.019.838.37 e inhabilitaci\u00f3n intemporal de derechos y funciones p\u00fablicas (CSJ SP18532-2017 8 nov.), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en impugnaci\u00f3n especial y, en aplicaci\u00f3n del principios de la doble conformidad, la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (CSJ SP1463-2022, 4 may.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la Sala acusada incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria comoquiera que no tuvo en cuenta para denegar la nulidad por falta de competencia del funcionario del ente acusador los soportes documentales adosados, adem\u00e1s que los mismos, estribo de la acusaci\u00f3n, fueron remitidos \u00abdos meses despu\u00e9s de que se hubiera vencido el t\u00e9rmino (\u2026)\u00bb, tambi\u00e9n a\u00f1adi\u00f3 que las decisiones estaban afectadas de falta de motivaci\u00f3n, situaci\u00f3n que llev\u00f3 a trasgredir sus prerrogativas esenciales. <\/p>\n
2. El juez que vigila la pena inform\u00f3 que al accionante ese despacho le concedi\u00f3 la libertad por pena cumplida a partir del 9 de mayo del a\u00f1o que avanza. El Ministerio P\u00fablico respald\u00f3 lo rituado. La Contralor\u00eda Delegada para el Sector Justicia de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. La Sala de Casaci\u00f3n Penal defendi\u00f3 sus prove\u00eddos y resalt\u00f3 que \u00abel accionante no puede pretender que por medio de la acci\u00f3n de tutela se revivan los debates de instancia, repitiendo los mismos que acompa\u00f1aron la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial\u00bb. Hasta el momento de elaborar el proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recaer\u00e1 exclusivamente en los puntos objeto de reparo analizados en la providencia de segunda instancia (SP1463-2022, 4 may.) en tanto es aquella mediante la cual se finiquit\u00f3 el litigio, en este sentido se advierte que el amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la sentencia cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
Aunque el actor adujo que no se garantiz\u00f3 su derecho al debido proceso por la negativa de la pretensi\u00f3n anulatoria debido al ocultamiento o p\u00e9rdida de elementos materiales probatorios aportados por la defensa, la magistratura acusada recalc\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) la primera instancia avizor\u00f3 la irregularidad por parte de la fiscal\u00eda, en tanto no remiti\u00f3 el expediente completo a la Sala, a pesar de ello, no se advierte afectaci\u00f3n a la estructura b\u00e1sica del proceso, ni los derechos fundamentales del procesado, en tanto se verific\u00f3 que la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida el 19 de diciembre de 2013, cumpli\u00f3 con las exigencias del art\u00edculo 398 de la Ley 600 de 2000, esto es: <\/p>\n
\u00ab1. La narraci\u00f3n sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen. <\/p>\n
2. La indicaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de las pruebas allegadas a la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La calificaci\u00f3n jur\u00eddica provisional. <\/p>\n
4. Las razones por las cuales comparte o no, los alegatos de los sujetos procesales\u00bb. <\/p>\n
Es m\u00e1s, como la Fiscal\u00eda relacion\u00f3 y valor\u00f3 las pruebas cuestionadas en la acusaci\u00f3n en conjunto con las de cargo explicando los motivos por cuales no les dio valor, es evidente que la entrega ulterior de las pruebas no le caus\u00f3 da\u00f1o a ninguna garant\u00eda procesal del acusado. <\/p>\n
Ahora bien, a la Corte en el momento de celebrar la audiencia preparatoria y decidir respecto a las solicitudes probatorias, no le correspond\u00eda examinar a detalle las pesquisas ya situadas en el expediente, pues ello correspond\u00eda a la terminaci\u00f3n del juicio. Lo cierto es que, la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes fueron decretadas, con lo cual se asegur\u00f3 su estudio, garantizando el principio de investigaci\u00f3n integral; de tal modo, los documentos aportados por Balaguera Balaguera, hicieron parte formal de la actuaci\u00f3n, cosa distinta es que no hubieran sido suficientes para derruir las pruebas de cargo. <\/p>\n
En consecuencia, a pesar de que la contara desde el inicio con los documentos mencionados, la decisi\u00f3n habr\u00eda sido la misma, de modo que no hay trascendencia en rehacer la actuaci\u00f3n, pues ser\u00edan id\u00e9nticas las decisiones respecto a las peticiones formuladas en el traslado del art\u00edculo 400 del C\u00f3digo Procesal Penal. <\/p>\n
En definitiva, no existe por eso ninguna anomal\u00eda sustancial que lesione el debido proceso, en cuanto fueron alcanzados los objetivos de la audiencia preparatoria, la competencia de la Corte para cursar el juicio qued\u00f3 demostrada, la legalidad del tr\u00e1mite verificado, se resolvieron las nulidades y las peticiones de pruebas formuladas por la defensa y dem\u00e1s sujetos procesales. <\/p>\n
De otra parte, en lo concerniente a la nulidad por falta de competencia del fiscal que calific\u00f3 el m\u00e9rito del sumario por el fenecimiento del encargo, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
El recurrente en el trascurso del proceso ha solicitado en repetidas ocasiones desde la audiencia preparatoria la nulidad de lo actuado, incluida la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, aduciendo que el Fiscal 10 Delegado ante esta Corporaci\u00f3n carec\u00eda de competencia para ejecutar ese acto procesal, petici\u00f3n reiterada en esta oportunidad en atenci\u00f3n a que, seg\u00fan su criterio, la Resoluci\u00f3n N\u00b0 3409 del 17 de septiembre de 2013, cuyos efectos se fijaron a partir del 19 del mismo mes y a\u00f1o, por medio de la cual se encarg\u00f3 al doctor Mart\u00edn Antonio Moreno Sanjuan como Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, venci\u00f3 el 17 de diciembre de 2013, en tanto no pod\u00eda ser superior a 90 d\u00edas y adem\u00e1s porque siendo un funcionario de carrera mal pod\u00eda design\u00e1rsele en encargo. <\/p>\n
La discusi\u00f3n versa entonces en que para el 19 de diciembre de 2013 dicho funcionario suscribi\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del ex Gobernador del departamento de Arauca JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL, sin tener competencia para indagarlo ni acusarlo pues, seg\u00fan se apoy\u00f3 el recurrente en un documento de tesorer\u00eda de la Fiscal\u00eda, para esa fecha no recibi\u00f3 el salario como delegado ante la Corte. <\/p>\n
Sin embargo, advierte la Sala que de conformidad con la Resoluci\u00f3n N\u00b0 3409 de 17 de septiembre de 2013, se encarg\u00f3 al funcionario como Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a partir del 19 de septiembre, \u201cpor un per\u00edodo no superior a tres (3) meses\u201d, lapso culminado el 19 de diciembre del mismo a\u00f1o, d\u00eda en que justamente profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, la certificaci\u00f3n de la tesorer\u00eda no demuestra inequ\u00edvocamente hasta qu\u00e9 fecha desempe\u00f1\u00f3 el cargo, mucho menos cuando tanto las resoluciones mediante las cuales se encarg\u00f3 al doctor Moreno Sanjuan a lo largo del proceso, como sus gestiones dentro del mismo, dan cuenta de que, no obstante, la condici\u00f3n salarial, asunto meramente administrativo, ejerci\u00f3 las funciones de tal en representaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Para en esa l\u00ednea de pensamiento concluir que: <\/p>\n
(\u2026) se trata simplemente de una situaci\u00f3n administrativa creada a partir de un acto de igual naturaleza que se presume legal mientras no sea anulado por la jurisdicci\u00f3n correspondiente, el cual en esas condiciones no tiene incidencia negativa alguna en los procesos que por virtud de aquella hayan llegado a su conocimiento. <\/p>\n
En consecuencia, competente como en esas circunstancias era el Fiscal Delegado ante la Corte para calificar el m\u00e9rito de la instrucci\u00f3n ac\u00e1 adelantada, es claro que la petici\u00f3n de invalidez hecha por la defensa resulta infundada. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que el derecho defensa del inconforme fue garantizado y las pruebas recaudadas en el expediente fueron conducentes y pertinentes, por lo que resulta ostensible que el desenlace criticado se encuentra soportado en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada. <\/p>\n
Por tanto se pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el juicio objeto de escrutinio, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la magistratura acusada consider\u00f3 que se debi\u00f3 resolver el asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC1981-2018 memorada en STC416-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo, pues no se observan los desaciertos que se enrostran a la colegiatura encartada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela de Julio Enrique Acosta Bernal. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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