STC13226-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13226-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01603-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 18 de agosto de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderada, por Marisol Rosas D\u00edaz contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2015-00510. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, trabajo y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Marisol Rosas D\u00edaz instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Comfenalco Tolima, con el fin de que se declarara la existencia de una relaci\u00f3n laboral desde el 4 de enero de 2004 hasta el 31 de octubre de 2012, que se termin\u00f3 unilateralmente por parte del empleador sin existir una justa causa y sin autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo y, en consecuencia, se ordenara su reintegro y el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, as\u00ed como de la indemnizaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
2.2. El 16 de agosto de 2017, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 la existencia del contrato de trabajo entre las partes, pero no accedi\u00f3 a las dem\u00e1s pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. El 17 de octubre de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 revoc\u00f3 parcialmente la providencia del a quo y declar\u00f3 ineficaz la terminaci\u00f3n del contrato, raz\u00f3n por la cual conden\u00f3 a la accionada a reintegrar a la actora a un cargo acorde con su estado de salud y al pago de los salarios y prestaciones causadas desde la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
2.4. El 7 de febrero de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral cas\u00f3 la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3, el fallo emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2.5. En criterio de la promotora, la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al interpretar err\u00f3neamente el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, por virtud de lo cual no reconoci\u00f3 su derecho a la estabilidad reforzada, que imped\u00eda la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, con desconocimiento del precedente constitucional en la materia, entre otros, el contenido en la CC SU049 de 2017. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se deje sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n emitida el 7 de febrero de 2022 y, en su lugar, se emita un nuevo pronunciamiento \u00abdecretando el amparo de tutela reclamado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral indic\u00f3 que el problema planteado en el recurso extraordinario fue resuelto conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n frente al derecho a la estabilidad laboral reforzada, contemplado en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, seg\u00fan la cual esa prerrogativa solo aplica para los trabajadores que tienen una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 15% o m\u00e1s, siempre y cuando el empleador tenga conocimiento de ello, circunstancias que no fueron acreditadas en el asunto debatido. <\/p>\n
2. El Juzgado 2 laboral del Circuito de Ibagu\u00e9 hizo un recuento de las actuaciones adelantadas. <\/p>\n
3. Quien dijo ser el apoderado de Comfenalco Tolima manifest\u00f3 que la tutela no cumple con el requisito de la inmediatez y que lo pretendido era discutir \u00abcomplejas situaciones jur\u00eddicas de rango legal y que fueron objeto valoraci\u00f3n probatoria [en el proceso] en el que [se] garantiz\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n a las partes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que \u00abla sentencia de unificaci\u00f3n SU 049 del a\u00f1o 2017 la H. Corte Constitucional no condiciona la garant\u00eda de la estabilidad laboral reforzada a que un trabajador o servidor p\u00fablico tenga una calificaci\u00f3n del 15% de p\u00e9rdida de capacidad laboral o m\u00e1s\u00bb, criterio que debe prevalecer; asimismo, afirm\u00f3 que, en su caso, se \u00abaplic\u00f3 la jurisprudencia m\u00e1s desfavorable al trabajador\u00bb, raz\u00f3n por la cual pide que se acceda a sus pretensiones. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia proferida el 7 de febrero de 2022 por la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral, pues considera que vulner\u00f3 sus derechos e incurri\u00f3 en defecto sustantivo, as\u00ed como en desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Pues bien, advierte la Sala que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso de casaci\u00f3n promovido por el tutelante, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda casar el fallo dictado por el ad quem en el proceso de marras. <\/p>\n
3.1. En ese orden, precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si la se\u00f1ora Marisol Rosas D\u00edaz era acreedora de la protecci\u00f3n a la estabilidad laboral reforzada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia al criterio fijado de tiempo atr\u00e1s por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en el sentido que la protecci\u00f3n reclamada solo se aplica a \u00ablos trabajadores que padezcan una situaci\u00f3n de salud que les represente una p\u00e9rdida de capacidad laboral de al menos el 15%, siempre que el empleador tenga conocimiento de ello\u00bb. <\/p>\n
En punto de lo se\u00f1alado, trajo a colaci\u00f3n lo expuesto en la sentencia CSJ SL572-2021, para destacar que: <\/p>\n
[\u2026] los destinatarios de la garant\u00eda especial a la estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condici\u00f3n de discapacidad con una limitaci\u00f3n igual o superior al 15% de su p\u00e9rdida de la capacidad laboral, como lo dedujo el Tribunal, independientemente del origen que tenga y sin m\u00e1s aditamentos especiales como que obtenga un reconocimiento y una identificaci\u00f3n previa. <\/p>\n
En este sentido la Corte, recientemente, en sentencia CSJ SL058-2021, lo reiter\u00f3: <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, la Sala ha precisado que no es necesario que el trabajador est\u00e9 previamente reconocido como persona en condiciones de discapacidad o que se le identifique de esa manera mediante un carnet como el que regula el art\u00edculo 5 de la Ley 361 de 1997, pues lo importante es que padezca una situaci\u00f3n de discapacidad en un grado significativo, debidamente conocida por el empleador, para de esa forma activarse las garant\u00edas que resguardan su estabilidad laboral\u2026 <\/p>\n
Ahora, la jurisprudencia reiterada y pac\u00edfica de esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que para la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n de estabilidad laboral reforzada en comento no es suficiente que al momento del despido el trabajador sufriera quebrantos de salud, estuviera en tratamiento m\u00e9dico o se le hubieran concedido incapacidades m\u00e9dicas, sino que debe acreditarse que al menos tuviera una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial con el car\u00e1cter de moderada, esto es, que implique un porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15% (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, SL10538-2016, SL5163-2017, SL11411-2017 y SL4609-2020). <\/p>\n
\u2026exigir la calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral para el momento de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral no es un capricho, esto obedece a que la protecci\u00f3n por estabilidad laboral reforzada por razones de salud, estatuida por el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, requiere que el trabajador se encuentre en situaci\u00f3n de discapacidad, al tiempo que ello implica soportar un nivel de limitaci\u00f3n en el desempe\u00f1o laboral, necesario para establecer la relaci\u00f3n directa con el acto discriminatorio que origin\u00f3 el despido. <\/p>\n
Es por ello que para conocer ese nivel de disminuci\u00f3n en el desempe\u00f1o laboral, por razones de salud, no basta que aparezca en la historia cl\u00ednica el soporte de las patolog\u00edas y secuelas que padece un trabajador, porque la situaci\u00f3n de discapacidad en que se encuentra el trabajador no depende de los hallazgos que est\u00e9n registrados en el historial m\u00e9dico, sino de la limitaci\u00f3n que ellos produzcan en el trabajador para desempe\u00f1ar una labor y, precisamente, esa limitaci\u00f3n no es posible establecerla sino a trav\u00e9s de una evaluaci\u00f3n de car\u00e1cter t\u00e9cnico, donde se valore el estado real del trabajador desde el punto de vista m\u00e9dico y ocupacional. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, a su vez, que dicho criterio ha sido convalidado en las providencias CSJ SL679-2021, SL711-2021, SL1039-2021 y SL1054-2021. <\/p>\n
3.2. As\u00ed, concluy\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en el yerro endilgado y, en sede de instancia, luego de analizar los dict\u00e1menes rendidos por las Juntas Regional y Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, que fueron emitidos con posterioridad a la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral y en los que solo se analiz\u00f3 el origen de la p\u00e9rdida, sin indicar su porcentaje, aunado a la revisi\u00f3n de la historia cl\u00ednica de la actora, la cual tampoco demostraba que tuviera una limitaci\u00f3n moderada, severa o profunda y que fuera del conocimiento del empleador, estableci\u00f3 que no era viable extenderle la protecci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada neg\u00f3 el beneficio de la estabilidad laboral reforzada solicitada por la tutelante, contenido en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, al evidenciar que no se acredit\u00f3 una p\u00e9rdida de la capacidad laboral estructurada durante la vigencia de la relaci\u00f3n de trabajo igual o superior al 15% y de la cual el patrono hubiera sido informado, criterio que se ajusta al criterio definido por la Sala Casaci\u00f3n Laboral permanente, en su condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral en la sentencia CSJ SL572-2021, reiterado, entre otras, en las providencias SL1039-2021 y SL1054- 2021. <\/p>\n
4.1. En t\u00e9rminos similares, recientemente esta Sala neg\u00f3 una tutela, en la cual se cuestionaba una decisi\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral, que \u00abdispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia\u00bb, declar\u00f3 que la gestora \u00abno gozaba de estabilidad y protecci\u00f3n laboral reforzada a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados (\u2026) que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, teniendo en cuenta que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de casaci\u00f3n Laboral soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Permanente aplicable al caso concreto\u2026 <\/p>\n
6. Ahora bien, referente al presunto desconocimiento del precedente constitucional alegado por la actora, entre otras, las sentencias T-504 de 2008; T-269 de 2010; T-467 de 2010; T-447 de 2013; T-018 de 2013; T-217 de 2014, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en asuntos similares, ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u201clas decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb. Por tanto, los fallos que la Corte Constitucional emita en sede de tutela, por regla general tienen efectos respecto a las partes involucradas en el tr\u00e1mite, es decir, inter partes, de modo que no es procedente que la regla en ella definida se aplique a terceros\u201d. (SL4609-2020). <\/p>\n
En punto a las sentencias SU-049 de 2017 y SU380 de 2021, se advierte que si bien la Corte Constitucional tiene establecido que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de limitar a quienes tienen una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario, sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta, dicha postura no ha sido acogida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sin que ello revele una vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas, prevaleciendo el principio de autonom\u00eda judicial que impide al juez de tutela inmiscuirse en asuntos como el debatido, especialmente cuando la decisi\u00f3n estuvo fundamentada en la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, la cual no pod\u00eda ser desconocida por la accionada. (CSJ STC10680-2022). <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, en el asunto, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre2. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n CSJ STC13815-2021, CSJ STC13983-2021, CSJ STC14389-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13226-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13226-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01603-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 18 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67799","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67799","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67799"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67799\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67799"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67799"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67799"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}