STC13229-2022 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13229-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01155-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mario Alfonso Navas Mart\u00ednez le instaur\u00f3 a la Sala Plena de la Corte Constitucional, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2020-00013 y CJU-0000764. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderada, exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad, derecho al juez natural, derecho a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se anulara el prove\u00eddo de 3 de febrero de 2022 emitido por la Magistratura querellada, \u00abcon la finalidad que se tome una decisi\u00f3n en la que se realice la valoraci\u00f3n de los siguientes aspectos: i) Naturaleza y legitimidad de la operaci\u00f3n militar (fundamentos normativos); ii) Alcance del concepto de duda en relaci\u00f3n con la ocurrencia de los hechos; iii) valoraci\u00f3n probatoria acorde con los medios de conocimiento que reposan en las jurisdicciones penal militar y la jurisdicci\u00f3n ordinaria, con la prueba obrante en el proceso dentro de sus cauces racionales, de cara a garantizar derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que la Fiscal\u00eda 147 Unidad de Vida de Antioquia solicit\u00f3 orden de captura en su contra y de otras personas por la muerte de Ariolfo S\u00e1nchez Ruiz ocurrida el 20 de mayo de 2020 en la operaci\u00f3n militar \u201cMacana\u201d, llevada a cabo en la zona rural de la vereda \u201cLos Trozos\u201d del municipio de Anor\u00ed, en la que particip\u00f3 en calidad de oficial de inteligencia del Regimiento de Fuerzas Especiales n\u00ba 1 y; el Juzgado Promiscuo Municipal de Concordia \u2013 Antioquia, procedi\u00f3 con su detenci\u00f3n como coautor de homicidio en persona protegida (29 sep. 2020). <\/p>\n
En el curso de dicho tr\u00e1mite, el Juzgado Setenta y Siete de Instrucci\u00f3n Penal Militar de esta capital, \u00abpor los mismos hechos\u00bb y de conformidad con el art\u00edculo 221 de la Carta Pol\u00edtica, emprendi\u00f3 la indagaci\u00f3n preliminar en el asunto (13 jul.); decurso al que, afirm\u00f3 \u00abno fue vinculado\u00bb (rad. I.P. 340). <\/p>\n
Sostuvo que el 22 de octubre de 2020, ese despacho reclam\u00f3 a la Fiscal\u00eda la competencia del litigio y la entrega del expediente, como quiera que \u00ablos hechos investigados (\u2026) tuvieron ocasi\u00f3n al cumplimiento de una orden militar y los miembros del ej\u00e9rcito se encontraban en ejercicio de sus funciones\u00bb; sin embargo, aquella se rehus\u00f3 y suscit\u00f3 conflicto, tras advertir que \u00abla jurisdicci\u00f3n ordinaria es la competente (\u2026), teniendo en cuenta que la justicia castrense est\u00e1 orientada a juzgar a sus miembros cuando plenamente est\u00e9 demostrado que no existe asomo alguno de injusticias, excesos, desmanes y ante todo, violaciones a los Derechos Humanos y cr\u00edmenes de lesa humanidad, que involucran a la poblaci\u00f3n civilmente protegida por el ordenamiento Internacional Humanitario y que nada tienen que ver con la obligaci\u00f3n constitucional encomendada a las fuerzas militares colombianas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la Corporaci\u00f3n acusada en Sala Plena dirimi\u00f3 la controversia y asign\u00f3 la lid a la Fiscal\u00eda Ciento Cuarenta y Siete Unidad de Vida de Antioquia (3 feb. 2022), proveimiento en el que \u00ab\u00fanicamente tuvo en cuenta los memoriales presentados por las jurisdicciones ordinarias y la penal militar, sin realizar an\u00e1lisis de los documentos antes enunciados (documentos operacionales) y que acreditan la relaci\u00f3n funcional como requisito exigido para mantener el conocimiento en la Justicia penal militar\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que en el dossier no reposaba el material suasorio necesario, como es la \u00abevidencia f\u00edsica e informaci\u00f3n legalmente obtenida por parte de la polic\u00eda judicial, en el escenario de la justicia penal ordinaria, como tampoco se evidencia ning\u00fan medio de prueba allegado a la indagaci\u00f3n previa iniciada en la justicia penal militar\u00bb, de manera que, la determinaci\u00f3n es \u00abcarente de motivaci\u00f3n\u00bb, pues deb\u00eda \u00abser individual, precisa y directa en relaci\u00f3n al caso particular, esto implica que respecto al problema jur\u00eddico que plante\u00f3, se deb\u00eda abordar un estudio acorde a los presupuestos personal y funcional del fuero militar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la decisi\u00f3n combatida evidencia \u00abdefecto sustantivo (no se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n de la operaci\u00f3n militar ni de su legitimidad en contraste con la misi\u00f3n constitucional que tiene a su cargo las fuerzas militares), defecto f\u00e1ctico (omisi\u00f3n de valoraci\u00f3n probatoria), violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 (Art\u00edculos 13, 29 y 229 superiores). y valoraci\u00f3n de elementos probatorios violatorios de los DDHH de las personas involucradas en el caso\u00bb; sumado al hecho que \u00aba lo largo de toda la argumentaci\u00f3n [la Corte Constitucional] parece asimilar el hecho a una ejecuci\u00f3n extrajudicial que no aconteci\u00f3 (\u2026), tampoco realiza pronunciamiento respecto de la procedencia de la operaci\u00f3n militar y su validez en el sistema jur\u00eddico colombiano (\u2026), especialmente desde el punto de vista constitucional por tratarse de un acto relacionado con el servicio\u00bb. <\/p>\n
2.- La Corte Constitucional narr\u00f3 las etapas surtidas en esa sede y recalc\u00f3 que el \u00abAuto n\u00ba 115 de 2022 goza de inmutabilidad e intangibilidad (\u2026) y en el presente caso no se cumplen los requisitos formales de procedencia de la pretendida nulidad por v\u00eda de tutela, cuya procedencia excepcional\u00edsima se fundamenta en la necesidad de garantizar el debido proceso ante una ostensible, probada, significativa y trascendental violaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abno se cumple el requisito de legitimaci\u00f3n para actuar\u00bb, toda vez que \u00ablas partes o intervinientes del proceso judicial que origina el conflicto, no ostentan legitimaci\u00f3n para cuestionar la decisi\u00f3n adoptada por la Corte, ya que esta se limita a resolver de plano, el conflicto suscitado por dos autoridades judiciales\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Ciento Cuarenta y Siete Seccional Unidad de Vida de Antioquia dijo que consultado el SPOA encontr\u00f3 \u00abque el proceso (\u2026) 202000013, [fue] asignado a la fiscal\u00eda 021 Seccional del municipio de Anor\u00ed Antioquia y [ese] delegado fiscal no ha tenido ning\u00fan tipo de intervenci\u00f3n en [ese] proceso, en punto que [fue] designado como fiscal 147 seccional desde el 10 de mayo del a\u00f1o 2021 y [esa] unidad de vida conoce solamente los homicidios del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda II de la Direcci\u00f3n Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos \u2013DECVDH destac\u00f3 que \u00aben lo que concierne al tutelante se encontr\u00f3 que la Fiscal\u00eda hasta este momento no ha dispuesto su vinculaci\u00f3n formal a la investigaci\u00f3n y se encuentra acopiando los elementos de prueba tendientes a verificar si hay lugar o no al ejercicio de la acci\u00f3n penal\u00bb, por lo que, \u00abno se ha surtido ninguna actuaci\u00f3n en relaci\u00f3n del prenombrado Mario Alfonso Navas Mart\u00ednez\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye principio invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para debatir las resoluciones jurisdiccionales, salvo cuando surja ostensible un proceder arbitrario, grosero o ajeno a la ley por el encargado de impartir justicia o ante una clara vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas de las partes, \u00fanicas circunstancias que viabilizan la intromisi\u00f3n del iudex constitucional, vedado como tiene la labor de \u00abreexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la mas convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ STC4299-2021). <\/p>\n
2.- Ab initio, se anuncia que el prove\u00eddo censurado emitido por la Sala Plena de la Corte Constitucional (n\u00ba 115, 3 feb. 2022) no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
Liminarmente, con apoyo en el Auto 155 de 2019, examin\u00f3 el cumplimiento de los requisitos establecidos para la configuraci\u00f3n del conflicto positivo de jurisdicciones que se gener\u00f3, a saber: <\/p>\n
(i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones, (ii) presupuesto objetivo, seg\u00fan el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que est\u00e1 en curso un proceso, un incidente o cualquier otro tr\u00e1mite de naturaleza jurisdiccional y; (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisi\u00f3n hayan manifestado, mediante un pronunciamiento expreso, las razones de \u00edndole constitucional o legal por las cuales se consideran o no competentes para conocer de la causa. <\/p>\n
Despu\u00e9s, resalt\u00f3 el criterio adoptado por esa Colegiatura sobre la \u00abcompetencia\u00bb atribuida a la \u00abjurisdicci\u00f3n penal ordinaria\u00bb (A-1178 de 2021, CJU-626), como regla general, para los delitos cuya comisi\u00f3n presente dudas \u00absobre la relaci\u00f3n del acusado con la funci\u00f3n militar\u00bb, en tanto que \u00abla justicia penal militar solo conocer\u00e1 de aquellos casos en los que se determine claramente que el delito cometido tiene relaci\u00f3n con el servicio militar o policivo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, enfatiz\u00f3 que el fuero penal militar se exterioriza como una \u00abexcepci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria\u00bb y, por ende, su aplicaci\u00f3n requiere de un elemento subjetivo \u00aben virtud del cual, la investigaci\u00f3n debe adelantarse en contra de un miembro de la Fuerza P\u00fablica que estuviera activo al momento de la comisi\u00f3n de la conducta\u00bb; de un elemento funcional en el que \u00abel proceso debe versar sobre un delito que tenga relaci\u00f3n directa con ese servicio\u00bb y, finalmente, la conducta delictiva no puede ser contraria a la misi\u00f3n constitucional de la Fuerza P\u00fablica, esto es, aquella que refiere a \u00ablas violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y las infracciones al derecho internacional humanitario, pues tal conjunto de delitos, por su extrema gravedad, son considerados en todos los casos ajenos al servicio\u00bb. <\/p>\n
Bajo el panorama descrito, concluy\u00f3 que quien deb\u00eda asumir el conocimiento de la contienda era \u00abla jurisdicci\u00f3n penal ordinaria\u00bb, seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 29 de la Ley 906 de 2004, por cuanto, si bien encontr\u00f3 satisfecho el \u00abelemento subjetivo\u00bb para activar el \u00abfuero penal militar\u00bb, contrario sensu no evidenci\u00f3 el \u00abelemento funcional\u00bb ya que existen \u00abdudas\u00bb y poco convencimiento, <\/p>\n
(\u2026) sobre los hechos asociados a la operaci\u00f3n \u201cMacana\u201d por parte de la compa\u00f1\u00eda \u201cD\u201d BACOA\u201d del Ej\u00e9rcito Nacional, cuya finalidad consist\u00eda en \u201cubicar, confirmar, fijar, capturar y\/o neutralizar el objetivo il\u00edcito militar Ricardo Abel Ayala Orrego, al\u00edas \u201cCabuyo o el Mono\u201d, cabecilla principal GAO-r E-36\u201d. Tambi\u00e9n, sobre la pertenencia de la v\u00edctima a grupos al margen de la ley. En virtud de las pruebas obrantes en el expediente no es posible advertir de manera clara una relaci\u00f3n directa, pr\u00f3xima y evidente entre el delito investigado y el servicio militar. <\/p>\n
Subray\u00f3 que, las pruebas incorporadas al infolio demuestran que \u00ab(\u2026) los hechos en los que perdi\u00f3 la vida el se\u00f1or Ariolfo S\u00e1nchez Ruiz presumiblemente coinciden con un operativo ordenado por un coronel. Adicionalmente, a metros del cuerpo se encontr\u00f3 material de guerra que presuntamente portaba la v\u00edctima\u00bb, circunstancias que denotaban patrones reconocidos cuando suceden \u00abejecuciones extrajudiciales, que han sido entendidas como graves violaciones a los derechos humanos\u00bb. <\/p>\n
Para corroborar tal aserto, revel\u00f3 las anomal\u00edas que surgieron el d\u00eda del homicidio, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) por ejemplo, en el lugar de los hechos no hab\u00eda pista que les aseguraran que all\u00ed estaba Cabuyo, no estaban las motocicletas en las que el objetivo se transportaba, no hab\u00eda animales para transporte, tampoco personal que se supon\u00eda ten\u00eda que estar para custodiar al capo, es decir, lo que se encontr\u00f3 en dicho sitio, solamente pod\u00eda suponer, que una persona de tan alto perfil delincuencial no estaba all\u00ed, sobre todo porque el ej\u00e9rcito estaba all\u00ed, desde antes de las 7 de la ma\u00f1ana y no hubo ni un movimiento que pudiera hacerlos pensar que SI estaban en el sitio verdadero. Con todo, se procedi\u00f3 a la \u201cNEUTRALIZACION y EJECUCION\u201d. Adicionalmente, seg\u00fan la apreciaci\u00f3n actual de la Fiscal\u00eda, el presupuesto f\u00e1ctico asociado a este caso y las dudas sobre las condiciones en que se verificaron los hechos, coinciden con los patrones reconocidos por organismos supranacionales sobre las ejecuciones extrajudiciales, que han sido entendidas como graves violaciones a los derechos humanos. <\/p>\n
En consecuencia, no es posible afirmar, como lo hace el juez penal militar, que las actuaciones desplegadas por los investigados tengan una relaci\u00f3n directa y clara con el cumplimiento de una orden legal y constitucional. Existen dudas al respecto y los elementos probatorios que obran en el expediente son insuficientes para establecer la relaci\u00f3n de los hechos con la funci\u00f3n militar. Por lo tanto, el caso no cumple con el elemento funcional para ser atribuido a la jurisdicci\u00f3n penal militar. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y mal podr\u00eda tildarse de sesgada, caprichosa o mucho menos infundada la determinaci\u00f3n reprochada, como anhela el promotor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC2544-2021 citada en STC9971-2022). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, el socorro resulta impr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mario Alfonso Navas Mart\u00ednez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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