STC13194-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13194-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00637-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Constructora Lindaraja S.A.S. contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional de esa ciudad-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso con radicado 66176. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, por conducto de su representante legal, procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y derecho de defensa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 16 de junio de 2021, Constructora Lindaraja S.A.S. present\u00f3, ante la C\u00e1mara de Comercio de Valledupar, una solicitud de admisi\u00f3n a tr\u00e1mite administrativo de recuperaci\u00f3n empresarial. <\/p>\n
2.2. Admitida esa petici\u00f3n, el 22 de junio posterior por el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio indicada, el 28 de septiembre siguiente se certific\u00f3 el acuerdo entre la Constructora Lindaraja S.A.S. y sus acreedores externos y entidad p\u00fablica, \u00abhaciendo una relaci\u00f3n de votos positivos, negativos y ausente[s]\u00bb. <\/p>\n
2.3. Como no hubo arreglo entre los involucrados respecto de las inconformidades y objeciones presentadas contra el acuerdo, el abogado de la sociedad gestora pidi\u00f3, el 29 de octubre pasado, que se diera tr\u00e1mite de \u00abVALIDACI\u00d3N JUDICIAL EXPEDITA, y verificar la LEGALIDAD DEL ACUERDO Y EXTENDER SUS EFECTOS, de acuerdo con lo dispuesto por el art\u00edculo 9 del Decreto 560 de 2020, en concordancia con el (\u2026) 11 del Decreto 842\u00bb del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. En auto de 20 de enero de los cursantes, la Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s de la Intendencia Regional de Barranquilla, admiti\u00f3 a la sociedad gestora al proceso de \u00abVALIDACI\u00d3N JUDICIAL EXPEDITO\u00bb1. <\/p>\n
2.5. El 25 de febrero ulterior, el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Valledupar remiti\u00f3 a aquella entidad el \u00abINFORME DE GESTI\u00d3N de conformidad con lo estipulado en el p\u00e1rrafo 8\u00ba del Decreto 842 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.6. A trav\u00e9s de providencia de 23 de marzo de 20222, la intendencia cuestionada convoc\u00f3 a una audiencia que ten\u00eda por objeto: \u00abA. Enunciaci\u00f3n de Antecedentes; B. Verificaci\u00f3n del cumplimiento de las obligaciones por seguridad social y otras (\u2026) as\u00ed como gastos de administraci\u00f3n; C. Resoluci\u00f3n de inconformidades presentadas por los acreedores; D. Confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7. El 5 de abril de los corrientes, fecha programada para la realizaci\u00f3n de la vista p\u00fablica, el juez del concurso reconoci\u00f3 el cr\u00e9dito del Banco Davivienda y requiri\u00f3 la presentaci\u00f3n de los proyectos de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos del voto3. <\/p>\n
2.8. En audiencia de 25 de abril ulterior, la autoridad convocada, por considerar que el acuerdo no satisfac\u00eda los requisitos de ley, no le imparti\u00f3 confirmaci\u00f3n y, conforme al art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006, suspendi\u00f3 la diligencia y otorg\u00f3 a la promotora un t\u00e9rmino de ocho d\u00edas para que lo enmendara, de acuerdo con unas precisas observaciones y lineamientos que fij\u00f34. <\/p>\n
2.9. Por estimar que no se dio cumplimiento a lo requerido en la vista p\u00fablica del 25 de abril, en audiencia de 2 de mayo de los cursantes se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo, en virtud de la cual no se valid\u00f3 el acuerdo de recuperaci\u00f3n empresarial5. <\/p>\n
3. La representante de la sociedad censora tacha de irregular la actuaci\u00f3n relatada, por cuanto la autoridad demandada incurri\u00f3 en varios defectos procedimentales absolutos, dado que, en la audiencia de 25 de abril, no advirti\u00f3, <\/p>\n
como una de las razones para nega[r] [la aprobaci\u00f3n del acuerdo], el que dicho acuerdo ven\u00eda votado por dos (02) de tres (03) categor\u00edas de acreedores, y que si pretend\u00eda validar judicialmente el mismo acuerdo (\u2026) pero de FORMA UNIVERSAL, deb\u00eda hacerse con todas las categor\u00edas de acreedores existentes, ya que en este caso exist\u00edan cuatro (04) categor\u00edas de acreedores como eran las ENTIDADES P\u00daBLICAS; INSTITUCIONES FINANCIERAS; ACREEDORES EXTERNOS, Y ACREEDORES INTERNOS, y por lo tanto deb\u00eda incluirse a estos \u00faltimos, que representan el patrimonio que refleja su sociedad, y que el c\u00e1lculo de sus votos deb\u00eda determinarse a trav\u00e9s del equivalente al valor que se obtenga al multiplicar su porcentaje de participaci\u00f3n en el capital, por la cifra que resulte de restar del patrimonio. <\/p>\n
Dice \u2013igualmente- que el anotado yerro se estructur\u00f3 a ra\u00edz de las decisiones adoptadas en el curso de la audiencia de 2 de mayo de los corrientes, en concreto, por cuanto la querellada omiti\u00f3 ponerle de presente, en la diligencia de 25 de abril, que el acuerdo de recuperaci\u00f3n estaba indebidamente confeccionado, por no incluir a todas las categor\u00edas de acreedores y que obviaba las reglas de votaci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
4. Con estribo en lo narrado, pide dejar sin efectos las determinaciones adoptadas en el curso de las audiencias de 25 de abril y del 2 de mayo de 2022 y se provea nuevamente acerca del acuerdo de reorganizaci\u00f3n empresarial presentado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Intendente Regional Barranquilla de la Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n e indic\u00f3 que contra las decisiones adoptadas en la vista p\u00fablica de 25 de abril del a\u00f1o que avanza la accionante no propuso recurso alguno. <\/p>\n
2. El Banco Davivienda S.A. se\u00f1al\u00f3 que a la promotora se le respetaron todas sus garant\u00edas. <\/p>\n
3. El Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Valledupar dijo atenerse a la resoluci\u00f3n que adoptase la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4. El Fondo de Cesant\u00edas y Pensiones de Colombia \u2013Colfondos- pidi\u00f3 desestimar el ruego, en vista de que el conflicto planteado era de naturaleza puramente legal, sin relevancia constitucional. <\/p>\n
6. Porvenir sostuvo que, en el devenir de la audiencia de 25 de abril de 2022, present\u00f3 una oposici\u00f3n al acuerdo de recuperaci\u00f3n e inform\u00f3 que el cr\u00e9dito del cual era titular ascend\u00eda a $6.525.300. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda, porque no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, pues, frente a lo decidido el 25 de abril de 2022, cuando se neg\u00f3 la confirmaci\u00f3n del acuerdo, la ac\u00e1 gestora no interpuso recurso alguno, siendo pasible el de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la determinaci\u00f3n adoptada el 2 de mayo siguiente, en la que se desestim\u00f3 el aval del proceso de validaci\u00f3n judicial expedito, sostuvo que tal resoluci\u00f3n no se mostraba abiertamente arbitraria ni alejada del ordenamiento jur\u00eddico, adem\u00e1s de que las resoluciones atacadas eran claras y estaban motivadas. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante insisti\u00f3 en lo narrado en el escrito inicial y reiter\u00f3 que la autoridad convocada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, por no haber advertido con la debida precisi\u00f3n, en la audiencia de 25 de abril, las falencias del acuerdo de recuperaci\u00f3n, lo cual, insiste, le imposibilit\u00f3 subsanarlas. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se dejen sin efectos las determinaciones adoptadas en el devenir de las audiencias del 25 de abril y el 2 de mayo de 2022, por las cuales se neg\u00f3 la confirmaci\u00f3n del acuerdo de recuperaci\u00f3n presentado por aquella y se dispuso el cierre del proceso especial de validaci\u00f3n judicial expedito cuestionado. <\/p>\n
2. Frente a lo decidido en la diligencia de 25 de abril, en la que la autoridad recriminada no imparti\u00f3 confirmaci\u00f3n al acuerdo presentado, por estimar que no satisfac\u00eda los requisitos de ley, y otorg\u00f3 un plazo para subsanarlo, el amparo no re\u00fane el presupuesto de la subsidiariedad, pues la gestora no propuso recurso de reposici\u00f3n, que era viable a voces de lo preceptuado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por virtud de la remisi\u00f3n normativa estipulada en el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 124 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que es un mecanismo residual, que no puede ser utilizado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas legalmente previstas. Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (ver, recientemente, en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. Respecto de lo resuelto en la audiencia de 2 de mayo de los cursantes, en la que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo y no se valid\u00f3 el acuerdo presentado, es preciso advertir que no se observa la existencia de alg\u00fan defecto espec\u00edfico de procedibilidad que habilite la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional. <\/p>\n
En efecto, en aquella diligencia, la Intendencia Regional accionada se\u00f1al\u00f3 enf\u00e1ticamente que no aprobaba el acuerdo ni le daba el visto bueno al tr\u00e1mite de validaci\u00f3n judicial expedita, porque no se dio cabal cumplimiento a lo requerido en la diligencia de 25 de abril, en cuya virtud, entre otros aspectos, se exigi\u00f3 a la ahora promotora enmendar el referido negocio jur\u00eddico, clarificando su naturaleza y varias de sus cl\u00e1usulas y t\u00e9rminos, en atenci\u00f3n a las confusiones e imprecisiones que en torno a esos puntos encontr\u00f3. <\/p>\n
Y, si bien en la subsanaci\u00f3n la ahora gestora y all\u00ed promotora acot\u00f3 que se trataba de un convenio de tipo universal, tal precisi\u00f3n, a juicio de la accionada, no resultaba suficiente para avalar dicho pacto, en tanto este no satisfizo el lleno de los requisitos fijados en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, \u00abpor venir votado solamente por 2 de 4 categor\u00edas de acreedores y por un 14.52% (que corresponde a la suma de los acreedores financieros y dem\u00e1s acreedores externos)\u00bb. <\/p>\n
Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, adoptada en el curso de la audiencia de 2 de mayo, se evidencia que el ente convocado estim\u00f3, motivadamente, que el acuerdo sometido a su escrutinio no cumpl\u00eda con las prescripciones legales aplicables y, tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente desprovista de fundamento, carente de sustento o alejada del orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Se observa, pues, una disparidad de criterios entre lo considerado por la accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden6. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se impone ratificar el fallo de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo digital 2022-04-000200-000.PDF. <\/p>\n
2\u0002 Archivo digital 2022-04-002218-000.PDF. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital 2022-04-003009-000.PDF. <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital 2022-04-003009-000.PDF. <\/p>\n
5\u0002 Archivo digital 2022-04-003110-000.PDF. <\/p>\n
6\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021. <\/p>\n
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