STC13244-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13244-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01098-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 V\u00edctor Hern\u00e1n Sanabria Aranda al fallo de 14 de junio de 2022, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, extensiva al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico, partes e intervinientes en la causa 85001600000020210006400. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pidi\u00f3 se \u00abdeclare la nulidad de todo lo actuado (\u2026), inclusive desde el momento de legalizaci\u00f3n de captura (\u2026) y de los dem\u00e1s procesados\u00bb y, en consecuencia, se les conceda la libertad inmediata. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 se le acusa de los delitos de extorsi\u00f3n agravada tentada y concierto para delinquir, por tal raz\u00f3n fue detenido por el Ej\u00e9rcito Nacional junto a Walter Camilo Cuburuco Yanguma y Diana Ibet Comayan Portilla (6 sep. 2021), la orden de aprehensi\u00f3n la expidi\u00f3 el ente acusador con posterioridad y, la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura, se realiz\u00f3 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo (7 sept. 2021). En la vista p\u00fablica de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Yopal (28 feb. 2022), inst\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir de la legalizaci\u00f3n de la captura por violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales pues en su sentir la aprehensi\u00f3n se fundament\u00f3 en una interceptaci\u00f3n de comunicaciones sin legalizar; no obstante, su pretensi\u00f3n anulatoria no fue de recibo (11 mar. 2022), determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal (21 abr. 2022). <\/p>\n
En sentir del convocante las resoluciones objeto de reproche desconocieron el hecho de que no se configur\u00f3 la flagrancia en la medida en que ninguno de los indiciados \u00abllevaba elementos il\u00edcitos, instrumento alguno o huellas que pudiera inducir a la comisi\u00f3n de un delito o de haber participado en \u00e9l, no obstante, el se\u00f1or juez impuso la medida de aseguramiento (\u2026)\u00bb y en ese escenario incurrieron los convocados en indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. La magistratura de la alzada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. El juez de conocimiento hizo el recuento de lo actuado y resisti\u00f3 los anhelos. El juzgado de Paz de Ariporo dijo que en funci\u00f3n del control de garant\u00edas presidi\u00f3 una serie de audiencias preliminares y que en tal raz\u00f3n \u00abperdi\u00f3 competencia para pronunciarse sobre la situaci\u00f3n del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que las decisiones censuradas obedecen a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el precursor e insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos del gestor como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal accionado, al decidir el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra la providencia de 28 de febrero del a\u00f1o que avanza, mediante la cual el juez de conocimiento neg\u00f3 la nulidad propuesta por la defensa, luego de establecer el marco normativo (art. 457 de la ley 906 de 2004), precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el legislador previ\u00f3 la instituci\u00f3n jur\u00eddica de las nulidades procesales, que sanciona las irregularidades presentadas en el marco del procedimiento, y que, atendiendo a su gravedad, obliga a que de manera excepcional se invaliden las actuaciones afectadas. As\u00ed, su declaraci\u00f3n opera como un control constitucional y legal que garantiza la validez de la actuaci\u00f3n procesal y asegura a las partes el derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
No obstante, debe precisarse que cuando se pretenda invocar la existencia de una causal de nulidad, debe tenerse en cuenta el r\u00e9gimen que regula este tipo de medida residual y subsidiaria; pues no puede ser invocada sino por las causales taxativamente establecidas por el legislador, siempre y cuando no exista otra soluci\u00f3n posible que permita corregir el yerro aludido. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento y luego de citar los precedentes de la hom\u00f3loga en lo penal (CSJ SP. 25 may. 2000, rad. 12781; AP, 9 jun. 2008, Rad. 29092 y SP, 3 feb. 2016, entre otras) resalt\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) no basta solamente con invocar la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado, sino que compete al solicitante precisar el tipo de irregularidad que alega, demostrar su existencia, acreditar c\u00f3mo su configuraci\u00f3n comporta un vicio de garant\u00eda o de estructura y demostrar la trascendencia del yerro para afectar la validez de la decisi\u00f3n cuestionada, solo as\u00ed puede ser decretada la nulidad por el juez de conocimiento. <\/p>\n
Como argumento principal de alzada el recurrente alega la violaci\u00f3n de garant\u00eda s fundamentales de los acusados porque en su sentir, la vinculaci\u00f3n al proceso se torn\u00f3 ilegal, bajo el entendido, que la captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida se dio con los resultados de las interceptaciones de las l\u00edneas telef\u00f3nicas que se legalizaron posterior a 1a celebraci\u00f3n de las audiencias preliminares, aunado a ello, indic\u00f3 que los encartados carecieron de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
De lo antes esbozado, es necesario acudir a los principios de residualidad, inmediaci\u00f3n, concentraci\u00f3n, oportunidad y preclusividad; dentro del procedimiento penal existe estadio procesal para admitir, excluir y atacar las pruebas pues es all\u00ed donde la Defensa puede alegar sus reparos frente a los resultados de la interceptaci\u00f3n de las l\u00edneas telef\u00f3nicas, conforme a los Arts. 365 N\u00fam. y 360 d el C.P.P. <\/p>\n
Ahora bien, es menester indicar que, las inconformidades entre la antecesora y la defensa actual no se pueden fundar como falta de defensa t\u00e9cnica , m\u00e1xime que se acudi\u00f3 a los audios de las audiencias preliminares a fin de constatar lo dicho por la Defensa actual, coligi\u00e9ndose que los tres procesados estuvieron representados por un profesional del derecho, quiz\u00e1 con diferentes criterios pero con las mismas garant\u00edas; a juicio de esta Sala dichos contrastes no se pueden asumir como nulidad , como que, en sede de control de garant\u00edas se corri\u00f3 traslado a las partes para interposici\u00f3n de recursos, oportunidad procesal que la defensa tuvo para alzar sus inconformidades, no obstante, no hizo uso de estos, raz\u00f3n por cual le precluy\u00f3 dicha prerrogativa. Entendi\u00e9ndose que las partes no vislumbraron incongruencia alguna, motivo por el cual las actuaciones procesales se tornaron ajustadas a derecho, de tal manera, que no se puede argumentar una nulidad cuando se tuvo el momento de discrepar y no se hizo, m\u00e1s si se parte que la casuales de nulidades son taxativas, y las oportunidades procesales del sistema penal acusatorio son preclusivas. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que el juez plural de la alzada s\u00ed valor\u00f3 las pruebas existentes en el expediente y las analiz\u00f3 a la luz de la etapa procesal que se surt\u00eda, lo que condujo a que concluyera que a los imputados, incluido el actor, hasta ese momentos se les hab\u00eda garantizado las prerrogativas superiores y, por tanto, deb\u00edan ser judicializados, por lo que resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada, lo que pone en evidencia que en el presente asunto existe una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso objeto de escrutinio, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el gestor considera que el desenlace debi\u00f3 ser distinto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (CSJ STC1981-2018, memorada en STC 2338-2022). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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