STC13216-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13216-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Adona\u00ed Garc\u00eda contra el Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Bogot\u00e1-Cundinamarca – Grupo de Archivo Central, la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, los Juzgados Veintinueve Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, estos \u00faltimos tambi\u00e9n de la capital de la Rep\u00fablica; extensiva a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo lugar; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades acusadas por aparentemente obstaculizar el tr\u00e1mite de su petici\u00f3n de levantamiento cautelar. <\/p>\n
Deprec\u00f3, entonces, ordenar \u00abal Juzgado 02 Civil [d]el Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y a [l]a Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 que\u2026 de[n] tr[\u00e1]mite a [su] solicitud\u2026[,] en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 597 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 el actor que ante el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 curs\u00f3 el juicio ejecutivo incoado por el Banco Santander Colombia S.A. contra Graciela Botero de Barreto, en el cual se cautel\u00f3 el veh\u00edculo de placas BFP 855, del que adujo ser poseedor. <\/p>\n
2.2. Expuso que el expediente contentivo de tal asunto \u00abse encuentra extraviado desde el mes de noviembre de 2011\u00bb, destacando que el estrado judicial aludido a espacio sostiene que desde esa fecha lo remiti\u00f3 al hoy extinto Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, por lo que, ante la falta de respuesta frente a sus solicitudes para lograr su ubicaci\u00f3n, interpuso una previa acci\u00f3n de tutela que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 le concedi\u00f3 el 27 de julio de 2021 (rad. 11001-22-03-000-2021-01478-00), ordenando a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de ese lugar resolver \u00abde fondo la petici\u00f3n de ubicaci\u00f3n y desarchivo del expediente del proceso ejecutivo n.\u00b0 29-1999-06593\u2026, para lo cual, deber\u00e1 informar claramente las gestiones adelantadas para tal fin y establecer qu\u00e9 autoridad judicial conoce actualmente de dicho proceso o la que eventualmente dispuso su archivo\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que, luego, tras considerar incumplido dicho fallo, promovi\u00f3 solicitud de incidente de desacato que el 11 de octubre de 2021 el citado Tribunal resolvi\u00f3 no adelantar al considerar que la Direcci\u00f3n Ejecutiva expuso que tras suprimirse el mentado Juzgado Veintiuno de Descongesti\u00f3n, los expedientes a su cargo se reasignaron a su hom\u00f3logo Veinte y, eliminado \u00e9ste, se remitieron al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1; por lo cual concluy\u00f3 que se acredit\u00f3 el cumplimiento de la orden tutelar, porque la all\u00ed accionada \u00aba) inform\u00f3 las gestiones adelantadas para atender la petici\u00f3n que le formul\u00f3 el incidentante, y, b) estableci\u00f3 la autoridad que debe conocer actualmente de dicho proceso o que dispuso su archivo, esto es, el Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, despacho judicial, que en \u00faltimas, es el llamado a pronunciarse sobre lo que corresponda en relaci\u00f3n con la ubicaci\u00f3n del expediente y con las peticiones de car\u00e1cter jurisdiccional aludidas en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.4. Conforme a lo anterior, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y la Oficina de Apoyo para los Juzgados de esa categor\u00eda del mismo lugar, el 2 de junio de 2022, el reclamante radic\u00f3 solicitud de levantamiento de la anotada cautela, con apoyo en lo reglado en el numeral 10\u00ba del precepto 597 del C\u00f3digo General del Proceso, petici\u00f3n no resuelta para cuando entabl\u00f3 este nuevo ruego tutelar y respecto de la cual, sostuvo, empleados de la \u00faltima dependencia le indicaron que \u00abel proceso no estaba a disposici\u00f3n de dicha entidad, por tanto no se [le] dar\u00eda tr[\u00e1]mite\u00bb. <\/p>\n
2.5. En esta oportunidad el quejoso cuestion\u00f3, en concreto, que \u00abha gestionado cada uno de los tr\u00e1mites solicitados por las entidades judiciales accionadas, sin embargo [su] reticencia a surtir [sus] peticiones\u2026 vulnera [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor, pidi\u00f3 a los convocados rendir el informe a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, aportar los documentos con los que acreditaran su dicho y, en especial: <\/p>\n
i) Al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, enviar los documentos que acrediten su remisi\u00f3n, a otro despacho, del expediente con radicado 11001-31-03-029-1999-06593; <\/p>\n
ii) Al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, enviar los soportes que demuestren cu\u00e1les han sido los expedientes que, teniendo como despacho de origen el referido Veintinueve Civil del Circuito, ha recibido para continuar su tr\u00e1mite y, de manera expresa, informe si entre ellos est\u00e1 el identificado con el consecutivo inicial 11001-31-03-029-1999-06593; <\/p>\n
iii) A la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica y al Consejo Superior de la Judicatura – Oficina de Archivo Central, allegar los documentos que demuestren si el expediente con radicado 11001-31-03-029-1999-06593 fue enviado a un despacho diferente al que inicialmente le correspondi\u00f3 su tr\u00e1mite, para continuar el mismo, y en caso afirmativo, a cu\u00e1l o cu\u00e1les, precisando el \u00faltimo de ellos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho alguno de la accionante\u00bb y pidi\u00f3 \u00abse niegue el amparo\u2026 al carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, comoquiera que \u00abno conoci\u00f3 el proceso [cuestionado] ni emiti\u00f3 actuaci\u00f3n alguna al interior del mismo\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abel promotor elev\u00f3 solicitud de levantamiento de medidas cautelares, respecto de la cual el \u00e1rea encargada le inform\u00f3 que dicho proceso no es conocido por ninguno de los cinco Juzgado Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n\u00bb; que \u00abrevisado en el sistema de informaci\u00f3n judicial el proceso al que hace referencia el promotor, se evidenci\u00f3 que no fue conocido ni remitido a [ese] estrado judicial, igualmente, en atenci\u00f3n a la informaci\u00f3n remitida por la Oficina de Reparto al accionante se procedi\u00f3 a verificar el archivo f\u00edsico de los procesos recepcionado[s] del Juzgado 20 Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n y constat\u00f3 que el\u2026 No. 29-1999-6593 no fue remitido a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n, por lo tanto, al no haber sido recepcionado ni remitido a [ese] estrado judicial no es dable impartir tr\u00e1mite alguno a la petici\u00f3n a la que hace referencia\u2026, ya que nunca lo conoci\u00f3, por ende, no puede levantar cautelas de procesos que no [le] fueron asignados\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel \u00e1rea encargada remiti\u00f3 por competencia la petici\u00f3n al Juzgado 29 Civil del Circuito de esta ciudad para lo de su cargo, dado que es el\u2026 de origen, el cual decret\u00f3 la cautela\u2026 y no se tiene conocimiento de la ubicaci\u00f3n del referido proceso, en este punto se resalta que la Oficina de Reparto indic\u00f3 que presuntamente fue repartido el proceso a este estrado judicial; sin embargo, no remiti\u00f3 constancia alguna de su dicho\u00bb. <\/p>\n
2. La Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la capital de la Rep\u00fablica tambi\u00e9n solicit\u00f3 \u00abdenegar el amparo\u2026 [y su] desvinculaci\u00f3n\u00bb porque en esa dependencia no se halla el expediente por el que se indaga, el que tampoco est\u00e1 a cargo de ninguno de los cinco (5) juzgados a los cuales brinda soporte, sumado a que constat\u00f3 que \u00abmediante oficio No. 876 de 18 de noviembre de 2013, fueron remitidos por parte del Juzgado 20 Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 un total de 54 procesos\u00bb, reasignados al estrado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias del mismo lugar, entre los cuales no se encontr\u00f3 el identificado bajo el consecutivo 29-1999-6593. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que ante la petici\u00f3n enviada por el usuario le inform\u00f3 lo atr\u00e1s se\u00f1alado y que, por ello, procedi\u00f3 a remitirla al Juzgado \u00abde origen de la actuaci\u00f3n, es decir[,] el 29 Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado referido a espacio deprec\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque, \u00abconsultado el sistema, el proceso ejecutivo n\u00b0\u2026 11001310302919990659301 fue radicado el 20 de junio de 2001, y luego de varias actuaciones fue remitido en el a\u00f1o 2011 al Juzgado 21 Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Sentencias, momento a partir del cual\u2026 perdi\u00f3 [su] rastro\u00bb; y en todo caso, \u00abfrente a la solicitud de levantamiento de la cautela que afecta al rodante mencionado por el actor, tiene a su alcance los mecanismos legales previstos por el legislador para tal fin, sin que se avizore cumplimiento u agotamiento de dicho t\u00f3pico, de suyo entonces la acci\u00f3n deviene improcedente al no concurrir el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rog\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional, y subsidiariamente, declarar improcedente y\/o negar la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
Histori\u00f3 el tr\u00e1mite constitucional previo que tuvo a cargo, afirm\u00f3 que en esta oportunidad \u00abno se aprecia reproche de ninguna naturaleza que guarde relaci\u00f3n con las actuaciones y\/o decisiones adoptadas al interior del [mismo]\u00bb; que \u00abno se aprecian peticiones presentadas por el accionante que se encuentren pendientes de resolver por parte de [esa] autoridad judicial, y\u2026 no es\u2026 la llamada a pronunciarse sobre el levantamiento de la medida cautelar\u00bb; y que \u00abni el fallo de tutela que en primera instancia profiri\u00f3\u2026, ni las decisiones posteriores, fueron impugnadas por ninguna de las partes. Tampoco presentaron solicitudes de aclaraci\u00f3n, de modo que el contenido y alcance de la orden de amparo y de las decisiones subsiguientes fueron comprendidas a cabalidad\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Civil de esa misma Colegiatura inform\u00f3 que en el juicio ejecutivo aludido por el quejoso \u00abprofiri\u00f3 \u00fanicamente auto el 9 de septiembre de 2010 en segunda instancia, devolvi\u00e9ndose el expediente al juzgado de origen el 20 de los mismos, conforme se advierte de la consulta en el sistema judicial Siglo XXI\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
Por ello, se ha reconocido que cuando el juzgador se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Con apoyo en tales derroteros, fuerza anticipar que ha de prodigarse el resguardo rogado, aunque no precisamente en los t\u00e9rminos deprecados por el accionante, sino por lo que pasa a explicarse, de no olvidar que, como insistentemente lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel juez de tutela, cuando los asuntos a su cargo se lo impongan, al evidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 investido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y extra petita en pro del principio de prevalencia del derecho sustancial (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991)\u00bb (entre muchas otras CSJ STC9771-2019, 25 jun., rad. 2019-00104-02; y STC14074-2019, 15 oct., rad. 2019-01588-01). <\/p>\n
3.1. Se tiene que la censura, en concreto, se enfil\u00f3 contra la falta de definici\u00f3n de fondo de la solicitud de levantamiento cautelar que el accionante propuso con apoyo en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso, la que recae sobre el juicio ejecutivo que el Banco Santander Colombia S.A. le inco\u00f3 a Graciela Botero de Barreto y la cual no ha sido resuelta debido al extrav\u00edo del expediente contentivo de ese asunto. <\/p>\n
Ahora, como se indic\u00f3 en los antecedentes de esta decisi\u00f3n, acorde con lo aducido por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien, por reparto, le correspondi\u00f3 el conocimiento del mentado proceso, as\u00ed como a lo reportado por ese estrado en el sistema de gesti\u00f3n judicial, el legajo respectivo se remiti\u00f3 desde el a\u00f1o 2011 al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad. De lo cual, a pesar del requerimiento efectuado por esta Corte al admitir la demanda de amparo del ep\u00edgrafe, no se alleg\u00f3 soporte documental alguno. <\/p>\n
Ante esa situaci\u00f3n y al no lograrse la ubicaci\u00f3n del expediente, a pesar de acudirse previamente a aquel despacho y al Archivo General de la Rama Judicial, el censor instaur\u00f3 una previa acci\u00f3n de tutela que le fue concedida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital de la Rep\u00fablica, ordenando \u00aba la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, por intermedio del\u2026 coordinador del Archivo Central\u2026 o el funcionario competente para ello, que\u2026 resuelva de fondo la petici\u00f3n de ubicaci\u00f3n y desarchivo del expediente del proceso ejecutivo n.\u00b0 29-1999-06593 de Banco Santander contra Graciela Botero de Barrero, para lo cual, deber\u00e1 informar claramente las gestiones adelantadas para tal fin y establecer qu\u00e9 autoridad judicial conoce actualmente de dicho proceso o la que eventualmente dispuso su archivo\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Posteriormente, al deprecarse el adelantamiento de un incidente de desacato por la supuesta desatenci\u00f3n a esa orden constitucional, seg\u00fan prove\u00eddo mediante el cual el mencionado Tribunal encontr\u00f3 cumplido el fallo rememorado, la Direcci\u00f3n Ejecutiva accionada inform\u00f3 que el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 se suprimi\u00f3 mediante Acuerdo CSBTA13-182 de 2013 y los expedientes a su cargo se reasignaron a su hom\u00f3logo Veinte, \u00faltimo que luego tambi\u00e9n se elimin\u00f3, seg\u00fan Acuerdo CSBTA13-211 de 2013, y los asuntos que para entonces conoc\u00eda se remitieron al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad. <\/p>\n
Como con fundamento en lo atr\u00e1s dicho se le se\u00f1al\u00f3 al censor que la orden constitucional hab\u00eda sido plenamente acatada y que deb\u00eda acudir a esa \u00faltima dependencia para la definici\u00f3n de su petici\u00f3n de levantamiento cautelar, \u00e9l procedi\u00f3 de conformidad pero el aludido estrado Segundo de Ejecuci\u00f3n le indic\u00f3 que no pod\u00eda atender su solicitud porque nunca ha tenido a cargo el expediente en cuesti\u00f3n, por lo que resolvi\u00f3 remitir tal pedimento, por competencia, al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
A ello ha de agregarse que el citado despacho de ejecuci\u00f3n, a diferencia del permanente aqu\u00ed involucrado, acredit\u00f3 su dicho aportando las actas de los expedientes que, tras su supresi\u00f3n, efectivamente remiti\u00f3 el extinto Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, dentro de los cuales no est\u00e1 relacionado aqu\u00e9l para el cual se dirigi\u00f3 la solicitud del reclamante. <\/p>\n
3.2. Delimitado lo anterior, no cabe duda acerca del quebrantamiento endilgado a las autoridades accionadas, en la medida que ciertamente no ha sido posible ubicar f\u00edsicamente el tan mentado asunto, por lo que la intervenci\u00f3n del juez supralegal se muestra impostergable, en orden a salvaguardar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia del quejoso, en tanto que, \u00abcomo lo ha sostenido esta Sala en casos similares, dicha prerrogativa \u00abno solo comprende la posibilidad de los administrados de acudir ante los organismos jurisdiccionales para ventilar sus conflictos, sino tambi\u00e9n que sean efectivamente resueltos\u00bb (CSJ STC12819-2021)\u00bb (CSJ STC14458-2021, 27 oct., rad. 2021-00572-01); y es que, en este espec\u00edfico asunto, lo cierto es que debido a la problem\u00e1tica presentada ante la falta de ubicaci\u00f3n del expediente para el cual el censor dirigi\u00f3 su petici\u00f3n, injustificadamente y aun cuando agot\u00f3 los tr\u00e1mites a su alcance, incluida una previa acci\u00f3n constitucional, no ha recibido resoluci\u00f3n de fondo por parte de la jurisdicci\u00f3n, en tanto que sus dependencias reh\u00fasan su conocimiento aduciendo no estar a cargo del proceso. <\/p>\n
Sin embargo, es evidente que, exigiendo al Tribunal vinculado volver a pronunciarse sobre la petici\u00f3n de desacato que le formul\u00f3 el accionante para obtener el cumplimiento del fallo de tutela all\u00ed emitido, no se lograr\u00eda resguardarle de forma definitiva sus garant\u00edas esenciales sino que se le mantendr\u00eda en la incertidumbre, m\u00e1xime cuando lo all\u00ed dispuesto vincula exclusivamente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 que no a un estrado judicial en concreto. <\/p>\n
De otro lado, la orden a emitir tampoco puede imponerse al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la capital de la Rep\u00fablica si en cuenta se tiene que, como qued\u00f3 dicho, no existe ning\u00fan soporte que acredite que le haya sido reasignado el juicio ejecutivo por el que se le indag\u00f3, incluso, dicho despacho y el centro de servicios que le brinda apoyo, acatando el requerimiento efectuado por esta Corte, trajeron los soportes que dan cuenta de los expedientes efectivamente remitidos por parte del Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n del mismo lugar (quien recibi\u00f3 los que tuviera su hom\u00f3logo Veintiuno antes de su supresi\u00f3n), entre los cuales, se itera, no se encontraba aqu\u00e9l. <\/p>\n
Por lo tanto, se ordenara al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 adoptar las medidas que halle pertinentes para atender de fondo la solicitud de levantamiento cautelar propuesta por el quejoso, en tanto que, desde su inicio, le fue asignado el conocimiento del rememorado juicio ejecutivo, no existe ning\u00fan medio suasorio que demuestre que el mismo se reasign\u00f3 al Juzgado de Ejecuci\u00f3n accionado, aunado a que, a pesar del requerimiento efectuado por esta Corporaci\u00f3n, aqu\u00e9l, contrario a \u00e9ste, no trajo prueba alguna para acreditar su dicho y, en todo caso, de haberse certificado que el expediente se envi\u00f3 al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la capital de la Rep\u00fablica, ante su extinci\u00f3n y la ausencia de soporte de la reasignaci\u00f3n del asunto a otra autoridad judicial, la aludida sede permanente de origen es la llamada a resolver lo rogado por el censor. <\/p>\n
3.3. En un asunto con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, pero que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, esta Corte concluy\u00f3 que para imponer a determinada autoridad judicial atender solicitudes como la propuesta por el quejoso, no es presupuesto infranqueable que se acredite la responsabilidad de aquella en su p\u00e9rdida o extrav\u00edo. In extenso, as\u00ed lo dej\u00f3 dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u2026la Sala confirmar\u00e1 el fallo estimatorio de primera instancia, comoquiera que la actuaci\u00f3n del juzgado que es objeto de cuestionamiento, constituye yerros espec\u00edficos de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar la determinaci\u00f3n objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
En efecto, advirtiendo el cumplimiento de los requisitos gen\u00e9ricos para la procedibilidad del amparo, en el caso ahora examinado se configura la incursi\u00f3n de la funcionaria encartada en un defecto de \u00edndole procedimental, acompasado con el de desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque al negar la reconstrucci\u00f3n de expediente judicial adelantado por su despacho, actu\u00f3 al margen de lo previsto en el art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso, y se apart\u00f3 de la postura que sobre el particular ha venido asumiendo esta Corporaci\u00f3n en aras a solucionar problem\u00e1ticas de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la Sala observa que la funcionaria accionada dio un inadecuado entendimiento y aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el canon 126 del estatuto adjetivo general, al condicionar la reconstrucci\u00f3n del expediente a la certeza o posibilidad de que el mismo se encontrara bajo su custodia, como si s\u00f3lo pudiera adelantarse ese procedimiento cuando la responsabilidad por la p\u00e9rdida o extrav\u00edo recayera en el juzgado, situaci\u00f3n que no est\u00e1 contemplada en la norma, pues independientemente de los resultados que arroje la investigaci\u00f3n que se surta por la autoridad\u2026 competente, el funcionario que conoci\u00f3 del litigio es el llamado a reconstruirlo a\u00fan \u00abde oficio\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que la gesti\u00f3n antedicha, no constituye una facultad sino uno de los \u00abdeberes\u00bb que la ley le impone cumplir, y tanto \u00e9stos como los \u00abpoderes\u00bb, est\u00e1n consagrados en los art\u00edculos 42, 43 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso, destac\u00e1ndose dentro de los primeros, su efectivo empleo a fin de \u00abimpedir la paralizaci\u00f3n o dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda\u00bb, y la adopci\u00f3n de medidas necesarias para \u00abdecidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido [aplicando] las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, las cosas, es evidente que mediante el prove\u00eddo del 25 de mayo de 2021, el accionado opt\u00f3 por radicar la funci\u00f3n de reconstrucci\u00f3n del expediente en el \u00abAgente Liquidador\u00bb designado por la Superintendencia Nacional de Salud, porque, en su sentir, el extrav\u00edo tuvo lugar estando la foliatura a su cargo; postura que ratific\u00f3 mediante auto del 28 de julio de 2021, aduciendo normas y conceptos que se alejan de la situaci\u00f3n revisada y por ende inaplicables, puesto que, se itera, el estatuto procesal general consagra la soluci\u00f3n \u00aben caso de p\u00e9rdida total o parcial de un expediente\u00bb, precisando el tr\u00e1mite a seguir en tales eventos. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la injerencia del fallador excepcional surge de la incursi\u00f3n de la accionada en yerro procedimental absoluto, pues so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de la actora, al no darle el cabal alcance a las garant\u00edas contenidas en la codificaci\u00f3n adjetiva en comento. <\/p>\n
El yerro en cuesti\u00f3n y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la posibilidad de la reconstrucci\u00f3n del expediente, se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial con sujeci\u00f3n a los supuestos esbozados, pues dicho precepto establece con claridad que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3.2. En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, se se\u00f1ala que en otras ocasiones se ha dispuesto, tanto por esta Sala como por la hom\u00f3loga Laboral, que, ante la p\u00e9rdida o extrav\u00edo de un expediente judicial, el funcionario que tramit\u00f3 el proceso es quien debe reconstruirlo, sin perjuicio de que para ello requiera de la colaboraci\u00f3n eficaz de las partes y, como en el caso examinado, de quienes pudieron tener acceso al mismo y participaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida. <\/p>\n
En efecto, esta Sala, aval\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo deprecado por quien, fungiendo como ejecutado, dio cuenta de que los expedientes que comprend\u00edan tales procesos, hab\u00edan sido extraviados tras su paso a un juzgado de descongesti\u00f3n, y ante ello orden\u00f3 al despacho de origen, tramitar la reconstrucci\u00f3n, sin que ello implicara endilgarle responsabilidad por dicha p\u00e9rdida, y para ello razon\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con la informaci\u00f3n recopilada se tiene que el expediente de la causa fue enviado, por virtud de una medida de descongesti\u00f3n dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado Primero Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de aquella ciudad; sin embargo, una vez finalizada la misma y desaparecida dicha c\u00e9lula judicial, el expediente no fue retornado al despacho de origen, desconoci\u00e9ndose en la actualidad su paradero. <\/p>\n
El gestor del resguardo, ha solicitado en dos oportunidades a las entidades demandadas, Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y Oficina Judicial de Barranquilla, la ubicaci\u00f3n de la foliatura a efectos de obtener la devoluci\u00f3n de una suma de dinero, obteniendo como respuesta, por parte de la primera, la apertura de una vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal y, de la segunda, que pese a la exhaustiva b\u00fasqueda en las bases de datos que maneja, no ha sido posible ubicarlo porque, al parecer el despacho de descongesti\u00f3n, una vez ces\u00f3 en sus actividades, no lo devolvi\u00f3. <\/p>\n
De lo anterior se evidencia la conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda supralegal al debido proceso, pero adem\u00e1s de aquella consagrada en el art\u00edculo 229 de la Carta Pol\u00edtica, en la medida que el derecho de acceso a la justicia no solo comprende la posibilidad de los administrados de acudir ante los organismos jurisdiccionales para ventilar sus conflictos, sino tambi\u00e9n que sean efectivamente resueltos. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considera esta Corporaci\u00f3n que la determinaci\u00f3n adoptada por la sala a quo, de ordenar la reconstrucci\u00f3n del expediente tantas veces mencionado fue acertada, sin que pueda ser de recibo la deprecaci\u00f3n de la funcionaria impugnante de \u00abconminar\u00bb al gestor del resguardo que solicite la iniciaci\u00f3n de tal actuaci\u00f3n, pues no puede el Estado trasladarle a \u00e9ste los efectos negativos de las falencias administrativas, m\u00e1xime cuando no fue \u00e9l quien las provoc\u00f3 y menos a\u00fan tiene porqu\u00e9 asumir cargas que no le corresponden. <\/p>\n
Ahora, con relaci\u00f3n al otro punto de inconformidad de la Juez S\u00e9ptima Civil Municipal de Barranquilla, no observa la Corte que el tribunal de primer grado le hubiere atribuido responsabilidad en el extrav\u00edo de la actuaci\u00f3n, es m\u00e1s, esa colegiatura fue clara en afirmar que dicho despacho se desprendi\u00f3 del conocimiento del asunto para remitirlo a su hom\u00f3logo de descongesti\u00f3n; lo que ocurre es que como esa c\u00e9lula judicial fue a la que se le \u00abasign\u00f3 dicho expediente y donde se pueden verificar actuaciones [y] dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, consider\u00f3 adecuado impartirle la orden de proceder a reconstruir el expediente, sin que ello implique -se itera- se\u00f1alamiento sobre la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales advertida\u00bb (CSJ STC15846-2019, 22 nov. 2019, rad. 00394-02). Se subraya (se destac\u00f3 – CSJ STC17363-2021, 15 dic., rad. 2021-00808-01). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en este caso se observa la presencia de irregularidades suficientes para que deba accederse a la salvaguarda invocada por el accionante, pero ordenando al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 adoptar las medidas pertinentes para resolver directamente y de fondo la solicitud de levantamiento cautelar que le plante\u00f3, a la cual s\u00f3lo podr\u00e1 acceder de hallar satisfechos los presupuestos legales para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede, de oficio, la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del accionante Adona\u00ed Garc\u00eda, en consecuencia, ordena al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda adoptar las medidas pertinentes para atender directamente y de fondo la solicitud de levantamiento cautelar que aqu\u00e9l present\u00f3 para el juicio ejecutivo promovido por el Banco Santander Colombia S.A. contra Graciela Botero de Barreto, respecto del veh\u00edculo de placas BFP 855 (rad. 11001-31-03-029-1999-06593); acorde con lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia integral de este expediente de tutela para que el mismo forme parte de la actuaci\u00f3n que all\u00ed se adelante. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a todos los intervinientes y, en caso de no impugnarse este veredicto, rem\u00edtanse las actuaciones correspondientes a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13216-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13216-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Adona\u00ed Garc\u00eda contra el Consejo Superior de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67790","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67790"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67790\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67790"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67790"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}