STC13235-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13235-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03259-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por David Enrique Caridad Boh\u00f3rquez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Veintiocho de Familia de esta ciudad y los Defensores de Familia adscritos a los mencionados despachos, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n internacional de menor radicado bajo el consecutivo N\u00b0 11001311002820210066001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada en el tr\u00e1mite relacionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de la restituci\u00f3n internacional de su hijo menor de edad que en su contra interpuso la madre del ni\u00f1o, Patricia Margarita Urqu\u00eda Ugueto (quien se encuentra en la Rep\u00fablica de Venezuela), el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 7 de febrero de 2022 estimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y revoc\u00f3 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 3 de agosto de 2022. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la demandante, promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela con el fin de atacar la sentencia del Tribunal Superior y la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en la providencia STC11923 de 8 de septiembre de 2022 la concedi\u00f3 y dispuso, \u00abPRIMERO. ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de agosto de 2022 en el proceso de radicado 110013110028202100660. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR a la aludida Sala que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino fijado en numeral anterior, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el padre del menor de edad, para lo cual deber\u00e1 observar lo razonado en la parte motiva de esta providencia y estudiar los requisitos de procedibilidad de la petici\u00f3n de restituci\u00f3n internacional, seg\u00fan corresponda\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en cumplimiento de lo dispuesto en ese tr\u00e1mite constitucional, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, profiri\u00f3 sentencia el 15 de septiembre de 2022, \u00abconfirmando la decisi\u00f3n de primera instancia, providencia judicial de \u00faltima instancia, contra la cual se acciona [a trav\u00e9s de] la presente tutela\u00bb, en la que no analiz\u00f3 todos los motivos de la apelaci\u00f3n, adem\u00e1s que inobserv\u00f3 \u00abnormas del Convenio de La Haya (Ley 173 de 1994), [e]l art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (Ley 12 de 1991)\u00bb as\u00ed como, transgredi\u00f3 \u00abla garant\u00eda del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que se \u00abanule o revoque dicha decisi\u00f3n dadas las arbitrarias violaciones al orden constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a remitir el link de acceso al expediente contentivo de las diligencias objeto de examen, as\u00ed como los datos de las partes e interesados en el presente asunto, con el fin de su efectiva vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Defensor de Familia adscrito al Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, dijo remitirse a los argumentos que esgrimi\u00f3 tanto en la etapa de conocimiento, una vez propuesto el recurso de apelaci\u00f3n por el aqu\u00ed interesado contra la sentencia que defini\u00f3 la primera instancia, como en el marco de la acci\u00f3n que de este mismo linaje propuso la madre del menor y de la que conoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en el fallo STC11923 de 8 de septiembre de 2022. <\/p>\n
3. El Defensor de Familia delegado ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, manifest\u00f3, en s\u00edntesis, en que, \u00abEn este caso no se refleja ning\u00fan requisito que permita al accionante acudir al mecanismo constitucional en defensa de sus intereses, la Sala de Familia del Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1 obrando conforme con lo ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia profiri\u00f3 la sentencia que en derecho correspond\u00eda de acuerdo a las directrices impuestas por la m\u00e1xima autoridad, dicha exposici\u00f3n fue exteriorizada conforme con una debida una valoraci\u00f3n probatoria , sin que se enuncie reparo alguno, en contraposici\u00f3n a lo afirmado por el actor\u00bb. <\/p>\n
Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no hab\u00edan recibido otras respuestas de los interesados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad del accionante radica, en que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la sentencia de 15 de septiembre de 2022, confirm\u00f3 el fallo proferido el 7 de febrero anterior por el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, que resolvi\u00f3 acceder a la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n internacional presentada por la se\u00f1ora Patricia Margarita Urqu\u00eda Ugueto respecto de su hijo menor de edad, aun cuando no se aplicaron en debida forma las normas que rigen la materia, ni se tuvo en cuenta el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o. <\/p>\n
3. Pues bien, examinada la determinaci\u00f3n cuestionada, se advierte la improsperidad de la acci\u00f3n de tutela, pues los argumentos esgrimidos por el Tribunal accionado no se estiman caprichosos o irrazonables, veamos por qu\u00e9, <\/p>\n
3.1. En cumplimiento de lo dispuesto por esta Corporaci\u00f3n en la providencia STC11923 de 8 de septiembre de los corrientes, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, procedi\u00f3 a estudiar los argumentos esgrimidos al momento de la respectiva sustentaci\u00f3n por se\u00f1or David Enrique Caridad Boh\u00f3rquez, y a establecer (i) \u00absi se aplicaron correctamente los art\u00edculos 13-b y 20 de la Convenci\u00f3n de La Haya del 25 de octubre de 1980\u00bb, y (ii) si la decisi\u00f3n de primera instancia, \u00abes violatoria del art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, entre otros, por no haberse escuchado al ni\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Luego de hacer un breve recuento de los antecedentes f\u00e1cticos y procesales, as\u00ed como menci\u00f3n del marco jur\u00eddico aplicable a la restituci\u00f3n internacional de un menor, se ocup\u00f3 del primer problema, para lo cual, luego de citar lo dispuesto en el art\u00edculo 13 de del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, explic\u00f3, <\/p>\n
[e]l riesgo se\u00f1alado por el demandado se refiere a que, cuando lleg\u00f3 a Colombia, el menor estaba bajo de talla y de peso, no era apto para el nivel escolar en el que deb\u00eda estar, ello sumado a la emergencia humanitaria compleja que existe en la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, que implica circunstancias de riesgo y peligro, reconocida por la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, as\u00ed como por las Naciones Unidas, aunado al desconocimiento del Decreto 216 de 2021 que dict\u00f3 el Estatuto Temporal de Protecci\u00f3n para Migrantes Venezolanos, instrumento a trav\u00e9s del cual el Estado Colombiano reconoci\u00f3 expresa y claramente que Venezuela atraviesa una \u2018crisis pol\u00edtica, social y econ\u00f3mica\u2019, que en tal sentido la opci\u00f3n de retorno a ese pa\u00eds representa un \u2018riesgo para la integridad de las personas\u2019. <\/p>\n
El Juez al resolver indic\u00f3 que el actuar del demandado ha sido infortunado y excesivo al desconocer el acuerdo de voluntades respaldado por autoridad judicial, burl\u00f3 el permiso aprovech\u00e1ndose \u2018con la mejor de las intenciones, indiscutiblemente, porque se puede evidenciar la buena fe\u2019; de que las circunstancias que acompa\u00f1an la vida de M.A. son incontenibles, que, seguramente, habr\u00e1 situaciones dif\u00edciles de orden p\u00fablico, de tipo econ\u00f3mico, que afectan el nivel acad\u00e9mico o social en el \u2018hermano pa\u00eds\u2019 las cuales no son ajenas a las sociedades latinoamericanas, \u2018pero esas circunstancias de progreso y de bienestar son de apariencia en muchas oportunidades\u2019 para hacer notar pol\u00edticamente a los gobiernos de turno, para no desacreditarse, as\u00ed, no se puede asociar la capacidad del poder judicial con las circunstancias propias de un gobierno de turno, aspectos pol\u00edticos que no son de incidencia para resolver; a\u00f1adi\u00f3 que organizaciones como la OEA o la ONU pueden pronunciarse de manera uniforme, pero, mientras no existan normas ni pronunciamientos \u2018claves\u2019 dentro de esa gobernabilidad, no tienen por qu\u00e9 ser tenidos en cuenta, ya que los conceptos los emiten para causar un impacto en la comunidad internacional, pero no son de tipo jur\u00eddico que afecten el orden legal de cada Estado. <\/p>\n
As\u00ed entonces, estableci\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) por acuerdo entre los progenitores, la custodia estaba radicada en cabeza de do\u00f1a Patricia, el ni\u00f1o conviv\u00eda con ella en el vecino pa\u00eds, all\u00ed ten\u00eda su residencia habitual desde febrero de 2014, se encontraba escolarizado y estaba bajo el cuidado personal de ella, quien en consecuencia, ten\u00eda a su cargo fijar las pautas de crianza que exige la cotidianidad, vigilar su conducta y educarlo, mientras que el padre ostentaba el derecho de visita en ejercicio del cual pod\u00eda \u00e9l viajar a verlo o el ni\u00f1o venir a compartir con su progenitor durante las vacaciones escolares, lo que determina que, la retenci\u00f3n del ni\u00f1o resulte il\u00edcita, pues transgrede el derecho de custodia de la progenitora obtenido mediante el acuerdo celebrado entre los padres ante la autoridad judicial competente en Venezuela (resalta la Sala). <\/p>\n
Siguiendo ese hilo conductor, frente a esa puntual tem\u00e1tica, concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) no es de recibo la posici\u00f3n ahora asumida por don David Enrique quien se escuda en la situaci\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica de Venezuela, ya que es de p\u00fablico conocimiento que, para la fecha de la suscripci\u00f3n del acuerdo de voluntades sobre su hijo (2014) en el que decidieron que la progenitora tendr\u00eda la custodia de Miguel Alejandro, ya el vecino pa\u00eds estaba en las condiciones que ahora se\u00f1ala el demandado, adicionalmente no ha realizado gestiones para obtener la modificaci\u00f3n de la custodia torn\u00e1ndose, en consecuencia, su actuar en una retenci\u00f3n il\u00edcita derivada de la infracci\u00f3n del derecho de custodia a que estaba sometido el ni\u00f1o en ese pa\u00eds, lugar en el cual ten\u00eda su residencia habitual. <\/p>\n
Ahora, si la decisi\u00f3n de primera instancia, desatendi\u00f3 lo dispuesto en el precepto 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por no haber escuchado al ni\u00f1o, y luego de traer a colaci\u00f3n no solo ese canon, sino, adem\u00e1s, lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y la Convenci\u00f3n de los Derechos de los Ni\u00f1os, as\u00ed como en las sentencias sentencia C-273 de 2003 y T-1021 de 2010 de la Corte Constitucional, afirm\u00f3 que <\/p>\n
es de obligatoria consideraci\u00f3n la verificaci\u00f3n de que la orden de regreso del ni\u00f1o no se oponga a tales principios, en virtud de que, como ya se mencion\u00f3, en Colombia los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes sobre los de los dem\u00e1s y todos los funcionarios del Estado en las decisiones administrativas o judiciales que involucren a un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, estamos obligados a atender de manera preeminente sus intereses. <\/p>\n
Lo anterior implica, respetar su opini\u00f3n cuando han alcanzado una edad que les permita expresarla sobre los asuntos que les ata\u00f1en, y adoptar las decisiones que de mejor manera garanticen su desarrollo integral en un ambiente sano y arm\u00f3nico, al respecto el art\u00edculo 13 del mencionado Convenio, se dispone: \u2018La autoridad judicial o administrativa podr\u00e1 tambi\u00e9n negarse a ordenar el regreso del ni\u00f1o si constatare que \u00e9ste se opone a su regreso y que hubiere alcanzado una edad y madurez en donde mostrare que es conveniente tener en cuenta esta opini\u00f3n.\u2019 <\/p>\n
Por lo anterior, de oficio, decret\u00f3 la entrevista del ni\u00f1o, la cual fue practicada de manera presencial por parte de la trabajadora social del Juzgado a quo, con la intervenci\u00f3n virtual del Defensor de Familia adscrito al Tribunal Superior, y en la que se obtuvo la siguiente informaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) al pregunt\u00e1rsele \u00bfen cu\u00e1l lugar prefiere estar? [Venezuela o Colombia] contest\u00f3: \u2018yo prefiero quedarme ac\u00e1 en Colombia\u2019, \u00bfqu\u00e9 es lo que le gusta de Colombia?, manifest\u00f3: \u2018Estar con mis hermanos\u2019, \u00bfc\u00f3mo se siente en Colombia?, refiri\u00f3 \u2018yo, muy bien\u2019 \u00bfrealmente quiere quedarse en Colombia?, contest\u00f3: \u2018si\u2019 con cu\u00e1l de los dos progenitores quisiera estar, dijo: \u2018con mi pap\u00e1 y mi mam\u00e1\u2026\u2019, tambi\u00e9n se le pregunt\u00f3 sobre la posibilidad de regresar a Venezuela con su mam\u00e1 e indic\u00f3: \u2018ser\u00eda segundo (\u2026) cuando la, o sea, la situaci\u00f3n econ\u00f3mica mejore\u2019. <\/p>\n
Respecto a su adaptaci\u00f3n en Colombia, el ni\u00f1o se\u00f1ala sentirse feliz en este pa\u00eds, identifica a su padre y a sus hermanos como su familia, relata que sale a jugar, a montar en bicicleta, asiste al colegio Santo Tom\u00e1s de Aquino, tiene amigos, juega con sus juguetes en la casa y, respecto a la posibilidad de volver a Venezuela con su mam\u00e1, su opini\u00f3n es negativa, aunque manifiesta que le gustar\u00eda que ella se viniera a vivir a Colombia. <\/p>\n
A ese respecto, adujo entonces la Sala de Familia accionada, <\/p>\n
Ahora bien, conforme a la normativa invocada, otro medio de convicci\u00f3n a tener en cuenta es la informaci\u00f3n suministrada por la autoridad central o cualquier otra autoridad competente del Estado requirente acerca de su situaci\u00f3n social, sin embargo, no obra en el plenario informaci\u00f3n alguna que se haya hecho llegar sobre este t\u00f3pico, raz\u00f3n por la cual, el \u00fanico insumo con que cuenta la Sala para resolver es la declaraci\u00f3n del menor, la cual es suficiente siempre y cuando se considere que la edad alcanzada por el ni\u00f1o y su madurez muestran que est\u00e1 en capacidad de expresar opini\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, en casos de similares connotaciones, tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional han dejado sentado que la opini\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes debe ser tenida en cuenta al momento de tomar decisiones que los afecten, sopesando su madurez y en casos como el que nos ocupa, ha sido factor determinante respecto a ni\u00f1os, incluso, de menor edad que la de M. A. <\/p>\n
El peque\u00f1o M. A. para la \u00e9poca en que rindi\u00f3 la entrevista ten\u00eda nueve a\u00f1os de edad, y en sus manifestaciones no hay asomo de duda, ni de confusi\u00f3n; muestra que tiene la madurez suficiente para decidir con base en su percepci\u00f3n sobre el entorno de los lugares en que ha vivido y sobre el comportamiento de cada uno de sus progenitores, en qu\u00e9 lugar quiere quedarse a vivir, pudiendo concluir que su opini\u00f3n deber ser tenida en cuenta como determinante de la decisi\u00f3n a tomar sobre la restituci\u00f3n internacional que se demanda, pues de lo contrario se le estar\u00eda violentando. <\/p>\n
Al expresar su opini\u00f3n, el peque\u00f1o manifest\u00f3 que prefer\u00eda quedarse en Colombia y, respecto a la posibilidad de regresar a Venezuela, indic\u00f3 que esto ser\u00eda cuando la situaci\u00f3n econ\u00f3mica mejorara; no obstante, con respecto al derecho prevalente de los ni\u00f1os a ser escuchados, en punto a la oposici\u00f3n de estos a la restituci\u00f3n, tal como lo indic\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: 191. <\/p>\n
Sentado lo antes transcrito, concluy\u00f3, <\/p>\n
esta Sala de Revisi\u00f3n considera de suma relevancia destacar, que en raz\u00f3n a la singular finalidad del Convenio de La Haya de 1980, el derecho de los menores a ser escuchados no implica una adherencia irrestricta o una sumisi\u00f3n irreflexiva a sus deseos o manifestaciones. <\/p>\n
En ese sentido, la aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n contenida en el literal b) del art\u00edculo 13 solo ser\u00eda posible cuando la manifestaci\u00f3n de la voluntad del menor sea cualificada, es decir, cuando no se observe limitada a la exteriorizaci\u00f3n de la preferencia por vivir con uno u otro de los progenitores, sino al reintegro al pa\u00eds de residencia habitual. <\/p>\n
Por tanto, no ha de consistir en una mera preferencia o negativa, sino en una verdadera oposici\u00f3n, entendida como un repudio irreductible a regresar. Se debe tener en cuenta, que admitir una desactivaci\u00f3n autom\u00e1tica del mecanismo restitutorio, por la mera manifestaci\u00f3n sobre la preferencia de vivir en un lugar determinado, equivaldr\u00eda a dejar todo el sistema dise\u00f1ado por la Comunidad de Naciones, a merced de una opini\u00f3n del menor no cualificada, que es en \u00faltimas a quien se pretende proteger. <\/p>\n
No obstante, el hecho de que la autoridad judicial se encontrara compelida a valorar la opini\u00f3n que el menor expres\u00f3 al ICBF en entrevista psicol\u00f3gica, y aun cuando esta iba en el sentido de preferir quedarse en Colombia, no se traduc\u00eda en una obligaci\u00f3n irrestricta de negar la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Como se explic\u00f3, la aplicaci\u00f3n de la causal de excepci\u00f3n contenida en el inciso segundo del literal b) del art\u00edculo 13 del Convenio de La Haya de 1980 exige que la autoridad judicial que decide sobre la restituci\u00f3n internacional encuentre en la manifestaci\u00f3n del menor un repudio irreductible a regresar. <\/p>\n
Por tanto, una cosa es la consideraci\u00f3n de la opini\u00f3n en los tr\u00e1mites en que se ven inmersos los menores de edad, y otra, su valoraci\u00f3n. Atendiendo a lo ense\u00f1ado, las manifestaciones del ni\u00f1o involucrado, sobre su preferencia acerca de vivir en Colombia, no son suficientes para sustentar la excepci\u00f3n contenida en el inciso segundo del literal b) del art\u00edculo 13 del Convenio de La Haya de 1980, pues no constituyen una oposici\u00f3n entendida como un repudio irreductible a regresar. <\/p>\n
De otra parte, est\u00e1n las manifestaciones del ni\u00f1o respecto al deseo de ver a su progenitora, al pregunt\u00e1rsele si pod\u00eda pedir un deseo, \u00bfqu\u00e9 pedir\u00eda? \u2018ver a mi mam\u00e1\u2019; y al indag\u00e1rsele \u00bfc\u00f3mo la quer\u00eda ver?: \u2018presencial\u2019 y asegur\u00f3 que ha propuesto que su madre retorne: \u2018le he estado suplicando y yo tambi\u00e9n con toda mi vida, pero ella lo rechaza\u2019, indic\u00f3 que lo que m\u00e1s le gusta de Venezuela es la comida de su mam\u00e1, que ella est\u00e1 bien en el vecino pa\u00eds; de tales manifestaciones se logra extraer su deseo de compartir con su progenitora, aunado a que no se demostr\u00f3 que la restituci\u00f3n a su pa\u00eds de origen lo exponga a un peligro f\u00edsico o ps\u00edquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situaci\u00f3n intolerable. <\/p>\n
4. Efectuado ese recuento, se advierte que el Tribunal Superior accionado al desatar -como lo hizo- el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tuvo en cuenta los reparos efectuados por la parte demandada a la aludida decisi\u00f3n, para concluir, que aun con lo exteriorizado por el menor de edad en la entrevista que de oficio se decret\u00f3 en esa sede, lo cierto es que la petici\u00f3n de restituci\u00f3n, cumple con los requisitos \u00abconvencionales y legales\u00bb, adem\u00e1s de haberse demostrado una retenci\u00f3n il\u00edcita ejercida por el padre y no enmarcarse el caso, en ninguna de las excepciones establecidas en el Convenio de La Haya. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, la sentencia atacada se encuentra motivada y no luce arbitraria, ni se evidencia que con esa decisi\u00f3n se configure alguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, cuando no se acredit\u00f3 el defecto f\u00e1ctico reprochado, y, en estrictez, ante la expectativa del accionante de que en esta sede se efect\u00fae una nueva valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas en el tr\u00e1mite referido, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022 entre muchas). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por David Enrique Caridad Boh\u00f3rquez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13235-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrado ponente STC13235-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03259-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por David Enrique […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67804","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67804"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67804\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}