STC13196-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13196-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01545-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Jos\u00e9 Edimer Suaza Jim\u00e9nez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquet\u00e1). Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes o terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, privado de la libertad en la c\u00e1rcel La Picota, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, en el proceso penal de radicado 18753600055620088017600. <\/p>\n
El 5 de enero de 2017 se decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas al accionante (quien permanece privado de su libertad desde el 13 de noviembre de 2008), fijando la sanci\u00f3n en 443 meses y 10 d\u00edas de prisi\u00f3n, entre otras, cuya vigilancia se encuentra a cargo del Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El 20 de octubre de 2021, el mencionado Juzgado ejecutor le neg\u00f3 un permiso administrativo hasta de 72 horas, dada la prohibici\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 para los sentenciados por secuestro simple, norma que consider\u00f3 aplicable al asunto, por cuanto los hechos se remontaban al 9 de noviembre de 2008, cuando reg\u00eda esa norma. Frente a esa decisi\u00f3n, el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3 el 15 de febrero de 2022, por razones diferentes. <\/p>\n
3. La parte actora sostuvo que otros procesados, juzgados bajo la misma cuerda procesal, han obtenido la libertad condicional, y que la aprobaci\u00f3n del permiso hasta de 72 horas se realiza bajo una valoraci\u00f3n objetiva de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario. Asegur\u00f3 que, en su caso, cuando denegaron su petici\u00f3n, no \u00abdieron aplicaci\u00f3n a la favorabilidad\u00bb y que ha cumplido la pena desde el 2008 con buena conducta. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el delito que se le endilga \u00abes producto de una acumulaci\u00f3n jur\u00eddica, y no es delito principal, por ser consecuencia de la concurrencia de situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin efecto las providencias que denegaron el permiso solicitado y se emita un nuevo pronunciamiento en el que se acceda a lo solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que, en la decisi\u00f3n censurada, quedaron rese\u00f1ados los argumentos tenidos en cuenta por esa Corporaci\u00f3n y agreg\u00f3 que la tutela es improcedente, dado que fue instaurada como un juicio de validez y no de correcci\u00f3n de la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Veinte de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 denegar el amparo, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, tras considerar la improcedencia del permiso hasta de 72 horas solicitado por el actor, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 68A, adicionado por la Ley 1142 de 2007, pues, \u00abfrente a la condena impuesta por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego ocurridos el 9 de diciembre de 2008, registra un antecedente penal por conducta punible desarrollada el 9 de noviembre del citado a\u00f1o\u00bb, de modo que \u00abcuenta con una condena anterior por delito doloso ejecutado entre los 5 a\u00f1os anteriores\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, de conformidad con la interpretaci\u00f3n jurisprudencial, el concepto de antecedente penal implica la existencia de una condena judicial definitiva al momento de la comisi\u00f3n del delito que se juzga y, en el presente asunto, el actor reporta dos condenas ejecutoriadas que est\u00e1n siendo ejecutadas, las cuales se produjeron en un margen no superior a 5 a a\u00f1os, \u00abse\u00f1al inequ\u00edvoca de la reincidencia del quejoso en infringir la ley\u00bb, lo cual es criterio de exclusi\u00f3n para el beneficio. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor se\u00f1al\u00f3 que los argumentos del a quo no se limitaron \u00aba las decisiones emitidas por la primera y segunda instancia\u00bb, dado que se examin\u00f3 la acumulaci\u00f3n de penas, consideraci\u00f3n que no fue tenida en cuenta por los accionados que denegaron la solicitud, lo que configura una extralimitaci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considerada vulnerados con el auto del 20 de octubre de 2021, confirmado el 15 de febrero de 2022, mediante los cuales se neg\u00f3 su solicitud de permiso hasta de 72 horas para salir del establecimiento carcelario en el que se encuentra recluido. <\/p>\n
2. Verificado el auto del 15 de febrero de 2022, observa la Sala que la autoridad judicial demandada advirti\u00f3 que la aprobaci\u00f3n del permiso administrativo hasta por 72 horas de quienes est\u00e1n privados de la libertad, en cumplimiento de una pena, est\u00e1 sujeto a que se re\u00fanan los requisitos establecidos en el art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario. <\/p>\n
En ese orden, sostuvo que le asist\u00eda raz\u00f3n al apelante, pues la exclusi\u00f3n citada por el a quo no aplicaba en su caso, en virtud de que hab\u00eda sido condenado por secuestro simple, y el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 contemplaba la prohibici\u00f3n de beneficios para el delito de secuestro extorsivo. <\/p>\n
No obstante, precis\u00f3 que el sentenciado no pod\u00eda ser beneficiario del permiso solicitado, \u00abpor l\u00f3gica procesal\u00bb, toda vez que el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal, adicionado por el art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007, indica que no se conceder\u00e1n, entre otros, los subrogados penales ni habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio (salvo los regulados por la ley por colaboraci\u00f3n efectiva), \u00abcuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) a\u00f1os anteriores\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, \u00abcon anterioridad la ley 1142 de 2007 (\u2026) estableci\u00f3 que la reincidencia delictiva en las conductas tipificadas en el mencionado c\u00f3digo es causal suficiente para no ser beneficiario del sustituto penal\u00bb, criterio que hab\u00eda sido ratificado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia1, cuando advirti\u00f3 que \u00abel sentido original\u00bb del art\u00edculo 68A adicionado, \u00abfue el de proscribir la concesi\u00f3n de beneficios y subrogados penales (\u2026) a todo aqu\u00e9l que hubiese sido condenado por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco a\u00f1os anteriores a la conducta punible por la que estuviese siendo juzgado (\u2026) Es decir que la reincidencia fue el criterio objetivo que tuvo en cuenta el legislador para establecer esa prohibici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Dicho lo anterior y descendiendo al caso concreto, indic\u00f3 que el apelante fue condenado el 27 de julio de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Conocimiento de Puerto Rico (Caquet\u00e1) a 310 meses de prisi\u00f3n, por hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2008, entre otras sanciones, por el punible de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones, al igual que tambi\u00e9n fue condenado el 9 de julio de 2012, decisi\u00f3n confirmada el 26 de mayo de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, por el delito de secuestro simple, por hechos acaecidos el 9 de noviembre de 2008. <\/p>\n
De lo anterior concluy\u00f3 que el apelante no era merecedor del permiso administrativo pedido, no por las razones esgrimidas por el a quo, sino porque \u00abpresenta antecedentes penales dentro de los 5 a\u00f1os anteriores por la comisi\u00f3n dolosa del delito de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte de armas, punibles por el que fue condenado a pagar 310 meses, aspecto que entonces toca lo concerniente a la reincidencia delictiva\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las pruebas consideradas y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
En tal sentido, la Sala accionada determin\u00f3 que, para valorar la procedencia del permiso administrativo solicitado por el actor, en primer lugar, le eran exigibles los presupuestos del art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y que, adem\u00e1s, le era aplicable el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal2, que proscribi\u00f3 la concesi\u00f3n de ese y otros beneficios a los condenados reincidentes dentro de los cinco a\u00f1os anteriores, de suerte que el actor, al ser condenado el 27 de julio de 2011 y el 26 de mayo de 2015, era reincidente y no pod\u00eda acceder al permiso administrativo de hasta 72 horas. <\/p>\n
Al respecto, la Sala resalta que, en sentencia C-425 de 2008, la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad de la Ley 1142 de 2007, consider\u00f3 que la incorporaci\u00f3n de la reincidencia para excluir de los subrogados penales o beneficios a condenados \u00abes una facultad libre del legislador que no contradice las normas constitucionales\u00bb, precedente que ha servido de fundamento para decisiones avaladas por esta Sala en asuntos similares (Ver CSJ STC13227-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ, Sala penal, 13 de abril de 2016, rad. 44718. <\/p>\n
2\u0002 Que rige a partir del 28 de julio de 2007, fecha de publicaci\u00f3n de la Ley 1142 de 2007. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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