STC13252-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13252-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01627-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado, por Maddy Yamile Vald\u00e9s Mayorca contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2018-00105. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y salud. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Maddy Yamile Vald\u00e9s Mayorca instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Cruz Roja Colombiana – Seccional Cundinamarca y Bogot\u00e1, por haber sido despedida sin justa causa y sin autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo cuando era paciente de c\u00e1ncer de mama, y que se declarar\u00e1 la ineficacia de la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, se dispusiera su reintegro, as\u00ed como al pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir y la cancelaci\u00f3n de la respectiva indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 15 de marzo de 2019, el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la accionada de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.4. El 7 de febrero de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral cas\u00f3 la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3, el fallo emitido por el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.5. En criterio de la promotora, la autoridad judicial accionada desconoci\u00f3 su condici\u00f3n de discapacidad y la estabilidad laboral reforzada que de ella se derivaba, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997; asimismo, inaplic\u00f3 los precedentes constitucionales sobre el asunto y pas\u00f3 por alto que el art\u00edculo 7 del Decreto 2463 de 2001 hab\u00eda sido derogado por el Decreto 1352 de 2013. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, a pesar de que \u00abpod\u00eda ejercer sus funciones con normalidad al momento de su despido, no se le puede negar el amparo del art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997, pues el solo hecho de tener c\u00e1ncer afecta el curso normal de la vida de una persona\u00bb; sumado a que no ten\u00eda ingresos para sustentar sus necesidades b\u00e1sicas ni para hacer aportes a la seguridad social, raz\u00f3n por la cual \u00abinterrumpi\u00f3 su tratamiento como paciente de c\u00e1ncer\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se revoque la sentencia proferida el 7 de febrero de 2022 por la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral y, en su lugar, se deje en firme la emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral pidi\u00f3 negar el amparo, al no evidenciar la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho o la vulneraci\u00f3n de garant\u00eda fundamental alguna a la actora, dado que su decisi\u00f3n se ajust\u00f3 al precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, aunado a que examinadas las pruebas tampoco se encontr\u00f3 \u00abuna situaci\u00f3n de notoriedad, que desatara en su favor los efectos tuitivos del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que se aten\u00eda a los argumentos expuestos en su sentencia. <\/p>\n
3. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no hubo discriminaci\u00f3n alguna, toda vez que la patolog\u00eda de la actora ten\u00eda 4 a\u00f1os de evoluci\u00f3n cuando fue vinculada a la entidad y nunca fue un obst\u00e1culo para el cumplimiento de sus funciones ni present\u00f3 incapacidad alguna derivada de aquella. Igualmente, destac\u00f3 que la determinaci\u00f3n adoptada en sede de casaci\u00f3n estaba acorde con la normatividad y la jurisprudencia relacionada con el tema. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al estimar que \u00abla providencia que se pretende dejar sin efectos en virtud de esta acci\u00f3n no es el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de la autoridad accionada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que no se realiz\u00f3 un estudio detallado de las razones de derecho invocadas en la acci\u00f3n de tutela ni se analiz\u00f3 la jurisprudencia constitucional aplicable, seg\u00fan la cual no es necesario tener un porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral dictaminado para ser beneficiario de la estabilidad laboral reforzada contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, m\u00e1s aun trat\u00e1ndose de pacientes de c\u00e1ncer; tampoco se tuvo en cuenta que, de \u00abexistir dos interpretaciones de una norma jur\u00eddica aplicables a un mismo supuesto de hecho, debe preferirse la que resulte m\u00e1s beneficiosa al trabajador\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia proferida el 7 de febrero de 2022 por la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral y, en su lugar, se deje en firme la emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Pues bien, advierte la Sala que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso de casaci\u00f3n promovido por el tutelante, puso de presente algunas falencias en la formulaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, no obstante, analiz\u00f3 el fondo del asunto y expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda casar el fallo dictado por el ad quem. <\/p>\n
3.1. Precis\u00f3 que no era motivo de discusi\u00f3n que: i) el 1\u00ba de junio de 2016 las partes celebraron un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, para que la reclamante se desempe\u00f1ara como jefe de gesti\u00f3n humana; ii) el 1\u00ba de marzo de 2017, se suscribi\u00f3 un otros\u00ed, por el cual se le asign\u00f3 como l\u00edder de servicio al cliente con igual remuneraci\u00f3n a la inicialmente pactada; iii) el referido cambio \u00abno constituy\u00f3 una desmejora en sus condiciones de trabajo, puesto que exist\u00eda identidad en la categor\u00eda de los cargos, igualdad en la renunciaci\u00f3n y el mismo provino de un acuerdo bilateral, materializado en el otros\u00ed\u00bb; iv) desde el inicio de la relaci\u00f3n laboral \u00abla empleadora conoci\u00f3 que la se\u00f1ora Vald\u00e9s Mayorca padec\u00eda c\u00e1ncer de mama, se encontraba en tratamiento con \u201ctamoxifeno\u201d y ten\u00eda como \u201cobservaci\u00f3n actualmente control de C.A.\u201d\u00bb; v) la actora era \u00abapta para desempe\u00f1ar su funciones, ya que su patolog\u00eda no la limitaba respecto de las tareas asignadas\u00bb; vi) durante la ejecuci\u00f3n del contrato, dichas dolencias no impidieron a la servidora la realizaci\u00f3n de sus labores; vii) \u00abpara la fecha de despido, \u00e9sta se encontraba en tratamiento continuo con \u201ctamoxifeno\u201d\u00bb; viii) la \u00abdemandada le concedi\u00f3 permiso para la realizaci\u00f3n de un examen m\u00e9dico el 11 de mayo de 2017 (gammagraf\u00eda \u00f3sea)\u00bb: y ix) el \u00ab12 de mayo de 2017, se dio por finalizado el contrato de trabajo sin justa causa\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed, anot\u00f3 que los cuestionamientos se centraban en la interpretaci\u00f3n que el Juez Plural efectu\u00f3 respecto del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, en cuanto a los requisitos que deb\u00edan acreditarse a la terminaci\u00f3n del contrato trabajo para efectos de que se activara la protecci\u00f3n de estabilidad laboral reforzada; el grado de limitaci\u00f3n exigido para ello; la presunci\u00f3n legal del despido discriminatorio ante el despido sin justa causa y la libertad de configuraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia al criterio fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en las sentencias CSJ SL6850-2016; CSJ SL11411-2017, CSJ SL3772-2018 y CSJ SL711-2021 y, en particular, en esta \u00faltima, en la cual se analizaron las normas que regulan el citado principio de estabilidad laboral reforzada de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, para establecer que la lectura del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 debe ser \u00absistem\u00e1tica con las dem\u00e1s fuentes jur\u00eddicas de protecci\u00f3n a la discapacidad y, sobre todo, con su finalidad y los bienes jur\u00eddicos que busca proteger, que no son otros que la no discriminaci\u00f3n en el empleo\u00bb. <\/p>\n
Luego, procedi\u00f3 a destacar que la Sala de tiempo atr\u00e1s ha mantenido el criterio de que \u00ablas enfermedades registradas en las historias cl\u00ednicas, las incapacidades o incluso las recomendaciones m\u00e9dicas\u00bb no son suficientes para acreditar la limitaci\u00f3n objeto de salvaguarda, toda vez que, a fin de que aplicar la protecci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, era menester demostrar que el trabajador se encontraba en una de las siguientes hip\u00f3tesis: i) con una \u00abdiscapacidad moderada, que corresponde a la p\u00e9rdida de la capacidad laboral entre el 15 % y el 25 %\u00bb; ii) \u00absevera, mayor al 25 %, pero inferior al 50 % de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral\u00bb o; iii) \u00abprofunda cuando el grado de discapacidad supera el 50 %\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 tambi\u00e9n que en la sentencia CSJ SL571-2021 se expuso que, a pesar de que la legislaci\u00f3n nacional e internacional no se\u00f1alaba expresamente una \u00abregla num\u00e9rica para identificar el grado de discapacidad, esta fue incorporada al art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 2463 de 2001\u00bb, siendo esta \u00abimperativa en los casos en los cuales el despido acontece dentro de su vigencia, o ser\u00e1 \u201cpar\u00e1metro jurisprudencial\u201d, en los ocurridos con posterioridad a la misma\u00bb y que, aunque dicho Decreto tuvo vigor, en principio, hasta el a\u00f1o 2013, lo cierto era que, conforme se indic\u00f3 en la sentencia CSJ SL711-2021, el \u00abinstrumento establecido para la calificaci\u00f3n de la discapacidad, previsto en el Decreto 917 de 1999, mantuvo su vigencia hasta la expedici\u00f3n del nuevo Manual de Calificaci\u00f3n de Invalidez, expedido mediante el Decreto 1507 de 2014\u00bb y, en esa medida, la limitaci\u00f3n a partir de la cual se pod\u00eda hacer efectiva la protecci\u00f3n reclamada por la actora era \u00abla de grado por lo menos moderado, es decir, igual o superior al 15 % de PCL\u00bb, como se desarroll\u00f3 tambi\u00e9n en la providencia CSJ SL572-2021. <\/p>\n
En punto de lo se\u00f1alado, anot\u00f3 que aunque el Tribunal no se equivoc\u00f3 al se\u00f1alar que \u00aben favor del trabajador en estado discapacidad existe una presunci\u00f3n, en virtud del cual su despido \u201cse presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada\u201d, como se adoctrin\u00f3 en sentencia CSJ SL1360-2018\u00bb, s\u00ed err\u00f3 en estimar que la protecci\u00f3n laboral analizada \u00abestaba supeditada a la acreditaci\u00f3n de una afectaci\u00f3n de salud o de un estado de debilidad manifiesta, que consider\u00f3 pod\u00eda derivarse del simple padecimiento de una enfermedad catalogada como ruinosa o catastr\u00f3fica\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que, aunque la patolog\u00eda padecida por la actora, \u00abc\u00e1ncer de mama\u00bb, sea catalogada como una enfermedad ruinosa o catastr\u00f3fica, ello no cambiaba los requisitos exigidos para que se active la garant\u00eda de estabilidad laboral, m\u00e1xime que \u00abdurante la vigencia del v\u00ednculo fue tratada con medicina oral para evitar su propagaci\u00f3n\u00bb y que \u00abel modelo social de protecci\u00f3n al empleo\u00bb acogido por Colombia al \u00abaprobar la referida Convenci\u00f3n celebrada por la ONU en 2006 y al proferir la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y la Ley 1996 de 2019, no asimila la situaci\u00f3n de discapacidad objeto de amparo, a una limitaci\u00f3n cualquiera\u00bb, sino que por el contrario hace referencia a la \u00abrelaci\u00f3n de dicha deficiencia con el entorno que rodea a quien la presenta\u00bb, la cual, como se expuso en sentencia CSL SL711-2021, debe ser \u00abuna afectaci\u00f3n relevante al estado de salud que impida el desempe\u00f1o normal de las actividades que ven\u00eda ejerciendo el trabajador, y de esa manera ser objeto de protecci\u00f3n en el empleo\u00bb. <\/p>\n
3.3. En torno a los precedentes de la Corte Constitucional afirm\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en la sentencia CSJ SL184-2021, clarific\u00f3 que, \u00abtrat\u00e1ndose de las decisiones proferidas como resultado de las acciones de tutela, al tener efectos inter partes, era posible su distanciamiento, como ocurre en este caso, siempre que se cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente\u00bb y, por contera, no era viable su aplicaci\u00f3n, soportado en los precedentes del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral. <\/p>\n
3.4. As\u00ed, concluy\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en el yerro endilgado y, en sede de instancia, luego de resaltar que el cambio de funciones o cargo tampoco era una demostraci\u00f3n de la existencia de un despido discriminatorio, en tanto la misma actora refiri\u00f3 que \u00abhab\u00eda sido producto de la suscripci\u00f3n de un otros\u00ed entre las partes, cuya voluntariedad o consentimiento no se cuestion\u00f3\u00bb y que no implic\u00f3 desmejora alguna para ella, procedi\u00f3 a confirmar la determinaci\u00f3n emitida por el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada neg\u00f3 el beneficio de la estabilidad laboral reforzada solicitada por la tutelante, contenido en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, al evidenciar que no se acredit\u00f3 una p\u00e9rdida de la capacidad laboral estructurada durante la vigencia de la relaci\u00f3n de trabajo igual o superior al 15% o una condici\u00f3n de salud notoria e incompatible con el ejercicio del empleo, criterio que se ajusta a lo definido por la Sala Casaci\u00f3n Laboral permanente, en su condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, en la sentencia CSJ SL572-2021, SL711-2021 reiterado, entre otras, en las providencias SL1039-2021 y SL1054- 2021. <\/p>\n
4.1. En t\u00e9rminos similares, recientemente esta Sala neg\u00f3 una tutela, en la cual se cuestionaba una decisi\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral, que \u00abdispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia\u00bb, declar\u00f3 que la gestora \u00abno gozaba de estabilidad y protecci\u00f3n laboral reforzada a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados (\u2026) que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, teniendo en cuenta que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de casaci\u00f3n Laboral soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Permanente aplicable al caso concreto\u2026 <\/p>\n
6. Ahora bien, referente al presunto desconocimiento del precedente constitucional alegado por la actora, entre otras, las sentencias T-504 de 2008; T-269 de 2010; T-467 de 2010; T-447 de 2013; T-018 de 2013; T-217 de 2014, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en asuntos similares, ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u201clas decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb. Por tanto, los fallos que la Corte Constitucional emita en sede de tutela, por regla general tienen efectos respecto a las partes involucradas en el tr\u00e1mite, es decir, inter partes, de modo que no es procedente que la regla en ella definida se aplique a terceros\u201d. (SL4609-2020). <\/p>\n
En punto a las sentencias SU-049 de 2017 y SU380 de 2021, se advierte que si bien la Corte Constitucional tiene establecido que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de limitar a quienes tienen una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario, sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta, dicha postura no ha sido acogida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sin que ello revele una vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas, prevaleciendo el principio de autonom\u00eda judicial que impide al juez de tutela inmiscuirse en asuntos como el debatido, especialmente cuando la decisi\u00f3n estuvo fundamentada en la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, la cual no pod\u00eda ser desconocida por la accionada. (CSJ STC10680-2022). <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, en el asunto, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre2. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13252-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13252-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01627-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}