STC13218-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13218-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01797-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de agosto de 2022 por la Sala Quinta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Sole de Colombia S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El representante legal de la promotora demand\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad accionada en el juicio de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 21-229536. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 8 de junio de 2021, Carlos Andr\u00e9s Olivera Escocia present\u00f3 una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra la sociedad SOLE COLOMBIA S.A.S., que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales admiti\u00f3 el 23 de junio siguiente. <\/p>\n
2.2. El 24 de junio de ese mismo a\u00f1o se remiti\u00f3 el aviso de notificaci\u00f3n a la direcci\u00f3n de la sociedad demandada -accionante- y, el 13 de julio de 2021, se contest\u00f3 la demanda extempor\u00e1neamente. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de auto 101827 de 26 de agosto de 2022, la Superintendencia accionada neg\u00f3 la solicitud de reprogramaci\u00f3n de la audiencia formulada por el representante legal de la sociedad demandada, dado que este ten\u00eda la facultad de \u00abconferir poder a favor de un abogado que representara [sus] intereses\u00bb, y resolvi\u00f3 estarse a lo dispuesto en la sentencia del 22 de junio pasado. <\/p>\n
2.5. Al respecto, la tutelante cuestion\u00f3 que, el d\u00eda de la audiencia en que se profiri\u00f3 el fallo -22 de junio de 2022-, present\u00f3 \u00abun cuadro de laringofaringitis\u00bb, que le origin\u00f3 una incapacidad \u00abdesde el 22 de junio hasta el 26 de junio de 2022\u00bb, circunstancia que le imped\u00eda hablar, raz\u00f3n por la cual ese mismo d\u00eda -a las 4:20 pm-, solicit\u00f3 el aplazamiento de la diligencia; sin embargo, la Superintendencia accionada profiri\u00f3 sentencia, \u00absin tener en cuenta mi justificaci\u00f3n [\u2026] cercen\u00e1ndome la facultad de proponer f\u00f3rmulas de arreglo y, m\u00e1s all\u00e1 de eso, de ejercer mi derecho a la defensa\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se revoque la referida sentencia y se fije nueva fecha para llevar a cabo la audiencia establecida en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Superintendencia accionada respald\u00f3 la legalidad de sus actuaciones, dado que se ajustaron a lo establecido en la Ley 1480 de 2011, en concordancia con las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que, de conformidad con el art\u00edculo 372 de este estatuto, es obligaci\u00f3n de las partes asistir a las audiencias, las cuales se realizar\u00e1n aunque estas o sus apoderados no concurran y agreg\u00f3 que \u00abesta Delegatura resolvi\u00f3 la solicitud de reprogramaci\u00f3n de audiencia allegada por el representante legal de la sociedad demandada SOLE DE COLOMBIA S.A.S. en debida forma, a trav\u00e9s del Auto Nro. 101827 de 26 de agosto de 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n del 22 de junio de 2022 se encuentra motivada y tiene respaldo normativo y probatorio. Advirti\u00f3 que, si bien se present\u00f3 una solicitud de aplazamiento, la funcionaria desarroll\u00f3 la audiencia programada conforme a los lineamientos procesales previstos en los art\u00edculos 392, 372 y 373 del CGP; adem\u00e1s, mediante auto del 26 de agosto presente, resolvi\u00f3 no aceptar la excusa presentada, motivando las causas legales y normativas de dicha decisi\u00f3n, de modo que esta no fue caprichosa ni arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora manifest\u00f3 que la audiencia del 22 de junio pasado no pod\u00eda adelantarse \u00fanicamente con su apoderado, pues, para efectos de la conciliaci\u00f3n e interrogatorio, era el representante legal la persona que deb\u00eda estar presente. Afirm\u00f3 que se omiti\u00f3 valorar las pruebas que acreditaban que su estado de salud no era \u00f3ptimo y tampoco se tuvo en cuenta que, en otros despachos, \u00aben los que cursa una demanda similar contra mi representada, me permitieron aplazar la diligencia en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo del derecho fundamental invocado, que considera vulnerado con el fallo emitido en la audiencia del 22 de junio de 2022, por cuanto no se tuvo en cuenta la justificaci\u00f3n de su inasistencia y se profiri\u00f3 sentencia, con lo cual se neg\u00f3 la posibilidad de proponer f\u00f3rmulas de arreglo y de ejercer la defensa judicial. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n cuestionada y, en particular, la audiencia del 22 de junio de 2022 se observa que la autoridad competente advirti\u00f3 que la contestaci\u00f3n de la demanda fue presentada fuera del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 391 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas con esta. Seguidamente, dicha autoridad abri\u00f3 la etapa probatoria y la limit\u00f3 a los elementos de juicio aportados con la demanda, sin que decretaran pruebas de oficio2 y, luego de correr traslado para alegar de conclusi\u00f3n, profiri\u00f3 sentencia. <\/p>\n
2.1. Previo a exponer las consideraciones, realiz\u00f3 un nuevo control de legalidad respecto a la extemporaneidad de la contestaci\u00f3n de la demanda, aclarando que esta \u00abno deb\u00eda tenerse en cuenta ni para efectos de la fijaci\u00f3n del litigio ni para efectos de la etapa probatoria\u00bb. Enseguida, plante\u00f3 el problema jur\u00eddico y se\u00f1al\u00f3 que el accionante \u00abmanifiesta desconocer haber tenido una relaci\u00f3n de consumo con la parte demandada quien procedi\u00f3 a realizar una serie de descuentos sin que el demandante as\u00ed lo haya autorizado\u00bb, los cuales se realizaron por n\u00f3mina y ascienden a $1.069.200 -minuto 20-. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, ante la falta de comparecencia de la accionada, era procedente aplicar las consecuencias probatorias establecidas en el numeral 4 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso y, en consecuencia, declar\u00f3 demostrados todos los hechos de la demanda, por virtud de la confesi\u00f3n ficta, se\u00f1alando que la aqu\u00ed tutelante realiz\u00f3 los descuentos sin que el afectado los hubiera autorizado. En adici\u00f3n, indic\u00f3 que no obra prueba del contrato que origin\u00f3 dichos descuentos, por cuanto las pruebas aportadas con la contestaci\u00f3n no fueron tenidas en cuenta, y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Se evidencia la vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor y por esa raz\u00f3n se procede a ordenar a la demandada que proceda con el reembolso del dinero que se ha pagado al d\u00eda de hoy que corresponde a $1.069.200 y la terminaci\u00f3n de cualquier relaci\u00f3n contractual existente entre las partes, por lo que deber\u00e1 la parte demandada -Sole de Colombia- abstenerse de realizar cobros futuros a partir de la fecha [\u2026] e informar a la empresa encargada de realizar los descuentos de n\u00f3mina que tambi\u00e9n se abstenga de realizar cobros futuros. <\/p>\n
2.2. A su vez, mediante auto 101827 del 26 de agosto de 2022, al resolver sobre la justificaci\u00f3n de inasistencia que el representante legal de la sociedad actora present\u00f3 minutos antes de la celebraci\u00f3n de la diligencia debatida, la autoridad judicial resalt\u00f3 que, de conformidad con el numeral 3, incisos 1 y 2, del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, s\u00f3lo si el juez acepta la justificaci\u00f3n para la reprogramaci\u00f3n de la audiencia, esta es procedente; no obstante, en el caso concreto, se encuentra que la solicitud allegada: <\/p>\n
se present\u00f3 el d\u00eda 22 de junio de 2022 a las 4:20 pm, esto es, con unos minutos de anterioridad a la realizaci\u00f3n de la audiencia convocada para ese mismo d\u00eda a las 4:45 pm; sin embargo, al verificar el escrito se advierte que el mismo no se encuentra fundamentado en una justa causa que diera lugar a reprogramar la audiencia, por cuanto, si bien el representante legal adujo que se encontraba incapacitado por un cuadro de laringofaringitis y aport\u00f3 un certificado de incapacidad; este contaba con la facultad para conferir poder a favor de un abogado que representara los intereses de la sociedad SOLE DE COLOMBIA S.A.S., de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso; pero, ello no se hizo, pese a que la Ley 2213 de 2022 permite que los poderes sean conferidos sin necesidad de presentaci\u00f3n personal y a trav\u00e9s de mensajes de datos. <\/p>\n
Con base en ello, concluy\u00f3 que, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 372, numeral 2 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abLa audiencia se realizar\u00e1, aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados\u00bb, era viable proferir sentencia, por lo cual dispuso estarse a lo resuelto en el fallo proferido el 22 de junio de 2022. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en dicho proceso y de la normatividad que regula el asunto, teniendo en cuenta los par\u00e1metros establecidos en la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los art\u00edculos 390 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. Al respecto, se destaca que la accionada no solo no contest\u00f3 tempestivamente la demanda, dejando fenecer una oportunidad esencial para ejercer su derecho de defensa y para presentar pruebas, sino que no deleg\u00f3 su representaci\u00f3n judicial en un apoderado, pudiendo hacerlo y, en consecuencia, no asisti\u00f3 a la audiencia convocada para fijar y decidir el litigio, desperdiciando los mecanismos contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico para que sus alegaciones fueran escuchadas en el juicio respectivo, omisiones que no pueden subsanadas a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional, de naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
3.2. Aunado a ello, no puede perderse de vista que, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, la audiencia inicial puede realizarse en la fecha programada, \u00abaunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados\u00bb. Por su parte, referente a la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, la Sala, en un asunto similar, sostuvo: <\/p>\n
\u2026la providencia del a quo que se discute no luce arbitraria, por el contrario, aparece como una razonada aplicaci\u00f3n de la normativa aplicable al caso, particularmente el numeral 5 del art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor dispone: \u00abEn la misma audiencia el juez proferir\u00e1 sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado\u00bb (Subrayas propias). <\/p>\n
De ah\u00ed que, m\u00e1s all\u00e1 de la inconformidad del pretensor y de atacar por esta v\u00eda un pronunciamiento que le fue desfavorable, no existe fundamento alguno para propiciar la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional al tr\u00e1mite que calific\u00f3 de arbitrario (CSJ STC1545-2019). <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Se evidencia, entonces, una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la actora, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
3.4. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, (\u2026) \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende del ejercicio previo, tempestivo e id\u00f3neo de todas las oportunidades de defensa, as\u00ed como de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en este caso, se impone confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Carlos Andr\u00e9s Olivera Escocia. <\/p>\n
2\u0002 Minuto 10:53 audiencia. 22 junio 2022. Carpeta EXPEDIENTESIC <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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