STC13193-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13193-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01433-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 2 de agosto de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional promovida por Jos\u00e9 Humberto Charcas contra Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, al Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las partes del proceso de radicado 2015-00350. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la igualdad, dignidad humana y defensa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Jos\u00e9 Humberto Charcas formul\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de vejez, que le hab\u00eda sido negada por dicha entidad, por Resoluci\u00f3n GNR150782 del 5 de mayo de 2014. <\/p>\n
2.2. El 9 de febrero de 2016, el Juzgado 1\u00b0 Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9 accedi\u00f3 a su solicitud y orden\u00f3 a la demandada reliquidar la pensi\u00f3n, decisi\u00f3n que fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. El 31 de julio de 2019, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no cas\u00f3 la sentencia recurrida, determinaci\u00f3n que, seg\u00fan el tutelante, solo conoci\u00f3 hasta el 8 de marzo de 2022, cuando acudi\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Corte, dado que su abogado no le notific\u00f3 la providencia y, debido a la pandemia y al ser un adulto mayor, estuvo en confinamiento. <\/p>\n
2.4. En criterio del promotor, la autoridad judicial accionada no aplic\u00f3 el principio de favorabilidad para reconocerle su derecho a la reliquidaci\u00f3n, pese a que su mesada es inferior al monto que le corresponde. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se revoquen las sentencias proferidas en casaci\u00f3n y en segunda instancia y, en consecuencia, que se ratifique la dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 que la tutela no cumple con el requisito de tempestividad y que el actor no acredit\u00f3 las razones suficientes que le hayan impedido cuestionar la decisi\u00f3n, pese a que se profiri\u00f3 antes de la pandemia. A su vez, destac\u00f3 que la providencia se ajusta a la jurisprudencia que, de manera pac\u00edfica, ha mantenido la Sala, en cuanto a que no es procedente la reliquidaci\u00f3n pensional pretendida. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9 adujo que el actor busca revivir el debate jur\u00eddico finalizada, convirtiendo la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia; asimismo, dijo que no se cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
3. El P.A.R.I.S.S. solicit\u00f3 ser desvinculado del tr\u00e1mite constitucional, por cuanto no fue parte en el proceso laboral censurado. <\/p>\n
4. Quien adujo ser el apoderado del tutelante en el proceso laboral ordinario asever\u00f3 que no era cierto que no le hubiera notificado las decisiones emitidas en las respectivas instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia de la protecci\u00f3n invocada, al estimar que no se cumpli\u00f3 con el postulado de la inmediatez, dado que \u00abla decisi\u00f3n objeto de cuestionamiento se emiti\u00f3 desde el 31 de julio de 2019, es decir, mucho antes de la declaratoria de emergencia\u00bb, aunado a que la tutela \u00abno es una fase adicional en la que se intente revivir etapas procesales ya fenecidas y que se sustentan en decisiones amparadas bajo las presunciones de acierto, legalidad y constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que s\u00ed se acat\u00f3 el principio de la inmediatez, toda vez que \u00abactualmente no existe un t\u00e9rmino jurisprudencial, ni legal establecido\u00bb, por el contrario, la \u00abjurisprudencia lo define como el t\u00e9rmino razonable para interponer la acci\u00f3n, es decir, que a pesar de haber transcurrido 3 a\u00f1os desde la \u00faltima decisi\u00f3n judicial, se debe tener reconocer, las razones y circunstancias por las cuales no se accion\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, argument\u00f3 que \u00abel abogado infringi\u00f3 su deber de notificar las decisiones judiciales del proceso\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 que se inicie investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende que se revoquen las sentencias proferidas en casaci\u00f3n y en segunda instancia y, en su lugar, que se ratifique la dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2. De manera preliminar, advierte esta Sala que, si bien la acci\u00f3n de tutela se dirige contra el fallo dictado el 31 de julio de 2019 y la presentaci\u00f3n de la tutela se realiz\u00f3 el 14 de julio de 20221, esto es, superando el t\u00e9rmino de los 6 meses que jurisprudencialmente se han estimado razonable para acudir a la salvaguarda constitucional, por tratarse de un derecho pensional se ha excusado dicha tardanza, debido a que aqu\u00e9l tiene un car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable2. <\/p>\n
3. Pues bien, advierte la Sala que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso de casaci\u00f3n promovido por el ahora tutelante, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, destac\u00f3 que estaba fuera de discusi\u00f3n que: i) al se\u00f1or Jos\u00e9 Humberto Charcas le fue reconocida una pensi\u00f3n de vejez, \u00aben los t\u00e9rminos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo a\u00f1o, por ser beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb; ii) que desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 \u00able hac\u00edan falta m\u00e1s de 10 a\u00f1os para adquirir ese derecho, pues naci\u00f3 el 21 de noviembre de 1944 y cumpli\u00f3 la edad de 60 a\u00f1os el mismo d\u00eda y mes de 2004\u00bb; y iii) que en su vida laboral cotiz\u00f3 un total de 1148 semanas. <\/p>\n
3.2. En ese orden, precis\u00f3 que el Tribunal no incurri\u00f3 en el yerro que se le endilgaba, toda vez que, para el caso en concreto, la norma aplicable en materia de Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n era el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, dado que al recurrente, siendo \u00abbeneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, le hac\u00edan falta m\u00e1s de diez a\u00f1os para adquirir el derecho\u00bb, pues el inciso 3.\u00b0 del art\u00edculo 36 de la citada normatividad, solo era procedente en los eventos en que al afiliado le hac\u00edan falta menos de 10 a\u00f1os para obtener su derecho. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia al criterio fijado por la Sala en la sentencia CSJ SL967-2019, en la cual expuso: <\/p>\n
A los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, que les aplica el Acuerdo 049 de 1990, se les respeta la edad, el n\u00famero de semanas cotizadas y el monto de la pensi\u00f3n referido a la tasa de reemplazo instituido en dicho r\u00e9gimen; mientras que el ingreso base de liquidaci\u00f3n (IBL) se debe establecer conforme lo dispone el inciso tercero del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto con lo previsto en el art\u00edculo 21 de la misma ley. <\/p>\n
Seg\u00fan el Acuerdo 049 ibidem, la edad m\u00ednima para pensionarse, en el caso de los hombres, corresponde a 60 a\u00f1os de edad; las semanas m\u00ednimas de cotizaci\u00f3n, 500 pagadas durante los \u00faltimos veinte a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad, o 1000 semanas de cotizaci\u00f3n en cualquier tiempo. A su vez, el establecimiento del IBL, en trat\u00e1ndose de afiliados a quienes les faltaba menos de 10 a\u00f1os para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n, debe ser el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variaci\u00f3n del IPC certificado por el DANE. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, a su vez, que como el censor tampoco reuni\u00f3 m\u00e1s de 1250 semanas cotizadas, era inviable el reajuste de la pensi\u00f3n de vejez, en la medida en que el mismo art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993 consagraba que \u00ab\u2026el trabajador podr\u00e1 optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como m\u00ednimo\u00bb. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada neg\u00f3 la procedencia de la reliquidaci\u00f3n pensional solicitada por el actor, por cuanto, al faltarle m\u00e1s de 10 a\u00f1os para adquirir su derecho a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el IBL deb\u00eda calcularse con fundamento en el art\u00edculo 21 de dicha norma y no acorde con lo estipulado en el art\u00edculo 36, como lo pretendi\u00f3 el tutelante en el proceso, basado en la jurisprudencia de la Sala, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el gestor, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones del ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
5. De otra parte, en lo atinente a las presuntas faltas disciplinarias en las que incurri\u00f3 su apoderado, resulta pertinente se\u00f1alar que, si el actor lo estima procedente, debe presentar la queja ante la autoridad competente, pues el juez constitucional no est\u00e1 facultado para definir la eventual responsabilidad de su represente judicial, sumado a que esta es una instancia de naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre4. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 0125246 Demanda.pdf. <\/p>\n
2\u0002 En esos t\u00e9rminos ver, entre otras, CSJ STC20333-2017, CSJ STC9672-2018, CSJ STC11419-2018, CSJ STC6314-2019 y CSJ STC9677-2019. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
4\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n CSJ STC13815-2021, CSJ STC13983-2021, CSJ STC14389-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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