STC13228-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13228-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00994-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n presentada por Gladys Yolanda Ortiz Nieto contra el fallo proferido el 31 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1 en la acci\u00f3n de tutela que la misma instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en el proceso n\u00b011001-60-99-095-2016-00035-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante pretende que se deje sin efectos el auto que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de su alzada (27 abr. 2022) y aquel que mantuvo dicha determinaci\u00f3n (3 may. 2022), para que, en su lugar, se ordene al ad quem resolver el recurso. <\/p>\n
Del escrito tutelar y sus anexos se extrae que, en audiencia p\u00fablica del pasado 12 de marzo de 2020 la gestora fue condenada a 198 meses de prisi\u00f3n, que su apoderado enerv\u00f3 apelaci\u00f3n e inform\u00f3 que sustentar\u00eda la misma dentro de los 5 d\u00edas siguientes; no obstante, \u00abese d\u00eda, terminada la audiencia presencial en sala y al parecer en las horas de la tarde, el despacho fallador, de manera oficiosa y en pleno derecho, entra a corregir dicha sentencia dejando la pena principal en Ciento Cincuenta[sic] (150) meses de prisi\u00f3n\u00bb; debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, los t\u00e9rminos fueron suspendidos del 16 de marzo hasta el 1\u00b0 de julio de 2020, pese a que una vez se reanudaron las actuaciones judiciales remiti\u00f3 varios memoriales al Despacho solicitando informaci\u00f3n,2 la sentencia y su correcci\u00f3n le fueron remitidas hasta el 8 de julio de 2020, el 14 de julio siguiente sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n; empero, el Tribunal la declar\u00f3 desierta al considerarla extempor\u00e1nea (27 abr, 2022), la promotora interpuso recurso horizontal pero la magistratura sostuvo su resoluci\u00f3n (3 may. 2022). Decisiones de las que deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, ya que a su juicio no se tuvo en cuenta la fecha de la remisi\u00f3n de la copia integral del veredicto y de la notificaci\u00f3n de su enmienda. <\/p>\n
2. La convocada defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y solicit\u00f3 que se declare la improcedencia del amparo, adem\u00e1s asegur\u00f3 que \u00abla sentencia se notific\u00f3 en la audiencia de lectura de fallo del 20 de marzo de 2020\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el ruego por estimar que la resoluci\u00f3n judicial cuestionada era razonable. <\/p>\n
4. La actora impugn\u00f3 y aleg\u00f3 que los t\u00e9rminos no se contaron correctamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El fallo de tutela de primera instancia debe revocarse por las razones que se pasan a exponer. <\/p>\n
1. Es del caso recordar que la Homologa Sala Penal ha sostenido que, aunque la figura de la correcci\u00f3n no est\u00e1 regulada expresamente en la ley 906 de 2004, es posible que, por virtud del principio de integraci\u00f3n, previsto en el canon 25 de esa legislaci\u00f3n, se acuda a los art\u00edculos 286 del C\u00f3digo General del Proceso y 412 de la Ley 600 de 2000,3 que a su tenor literal disponen: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 286. CORRECCI\u00d3N DE ERRORES ARITM\u00c9TICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritm\u00e9tico puede ser corregida por el juez que la dict\u00f3 en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. <\/p>\n
Si la correcci\u00f3n se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificar\u00e1 por aviso. <\/p>\n
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraci\u00f3n de estas, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. <\/p>\n
ARTICULO 412. La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisi\u00f3n que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritm\u00e9tico, en el nombre del procesado o de omisi\u00f3n sustancial en la parte resolutiva. <\/p>\n
Solicitada la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica, o del nombre de las personas a que se refiere la sentencia, la aclaraci\u00f3n de la misma o la adici\u00f3n por omisiones sustanciales en la parte resolutiva, el juez podr\u00e1 en forma inmediata hacer el pronunciamiento que corresponda. <\/p>\n
Lo expuesto permite colegir que el juez tiene prohibido reformar su propia sentencia; salvo claro, si se trata de una aclaraci\u00f3n, complementaci\u00f3n o correcci\u00f3n, sobre esta \u00faltima, esta Sala, en concordancia con la jurisprudencia constitucional,4 ha establecido que: <\/p>\n
(\u2026) es posible derivar los siguientes requisitos para que proceda una solicitud de correcci\u00f3n: i) el error debe ser de \u00edndole aritm\u00e9tica o imprecisiones causadas por omisi\u00f3n, cambio de palabras o alteraci\u00f3n de las mismas; ii) los yerros deben estar contenidos en la parte resolutiva o influir en ella; iii) la correcci\u00f3n la realiza el juez que dict\u00f3 la providencia en cualquier tiempo; iv) procede de oficio o a solicitud de parte; y v) la correcci\u00f3n a la que haya lugar deber\u00e1 efectuarse a trav\u00e9s de auto, y si se hiciere luego de terminado el proceso, se notificar\u00e1 por aviso (STC8383-2021, STC10106-2022). <\/p>\n
Asimismo, el art\u00edculo 302 del estatuto procesal civil determina que \u00abcuando se pida aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n de una providencia, solo quedar\u00e1 ejecutoriada una vez resuelta la solicitud\u00bb, entonces, al no estar incluida en esta disposici\u00f3n, se colige que la correcci\u00f3n no suspende el t\u00e9rmino de ejecutoria de las providencias. <\/p>\n
2. De all\u00ed que de un examen somero del caso sub judice pueda tomarse como razonable la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por la defensa de la gestora, puesto que el auto que \u00abcorrigi\u00f3\u00bb la sentencia, no interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de ejecutoria de esta. Entonces, en efecto la sustentaci\u00f3n de la alzada fue intempestiva; no obstante, de la revisi\u00f3n de dicha providencia, se encuentra que el juzgador determin\u00f3: <\/p>\n
Pese a lo anterior, se advierte por parte de esta operadora judicial que la pena impuesta a la procesada no se compadece con los criterios jurisprudenciales descritos en la decisi\u00f3n, pues se tas\u00f3 la misma teniendo en cuenta el aumento previsto por la Ley 890 de 2004, por lo que deber\u00e1 esta funcionaria proceder a su rectificaci\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Previo a realizar la dosificaci\u00f3n punitiva, esta Funcionaria[sic], partiendo de las alegaciones presentadas por los sujetos procesales y teniendo en cuenta lo afirmado por la fiscal\u00eda en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, proceder\u00e1 a determinar la ley aplicable al presente caso para la determinaci\u00f3n del quantum punitivo a imponer. <\/p>\n
En este sentido, procedi\u00f3 a determinar cu\u00e1l era la norma aplicable al caso concreto, coligiendo que, contrario a lo determinado en el fallo, la norma aplicable era la Ley 599 de 2000: <\/p>\n
Lo anterior no tiene que ver con los efectos de la Ley en el tiempo, sino que se trata de la norma aplicable al asunto debido a que el aspecto teleol\u00f3gico de la ley 890 de 2004-la cual realiz\u00f3 el aumento de penas de la parte especial del C\u00f3digo Penal- fue el de propiciar los preacuerdos y negociaciones y como el articulo 21 de la Ley 1121 de 2006 proscribi\u00f3 cualquier tipo de rebaja por sentencia anticipada, frente a conductas, entre otras la de Extorsi\u00f3n, el primer precepto normativo carecer\u00eda de aplicabilidad. <\/p>\n
Sobre este punto la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en m\u00faltiples providencias se\u00f1alando: <\/p>\n
\u201cel lineamiento parte de la base de que la Ley 1121 de 2006 proh\u00edbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, por ejemplo, se trate del delito de extorsi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no se entiende que se aplique el aumento se\u00f1alado, cuando su raz\u00f3n de ser es la propiciar una justicia premial\u201d <\/p>\n
El trasuntado criterio jurisprudencial evidencia que, en el caso que concita la atenci\u00f3n del juzgado, los incrementos punitivos de la Ley 890 de 2004 no son aplicables y por ende, es la Ley 599 de 2000 modificada por la Ley 733 de 2002, la que se debe materializar para efectos de determinar la pena a imponer a la procesada por el delito de extorsi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre esta l\u00ednea, respecto a la pena a imponer dispuso: <\/p>\n
Con base en lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 54 a 61 del C\u00f3digo Penal, se proceder\u00e1 a establecer el marco punitivo a imponer con relaci\u00f3n a la conducta de Extorsi\u00f3n agravada c\u00f3mo tipo penal descrito en el art\u00edculo 244 y 245 del C\u00f3digo Penal coma el cual comporta una pena de ciento cuarenta y cuatro (144) a doscientos cincuenta y seis (256) meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas sin aplicaci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 61 de la ley 599 de 2000, el \u00e1mbito de movilidad se dividir\u00e1 en los siguientes cuartos: <\/p>\n
<\/p>\n
Cuarto M\u00ednimo <\/p>\n
Segundo Cuarto <\/p>\n
Tercer Cuarto <\/p>\n
Cuarto M\u00e1ximo <\/p>\n
De 144 a 172 meses de prisi\u00f3n <\/p>\n
De 172 a 200 meses de prisi\u00f3n <\/p>\n
De 200 a 228 meses de prisi\u00f3n <\/p>\n
De 228 a 256 meses de prisi\u00f3n <\/p>\n
Fijados los cuartos conforme al inciso dos del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Penal y en raz\u00f3n a que no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad, y por el contrario milita una causal de menor punibilidad, esto es la ausencia de antecedentes penales a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 248 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el despacho se ubicar\u00e1 en el cuarto m\u00ednimo establecido. <\/p>\n
Ahora bien, atendi\u00e9ndose los criterios establecidos en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Penal, esto es, La necesidad de la pena y la funci\u00f3n que est\u00e1 debe cumplir en el caso concreto, el da\u00f1o real o potencial creado, la intensidad del dolo, debe indicar este Despacho que el comportamiento desplegado por la acusada, Si bien reviste una gravedad, lo cierto es que dicho reproche ya aparece satisfecho por el legislador en el tipo penal al determinar el m\u00ednimo de la pena imponer, por lo que se impondr\u00e1 a la sentenciada el m\u00ednimo de la pena anteriormente dosificada, esto es, ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisi\u00f3n por el delito de extorsi\u00f3n agravada. (\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal, cuando se trate del concurso de conductas punibles se aplicar\u00e1 la sanci\u00f3n de pena mayor y en este caso, resulta evidente que corresponde al delito de extorsi\u00f3n agravada frente al cual se impuso una pena de ciento cuarenta y cuatro (144 meses), quantum que se incrementa por el concurso heterog\u00e9neo con el delito de uso de documento falso en seis (6) meses, imponi\u00e9ndose finalmente a Gladys Yolanda Ortiz Nieto la pena principal de CIENTO CINCUENTA (150) MESES DE PRISI\u00d3N y multa equivalente a TRES MIL (3000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Por disposici\u00f3n legal se impondr\u00e1 a la sentenciada la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un periodo igual al de la pena de prisi\u00f3n impuesta. <\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3 que dicho yerro constitu\u00eda un error por cambio de palabras o alteraci\u00f3n de estas, por lo que coligi\u00f3 que pod\u00eda enmendarse mediante lo establecido en el articulo 286 del estatuto procesal civil: <\/p>\n
incongruencia que deviene del error que se consign\u00f3 en la parte resolutiva del fallo y que en los mismos t\u00e9rminos fue le\u00edda por parte de esta Funcionaria[sic], En el que se impuso a la procesada la pena de ciento noventa y ocho (198) meses de prisi\u00f3n y multa tres mil (3000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. No obstante, de la parte considerativa de la decisi\u00f3n y de los criterios jurisprudenciales expuestos en la misma, es evidente que la pena imponer corresponde <\/p>\n
a ciento cincuenta (150) meses de prisi\u00f3n y tres mil (3000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Lo anterior constituye un error por cambio de palabras o alteraci\u00f3n de estas, lo que ha sido contemplado por el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 286, el cual dispone: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 286. CORRECCI\u00d3N DE ERRORES ARITM\u00c9TICOS Y OTROS. (\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, t\u00e9ngase como numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia coma el siguiente: <\/p>\n
Condenar a Gladys Yolanda Ortiz Nieto, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 23. 555. 811 expedida en Duitama (Boyac\u00e1), en calidad de autora responsable de los delitos de extorsi\u00f3n agravada y uso de documento falso, previstos en los art\u00edculos 244,245 y 291 del C\u00f3digo Penal coma a las penas principales de CIENTO CINCUENTA (150) MESES DE PRISI\u00d3N y multa equivalente a TRES MIL (3000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes Y una pena de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la pena principal de prisi\u00f3n impuesta, conforme se anot\u00f3 en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, EL JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCI\u00d3N DE CONOCIMIENTO DE BOGOT\u00c1 D.C. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO CORREGIR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por este despacho el d\u00eda de hoy 12 de marzo de 2020, El cualquiera del siguiente tenor: <\/p>\n
PRIMERO Condenar a Gladys Yolanda Ortiz Nieto, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 23. 555. 811 expedida en Duitama (Boyac\u00e1), en calidad de autora responsable de los delitos de extorsi\u00f3n agravada y uso de documento falso, previstos en los art\u00edculos 244,245 y 291 del C\u00f3digo Penal coma a las penas principales de CIENTO CINCUENTA (150) MESES DE PRISI\u00d3N y multa equivalente a TRES MIL (3000) salarios m\u00ednimos legales mensuales, conforme se anot\u00f3 en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Igualmente se impone a Gladys Yolanda Ortiz Nieto la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la pena principal de prisi\u00f3n impuesta, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este fallo <\/p>\n
SEGUNDO \u2013 DECLARAR que contra el presente auto procede el recurso ordinario de apelaci\u00f3n o el desistimiento del que haya sido presentado. <\/p>\n
De las disposiciones citadas se puede deducir que la correcci\u00f3n no obr\u00f3 sobre \u00aberrores de \u00edndole aritm\u00e9tico\u00bb o de \u00abimprecisiones causadas por omisi\u00f3n, cambio de palabras o alteraci\u00f3n de las mismas\u00bb, sino que, por el contrario, al modificar la ley aplicable y con ella el quantum punitivo, constituy\u00f3 en una verdadera modificaci\u00f3n del fallo que, m\u00e1s all\u00e1 de ser viable o no, al ser un aspecto novedoso, modific\u00f3 el t\u00e9rmino de ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
3. En este sentido, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 soslay\u00f3 el derecho al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la gestora al determinar que la sustentaci\u00f3n de su alzada era inoportuna, puesto que, al haberse alterado un asunto de fondo de la sentencia, se modific\u00f3 la misma, en atenci\u00f3n a lo cual, en garant\u00eda del derecho de defensa de la condenada, el t\u00e9rmino de ejecutoria de dicha providencia debi\u00f3 interrumpirse y contarse desde la notificaci\u00f3n de la modificaci\u00f3n, tal como lo hizo el a quo. <\/p>\n
Se concluye entonces que, el ad quem incurri\u00f3 en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y por consiguiente, se revocar\u00e1 el veredicto de primera instancia y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo para que la magistratura endilgada reexamine el asunto de acuerdo con los par\u00e1metros establecidos en esta providencia y determine si fue oportuna o no la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y en su lugar CONCEDE el amparo solicitado por Gladys Yolanda Ortiz Nieto. <\/p>\n
En consecuencia, se dispone que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el lapso improrrogable de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin efectos los autos del 27 de abril y del 3 de mayo de 2022, y que, en su lugar, resuelva nuevamente si fue oportuno el recurso presentado por la accionante, de conformidad con los par\u00e1metros establecidos en esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 7 de septiembre pasado. <\/p>\n
2\u0002 Ver expediente de tutela 11001-02-04-000-2022-00994-01; carpeta \u00ab124072 PRIMERA\u00bb PDF \u00ab0002 124072Demanda\u00bb Fol 46 al 49. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional, auto No. 386 de 2019 <\/p>\n
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STC13228-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC13228-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00994-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Se desata la impugnaci\u00f3n presentada por Gladys Yolanda Ortiz Nieto contra el fallo proferido el 31 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67801","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67801"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67801\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}