STC13239-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13239-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03251-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Hilarion Monroy Ortiz contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abigualdad de condiciones para hacer valer [su] derecho al reclamo de mejoras\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice conculcadas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abse deje sin valor y efecto las providencias del 21 de septiembre de 2021\u2026, 25 de abril de 2022 y 7 de junio de 2022\u2026, determinaci\u00f3n que debe cobijar tambi\u00e9n el auto del 13 de septiembre de la presente anualidad que design[\u00f3]\u2026 un administrador para la finca objeto de la divisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Luis Guillermo Monroy Ortiz promovi\u00f3 acci\u00f3n divisoria contra Hilarion Monroy Ortiz, quien contest\u00f3 la demanda, formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito y solicit\u00f3 el reconocimiento de mejoras. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, con auto del 25 de julio de 2022, requiri\u00f3 a los contendientes para que nombraran un administrador, determinaci\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el demandado, recurso desechado con prove\u00eddo del 13 de septiembre pasado <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abel juez de conocimiento resolvi\u00f3 de tajo mediante un auto, las excepciones de m\u00e9rito formuladas\u2026, sin conceder la oportunidad de alegar de conclusi\u00f3n, circunstancia que era necesaria previamente a adoptar la correspondiente decisi\u00f3n\u00bb; y que \u00aben este evento\u2026, comoquiera que se hab\u00edan propuesto excepciones de m\u00e9rito, debi\u00f3 convocarse a la audiencia de que trata los art\u00edculos 372 y 373 del C.G.P., para agotar todas y cada una de las etapas procesales all\u00ed establecidas concediendo la oportunidad de alegar de conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que, \u00aben cuanto al punto relacionado con las mejoras reclamadas\u2026, se indica que efectivamente se demostr\u00f3 la existencia de dichas mejoras y su cuant\u00eda\u2026, sin embargo las niega, bajo el argumento que, existe duda si el reclamante fue quien con sus recursos propios las realiz\u00f3\u00bb; que \u00abatendiendo que ninguna otra persona reclam\u00f3 las mejoras indicadas en el tr\u00e1mite divisorio, ni siquiera el comunero demandante, no resulta sensato\u2026 exigirle\u2026 probar un supuesto de tal magnitud como es la de demostrar cu\u00e1l era el origen de los dineros con los cuales se realizaron esas mejoras\u00bb. <\/p>\n
2.6. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u00abconsiderando que el demandante\u2026 hubiese podido probar que las mejoras fueron pagadas con los recursos que salieron\u2026 de la\u2026 finca, de todas formas\u2026 a\u00fan [\u00e9l] tendr\u00eda derecho al reconocimiento de las mejoras en su proporci\u00f3n de cuota\u2026\u00bb; y que se dej\u00f3 de valorar el \u00abdocumento denominado \u201cmutuo acuerdo entre los comuneros para llevar a cabo una partici\u00f3n material\u201d\u00bb, del cual se extractaba que \u00abel comunero demandante\u2026 era plenamente conocedor que las edificaciones, las construcciones y los cultivos sembrados en la finca objeto de este litigio, y que estos fueron realizados con el trabajo personal y los recursos econ\u00f3micos sacados de [su] patrimonio\u2026 personal\u00bb. <\/p>\n
2.7. De otro lado, precis\u00f3 que \u00abel juez de conocimiento procedi\u00f3 a nombrar un administrador de la finca objeto de la divisi\u00f3n, aplicando una ley tra\u00edda de los cabellos, cuando para el caso particular debi\u00f3 aplicar el art\u00edculo 415 del CGP\u00bb, sin tener en cuenta que ello \u00abno es procedente en este particular evento, toda vez que, para que sea viable dicha designaci\u00f3n, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 415 del CGP\u2026, es presupuesto normativo que existan contratos de tenencia, los cuales brillan por su ausencia\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil remiti\u00f3 copia de las actuaciones que adelant\u00f3. <\/p>\n
2. El abogado Telmo Josu\u00e9 Barrag\u00e1n Castro, quien dijo fungir \u00abcomo apoderado contractual de Luis Guillermo Monroy Ortiz, en el proceso divisorio\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en el presente tr\u00e1mite, solicit\u00f3 denegar el resguardo. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que el actor cuestion\u00f3: (i) el tr\u00e1mite dado al proceso divisorio criticado; (ii) el prove\u00eddo de 25 de abril de 2022, que confirm\u00f3 el dictado el 21 de septiembre de 2021, espec\u00edficamente, la decisi\u00f3n que neg\u00f3 las mejoras que reclam\u00f3 en el juicio criticado; y (iii) el auto de 25 de julio de esta anualidad, que requiri\u00f3 a las partes para que procedieran a designar un administrador. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, encuentra la Sala que el resguardo resulta inviable, habida cuenta que el accionante omiti\u00f3 esgrimir dicho aspecto como soporte de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 frente al prove\u00eddo que resolvi\u00f3 sobre la divisi\u00f3n, atendiendo que su alegato se limit\u00f3 a cuestionar la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el reconocimiento de las mejoras que reclam\u00f3, siendo ese el escenario procedente para aducir las supuestas anomal\u00edas procedimentales que, seg\u00fan el actor, se configuraron en el asunto acusado. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Respecto a la segunda de las quejas que plante\u00f3 el quejoso, de entrada, se advierte que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 25 de abril de los corrientes, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente a la dictada el 21 de septiembre de 2021, comoquiera que fue esa decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 en torno al reconocimiento de mejoras que deprec\u00f3 el tutelante en el juicio atacado. <\/p>\n
4.1. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el rese\u00f1ado prove\u00eddo de 25 de abril pasado no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable reconocer las prenotadas mejoras, aspecto sobre el que precis\u00f3: <\/p>\n
Descendiendo al asunto objeto de debate, advierte el Tribunal que la providencia objeto del recurso de alzada deber\u00e1 ser confirmada en su integridad, conforme a los argumentos que a continuaci\u00f3n se expondr\u00e1n. <\/p>\n
a.- Como primer punto de disenso la parte recurrente considera que el a quo err\u00f3 al imponer en cabeza del demandado la carga de acreditar que \u00e9l hab\u00eda plantado las mejoras sobre el predio objeto de divisi\u00f3n, observando para ello que al ser la \u00fanica persona que reclamaba para s\u00ed dicho t\u00f3pico en particular quedaba relevada de acreditar tal situaci\u00f3n. Al respecto, ha de precisar el Tribunal, que, tal argumento cae por completo en el vac\u00edo de la l\u00f3gica jur\u00eddica, comoquiera que el canon 167 del C\u00f3digo General del Proceso es suficientemente claro en imponer a la parte que persigue un derecho controvertido \u201cprobar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, es decir, que contrario a lo afirmado por el apoderado judicial de la parte apelante, no existe fundamento normativo que exima de tal presupuesto procesal a la parte que reclama un derecho de forma solitaria, m\u00e1s a\u00fan, en este caso concreto, que tal afirmaci\u00f3n -ser reclamante \u00fanico de mejoras- no resulta del todo acertado en asuntos de este linaje, pues es absolutamente claro que mientras la parte demandada y quien ostentaba materialmente el predio objeto de divisi\u00f3n deprecaba el reconocimiento de las alegadas mejoras, su contraparte quien no lo ten\u00eda f\u00edsicamente hac\u00eda lo propio respecto del reconocimiento de frutos civiles dejados de percibir y oponi\u00e9ndose adem\u00e1s al reconocimiento de las mejoras alegadas, comportando ello lisa y llanamente, que resultara a todas luces il\u00f3gico que quien no ostentaba el bien materialmente -a\u00fan siendo comunero- reclamara igualmente mejoras como si lo hubiera tenido en iguales condiciones de quien si lo ten\u00eda, no as\u00ed, que controvirtiera, como efectivamente ocurri\u00f3 en el caso presente, que su contraparte no fue quien de forma exclusiva la plant\u00f3. <\/p>\n
b.- Clarificado lo anterior, estima el Tribunal tambi\u00e9n improcedente el segundo planteamiento del recurso de apelaci\u00f3n, vale decir, que el a quo omiti\u00f3 darle la fuerza probatoria que realmente ten\u00eda al acuerdo privado suscrito por las partes (demandante y demandado) el 11 de abril de 2014, y en el cual en criterio del apoderado judicial del recurrente, el aqu\u00ed demandante acept\u00f3 expresamente que las mejoras plantadas en el predio objeto de divisi\u00f3n eran del demandado Hilari\u00f3n Monroy Ortiz sin ninguna contraprestaci\u00f3n por ello a su favor. <\/p>\n
Lo anterior, porque precisamente si en gracia de discusi\u00f3n se analizar\u00e1 dicho documento en nada variar\u00eda en esta instancia la decisi\u00f3n del a quo sobre el asunto objeto de an\u00e1lisis, en primer lugar, porque muy a pesar de lo vertido por la parte apelante sobre este especifico t\u00f3pico, el acuerdo privado no puede mirarse aisladamente respecto del predio objeto de divisi\u00f3n material, dado que all\u00ed mismo sin asomo de duda se estaba intentando acordar la divisi\u00f3n material de varios bienes respecto de los cuales eran comuneros demandante y demandado, vale decir, 2 fincas (Cuatro Esquinas y la Palestina), 1 casa y un lubricentro, ambos ubicados en la ciudad de barranquilla, y 2 lotes de terreno, uno de ellos en el municipio de Soledad Atl\u00e1ntico y el otro en Loma de Arena Atl\u00e1ntico; y en segundo lugar, porque a pesar que all\u00ed quedaron contenidas manifestaciones atinentes a las mejoras plantadas en el predio Cuatro Esquinas, lo cierto es, que dicho documento no trascendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de una expectativa razonable de acuerdo privado para llevar a cabo el negocio jur\u00eddico que se intent\u00f3 honrar, prueba ineludible que ello fue as\u00ed, es que finalmente lo pactado en aquella oportunidad no se finiquit\u00f3 legalmente, ni las partes que lo suscribieron intentaron hacerlo cumplir, debiendo posteriormente acudir a instancias judiciales para provocar la divisi\u00f3n de la comunidad conformada por demandante y demandado. En otras palabras, si alg\u00fan grado de certeza hubiere tenido lo all\u00ed vertido respecto de las mejoras plantadas en la finca Cuatro Esquinas, aflora n\u00edtido que las partes en su oportunidad finiquitaran de forma privada y de com\u00fan acuerdo lo all\u00ed consignado. <\/p>\n
c.- Por lo dem\u00e1s, si la parte apelante considera que las pruebas documentales (923 recibos y facturas)\u2026 eran suficientes para acreditar que Hilari\u00f3n Monroy Ortiz fue la persona que plant\u00f3 las mejoras reclamadas, baste con ratificar lo expuesto por el Juez de la primera instancia de cara a estos medios de prueba para desechar tan d\u00e9bil argumento, adicionando adem\u00e1s a lo vertido por el a quo, que no est\u00e1 en discusi\u00f3n la existencia de las mejoras en el predio Cuatro Esquinas, aspecto de por si claro y aceptado por las partes trabadas en litis, sino la acreditaci\u00f3n de quien o cual comunero fue el que las plant\u00f3, y si el asunto bajo an\u00e1lisis es de la catadura que se ha dejado expuesta, habr\u00e1 de predicarse que las facturas y recibos a que alude la parte recurrente no tienen la fuerza demostrativa para acreditar sin asomo de duda que Hilari\u00f3n Monroy Ortiz de su propio peculio las realiz\u00f3, ausencia de acreditaci\u00f3n que tampoco encontr\u00f3 eco en la prueba testimonial recaudada para tal fin, pues si bien Edwin Orlando Villareal, Guillermo Uribe Mill\u00e1n, Carlos Alberto Pinz\u00f3n Zarate, Neil Uribe Vargas, Diego Camacho Su\u00e1rez, Narly Yorley Melgarejo, Hilario Monroy Monsalve y Jos\u00e9 Abraham Torres advirtieron que Hilari\u00f3n Monroy Ortiz era quien pagaba los jornales y realizaba las reparaciones locativas en el fundo de marras, nada en concreto advirtieron de cara a establecer de donde proven\u00edan los recursos utilizados para tales obras o acciones. <\/p>\n
d.- Es decir, no desconoce el Tribunal, as\u00ed como tampoco lo hizo el a quo, la existencia de mejoras en el predio Cuatro Esquinas, que las mismas en l\u00ednea de principio fueron materialmente realizadas por Hilario Monroy Ortiz como comunero que materialmente pose\u00eda el fundo de marras, pero no es factible colegir con un grado sumo de certeza, que los dineros para realizarlas provinieron del peculio propio del demandado, observ\u00e1ndose muy a pesar de lo expuesto por la parte recurrente, que si la prueba recaudada (documental y testimonial) de la cual se duele en el recurso de alzada dio cuenta de lo primero, jam\u00e1s, y sin asomo de duda, podr\u00eda predicarse que acredit\u00f3 fehacientemente lo segundo, menos a\u00fan, tal y como lo predica el recurrente, que ante la ausencia de solicitud de ratificaci\u00f3n de los documentos o tacha de falsedad propuesta por la parte actora frente a la prueba documental, aquella adquiriera autom\u00e1ticamente la fuerza probatoria que pretende enrostrarle para acreditar su pretensi\u00f3n, pues se insiste, el alcance de dichas probanzas es insuficiente, tal y como se acot\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
e.- Finalmente, y comoquiera que la parte apelante en el recurso de alzada tambi\u00e9n enfil\u00f3 su ataque sobre la indebida valoraci\u00f3n del a quo respecto del dictamen pericial por ella aportado, observa el Tribunal que ning\u00fan comentario se autoriza realizar en esta instancia, dado que tal y como lo consign\u00f3 el recurrente en la sustentaci\u00f3n del remedio vertical, dicha pericia era relevante para efectos de acreditar la existencia de mejoras en el predio Cuatro Esquinas, aspecto f\u00e1ctico por completo ajeno al asunto objeto de debate en esta instancia, vale decir, establecer fehacientemente si el comunero Hilario Monroy Ortiz era la persona que de su peculio propio hab\u00eda sufragado los gastos para realizarlas, y nada m\u00e1s. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el promotor es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que resultaban insuficientes para demostrar que fue el demandado quien sufrag\u00f3 los gastos necesarios para la implantaci\u00f3n de las mejoras efectuadas en el predio objeto de divisi\u00f3n, lo que imped\u00eda su reconocimiento. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. A igual conclusi\u00f3n se llega en lo que concierne a la \u00faltima de las quejas del actor, pues el prove\u00eddo de 25 de julio de 2022, que requiri\u00f3 a las partes para que designaran administrador, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 16 de la ley 95 de 1890, tampoco luce arbitrario. <\/p>\n
Sobre el particular, verifica la Sala que, en el prove\u00eddo de 13 de septiembre anterior, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta contra el citado auto de 25 de julio, el juzgado accionado explic\u00f3 las razones por las cuales resultaba procedente la referida designaci\u00f3n, aspecto respecto del cual expuso que: <\/p>\n
i) El impugnante tal y como ya se dijo, pretende b\u00e1sicamente que, se reponga la decisi\u00f3n atacada, en raz\u00f3n a que el art\u00edculo 16 de la ley 95 de 1890 no es aplicable al caso de marras, ya que la norma para la designaci\u00f3n de administrador deviene del art\u00edculo 415 del CG del P, sumado a que, tampoco se trajo prueba de la existencia de un contrato de tenencia, para que con fundamento en dicho convenio procediera la designaci\u00f3n deprecada por el demandante, seg\u00fan lo consagrado en el estatuto adjetivo. <\/p>\n
ii) Para desatar la pol\u00e9mica que en torno a la designaci\u00f3n de administrador para la comunidad que ha tejido por parte del demandado, conviene delanteramente se\u00f1alar que la ley 95 de 1890, debe interpretarse de manera arm\u00f3nica y sistematizada con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 415 del C. G. del P., comoquiera que una y otra norma se complementan o adicionan, en consideraci\u00f3n a que los art\u00edculos 16 a 27 de la citada normatividad no han sido derogados, ni expresa ni t\u00e1citamente, y con claridad meridiana desarrollan el tr\u00e1mite que debe seguirse para designar un administrador cuando el bien o los bienes de la comunidad est\u00e9n siendo administrados por uno solo de los comuneros. <\/p>\n
iii)- A simple vista parece un tanto distorsionada la discusi\u00f3n que se ha creado para oponerse a la designaci\u00f3n del administrador, comoquiera que, se discute la aplicaci\u00f3n de un texto legal que en nada se opone a lo regulado por el art\u00edculo 415 del C. G. del P.- Al contrario, la preceptiva utilizado es garantista y protectora del debido proceso -art. 29 de la C. N.- como lo ha sido la providencia recurrida al haber concedido no el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, sino el de veinte (20) para que las partes se pusieran de acuerdo en la designaci\u00f3n del administrador del bien com\u00fan. <\/p>\n
Entonces, como la ley 95 de 1890 complementa y desarrolla el contenido del art\u00edculo 415 del CG del P, nada hay que aclarar de cara a si se aplica con exclusividad o no\u2026 <\/p>\n
iv)- Habi\u00e9ndose dado respuesta a una de la inquietudes plasmadas en la impugnaci\u00f3n, esto es, lo referente a la aplicabilidad de la ley 95 de 1890, solo queda por dilucidar como problema jur\u00eddico si se torna necesario allegar contratos de tenencia para la viabilidad del nombramiento de administrador del bien com\u00fan trabado legalmente en esta litis. <\/p>\n
En principio con una simple lectura del inciso primero del art\u00edculo 415 del CG del P, sin duda le dar\u00edamos la raz\u00f3n a la parte impugnante, pues ciertamente con la solicitud no se allegaron los contratos de tenencia a los cuales alude dicha preceptiva, de ah\u00ed la utilidad que en estos casos nos presta la ley 95 de 1890 para poder entender, que, cuando se est\u00e1 de cara a circunstancias como la que aqu\u00ed nos ocupa, no es indispensable que el comunero que est\u00e9 explotando los bienes de la comunidad, haya o no celebrado contratos de tenencia con terceros\u2026 <\/p>\n
No es pues camisa de fuerza dentro del proceso divisorio, el requisito o exigencia de que con la solicitud de designaci\u00f3n de administrador, el interesado debe allegar los contratos de tenencia, porque la norma procesal solo muestra ese aspecto como una simple hip\u00f3tesis, pero exclusivamente cuando ella se presenta, y no como una condici\u00f3n \u00fanica y general para todos los eventos; luego entonces, para poder pedir esa designaci\u00f3n solo se requiere que se trate de un proceso de divisi\u00f3n material, que se haya decretado la divisi\u00f3n y que los bienes de la comunidad no est\u00e9n siendo administrados por todos los comuneros, nada m\u00e1s. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Tales comentarios nos permiten concluir sin lugar a hesitaci\u00f3n alguna que, no es cierto que dicha legislaci\u00f3n -ley 95 de 1890- no pueda ser aplicada al sub judice, por el contrario, tal precepto complementa y desarrolla las normas que consagra el estatuto adjetivo. Adem\u00e1s, tampoco es cierto, que en esta clase de asuntos la ley exija de manera general para la designaci\u00f3n del administrador, los contratos de tenencia a los que alude el art\u00edculo 415, porque se repite, la preceptiva solo contempla esa hip\u00f3tesis para cuando la explotaci\u00f3n del bien com\u00fan est\u00e9 a cargo de uno de los comuneros bajo esa clase de convenios. <\/p>\n
Entonces, como se dijo, dicha determinaci\u00f3n no resulta caprichosa, al margen de que se comparta, pues se fundamenta en una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la designaci\u00f3n de administradores en procesos divisorios, seg\u00fan la cual, las disposiciones que regulan ese tipo de asuntos en el C\u00f3digo General del Proceso pueden armonizarse con las que contempla la ley 95 de 1890. <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC13239-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13239-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03251-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Hilarion Monroy Ortiz contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67806","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67806\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}